Que el Estado más explotador, guerrerista y genocida del mundo, encabezado por el asesino de Donald Trump, envíe “observadores electorales” para vigilar las elecciones en Colombia y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconozca y acredite a la Embajada de Estados Unidos y a 86 de sus delegados como observadores internacionales para “fortalecer la transparencia” de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, evidencia el carácter profundamente subordinado al imperialismo, principalmente al imperialismo estadounidense, de “la democracia más larga de América Latina”. Esto evidencia el estado de crisis y putrefacción de esta falsa democracia donde la injerencia extranjera se nos vende como transparencia.
En 2022, la abstención fue de 45,09% en las presidenciales y superó el 50% en las legislativas. La abstención es en realidad el gran “partido invisible”, el verdadero ganador de las elecciones. Más de la mitad del país decide no participar. A esto se suman los votos en blanco y nulos, cercanos al 2% en las últimas presidenciales, y un voto muchas veces condicionado por clientelismo, promesas de empleo, presión local o, simplemente, por el acto de votar contra otro candidato, todo menos un acto de democracia consciente y voluntaria. ¿Es el pueblo ignorante o indiferente? ¿O es que la idea de que en las elecciones se decide el destino del país es, en sí misma, una mentira?
Se exalta el ritual electoral como el acto supremo de la democracia, mientras la realidad social muestra otra cosa: entre 2016 y 2024, la Fiscalía General registró 1.372 asesinatos, de los cuales 1.322 siguen en investigación. De ese total, 793 no tuvieron avances significativos y, de los 529 restantes, 217 cuentan con sentencia condenatoria. Solo en 20 casos hubo sanciones contra los autores intelectuales. 187 líderes sociales asesinados en 2025 y 621 feminicidios solo entre enero y septiembre del mismo año. La crisis del sistema de salud es una de las expresiones más claras del fracaso estructural, mientras el ministro de Salud de este gobierno se lava las manos con declaraciones de que “el problema es de gestión y no de financiación”. Las personas mueren esperando una cirugía o la cita con el especialista. Las cifras lo confirman: en 2025 se interpusieron más de 312.000 tutelas en salud, con un incremento de 47.500 casos en un solo año. Para el pueblo trabajador, acceder a la salud no es un derecho efectivo, pedir una cita con especialista es una hazaña y conseguir un tratamiento o una cirugía, un verdadero vía crucis. Así, la realidad cotidiana educa al pueblo, consciente o inconscientemente, a que el Estado y sus instituciones significan impunidad e insatisfacción de los derechos más básicos.
Siempre hay una explicación lista del gobernante de turno. La culpa es de la oposición, porque “no dejó gobernar”; del pasado presidente o gobierno, porque dejó los problemas heredados; o de la guerrilla o del enemigo interno invisible. Pero esa narrativa de falsa polarización entre la extrema derecha y la falsa izquierda cumple la función de ocultar deliberadamente que la raíz del problema no está en un gobierno u otro, sino en la propia estructura del Estado y en el carácter de la sociedad.
Los ingresos operacionales de las mil empresas no financieras más importantes —que representan apenas el 0,05% de las más de dos millones de unidades económicas registradas en el país— equivalen al 83% del PIB. Además, el 70% de estas empresas pertenece a conglomerados, ya sea como matriz o como subordinadas, lo que evidencia un alto grado de centralización del capital. Son los principales grupos económicos la Federación Nacional de Cafeteros, el Grupo Sarmiento Angulo, el Grupo Ardila Lülle, el Grupo Santo Domingo y el Sindicato Antioqueño, quienes someten toda la economía nacional y la venden a los intereses del imperialismo. La tierra, principal factor productivo en “economías atrasadas” como la colombiana, está distribuida de manera profundamente inequitativa: el 1% de las fincas concentra el 81% de la tierra agrícola. Así, es una minoría —terratenientes y grandes burgueses— la que concentra el poder y decide el rumbo del país, mientras la mayoría es explotada y excluida.
Así, la polarización entre una supuesta izquierda y la extrema derecha busca ocultar una realidad más profunda: esta democracia, el Estado, los tres poderes, las fuerzas armadas y todo el entramado institucional son la continuidad del dominio de unas cuantas familias y grupos económicos sobre el pueblo trabajador.
Es cierto que, algunos gobiernos y candidatos de la llamada “izquierda” hablan del poder concentrado en manos de la oligarquía y denuncian que unas pocas familias controlan la política del país. Sin embargo, esas mismas denuncias, paradójicamente, terminan siendo el mejor favor prestado a las clases dominantes. Pues imprimen a la pútrida politiquería aires de renovación, generan ilusiones en que el gobierno puede cambiar su carácter y encauzan el descontento social hacia canales institucionales. Como lo sintetizó Alejandro Gaviria: “mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán”. Este ha sido, en múltiples momentos de la historia del país, el papel de ciertos gobiernos que se presentan como de izquierda: canalizar el descontento social, administrarlo y, en última instancia, contenerlo, sin transformar las estructuras de poder.
