por Laura Gutiérrez
Como ocurre en buena parte de América Latina, las ciudades colombianas han crecido bajo enormes desigualdades sociales y económicas. La necesidad de acceder a una vivienda ha empujado históricamente a millones de familias empobrecidas hacia territorios periféricos, zonas de riesgo y áreas con baja presencia institucional. Allí, la construcción de vivienda se convierte muchas veces en una solución individual frente a un problema que debería ser colectivo: se construye sin acompañamiento técnico, sin diseños estructurales adecuados y, en numerosos casos, al margen de las normas urbanísticas y sismorresistentes.
La informalidad urbana no se reduce a un problema de falta de norma y de vigilancia y control. Es, sobre todo, un problema de pobreza, desigualdad, precariedad habitacional y ausencia efectiva de derechos básicos. El propio Ministerio de Vivienda ha señalado hace años que aproximadamente el 35 % de la población colombiana, distribuida en 475 municipios, se encuentra en zonas de amenaza sísmica alta. Las comunidades campesinas viven periódicamente las inundaciones provocadas por los fenómenos de La Niña; en las ciudades, los deslizamientos en los barrios populares sepultan cada cierto tiempo viviendas y familias enteras. Mientras tanto, el Estado limita su presencia a reaccionar cuando la tragedia ya ocurrió o a llegar para desalojar a las familias que viven en “zonas de alto riesgo”, sin ofrecerles una solución habitacional digna, segura y de largo plazo.
El terremoto del 10 de agosto de 2026 volvió a poner esa realidad frente a los ojos de todos. A una semana del sismo, el balance oficial era de 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas, además de más de 185.000 personas damnificadas. La tragedia no cayó sobre una sociedad igualitaria, sino sobre un territorio donde el riesgo ya estaba distribuido de manera profundamente desigual.
San José del Palmar, en Chocó, epicentro del sismo, es un territorio marcado por su aislamiento y por limitaciones históricas de infraestructura. La vía de acceso terrestre quedó bloqueada y la maquinaria de rescate tardó más de 72 horas en llegar. Buenaventura, uno de los principales centros urbanos del Pacífico colombiano, es un territorio estratégico para la economía nacional por su puerto y, al mismo tiempo, concentra profundas desigualdades sociales y déficits de infraestructura. Igualmente, durante las primeras 72 horas, las más críticas para las operaciones de búsqueda y rescate, la propia alcaldesa reconoció que no contaba con maquinaria suficiente para enfrentar la emergencia.
Pereira ya había sufrido los efectos del terremoto de 1999, cuando las investigaciones documentaron daños asociados a construcciones deficientes, autoconstrucción y edificaciones ubicadas en terrenos inestables. El riesgo, por tanto, no era desconocido. Había sido estudiado, documentado y sufrido antes. Sin embargo, veintisiete años después, la ciudad vuelve a enfrentar colapsos, viviendas destruidas y personas atrapadas bajo los escombros.
Cero prevención. Cero planificación. Cero garantías e inversión en las poblaciones que se sabe de antemano que son vulnerables. Y cuando finalmente ocurre el desastre, llega el espectáculo.
Funcionarios frente a las cámaras, recorridos por las zonas destruidas, anuncios de ayudas, paquetes humanitarios, promesas de reconstrucción y discursos sobre la “unidad nacional”. La tragedia se transforma rápidamente en escenario politiquero. La población que durante años fue abandonada se convierte de repente en capital político para ampliar las redes de clientelismo. La emergencia abre así un nuevo espacio para el oportunismo: la necesidad de las comunidades se convierte en moneda de cambio y la ayuda pública puede transformarse en votos, favores y poder.
