El pasado 4 de mayo, el gobierno Petro, en cabeza de la ministra de agricultura Jennifer Mojica, realizó la entrega de 6.000 hectáreas de tierras, a 1.500 familias campesinas en 11 municipios ubicados en diferentes regiones del país. El evento fue realizado en Montería, Córdoba, donde la ministra expresó que “la reforma agraria será imparable”, evento y palabras que tuvieron gran resonancia en medios de comunicación nacionales y locales, algunos de los cuales, registraron esta noticia como un hecho histórico.
Dada la importancia del problema de la tierra en Colombia y los conflictos agrarios que han existido a lo largo de toda la historia nacional, es importante preguntarnos ¿Qué tan significativa es esta entrega de tierras? Para ello, es importante repasar algunas cifras estructurales sobre el problema de la tierra en nuestro país.
Sobre la concentración de la tierra
En primer lugar, mencionar el problema de la concentración de la tierra, es decir el hecho de que millones de hectáreas se encuentran concentradas en unas pocas familias ricas y poderosas, mientras millones de campesinos pobres no tienen tierra o tienen tan poca que ni siquiera les alcanza para subsistir. Algunas cifras al respecto: en 2011 el estudio «Colombia rural, razones para la esperanza», de la ONU, planteó que en Colombia el 52% de la tierra pertenece al 1,5% de la población y que 18 de 32 departamentos en el país tenían un índice Gini de concentración de la tierra superior a 0,8.
Situación que se ratifica con cifras más recientes del informe “Fragmentación y distribución de la propiedad rural en Colombia” (IGAC, 2023). Según dicho informe, en Colombia hay 3.530.415 propietarios de predios rurales privados excluyendo resguardos indígenas y territorios colectivos, quienes poseen 49.718.778 hectáreas. Sin embargo, esas 49,72 millones de hectáreas no están distribuidas de forma equitativa, sino al contrario, están altamente concentradas. Una pequeña minoría de 35 mil propietarios poseen 24,78 millones de hectáreas, mientras una inmensa mayoría de 2,8 millones de propietarios poseen tan solo 3,97 millones de hectáreas, o en otras palabras, el 1% posee el 49,8% de la tierra, mientras el 80% posee tan solo 8%.
El problema de la tierra no es nuevo, de hecho, en toda nuestra historia republicana nunca ha sido resuelto. Desde la guerra de independencia que logró expulsar a los opresores españoles, pasando por las reformas agrarias de los años 30 y 60 en cabeza del Partido Liberal, nunca se han repartido las tierras entre el campesinado. Y la razón es simple: dichos procesos han sido dirigidos por los mismos dueños de las tierras, desde el criollo descendiente de españoles, hasta la gran burguesía y los latifundistas contemporáneos, los grandes propietarios nunca han tenido el interés de entregar tierra a las masas campesinas, y por el contrario, con el pasar de las décadas, han ido acaparando más.
Frente a este problema histórico, el gobierno Petro prometió cumplir con la reforma agraria pactada en los Acuerdos de Paz, firmados en el 2016 por el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC. Precisamente, el primer punto de los acuerdos se titula “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, y fue uno de los puntos más importantes de dicha negociación, en la cual el Estado se comprometió a crear un Fondo de Tierras para distribuir 3 millones de hectáreas en los siguientes 12 años y también se comprometió a formalizar 7 millones de hectáreas que ya estaban en posesión de los campesinos, pero que no estaban legalizadas.
¿Qué ha pasado con estos dos acuerdos? Las cifras muestran que han sido incumplidos. En cuanto a la distribución de tierras, durante todo el gobierno Duque solo se entregaron 13.000 hectáreas y en el primer año del gobierno Petro, es decir, hasta agosto de 2023, se hablaba de solo 30.000 hectáreas entregadas y otras 50.000 hectáreas disponibles para ser repartidas. Y en cuanto a la formalización, en el primer año del gobierno Petro sólo se titularon 240.000 hectáreas. En un discurso del 20 de Julio de 2023, Petro reconoció que eran cifras muy por debajo de la meta de 500.000 hectáreas que se había trazado para su primer año de gobierno, y que temía que la promesa de 3 millones de hectáreas se volviese ilusoria.
¿Ha cambiado la situación en los últimos 10 meses? No, al mes de mayo de 2024, la situación sigue siendo casi la misma. Precisamente durante el Congreso del Sistema Nacional de Reforma Agraria, celebrado el pasado 16 de mayo, Petro planteó que hasta la fecha, su gobierno solo había comprado 83.000 hectáreas para la reforma agraria, y reconoció que, de seguir a ese mismo ritmo, el Estado tardaría “40 años para cumplir el Acuerdo de Paz”, y tratando de ser optimista afirmó que, si se hacen mayores esfuerzos, lo máximo que podría llegar a cumplir durante todo su mandato, serían 500.000 hectáreas, en cuyo caso el Estado tardaría 24 años para hacer la reforma agraria. Proyecciones bastante preocupantes y poco esperanzadoras para las masas campesinas.
