por: Laura Gutiérrez
El campesino colombiano pide tierra. La ha pedido durante dos siglos. La ha esperado en promesas, en discursos, en elecciones. La ha buscado en leyes que nunca se cumplen, en la sofocante burocracia. Los desplazados por el paramilitarismo aún sueñan con volver. Los que sobreviven en minifundios apenas logran comer. Los que han trabajado toda una vida en tierra ajena. Y muchos ya ni siquiera esperan para sí, esperan que, al menos, sus hijos la tengan, porque saben que la vida no alcanza para ver la tierra llegar, porque la reforma agraria en Colombia avanza a cuenta gotas: un gotero con el agujero tan fino… y tan taponado.
El problema de la tierra en Colombia no es coyuntural, es estructural, una estructura agraria profundamente desigual. El latifundio —maldita herencia colonial— nunca fue destruido, las tierras repartidas por la corona española, muchas veces con títulos que se remontan al siglo XIX o antes, siguen hoy concentradas en manos de una minoría. La República no corrigió esa injusticia, la consolidó, y en el siglo XX esa estructura se articuló con los intereses del capital internacional, subordinando el campo colombiano a las necesidades del mercado externo: café, banano, palma, coca, aguacate. El campesino produce, pero no decide, no tiene tierra, no tiene libertad.
¿Cuántos gobiernos ha visto pasar, con el sol a cuestas? Gobiernos de todos los colores han prometido reforma agraria. Desde Alfonso López Pumarejo en 1936, cuando se habló por primera vez en la República de reforma agraria, hasta hoy han pasado casi cien años… y todo sigue en lo mismo. Noventa años de leyes, noventa años de contrarreformas, noventa años de promesas, y entre tantas leyes, la sangre. Porque mientras en el papel se hablaba de reforma, en la realidad se consolidaba el despojo. En los años noventa, el paramilitarismo arrasó territorios enteros, expulsó comunidades y abrió paso a grandes proyectos agroindustriales: palma africana, esmeralda, economías al servicio del imperialismo. El gobierno de Juan Manuel Santos promulgó la ley de víctimas y pactó la llamada Reforma Rural Integral en los acuerdos de capitulación con las FARC-EP, y más recientemente el gobierno de Gustavo Petro afirmó que no hacía falta nuevas leyes de reforma agraria sino cumplir las existentes, y así puso la reforma agraria en el centro de su discurso. Pero la vida campesina muestra otra cosa: la reforma agraria en Colombia sigue siendo más discurso que transformación real.
El gobierno actual reporta en grandes titulares más de 1,8 millones de hectáreas de reforma agraria, los supuestos grandes avances de la reforma agraria, pero el dato clave de esa cifra es que más de 1,6 millones corresponden a formalización, no a tierra nueva. Es decir, no se está repartiendo la tierra, se está legalizando lo que ya existía, la que el campesino ya se había ganado con décadas de trabajarla. Pero con la formalización llegan las “bondades”. La primera se hizo evidente en el paro campesino por avalúos catastrales: el campesino ahora tiene título, y con él también una nueva obligación: pagar. Pagar predial, pagar sobre avalúos que no reflejan su vida ni el estado de abandono de las vías o su producción, sino el precio del mercado. Miles de familias rurales recibieron facturas que duplicaban, triplicaban e incluso multiplicaban hasta por 80 veces el impuesto predial. No fue un error técnico, fue el choque entre el valor que el Estado le asigna a la tierra y la capacidad real de quien la trabaja. Y, por supuesto, la mayor “bondad”: el acceso al crédito. Ahora el campesino formalizado puede endeudarse, puede hipotecar su tierra, puede entrar al sistema financiero, puede también perderlo todo. Porque el crédito no llega como liberación sino como una nueva forma de sujeción. Como lo muestran distintos estudios sobre la financiarización rural, el campesino no accede al crédito en condiciones de igualdad, sino desde una posición de subordinación estructural, donde la deuda se convierte en mecanismo de control y despojo. Si el invierno daña su cultivo, como ocurre cíclicamente con el fenómeno de La Niña ante la inverosímil pasividad del Estado, si el mercado —ese mismo que nunca controla— lo arruina, la deuda sigue ahí, y con ella la posibilidad de perder la tierra en pocos años. Así ha ocurrido históricamente, así vuelve a ocurrir.
