El pasado 14 de enero, el gobierno Petro a través del entonces director de Planeación Nacional, Alexander López, anunció un aplazamiento (recorte) al presupuesto general 2025 por $12 billones. También informó que se estaba trabajando en un plan de austeridad, que implicaría un gran recorte en contratos, proyectos de vigencias futuras, suspensión de campañas publicitarias y viajes del gobierno. Recorte presupuestal que no es nuevo, el año pasado también el gobierno tuvo que recortar más de $28 billones al presupuesto general 2024.

El déficit fiscal enciende las alarmas de una posible crisis económica. Según un reciente boletín de prensa del Ministerio de Hacienda “el déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2024 se ubicó en 6,8% del PIB”, el déficit fiscal más alto en los últimos 20 años y el tercero más alto en 120 años (omitiendo 2020-2021 que fueron los años de la pandemia). Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), para 2025, “se requiere un ajuste fiscal adicional de $40 billones, más allá del aplazamiento de gasto decretado por $12 billones.” En otras palabras, este recorte de $12 billones es solo el comienzo.
El recorte al presupuesto nacional ya empezó a generar controversias y pugnas entre diferentes sectores de las clases dominantes del país. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), emitió un comunicado denunciando que se les estaba recortando el presupuesto en un 56.75%, y que esto ponía en riesgo el desenvolvimiento de los procesos electorales del 2025-2026 (Consejos de Juventud, Congreso y Presidencia). Petro les contestó que eso era falso y que los dineros para los procesos electorales estaban asegurados por la Registraduría. Recordar que actualmente existe una pugna entre presidencia y el CNE, debido a las investigaciones que ha iniciado dicha entidad contra la campaña presidencial de Petro.
También el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y otros políticos de derecha y ultraderecha, se han pronunciado públicamente contra el recorte presupuestal, específicamente por las afectaciones que tendrá en la construcción de varias mega obras de infraestructura como la Primera Línea del Metro de Bogotá (recorte de $770.300 millones), el Metro de la 80 en Medellín (recorte de $497.600 millones), Regiotram de Occidente ($345.735 millones), Túnel del Toyo (recorte de $181.000 millones), entre otras mega obras. A lo cual Petro contestó responsabilizando al Congreso (que es dominando por la oposición) por no aprobarle la reforma tributaria (ley de financiación presentada por el gobierno en septiembre de 2024): “Ahora están llorando porque no hay plata para el metro, para el Toyo, para la carretera… pues ellos mismos hundieron la ley de financiamiento. Ellos son los culpables. El señor Efraín Cepeda [presidente del Senado, Partido Conservador] se tiró a Colombia, empezando por el Caribe, por su propia ciudad… porque recortó la posibilidad de financiar el presupuesto que iba para eso…”.
Pero los recortes no solo generan pugnas entre dirigentes políticos de las clases dominantes, también generan contradicciones con el pueblo que verá perjudicados algunos derechos. Desde diciembre del 2024 ya el gobierno estaba tomando medidas con la suspensión del programa “Mi Casa Ya”. Según varios medios, el Ministerio de Vivienda solo cuenta con recursos disponibles para 20.500 subsidios y no para 50.000 como se tenía proyectado. Han surgido varias críticas a esta medida, por un lado, miles de familias que no podrán acceder a vivienda propia porque solo podían hacerlo acudiendo a alguno de estos subsidios. Ahora, con este recorte, será mucho más difícil o imposible. Por otro lado, según Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción), cerca de 200.000 empleos están en riesgo debido a la gran disminución de viviendas que serán construidas. Y finalmente, la afectación sobre toda la cadena de suministros por la disminución en la demanda de acero, cemento, plásticos, entre otros materiales de construcción, afectándose otras industrias. Todo lo anterior puede tener una fuerte repercusión sobre el conjunto de la economía nacional.
