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M\u00e1s de 400 personas, entre ellas ni\u00f1os, adultos mayores, madres cabeza de hogar y mujeres embarazadas, ocuparon terrenos p\u00fablicos en el municipio de Palermo, Huila, en busca de una alternativa ante las dificultades que enfrentan para acceder a una vivienda digna.<\/p>\n\n\n\n
Las familias aseguran que sus ingresos no alcanzan para cubrir el arriendo, la alimentaci\u00f3n y otras necesidades b\u00e1sicas. Para muchos de los ocupantes, la decisi\u00f3n de instalarse en estos terrenos representa una salida desesperada frente a una situaci\u00f3n econ\u00f3mica que, seg\u00fan sostienen, las autoridades no han logrado resolver.<\/p>\n\n\n\n
La comunidad realiz\u00f3 un primer intento de ocupaci\u00f3n, el pasado 2 de agosto, cuando funcionarios municipales y la Polic\u00eda realizaron el desalojo de las familias.<\/p>\n\n\n\n
Una semana despu\u00e9s, varios grupos intentaron regresar a los terrenos y se presentaron enfrentamientos entre integrantes de la comunidad y miembros de la Fuerza P\u00fablica este pasado 8 de agosto.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Durante estos hechos, una persona de la comunidad result\u00f3 gravemente herida por un disparo. La Defensor\u00eda del Pueblo se\u00f1ala que la bala habr\u00eda sido disparada por un integrante del Ej\u00e9rcito perteneciente al Batall\u00f3n de Artiller\u00eda de Campa\u00f1a N.\u00ba 9 Tenerife y, en un pronunciamiento, alert\u00f3 que la participaci\u00f3n de unidades militares en procedimientos relacionados con desalojos no corresponde a sus competencias constitucionales.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Durante los hechos tambi\u00e9n fueron capturadas dos personas. Seg\u00fan la informaci\u00f3n disponible, los detenidos estar\u00edan siendo acusados por alteraciones del orden p\u00fablico, agresiones a servidores p\u00fablicos e invasi\u00f3n de tierras. La comunidad, por su parte, sostiene que se trata de personas que participaban en la movilizaci\u00f3n por el derecho a la vivienda y cuestiona la manera en que fueron realizadas las capturas.<\/p>\n\n\n\n La invasi\u00f3n de terrenos est\u00e1 recibiendo un trato exclusivamente militar y, adem\u00e1s, se organiz\u00f3 una reuni\u00f3n para explicarle a la comunidad las supuestas opciones de vivienda con las que cuenta, desconociendo totalmente la crisis de vivienda en el departamento y, adem\u00e1s, la enorme corrupci\u00f3n, los constantes incumplimientos y los enga\u00f1os a los que se ve enfrentada la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Uno de los antecedentes que evidencia las dificultades en la ejecuci\u00f3n de programas de vivienda rural en el Huila est\u00e1 relacionado con una auditor\u00eda de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica al Banco Agrario, en la que se encontraron hallazgos con posible incidencia fiscal por $11.488 millones en proyectos de Huila y Cundinamarca y, espec\u00edficamente, una posible p\u00e9rdida de cerca de $3.000 millones en proyectos de vivienda de inter\u00e9s social rural en Tarqui y Suaza, destinados a beneficiar a 289 hogares. Seg\u00fan la Contralor\u00eda, los recursos fueron desembolsados, pero los proyectos no ten\u00edan ning\u00fan un avance f\u00edsico real al vencimiento del plazo de ejecuci\u00f3n, adem\u00e1s de se\u00f1alarse deficiencias en los controles del Banco Agrario y posibles irregularidades en la contrataci\u00f3n. En uno de estos casos, relacionado con recursos por cerca de $3.048 millones, garant\u00edas de Seguros Confianza, un tribunal en Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 hace tres semanas a favor de la aseguradora, al considerar que hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino legal para presentar la reclamaci\u00f3n, por lo que no estudi\u00f3 de fondo los posibles incumplimientos contractuales.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n es necesario recordar que en 2024 se suspendieron los subsidios del programa Vivienda Ya, lo que agrav\u00f3 la situaci\u00f3n al frenar la asignaci\u00f3n de apoyos destinados a la vivienda de inter\u00e9s social. As\u00ed mientras se desconoce la profunda crisis habitacional y se deja en libertad y sin ninguna penalizaci\u00f3n a las grandes empresas constructoras y aseguradores que roban los recursos p\u00fablicos destinados a vivienda, se dispara y criminaliza al pueblo que lucha por su derecho su leg\u00edtimo derecho a una vivienda digna.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tambi\u00e9n es necesario recordar que en 2024 se suspendieron los subsidios del programa Vivienda Ya, lo que agrav\u00f3 la situaci\u00f3n al frenar la asignaci\u00f3n de apoyos destinados a la vivienda de inter\u00e9s social. 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