Sobre el despojo de la tierra
En segundo lugar, es importante mencionar el despojo y robo de tierras que sufrieron millones de campesinos en las últimas décadas. Algunas cifras al respecto: según el Registro Único de Víctimas, entre 1985 y 2019, Colombia tuvo un acumulado de aproximadamente 8 millones de desplazados, la gran mayoría de ellos, población campesina que fue forzada a abandonar sus tierras. Según la Fundación Forjando Futuros, en Colombia se despojaron 6,5 millones de hectáreas, frente a lo cual, en 2011 el Estado se comprometió, a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a devolver las tierras que fueron robadas. Sin embargo, entre el año 2011 y enero de 2024, solo se han restituido 648.283 hectáreas, es decir 9,9% en 12 años. El pasado 24 de abril, la Fundación denunció que la “restitución de tierras sigue estancada”, y que en los primeros 17 meses del gobierno Petro solo se han restituido 71.000 hectáreas, es decir, menos de la mitad que durante los últimos 17 meses del gobierno Duque. De seguir a ese vergonzoso ritmo, el Estado tardaría 109 años en restituir las 6,5 millones de hectáreas robadas.
La gran mayoría de esas tierras fueron despojadas por grupos paramilitares bajo el amparo del Estado y el Ejército Nacional, quienes, a través de amenazas, asesinatos, masacres, violaciones de mujeres, y otros crímenes contra las masas campesinas, y justificándose en la guerra contra las guerrillas, obligaron a millones de campesinos a salir huyendo de sus tierras y buscar refugio en las grandes ciudades, donde aumentó considerablemente la población en los barrios marginados o cinturones de miseria. El pasado 30 de abril, el criminal Carlos Eduardo Reyes Jiménez, exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en declaraciones ante la JEP, confesó detalles de cómo, desde dicha institución estatal, legalizaban el despojo de tierras: a través de trámites irregulares e ilegales de compra-venta, las tierras despojadas a los campesinos fueron puestas a nombre de testaferros paramilitares, empresas multinacionales, empresas locales y latifundistas que financiaron o apoyaron el paramilitarismo. Hasta el día de hoy, la gran mayoría de esas tierras despojadas, siguen en manos de empresarios, que afirman haberlas adquirido de buena fe, mientras cientos de campesinos reclamantes de tierras han sido asesinados en los últimos años, o han muerto ya por la vejez, en medio de la pobreza, esperando que les regresaran sus tierras. Una verdadera contrarreforma agraria, a través de la cual multinacionales, empresarios y latifundistas, usando la fuerza de las armas, le robaron millones de hectáreas a los campesinos.
El fracaso del camino burocrático
Colombia necesita de una distribución de la tierra, que acabe con la gran concentración que existe en pocas manos y que devuelva las tierras que fueron robadas a los campesinos. Sin embargo, la realidad muestra que el camino institucional, es decir el camino a través del Estado, de sus leyes y reformas, no ha funcionado y no está funcionando. Muchos campesinos tienen la esperanza de que el gobierno Petro les traerá la anhelada tierra, y es comprensible que exista la ilusión, pues siendo el primer gobierno que se dice de “izquierda” en la historia nacional, algo de expectativa ha de generar. Sin embargo, ni las ilusiones calman el hambre, ni el campesinado dispone de 40 años para sentarse a esperar por la tierra prometida. El campesinado colombiano necesita tierra urgente, porque sin tierra solo le espera la miseria, y precisamente, esa necesidad apremiante es la que motiva a cientos de familias campesinas a tomar tierras, como se ha presentado en algunas regiones del país durante el presente año: Hacienda Villa Julia en Antioquia (1 de febrero); Finca La Ponderosa en Cesar (24 de febrero); Hacienda Santa Helena en Antioquia (24 de marzo); Finca Villa Gisela en Valledupar (17 de abril) y las fincas El Cacique y Las Juanas en Córdoba (27 de abril). En Nechí, Antioquia, se presentaron fuertes enfrentamientos entre los campesinos y la policía, y aunque las masas intentaron resistir durante horas el desalojo, al final las fuerzas de represión policial lograron su cometido de expulsar a los campesinos. Sin embargo, todas estas cifras que hemos expuesto, y estas experiencias de tomas de tierras recientes, atizan un debate de suma importancia en el movimiento popular actual: seguir esperando el cambio a través de la burocracia estatal, o desechar las falsas ilusiones y retomar el camino de la lucha combativa e independiente por los derechos del pueblo y por la Nueva Democracia