Compartimos el siguiente artículo escrito por una organización colaboraodora sobre la situación actual de los presos políticos
por Unidad Obrera y Socialista – UNÍOS. Sección colombiana de la Liga Internacional Socialista
Una rápida mirada a nuestro pasado reciente
Los estallidos sociales de 2019 y 2021 en Colombia fueron el reflejo de la crisis estructural del decadente sistema capitalista, crisis que se extiende y empeora hasta el día de hoy sin una salida para la clase trabajadora y los sectores populares cooptados al sendero progresista, mientras desde el imperialismo proyectan una salida reaccionaria desde la ultra derecha con guerras, agresiones y genocidios que se configuran en un ambiente de disputa por la hegemonía imperialista. Estos estallidos sociales se enmarcaron en la efervescencia social que recorría el mundo y que comenzó en 2019 con las masivas movilizaciones de Chile, Ecuador, Hong Kong, Francia y otros países del globo, que estremecieron y sacaron del letargo al pueblo trabajador en todas las latitudes, volviendo a poner la lucha de clases en la calle a la orden del día.
Al profundizarse la crisis capitalista, arrastrada desde 2008, comienzan a emerger importantes resistencias sociales desde la juventud y los movimientos feministas, que chocan con gobiernos de derecha como Piñera en Chile. La experiencia chilena contagió rápidamente la necesidad de la autodefensa1 combativa y popular por medio de las Primeras Líneas (PL) en la región, su función fundamental fue ponerse del lado del pueblo movilizado y defenderlo de la sanguinaria represión estatal (y también la paramilitar), siendo este un factor clave para el avance o retroceso de cualquier proceso que combate las políticas de la burguesía y que cuestiona al régimen político y sus instituciones.
¿Y cómo fue esa lucha por la que les condenan?
Es así que las PL en Colombia fueron constituidas, en su gran mayoría, por jóvenes populares de los barrios más marginales, sin acceso a ningún tipo de derecho democrático (educación, vivienda, trabajo, salud, etc) y con un inexistente futuro de vida, que luchaban -y luchan- por el día a día en condiciones cada vez más extremas. El gobierno uribista de Duque despreciaba las exigencias sociales, enfrentando repudio por bombardeos a niños en el Caquetá, constante persecución a periodistas, defensores ambientales y de derechos humanos; una oleada inmensa de masacres contra liderazgos sociales y excombatientes cobijados por el acuerdo de La Habana; así como decenas de asesinatos con una desbordada represión policial. El 20 de noviembre de 2019 la Central Unitaria de Trabajadores – CUT votó un Paro Nacional, con un corto y tibio pliego y contra las reformas que atacarían derechos laborales y pensionales. El Paro fue masivo y demostró el bajo apoyo social al gobierno. La respuesta de este fue un toque de queda en Bogotá que desplegó con violencia al ESMAD y la policía contra toda expresión de movilización y protesta.
La consciencia de la juventud popular viró rápidamente hacia la defensa de la movilización social y, al tiempo, la defensa de ellxs mismxs ante el violento terrorismo de Estado. Su lucha fue la del pueblo trabajador movilizado: frenar el paquetazo, las reformas tributarias dictadas por organismos imperialistas y poner en la agenda política las necesidades más sentidas de la clase social que históricamente ha sido despojada de todo, hasta de su propia historia e identidad.
No se trata aquí de hacer una alegoría ni un cántico abstracto a lo combativa que fue esta juventud popular, se trata es de reconocer su rol fundamental: sin su ejercicio de defensa y resistencia ante el terrorismo de Estado difícilmente las movilizaciones habrían durado meses y habrían llevado a tumbar ministros, frenar temporalmente las regresiva reformas y marcar un pico histórico en la lucha de clases de este país, no visto nunca antes desde el asesinato de Gaitán o el Paro Cívico del 71. Es desde este movimiento que se materializó el primer gobierno que no fuera totalmente dirigido por la derecha o la ultraderecha más reaccionaria.