Y aun así, se dice: bueno, pero la tierra que sí se entrega, por lo menos es algo. Se escucha decir a algunos. Que al menos se están haciendo grandes ceremonias, no por casualidad en los municipios con mayor conflicto por la tierra. Allí convocan al campesinado, allí lo reúnen, allí lo hacen mirar cómo entregan títulos a unas cuantas decenas de familias mientras cientos esperan. 700.000 hectáreas corresponderían a tierra nueva, no formalizada, proveniente del fondo de tierras. Una cifra que raya con la crueldad cuando se la compara con la realidad histórica, porque cerca de 6,6 millones de hectáreas han sido despojadas al campesinado en el último medio siglo. Es decir, lo entregado no alcanza ni siquiera a cubrir el 10% de lo despojado, ni hablar de la deuda histórica con el campesinado y la redistribución de la propiedad. No repara, no compensa, no transforma, no toca el régimen heredado de la colonia sobre el cual se ha sostenido la explotación del campesino. Para lo que alcanza, a duras penas, es para administrar la espera, dosificar la esperanza, contener por momentos la desesperación que empuja al campesinado a hacer lo que históricamente ha tenido que hacer: ocupar la tierra. Porque en el fondo sabe muy bien que la tierra no llega por la ley, porque el Estado, desde la colonia, ha estado del lado de los terratenientes. La tierra llega por la lucha.
Y entonces vienen los titulares de la prensa “imparcial”: Nueve personas capturadas en flagrancia tras nueva invasión de predios en Puerto Boyacá.
Intento de toma ilegal de hacienda en Jamundí por disidencias.
Robo de tierra en Soledad, Atlántico: mafias expanden su control con engaños y presión.
Autoridades desalojan ocupación ilegal en Golondrinas.
Invasión a fincas ganaderas en Guachucal, Nariño.
Otro titular no logra esconder su odio: ¡Vuelve y juega! Cabildo indígena invade finca ganadera en Nariño.
Invasión de tierras en Galeras, Sucre.
400 familias ocupan predio en Hobo, Huila.
Los invasores, los indios, los pobres, los que buscan sobrevivir y trabajar su sustento, son señalados y castigados. Ahora sí no son los que nos traen la papa a la mesa. Mientras tanto, los respetados dueños —paramilitares reciclados, narcotraficantes, grandes ganaderos, gran capital— mantienen su dominio, protegidos por el peso de la ley, que siempre ha estado de su lado. Estos son titulares de luchas campesinas solo en el último mes, solo algunas de las luchas del campesino que pasan con indiferencia en el campo colombiano. Solo reciben atención en la forma del odio contra quienes osan atentar contra la propiedad privada de los respetados dueños.
Todo el peso de la ley contra esos ocupadores, invasores, ocupantes ilegales. Debe tener paciencia, fe en el Estado, poner la otra mejilla, pactar una reforma agraria con Lafuri, la cabeza de los ganaderos, la representación en carne viva de la clase terrateniente. El campesino debe pactar con ellos. Porque el campesino debe confiar que, por obra de Dios, los terratenientes ahora sí quieren entregar la tierra pacíficamente, el Estado ahora sí va a cumplir. Porque así lo dijo el señor rey, le decían a los campesinos siervos en la Edad Media; hoy lo dicen todos los tinterillos de la Agencia Nacional de Tierras.
Y ahora aparece, una vez más, la anunciada “revolución agraria”, esta vez en la voz de Iván Cepeda. Protección al campesinado, acceso a agua y vías, redistribución de tierras, créditos, jurisdicción agraria: el programa vuelve a enumerarse con prolijidad. Nada que no haya sido ensayado antes, nada que no haya fracasado antes. Y, como siempre, todo habría de resolverse en un gran diálogo nacional con los grandes propietarios. Una revolución sin conflicto, sin lucha, sin ruptura, sin tocar intereses de fondo.
La consigna “Tierra para quien la trabaja” sigue más vigente que nunca; sigue en el más profundo anhelo del campesinado, en la montaña, se adentra en la Amazonía, se refleja en cada predio ocupado, en cada sembrado defendido. La toma de tierra es justa: es la legítima reivindicación del campesino, pero no solo suya; es de toda la nación. Porque destruir el latifundio es la base sobre la cual el país puede recuperar su soberanía nacional. Mientras la ley y los discursos prometen, mientras los titulares criminalizan, la lucha por la tierra continúa hablando por sí misma: hay que saberla escuchar y defender.
