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En un nuevo intento del viejo estado por contener la lucha del pueblo, el Consejo de Estado conden\u00f3 a la Corporaci\u00f3n Comunitaria Juntas de Acci\u00f3n Comunal Area de influencia Directa San Isidro de Chichimene (CJAID) y a su entonces representante legal Sandra Patricia Ruiz a pagar los perjuicios generados a Ecopetrol durante los bloqueos que realizaron a la Estaci\u00f3n Chichimene, en Acac\u00edas (Meta) entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017. Este es un hecho sin precedentes en el pa\u00eds, con el que se pretende cobrar a los organizadores de la jornada de lucha, los costos generados a la empresa. Aunque no se ha decidido la cifra, se pretende incluir costos directos generados por la suspensi\u00f3n de contratos, as\u00ed como p\u00e9rdidas relativas por haber tenido que retrasar la extracci\u00f3n de petroleo durante esos d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
La lucha de la comunidad<\/strong> de Chichimene<\/strong> contra Ecopetrol<\/strong><\/h2>\n\n\n\nLos hechos por los que se da la condena, corresponden a la lucha de la comunidad por lograr que la petrolera diera mayores oportunidades laborales para personas de la regi\u00f3n con y sin formaci\u00f3n acad\u00e9mica, entre otras demandas. Adem\u00e1s el pulso entre empresa y comunidad no se limit\u00f3 al bloqueo del 2017, la lucha se ha mantenido con los a\u00f1os y en abril del 2025, la comunidad organizada en el comit\u00e9 \u201cNo m\u00e1s TAC y no m\u00e1s Radiograf\u00eda de Columna\u201d realiz\u00f3 una jornada de protesta durante 10 d\u00edas contra las barreras que implican los ex\u00e1menes m\u00e9dicos para acceder a los empleos. Y es que la realidad laboral en el Meta ha sido dif\u00edcil: seg\u00fan el DANE, el departamento registraba para el 2018 un desempleo en centros poblados y rural disperso de 9,1% y una informalidad del 82,2%; y para 2025 un 8,9% de desempleo y un 82,0% de informalidad. Debido al gran atraso econ\u00f3mico, los grandes proyectos petroleros que se desarrollan en el departamento son una de las pocas fuentes de empleo formal, probablemente la \u00fanica fuente para los habitantes de Chichimene.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el acceso a trabajo no ha sido el \u00fanico problema. Las comunidades tambi\u00e9n han denunciado el deterioro de v\u00edas y la contaminaci\u00f3n ambiental. Tal es el caso del agua en las casas, que tradicionalmente la obten\u00edan de pozos profundos, pero que con el inicio de la explotaci\u00f3n petrolera termin\u00f3 contaminada. O el caso de los vertimientos al rio Guayuriba de aguas tratadas provenientes de los campos de producci\u00f3n petrolera, que Cormacarena tuvo que suspender ante la evidente presencia de residuos de petroleo.<\/p>\n\n\n\n
Por lo tanto, los grandes proyectos petroleros en la regi\u00f3n no han llevado progreso econ\u00f3mico a sus habitantes, ni siquiera brindan una garant\u00eda de trabajo estable. Lo que han llevado son da\u00f1os ambientales, da\u00f1os sociales y conflictos. La condena del Consejo de Estado se suma a la larga serie de injusticias que han tenido que enfrentar estas comunidades rurales, con el agravante de que actualmente \u00e9sta pretende acabar con su resistencia organizada.<\/p>\n\n\n\n
Chichimene no es el \u00fanico caso<\/strong><\/h2>\n\n\n\nProducto del atraso del campo colombiano y su dependencia a la extracci\u00f3n de materias primas en beneficio del gran capital y del imperialismo, en otras partes del pa\u00eds se han presentado conflictos y luchas similares. Solo en Casanare, el peri\u00f3dico MarthaCifuentes.com reporta casos con demandas y luchas similares a las de la comunidad de Chichimene en veredas de los municipios de Villanueva, Tauramena, Paz de Ariporo y San Luis de Palenque. Por lo tanto, la decisi\u00f3n del Consejo de Estado abre la posibilidad de demandas similares contra otras comunidades a lo largo de todo el territorio nacional.<\/p>\n\n\n\n