Por eso deseamos decirlo de la manera más clara posible: lxs presxs por luchar son presxs de nuestra clase, la lucha por su libertad, amnistía, absolución y cierre de procesos judiciales y persecución política es una tarea pendiente del movimiento de masas, es nuestra lucha. Llevarla adelante es recuperar el legado de los estallidos sociales en miras de lograr las profundas y sentidas transformaciones que se exigieron allí, y de las que poco o nada ha avanzado este gobierno de Gustavo Petro, aún cuando en campaña electoral se comprometió con varias de ellas (disolución del ESMAD, libertad de lxs presxs, comisiones de la verdad sobre la represión, no llevar adelante las reformas del paquetazo de Duque, etc).
¿Y como están actualmente lxs compas?
La situación de lxs presxs por luchar es muy complicada: van 11 compañeros en Valle del Cauca que han cumplido su condena y les han asesinado estando fuera de la cárcel, casos que siguen en total impunidad; según la Campaña Objetivo Libertad y otras organizaciones defensoras de DDHH, se estiman, por lo menos, 311 personas judicializadas por participar en las luchas de 2019 y 2021; las condiciones de vida en la cárcel son sumamente precarias y sus familias no tienen los recursos suficientes para garantizar sus condiciones dignas; hay muchxs compas que no se encuentran con medida intramural pero sí tienen casa por cárcel o se encuentran sin medida cautelar siendo perseguidxs y vigiladxs de manera cotidiana y enfrentan graves problemas de salud y/o dificultades económicas; en casi 4 años de este gobierno hicieron una sola audiencia para visibilizar y revisar sus casos, donde el senador Alirio Uribe (quien presidía la comisión accidental) ni siquiera se sabía los nombres ni conocía realmente las condiciones de nuestrxs compañerxs en prisión, en donde les callaban por estar cortos de tiempo y todo se trató de un mero trámite para simular combatitividad y coherencia.
Todo lo anterior demuestra el aislamiento político que viven, un aislamiento (lamentable, pero ciertamente) promovido por este gobierno al abandonar la lucha por su libertad y disculparse en que “la derecha no les dejó hacer nada”, lo cual se ha vuelto más en un sermón autocompasivo que en un análisis riguroso, crítico y serio de este proyecto reformista y conciliador de clases. Por eso debemos y llamamos a levantar en alto la bandera y pelear incansablemente por su libertad; luchar por lograr todas las medidas parciales que puedan mejorar su estadía en las prisiones; profundizar la solidaridad con nuestrxs compas recolectando insumos necesarios para su estadía en la cárcel o para su subsistencia en el marco de la persecución política y la estigmatización de ser PL. La vía es clara: retomar el camino de la movilización y la presión social para liberarles y continuar las luchas de los estallidos sociales.
Un pequeño aporte para un análisis de la criminalización a quienes luchan
La prisión política y los montajes judiciales son política de Estado a la hora de responder a la movilización social, una política sostenida en la doctrina contrainsurgente del enemigo interno y de seguridad nacional, doctrina que se ha rejuvenecido y actualizado al crear-consolidar un nuevo enemigo (sin por ello descartar o dejar de utilizar los anteriores): la juventud combativa, clasista y popular. Es claro el patrón de criminalización, persecución y judicialización como nos lo demuestra el más reciente caso de lxs 11 en Bogotá. Las condenas son mecanismos de disciplinamiento por medio de sentencias aleccionantes que buscan amortiguar nuestra digna rabia, organización y movilización por medio del miedo y el terror burgués. La persecusión, el hostigamiento y los asesinatos selectivos buscan la ruptura del tejido social construido antes, durante y después de los estallidos sociales, así como atacar a las “cabezas” visibles de estos procesos, nada cualitativamente distinto a otros sucesos similares como los genocidios contra A Luchar o la Unión Patriótica y a tantas plataformas y expresiones de lucha de nuestra clase en el siglo pasado.
