![\"\"](\"https:\/\/nuevademocracia.com.co\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/terrcolombia-987173235-1024x512.png\")
Como ocurre en buena parte de Am\u00e9rica Latina, las ciudades colombianas han crecido bajo enormes desigualdades sociales y econ\u00f3micas. La necesidad de acceder a una vivienda ha empujado hist\u00f3ricamente a millones de familias empobrecidas hacia territorios perif\u00e9ricos, zonas de riesgo y \u00e1reas con baja presencia institucional. All\u00ed, la construcci\u00f3n de vivienda se convierte muchas veces en una soluci\u00f3n individual frente a un problema que deber\u00eda ser colectivo: se construye sin acompa\u00f1amiento t\u00e9cnico, sin dise\u00f1os estructurales adecuados y, en numerosos casos, al margen de las normas urban\u00edsticas y sismorresistentes.<\/p>\n\n\n\n
La informalidad urbana no se reduce a un problema de falta de norma y de vigilancia y control. Es, sobre todo, un problema de pobreza, desigualdad, precariedad habitacional y ausencia efectiva de derechos b\u00e1sicos. El propio Ministerio de Vivienda ha se\u00f1alado hace a\u00f1os que aproximadamente el 35 % de la poblaci\u00f3n colombiana, distribuida en 475 municipios, se encuentra en zonas de amenaza s\u00edsmica alta. Las comunidades campesinas viven peri\u00f3dicamente las inundaciones provocadas por los fen\u00f3menos de La Ni\u00f1a; en las ciudades, los deslizamientos en los barrios populares sepultan cada cierto tiempo viviendas y familias enteras. Mientras tanto, el Estado limita su presencia a reaccionar cuando la tragedia ya ocurri\u00f3 o a llegar para desalojar a las familias que viven en \u201czonas de alto riesgo\u201d, sin ofrecerles una soluci\u00f3n habitacional digna, segura y de largo plazo.<\/p>\n\n\n\n
El terremoto del 10 de agosto de 2026 volvi\u00f3 a poner esa realidad frente a los ojos de todos. A una semana del sismo, el balance oficial era de 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas, adem\u00e1s de m\u00e1s de 185.000 personas damnificadas. La tragedia no cay\u00f3 sobre una sociedad igualitaria, sino sobre un territorio donde el riesgo ya estaba distribuido de manera profundamente desigual.<\/p>\n\n\n\n
San Jos\u00e9 del Palmar, en Choc\u00f3, epicentro del sismo, es un territorio marcado por su aislamiento y por limitaciones hist\u00f3ricas de infraestructura. La v\u00eda de acceso terrestre qued\u00f3 bloqueada y la maquinaria de rescate tard\u00f3 m\u00e1s de 72 horas en llegar. Buenaventura, uno de los principales centros urbanos del Pac\u00edfico colombiano, es un territorio estrat\u00e9gico para la econom\u00eda nacional por su puerto y, al mismo tiempo, concentra profundas desigualdades sociales y d\u00e9ficits de infraestructura. Igualmente, durante las primeras 72 horas, las m\u00e1s cr\u00edticas para las operaciones de b\u00fasqueda y rescate, la propia alcaldesa reconoci\u00f3 que no contaba con maquinaria suficiente para enfrentar la emergencia.<\/p>\n\n\n\n
Pereira ya hab\u00eda sufrido los efectos del terremoto de 1999, cuando las investigaciones documentaron da\u00f1os asociados a construcciones deficientes, autoconstrucci\u00f3n y edificaciones ubicadas en terrenos inestables. El riesgo, por tanto, no era desconocido. Hab\u00eda sido estudiado, documentado y sufrido antes. Sin embargo, veintisiete a\u00f1os despu\u00e9s, la ciudad vuelve a enfrentar colapsos, viviendas destruidas y personas atrapadas bajo los escombros.<\/p>\n\n\n\n
Cero prevenci\u00f3n. Cero planificaci\u00f3n. Cero garant\u00edas e inversi\u00f3n en las poblaciones que se sabe de antemano que son vulnerables. Y cuando finalmente ocurre el desastre, llega el espect\u00e1culo.<\/p>\n\n\n\n
Funcionarios frente a las c\u00e1maras, recorridos por las zonas destruidas, anuncios de ayudas, paquetes humanitarios, promesas de reconstrucci\u00f3n y discursos sobre la \u201cunidad nacional\u201d. La tragedia se transforma r\u00e1pidamente en escenario politiquero. La poblaci\u00f3n que durante a\u00f1os fue abandonada se convierte de repente en capital pol\u00edtico para ampliar las redes de clientelismo. La emergencia abre as\u00ed un nuevo espacio para el oportunismo: la necesidad de las comunidades se convierte en moneda de cambio y la ayuda p\u00fablica puede transformarse en votos, favores y poder.<\/p>\n\n\n\n