Por otra parte, el Departamento de Prosperidad Social, bajo la dirección de Gustavo Bolívar, también anunció las consecuencias de la crisis fiscal. Los jóvenes del pueblo se verán bastante afectados, ya que el programa Renta Joven (antiguo Jóvenes en Acción) fue suspendido para el 2025. Dicho programa entrega un apoyo económico para el sostenimiento de jóvenes entre 14 y 28 años matriculados en instituciones de educación superior. Prosperidad Social informó que “debido a la asignación presupuestal de 2025, durante la presente vigencia no será posible realizar nuevas inscripciones al programa.” Solo se limitarán a garantizar los recursos para los 300 mil jóvenes que ya se encuentran activos en el programa, pero dejarán por fuera, tanto a los recién graduados que quieran acceder a la educación superior, como a otros jóvenes trabajadores, graduados hace años, que quisieran estudiar y necesiten ese apoyo para poder hacerlo. En las universidades ya surgen voces de denuncia entre organizaciones estudiantiles independientes del gobierno, quienes bajo la consigna de ¡Que la crisis la paguen los ricos!, exigen al gobierno que, en vez de recortarle a los derechos del pueblo, se le recorte al pago de la deuda externa con los organismos financieros del imperialismo.

Los recortes en Prosperidad Social, no se limitan solo a Renta Joven. En una entrevista en Blu Radio, el 14 de enero, Gustavo Bolívar para justificar los recortes en varios de los subsidios de Prosperidad Social, afirmó que los subsidios son perversos, porque se “perpetúa a la persona en la pobreza […] miren lo perverso, la gente prefiere vivir 30 años en el mugre, en el barro, para no perder el subsidio”. Explicó que de ahora en adelante solo se mantendrán los subsidios para los más vulnerables: adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas con discapacidad y que tratará de salvar Renta Joven. Sin embargo, todos los demás subsidios que entregaba la entidad desaparecerán y más de 3 millones de personas dejarán de recibir apoyos. A cambio de esos programas, su propuesta es crear cooperativas por todo el país, que apoyen emprendimientos con créditos a bajas tasas de interés. Afirma que “en poco tiempo nos van a agradecer porque les vamos a ayudar a perderle el miedo a salir de la pobreza, ya que perdieron el subsidio, se tienen que lanzar a trabajar y nosotros les prestamos las herramientas que son el crédito y un periodo de gracia para que puedan despegar sus emprendimientos y subsidiarles la tasa de interés”.
En el gobierno se contradicen. Mientras Bolívar reconoce el desmonte de varios subsidios, Petro y otros altos funcionarios de su gobierno prometen lo que no pueden cumplir. Hace unas semanas Petro afirmó: “nos toca recortar, $12 billones… pero no para el pueblo, no lo paga el pueblo”. También Alexander López prometió que los recortes “definitivamente no tocan en concreto los derechos de nuestro pueblo”. Sin embargo, hemos expuesto varias afectaciones que está generando la crisis presupuestal sobre las clases trabajadoras: educación, vivienda, subsidios a los más pobres. Pareciera que esto es solo el inicio de una oleada de medidas antipopulares para mitigar el déficit fiscal, que el gobierno del “cambio” tratará de vendernos como medidas necesarias, así como lo hizo con el descarado aumento de la gasolina el año pasado. Así mismo, la historia ha mostrado que siempre que las clases dominantes, intentan descargar sobre los hombros del pueblo, las crisis de su sistema económico, el pueblo se ha levantado para luchar. Solo basta recordar, que el Gran Levantamiento Popular del 2021 fue desatado por un intento de reforma tributaria del gobierno Duque, reforma que también obedecía a la necesidad de disminuir el déficit fiscal.
Finalmente, las posiciones de Bolívar ameritan un deslinde. Las personas pobres de ninguna forma son responsables de su pobreza. Millones de masas trabajadoras son condenadas a la miseria por un sistema económico que se alimenta precisamente de toda esa pobreza. La gran burguesía, los latifundistas y las empresas imperialistas, extraen grandes ganancias a costillas de la miseria de nuestro pueblo. En la ciudad pagando salarios de hambre y en el campo despojando a los campesinos de la tierra para sujetarlos de diversas formas al latifundio. Es falso que las masas teman salir de la pobreza, pero a ellas la experiencia les muestra que dentro de este sistema no es posible. La única forma de acabar verdaderamente con la pobreza, liberar al pueblo y todo su potencial para el trabajo, es destruyendo las cadenas que lo oprimen: el latifundio, el gran capital monopólico y el imperialismo para construir una Nueva Democracia y el Socialismo.