En este sentido, esta política de criminalización a la juventud popular se ha fortalecido por medio de mecanismos muy concretos: 1) Negar cualquier tipo de delito político e imputar únicamente delitos comunes, siendo esto una directriz de la fiscalía de Barbosa, 2) La inexistencia de patios para presxs políticxs (sólo existe uno producto de los 11 asesinatos en Valle del Cauca) basado, en parte, en lo anterior, 3) La utilización de todas las instituciones del -aún vivo- régimen uribista (INPEC, organismos de inteligencia, ICBF, etc) para golpear desde todos los ángulos posibles a lxs presxs, sus familias, redes de apoyo y procesos organizativos.
¿Pero realmente están solxs nuestrxs compas? ¿No será exageración eso?
Ya tenemos elementos que claramente reflejan una situación crítica para la vida de lxs compas judicializadxs por luchar, elementos que fueron resaltados antes, sobretodo en el contexto de encierro en cárceles, aunque no sólo en ese caso. Pero allí no termina la problemática. Consideramos que hay dos aspectos fundamentales al respecto: a) el apoyo del movimiento social a la lucha por su libertad, b) el apoyo del gobierno actual a esta misma lucha.
Respecto al primer aspecto, ha sido notable la desmovilización y desorganización generalizada que se ha dado desde que se desmontó el estallido social de 2021 para desviar todo hacia elecciones, dando como resultado el actual gobierno, uno que no podía haber llegado sin la fuerza del pueblo trabajador que mantuvo la movilización permanente por más de 2 meses en 2019 y más de 4 meses en 2021. Posterior al 2021, la gran mayoría de asambleas populares que surgieron en el marco del estallido fueron decayendo hasta quedar prácticamente inexistentes o con funcionamientos muy poco frecuentes, lo que debilitó enormemente la organización clasista y popular que se había forjado al calor de la lucha. Así mismo, muchas colectividades se vieron fragmentadas al tener compas que se volcaron hacia el trabajo institucional para llenar las instituciones del Estado burgués y se perdieron importantes liderazgos que se habían forjado por años en el movimiento estudiantil, campesino, obrero y popular. La falta de movilización permanente generó un retroceso en la consciencia del pueblo trabajador que perdura hasta hoy en día.
Fruto de lo anterior, se terminó por abandonar muchas de la reivindicaciones levantadas en los estallidos sociales para que quedaran acomodadas dentro del marco de la conciliación de clases de este gobierno: de la disolución del ESMAD al cambio de nombre (UNDMO) y la creación de los DMA2 y DEI3 por medio de la resolución 1091 de 2023 que mantiene el mismo carácter represivo con un aparente enfoque de diálogo y DDHH; de la liquidación del paramilitarismo a la paz total que le dió el mismo estatus político al paramilitarismo que a la insurgencia armada y la resistencia armada campesina y popular; de frenar los paquetazos de Duque en 2019 y 2021 a aprobar la reforma pensional con el sistema de pilares que habían “recomendado” los organismos imperialistas desde 2019; de la movilización social independiente y combativa a la movilización social como mero apéndice y herramienta secundaria de las negociaciones del gobierno con la burguesía y sus partidos políticos para pasar tal o cual reforma cuando el régimen burgués se lo permite. Aceptar la conciliación de clases es luchar con las manos atadas contra un enemigo armado hasta los dientes.
Todo esto ha desembocado en que el movimiento social, de conjunto, haya abandonado la lucha por la libertad de lxs presxs que antaño les defendieron y pusieron su vida e integridad para defender la protesta social y la movilización de masas. Tan sólo unas cuantas agrupaciones defensoras de DDHH y colectividades han llevado con coherencia y compromiso esta lucha, no sólo activando la solidaridad con nuestrxs compas, sino que también con sus familias en la medida de las posibilidades, e incluso superándolas con el apoyo colectivo. Es momento de salir del letargo y luchar por quienes lucharon para que la represión no nos pasara por encima.