Un estudio publicado por Jorge Gallego en Electoral Studies<\/em> examin\u00f3 las inundaciones y deslizamientos ocurridos en Colombia durante 2010\u20132011, una de las mayores cat\u00e1strofes naturales de la historia reciente del pa\u00eds. M\u00e1s de 3 millones de personas fueron afectadas y se movilizaron alrededor de US $3.500 millones para atender las consecuencias de la emergencia. El estudio encuentra que, en los municipios m\u00e1s afectados, los partidos de los alcaldes en ejercicio tuvieron una mayor probabilidad de ser reelegidos, y que este efecto electoral estaba relacionado con la cantidad de ayuda humanitaria recibida por habitante. Adem\u00e1s, la investigaci\u00f3n encuentra que el efecto desaparece al controlar por evidencia judicial de irregularidades relacionadas con la compra de votos (1)<\/p>\n\n\n\n La tragedia de la tragedia es que esta historia se repite una y otra vez en nuestro pa\u00eds. 2020, San Andr\u00e9s y Providencia: en noviembre de 2020, Iota golpe\u00f3 Providencia como hurac\u00e1n de categor\u00eda 5 y destruy\u00f3 aproximadamente el 98 % de la infraestructura de la isla de Providencia. El Gobierno de turno, encabezado por Iv\u00e1n Duque, prometi\u00f3 una reconstrucci\u00f3n r\u00e1pida y present\u00f3 la intervenci\u00f3n estatal como una operaci\u00f3n extraordinaria de recuperaci\u00f3n. Sin embargo, la emergencia desapareci\u00f3 de las pantallas y las promesas se las llev\u00f3 el viento.<\/p>\n\n\n\n A finales de 2025, un seguimiento de Transparencia por Colombia documentaba problemas de institucionalidad, control, rendici\u00f3n de cuentas y acceso a la informaci\u00f3n en el proceso de reconstrucci\u00f3n de San Andr\u00e9s y Providencia. Seg\u00fan el reporte, en San Andr\u00e9s hab\u00edan sido atendidas apenas 564 viviendas, mientras que aproximadamente 1.600 permanec\u00edan sin intervenci\u00f3n, pese a que, seg\u00fan representantes comunitarios citados en el informe, los recursos asignados hab\u00edan llegado. En Providencia permanec\u00edan pendientes compromisos incluidos en los acuerdos con la comunidad, entre ellos la construcci\u00f3n de un hospital de segundo nivel. El Hospital Local existente presta servicios de primer nivel, mientras que la atenci\u00f3n de mayor complejidad depende de la red hospitalaria de San Andr\u00e9s. Cinco a\u00f1os despu\u00e9s de Iota, la reconstrucci\u00f3n segu\u00eda dejando en evidencia la distancia entre las promesas hechas durante la emergencia y las condiciones reales en las que continuaba viviendo la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s. existe otra dimensi\u00f3n que debe ser examinada: la respuesta a los desastres y la militarizaci\u00f3n. La misma emergencia que revela el abandono y la desigualdad tambi\u00e9n puede ser utilizada para ampliar las capacidades militares, normalizar su presencia en la vida civil y convertir problemas sociales y humanitarios en asuntos de seguridad.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de la Guerra Fr\u00eda, las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a incorporar progresivamente los desastres naturales y las emergencias humanitarias, denominadas \u201cnuevas amenazas\u201d, a las doctrinas y mecanismos de cooperaci\u00f3n militar.<\/p>\n\n\n\n Chile: Varios estudios analizan c\u00f3mo el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 en Chile fue utilizado por las fuerzas armadas chilenas y estadounidenses para incrementar la militarizaci\u00f3n. Despu\u00e9s del desastre, el Gobierno declar\u00f3 el estado de cat\u00e1strofe en las regiones del Maule y Biob\u00edo y despleg\u00f3 aproximadamente 14.000 militares para restablecer el orden. Investigaciones posteriores han estudiado c\u00f3mo, entre 2010 y 2020, la respuesta militar a los desastres fue incorpor\u00e1ndose a mecanismos regionales de cooperaci\u00f3n en defensa. En otras palabras, lo excepcional comenz\u00f3 a institucionalizarse. (2)<\/p>\n\n\n\n Katrina: Otro caso denunciado por acad\u00e9micos y organizaciones sociales, en el que la