por Redacción Nueva Democracia
Un terremoto sacudió a las 7:34 de la mañana gran parte del territorio colombiano. El movimiento, de magnitud 7,4 en la escala de Richter, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.
Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y los departamentos del Eje Cafetero fueron algunas de las regiones donde el sismo se sintió con mayor intensidad. En estos territorios, particularmente en Risaralda y Valle del Cauca, se han registrado las mayores afectaciones.
Hasta el momento, la prensa monopólica reporta aproximadamente 80 personas fallecidas: 40 en Risaralda, 20 en el Valle del Cauca y el resto distribuidas en otros departamentos. A esto se suman cientos de personas heridas y desaparecidas. Mientras tanto, familiares y comunidades buscan desesperadamente a quienes permanecen bajo los escombros, al tiempo que circulan decenas de videos que muestran la fuerza del movimiento, los derrumbes y el colapso de viviendas y edificaciones.
El recién posesionado presidente, Abelardo de la Espriella, ha declarado: “Estoy al frente de la situación”. Sin embargo, mientras el Gobierno anuncia la instalación de un puesto de mando de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), son las propias comunidades quienes, en medio de la emergencia, se organizan y trabajan con sus propias manos para remover los escombros y auxiliar a los afectados.
La negligente respuesta del Estado contrasta con los antecedentes de una entidad como la UNGRD, que ha estado involucrada en graves escándalos de corrupción relacionados con el manejo de recursos públicos, entre ellos los destinados al abastecimiento de agua potable para comunidades de La Guajira.
Pero un terremoto no golpea a todos por igual. Quienes cargan con el mayor peso de los desastres son los pobres del campo y la ciudad. Son quienes habitan barrios densamente poblados, quienes construyen sus viviendas en terrenos inestables porque no tienen acceso a otros lugares donde vivir y quienes, ante una emergencia, cuentan con menos recursos para protegerse, reconstruir sus hogares y recuperar sus medios de vida.
La tragedia natural se convierte así en una tragedia social: la pobreza determina quién está más expuesto, quién pierde su vivienda, quién pierde a sus seres queridos y quién tiene mayores posibilidades de recuperarse.
Por ello, lo que queda es que todo el pueblo colombiano eleve el sentimiento de solidaridad y organización. A unirse para enfrentar colectivamente esta crisis y brindar apoyo a quienes más lo necesitan.
El pueblo colombiano a exigir mejores condiciones de vida, vivienda digna y atención en salud para las comunidades más vulnerables. Que el costo de esta crisis no recaiga nuevamente sobre quienes menos tienen.