Por eso decimos en el título de este documento: lxs presxs por luchar están sin el apoyo del movimiento social al que defendieron.
Pero acá no acaba, ahora viene el factor más problemático: el gobierno de Petro. El gobierno actual no les ha brindado ningún tipo de apoyo (comida, alimentos, acompañamiento psicológico, etc) y el que les ha dado ha sido bajo el más riguroso cálculo político y electoral para mostrarse como “combativos” y falsamente “consecuentes” con sus promesas de campaña, lo que mostraremos en el párrafo siguiente, ante la juventud popular que aún guarda ilusiones en dicho proyecto, a pesar de que este privilegia la conciliación de clases por sobre la movilización y organización popular con plena independencia de clase y de cualquier gobierno que no sea el pueblo trabajador en el poder.
El presidente Gustavo Petro dijo en Puerto Resistencia, Cali que su gobierno sería el de “la primera línea de la vida” semanas antes de obtener su victoria electoral y lo recalcó en marzo de 2024 cuando dijo “nosotros venimos de la Primera Línea y nos enorgullecemos”, declaración muy contradictoria con su llamado en 2021 a pasar de los bloqueos a las movilizaciones pacíficas para asegurar, a toda costa, las elecciones de 2022, ahí está un ejemplo de su frío cálculo político. También recordamos cuando dijo que nuestrxs compas que siguen en las cárceles podrían cenar sus familias ese diciembre, han pasado años pero nunca cumplió su palabra ni un tantito.
Y acá hay un doble problema: la instrumentalización de las luchas junto al nombre ‘Primera Línea’, con todo su potente significado de resistencia y dignidad, por un lado, y, por el otro, el desvío de la consciencia del movimiento social para que no luche ni presione por la libertad de lxs compas presxs ni por las reivindicaciones de los estallidos, pues nada de eso cabe en la estrategia de conciliación de clases, menos en la mezquina disputa electoral. De acá podemos sacar una clara conclusión: Esto es la humanización del capitalismo de la que tanto habla Petro: comprarle tierras a Fedegan a precio de mercado legitimando el paramilitarismo con la excusa de que “es lo posible” mientras que a lxs presxs por luchar no les ha dado ni una libra de arroz y los “responsables” de hacer seguimiento a sus casos por parte del gobierno, aún siendo senadores de la república, ni siquiera conocen los nombres ni procesos judiciales amañados por los que nuestrxs compañerxs se encuentran en contextos de encierro. O sea, la humanización del capitalismo no es más que humanizar la pobreza sin eliminarla ni cuestionarla, es claro que esta es una vía completamente servil y obediente a los designios generales de la acumulación de capital y la dominación social de la burguesía.
Y entonces ¿Qué podemos hacer?
A modo de cierre para este documento. La decisión judicial no está en nuestras manos, si lo estuvieran serían indudablemente libres, la decisión está en las manos de los jueces y fiscales que obediente o temerosamente cumplen los designios de la burguesía y judicializan a nuestrxs compas. El quedarnos esperando juicios o condiciones carcelarias más humanas es tan fantasioso como esperar la humanización del capitalismo que promete Petro, esa no es nuestra vía, aunque no nos negamos a reformas y medidas parciales que puedan mejorar y aliviar las condiciones de vida en contextos de encierro. Consideramos que la salida está impregnada del carácter proletario y popular de las luchas que hemos dado. Sigue siendo una tarea política y democrática liberar nuestrxs presxs, situación que es indignante ante la impunidad que reina por los crímenes del terrorismo de estado y la corrupción que exonera el paramilitarismo y los mandos militares de una historia de violencia y sistemática represión a la protesta social
Nuestra tarea es construir fuertes movimientos que luchen y presionen por medio de la movilización en la calle y la organización popular, que levanten esta lucha con plena independencia política y de clase frente a cualquier gobierno, que luchen incansablemente por lograrlo. Esa es nuestra vía.