A finales de los años veinte y comienzos de los treinta, el movimiento obrero, campesino y popular atravesaba un importante auge —con huelgas en los ferrocarriles, en el sector petrolero y en las bananeras, así como asociaciones campesinas que luchaban por la tierra y se organizaban contra el poder terrateniente, incluyendo el hito de la insurrección en Líbano, Tolima, impulsada por el Partido Socialista Revolucionario—, el gobierno de Alfonso López Pumarejo llegó al poder con la promesa de profundas reformas sociales. Su programa, denominado “La Revolución en Marcha”, planteaba, entre otras cosas, una reforma agraria que supuestamente mejoraría las condiciones de vida del pueblo.
El ascenso de López Pumarejo canalizó y desvió la fuerza del movimiento popular hacia la expectativa de cambios institucionales, debilitando su autonomía y capacidad de lucha. En la práctica, su política agraria terminó favoreciendo a los terratenientes y al gran capital: promovió la mercantilización de la tierra, el crédito rural y la expansión capitalista en el campo, mientras la redistribución efectiva fue marginal y lenta. El resultado fue la desmovilización y fragmentación del movimiento campesino. La “Revolución en Marcha” fue, en realidad, consecuencia del auge del movimiento popular de la década anterior y preparación del periodo denominado “La Violencia”.
“La Violencia” y luego el “Frente Nacional” mostraron cómo el Estado alternaba el poder entre las clases dominantes, mientras el pueblo era reducido a carne de cañón en las disputas entre los de arriba. El pueblo fue reorganizándose y luchando por tierra, pan y libertad. En los años 50 y 60, el país contó con un vigoroso movimiento campesino y revolucionario, en el que amplios sectores dejaron de ser carne de cañón de liberales y conservadores para asumir la bandera de la revolución agraria.
En ese contexto, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo impulsó la creación de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) para encauzar institucionalmente la lucha agraria. Aunque sectores del campesinado utilizaron esta organización para impulsar tomas de tierras, también sirvió para corporativizar, dividir y desmovilizar parte del movimiento, subordinándolo a la lógica estatal.
Lleras Restrepo recorrió distintas regiones del país con un discurso en el que afirmaba: “Es un aspecto esencial de la reforma el de que aquellos campesinos que han pasado años y años trabajando en tierra ajena… se conviertan en propietarios”. Añadía además: “Ya no podemos seguir viviendo una época de caciques… ¡Arriba los caciques mangoneando, abajo el pueblo obedeciendo!”.Así, estas consignas, en la práctica, dieron un respiro al Estado y a las clases dominantes, lavaron las instituciones de la sangre de la violencia contra el movimiento popular y prepararon la contrarreforma agraria, que vendría después.
En los años ochenta y noventa, el Estado promovió procesos de paz con distintas organizaciones guerrilleras. Lejos de significar una solución estructural para las mayorías, estos acuerdos tenían como objetivo neutralizar los sectores que luchaban por reivindicaciones democráticas y revolucionarias. Al mismo tiempo, contribuyeron a legitimar el orden existente y la vía electoral, al integrar a antiguos actores insurgentes al sistema institucional. El resultado de la apertura “democrática” fue el exterminio de amplios sectores del movimiento popular —como ocurrió con la Unión Patriótica— a manos de fuerzas estatales y paraestatales, y el fortalecimiento del paramilitarismo en todo el país.
Nuevamente, la “renovación institucional”, la “reforma agraria”, los “acuerdos de paz” y la “Constituyente” respondieron en buena medida al ascenso del movimiento popular y revolucionario y prepararon el ciclo siguiente: las sangrientas décadas de los noventa y los dos mil, caracterizadas por masacres paramilitares en connivencia con sectores del Estado y el respaldo del imperialismo estadounidense a través del Plan Colombia. En ese periodo, entre 6 y 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas a los campesinos (aproximadamente entre 1996 y 2006), y se cometieron entre 2.500 y 3.500 masacres en todo el país. Con ello se intentó ahogar en sangre la lucha guerrillera y el movimiento popular y revolucionario.
Pero el pueblo, que siempre busca decidir su propio destino, fue acumulando resistencia. Especialmente la juventud dio muestras de organización y lucha popular, destacándose en las heroicas jornadas del 9 y 10 de septiembre, cuando el pueblo prendió fuego a unas 76 instalaciones de la Policía en todo el país, y en el Gran Levantamiento Popular de 2021, cuando durante meses la juventud popular enfrentó a las fuerzas del Estado en campo y ciudad. Esto evidenció nuevamente la crisis del orden existente y la necesidad, para las clases dominantes, de instaurar un nuevo ciclo de desviación de la lucha popular, una estrategia de “cambiar algo para que no cambie nada” mediante la explosión controlada del movimiento popular.