Pero no son solo las comunidades rurales que han luchado contra proyectos extractivos en sus territorios quienes est\u00e1n en riesgo de ser criminalizadas y endeudadas. En la decisi\u00f3n del Consejo de Estado respecto a Chichimene se plantea que \u201cel derecho a la protesta fue utilizado en este caso como un mecanismo de presi\u00f3n que excedi\u00f3 su funci\u00f3n constitucional y democr\u00e1tica en tanto gener\u00f3 una afectaci\u00f3n directa al derecho de propiedad y al normal desarrollo de la actividad econ\u00f3mica de la empresa demandante\u201d. Sin embargo, es precisamente esa la forma en que las clases oprimidas, hist\u00f3ricamente privadas de poder econ\u00f3mico, pol\u00edtico y militar, han conquistado derechos en esta sociedad: presionando a las clases dominantes mediante bloqueos, huelgas, tomas, etc que afectan su econom\u00eda o que ponen en riesgo su control pol\u00edtico. Por lo tanto, lo que pretende esta decisi\u00f3n es limitar la protesta popular en general, a\u00f1orando convertir la lucha en eventos sin ning\u00fan efecto econ\u00f3mico contra el gran capital, y de esta manera quitar las posibilidades que tienen las clases populares para presionar para que se tomen medidas a su favor.<\/p>\n\n\n\n
La posibilidad de contener definitivamente la lucha popular es la ilusi\u00f3n que persiguen los estados reaccionarios, sue\u00f1os negros de los verdugos del pueblo. Pero la opresi\u00f3n genera resistencia, y el pueblo Colombiano, especialmente su campesinado probre, ha demostrado su incontenible fuerza. El movimiento popular derrotar\u00e1 la medida, o encontrar\u00e1 la forma de continuar la lucha a pesar de ella.<\/p>\n\n\n\n
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Pero no son solo las comunidades rurales que han luchado contra proyectos extractivos en sus territorios quienes est\u00e1n en riesgo de ser criminalizadas y endeudadas. En la decisi\u00f3n del Consejo de Estado respecto a Chichimene se plantea que \u201cel derecho a la protesta fue utilizado en este caso como un mecanismo de presi\u00f3n que excedi\u00f3 su funci\u00f3n constitucional y democr\u00e1tica en tanto gener\u00f3 una afectaci\u00f3n directa al derecho de propiedad y al normal desarrollo de la actividad econ\u00f3mica de la empresa demandante\u201d. Sin embargo, es precisamente esa la forma en que las clases oprimidas, hist\u00f3ricamente privadas de poder econ\u00f3mico, pol\u00edtico y militar, han conquistado derechos en esta sociedad: presionando a las clases dominantes mediante bloqueos, huelgas, tomas, etc que afectan su econom\u00eda o que ponen en riesgo su control pol\u00edtico. Por lo tanto, lo que pretende esta decisi\u00f3n es limitar la protesta popular en general, a\u00f1orando convertir la lucha en eventos sin ning\u00fan efecto econ\u00f3mico contra el gran capital, y de esta manera quitar las posibilidades que tienen las clases populares para presionar para que se tomen medidas a su favor.<\/p>\n\n\n\n
La posibilidad de contener definitivamente la lucha popular es la ilusi\u00f3n que persiguen los estados reaccionarios, sue\u00f1os negros de los verdugos del pueblo. Pero la opresi\u00f3n genera resistencia, y el pueblo Colombiano, especialmente su campesinado probre, ha demostrado su incontenible fuerza. El movimiento popular derrotar\u00e1 la medida, o encontrar\u00e1 la forma de continuar la lucha a pesar de ella.<\/p>\n\n\n\n
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