militarizaci\u00f3n contribuy\u00f3 a la criminalizaci\u00f3n de las v\u00edctimas del desastre. Tras el hurac\u00e1n Katrina, en 2005, Estados Unidos despleg\u00f3 m\u00e1s de 70.000 efectivos militares y de la Guardia Nacional. La respuesta estuvo acompa\u00f1ada por una fuerte narrativa sobre saqueos, violencia y \u201cdesorden civil\u201d, muchas veces exagerada o sin verificar, que present\u00f3 a una poblaci\u00f3n mayoritariamente negra como una amenaza que deb\u00eda ser controlada. Primero se representa a la poblaci\u00f3n afectada como potencialmente peligrosa; despu\u00e9s se presenta la militarizaci\u00f3n como una necesidad humanitaria. Como se\u00f1alan varios estudios acad\u00e9micos, Katrina se convirti\u00f3 en un ejemplo de c\u00f3mo las crisis ambientales y sociales comenzaron a ser abordadas desde una l\u00f3gica de seguridad. (3)<\/p>\n\n\n\n Hait\u00ed: El terremoto de magnitud 7,3 golpe\u00f3 Hait\u00ed en enero de 2010, con estimaciones de muertos que oscilan entre 100.000 y 316.000, y aproximadamente 2 millones de personas desplazadas de sus hogares. Estados Unidos despleg\u00f3, en el momento de mayor intensidad de la operaci\u00f3n, alrededor de 22.000 militares, con decenas de aeronaves y buques. Una investigaci\u00f3n se\u00f1ala que la respuesta estadounidense estuvo dirigida por el Gobierno y las Fuerzas Armadas y que la presencia militar fue mucho m\u00e1s all\u00e1 del simple apoyo log\u00edstico y se impusieron sobre las instituciones y comunidades haitianas, violando la soberan\u00eda nacional.<\/p>\n\n\n\n Mientras Colombia todav\u00eda levantaba escombros, buscaba desaparecidos y contaba sus muertos, el Gobierno avanzaba en una nueva etapa de cooperaci\u00f3n militar con Estados Unidos. En plena emergencia por el terremoto, Colombia formaliz\u00f3 su ingreso al Escudo de las Am\u00e9ricas, una coalici\u00f3n impulsada por Washington, y acord\u00f3 ampliar la cooperaci\u00f3n y las operaciones militares conjuntas bajo el argumento de combatir el \u201cnarcoterrorismo\u201d. La emergencia tambi\u00e9n abri\u00f3 la puerta a una presencia militar extranjera que gener\u00f3 cuestionamientos. El 14 de agosto llegaron a Cali 82 militares de las Fuerzas de Defensa de Israel, entre rescatistas, ingenieros y especialistas, para participar en las labores de b\u00fasqueda y rescate.<\/p>\n\n\n\n Mientras las comunidades afectadas esperaban maquinaria, ayuda y rescate, el Gobierno estrechaba simult\u00e1neamente sus v\u00ednculos de cooperaci\u00f3n militar con Estados Unidos y recib\u00eda contingentes militares israel\u00edes. No se trata de negar la utilidad de la ayuda internacional en una cat\u00e1strofe. La pregunta es por qu\u00e9, en medio de una tragedia social de esta magnitud, la respuesta del Estado aparece cada vez m\u00e1s asociada a la cooperaci\u00f3n militar, la presencia de fuerzas extranjeras y una concepci\u00f3n de la emergencia como asunto de seguridad.<\/p>\n\n\n\n Frente a un panorama donde la emergencia suele convertirse en espect\u00e1culo pol\u00edtico, oportunidad electoral o escenario de militarizaci\u00f3n, las comunidades recuerdan que solo el pueblo salva al pueblo. Son las comunidades quienes rescatan personas entre los escombros, comparten alimentos, habilitan refugios, organizan centros de acopio, acompa\u00f1an a quienes perdieron sus viviendas y sostienen emocionalmente a quienes enfrentan la incertidumbre. Esa respuesta colectiva demuestra que la sociedad no es una poblaci\u00f3n vulnerable pasiva que espera asistencia, sino una fuerza capaz de organizarse y tejer redes de solidaridad y ayuda mutua.<\/p>\n\n\n\n Igualmente, debemos mantenernos alerta y exigir que las ayudas no sean capital politiquero, que las promesas se cumplan y que haya pol\u00edticas de inversi\u00f3n y prevenci\u00f3n. Desde ahora ya se sabe que se viene una de las peores sequ\u00edas que ha enfrentado Colombia en d\u00e9cadas con el fen\u00f3meno de El Ni\u00f1o. Debemos exigir desde ya inversi\u00f3n en lugar de esperar a llorar a las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/nuevademocracia.com.co\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/manosarriba-1024x576.jpg\")