Hoy se le plantea a las masas populares el dilema: Cepeda o el regreso del uribismo. Pero quien prepara el regreso, con nuevo impulso, de la extrema derecha —del uribismo o de sus nuevas formas— es precisamente el oportunismo político, el petrismo, que al administrar el orden existente mientras agita banderas de cambio, termina cumpliendo un papel funcional a la reacción. Levantar las banderas de cambio para corporativizar y legitimar esta democracia es, en otras palabras, perfumar un bollo. Habla contra la oligarquía, mientras promueve una alianza con José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán (representante de los terratenientes), y acuerdos con el Grupo Empresarial Antioqueño, Gilinski, etc.
La única forma de detener el avance de “la extrema derecha” —que tienen en el latifundio su base económica y de reproducción ideológica, política y social— no es el “pacifismo” de un gobierno oxidado por el oportunismo, sino el combate decisivo contra las fuerzas furibundas de la extrema derecha y sus grupos de exterminio al servicio del latifundio.
La democracia no reside en las elecciones de un Estado Burocratico-terriente. Ningún gobierno puede cambiar el carácter profundamente dictatorial del Estado, que se sostiene sobre la estructura económica del país y el entramado de poder de las clases dominantes: desde los caciques locales y las redes de clientelismo hasta las fuerzas armadas, cuya formación, ideología y política han sido históricamente moldeadas por Estados Unidos, con un propósito contrainsurgente y anti-popular. Esta continuidad histórica de la “democracia” criolla refleja el proyecto de los terratenientes y burgueses que, desde la independencia, sustituyeron a la corona española por intereses extranjeros —ingleses y luego estadounidenses— para explotar al pueblo trabajador. Es la democracia de las masacres perpetuadas por paramilitares hombro a hombro con las fuerzas armadas, de los falsos positivos, del sometimiento de la mayoría al poder de unos pocos.
Lo que sí puede intentar cambiar un gobierno es la careta: presentarse como el abanderado de un gran pacto y un diálogo nacional con los terratenientes, la gran burguesía y el imperialismo, dando la falsa sensación de que con estos sectores se puede negociar y que, voluntariamente, van a entregar la tierra, la plusvalía que extraen del pueblo, el control de nuestros recursos y la soberanía. Después de siglos de explotación y represión, la idea de que una buena gestión gubernamental los hará “entrar en razón” es, simplemente, un engaño. Se siembran expectativas de que basta con derrotar a unos cuantos elementos recalcitrantes de extrema derecha en las elecciones o presionar en el Congreso para aprobar leyes “que beneficien al pueblo”. Es un ejercicio de legitimación del orden existente, una performance que maquilla la explotación con discursos de cambio y democracia formal, mientras las estructuras de poder permanecen intactas.
Los sindicatos, las asociaciones y la juventud quedan a la espera, depositando sus esperanzas en que los cambios vendrán desde arriba. La organización popular se coloca así al servicio de la estructura institucional de las elecciones, subordinada a la lógica de apoyar los comicios y luego al presidente en su gestión, para que tenga más fuerza dentro del Congreso y promueva una u otra ley. Con ello, se desarman las organizaciones, la corporativización reemplaza la independencia de clase de las organizaciones democráticas y revolucionarias, el pacifismo reemplaza la combatividad, y la lucha de clases es sustituida por la conciliación con los explotadores, en poner la otra mejilla.
En este Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, hacemos un llamado a todo el pueblo colombiano: a los sindicalistas, a la juventud luchadora, a las masas campesinas y a todos los trabajadores. Es momento de defender la democracia y recuperar la esperanza.
Defender la democracia significa fortalecer la independencia de clase de los sindicatos, construir organizaciones que rompan con el clientelismo y el corporativismo que los mantiene sumidos en el letargo, y edificar organización popular que conquiste y defienda los derechos, como siempre lo ha hecho el pueblo, con lucha. Defender la democracia es también defender la democratización de la tierra: tierra para quienes la trabajan, destruyendo el latifundio, uno de los problemas más profundos de nuestra nación. Esto no se logra con acuerdos con terratenientes como Lafaurie, ni comprando hectáreas marginales que ellos deciden ofrecer a precios exorbitantes, sino apoyando la lucha campesina por el derecho a la tierra.
Defender la democracia significa elevar la conciencia de todas las masas que hoy no votan, no para que renueven su confianza en un sistema político que nunca les ha dado nada bueno, sino para que se organicen y transformen el boicot electoral inconsciente en lucha consciente por sus derechos y contra el Estado explotador. La lucha por la democracia es la lucha por el derecho de rebelión que los pueblos siempre han tenido frente a quienes los explotan. Es la combatividad en busca de una verdadera independencia nacional. ¿O acaso se hubiera logrado la independencia de la corona española abriendo el diálogo con los reyes y los Murillo?
Recuperar la esperanza es recuperar la convicción de que es posible cambiar esta sociedad de raíz, renunciar al ‘peor es nada’, dejar de conformarnos con migajas. Significa creer en un país libre y soberano. Ganar la esperanza implica tener fe en que el cambio real se logra mediante la organización popular, la lucha frontal contra el Estado y las clases dominantes que este protege, y la conquista de los derechos que durante siglos nos han sido negados. Menos circo y más lucha: solo así construiremos un país libre y soberano.