Un estudio publicado por Jorge Gallego en Electoral Studies examinó las inundaciones y deslizamientos ocurridos en Colombia durante 2010–2011, una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente del país. Más de 3 millones de personas fueron afectadas y se movilizaron alrededor de US $3.500 millones para atender las consecuencias de la emergencia. El estudio encuentra que, en los municipios más afectados, los partidos de los alcaldes en ejercicio tuvieron una mayor probabilidad de ser reelegidos, y que este efecto electoral estaba relacionado con la cantidad de ayuda humanitaria recibida por habitante. Además, la investigación encuentra que el efecto desaparece al controlar por evidencia judicial de irregularidades relacionadas con la compra de votos (1)
La tragedia de la tragedia es que esta historia se repite una y otra vez en nuestro país. 2020, San Andrés y Providencia: en noviembre de 2020, Iota golpeó Providencia como huracán de categoría 5 y destruyó aproximadamente el 98 % de la infraestructura de la isla de Providencia. El Gobierno de turno, encabezado por Iván Duque, prometió una reconstrucción rápida y presentó la intervención estatal como una operación extraordinaria de recuperación. Sin embargo, la emergencia desapareció de las pantallas y las promesas se las llevó el viento.
A finales de 2025, un seguimiento de Transparencia por Colombia documentaba problemas de institucionalidad, control, rendición de cuentas y acceso a la información en el proceso de reconstrucción de San Andrés y Providencia. Según el reporte, en San Andrés habían sido atendidas apenas 564 viviendas, mientras que aproximadamente 1.600 permanecían sin intervención, pese a que, según representantes comunitarios citados en el informe, los recursos asignados habían llegado. En Providencia permanecían pendientes compromisos incluidos en los acuerdos con la comunidad, entre ellos la construcción de un hospital de segundo nivel. El Hospital Local existente presta servicios de primer nivel, mientras que la atención de mayor complejidad depende de la red hospitalaria de San Andrés. Cinco años después de Iota, la reconstrucción seguía dejando en evidencia la distancia entre las promesas hechas durante la emergencia y las condiciones reales en las que continuaba viviendo la población.
Además. existe otra dimensión que debe ser examinada: la respuesta a los desastres y la militarización. La misma emergencia que revela el abandono y la desigualdad también puede ser utilizada para ampliar las capacidades militares, normalizar su presencia en la vida civil y convertir problemas sociales y humanitarios en asuntos de seguridad.
Después de la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a incorporar progresivamente los desastres naturales y las emergencias humanitarias, denominadas “nuevas amenazas”, a las doctrinas y mecanismos de cooperación militar.
Chile: Varios estudios analizan cómo el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 en Chile fue utilizado por las fuerzas armadas chilenas y estadounidenses para incrementar la militarización. Después del desastre, el Gobierno declaró el estado de catástrofe en las regiones del Maule y Biobío y desplegó aproximadamente 14.000 militares para restablecer el orden. Investigaciones posteriores han estudiado cómo, entre 2010 y 2020, la respuesta militar a los desastres fue incorporándose a mecanismos regionales de cooperación en defensa. En otras palabras, lo excepcional comenzó a institucionalizarse. (2)
Katrina: Otro caso denunciado por académicos y organizaciones sociales, en el que la militarización contribuyó a la criminalización de las víctimas del desastre. Tras el huracán Katrina, en 2005, Estados Unidos desplegó más de 70.000 efectivos militares y de la Guardia Nacional. La respuesta estuvo acompañada por una fuerte narrativa sobre saqueos, violencia y “desorden civil”, muchas veces exagerada o sin verificar, que presentó a una población mayoritariamente negra como una amenaza que debía ser controlada. Primero se representa a la población afectada como potencialmente peligrosa; después se presenta la militarización como una necesidad humanitaria. Como señalan varios estudios académicos, Katrina se convirtió en un ejemplo de cómo las crisis ambientales y sociales comenzaron a ser abordadas desde una lógica de seguridad. (3)
Haití: El terremoto de magnitud 7,3 golpeó Haití en enero de 2010, con estimaciones de muertos que oscilan entre 100.000 y 316.000, y aproximadamente 2 millones de personas desplazadas de sus hogares. Estados Unidos desplegó, en el momento de mayor intensidad de la operación, alrededor de 22.000 militares, con decenas de aeronaves y buques. Una investigación señala que la respuesta estadounidense estuvo dirigida por el Gobierno y las Fuerzas Armadas y que la presencia militar fue mucho más allá del simple apoyo logístico y se impusieron sobre las instituciones y comunidades haitianas, violando la soberanía nacional.
Mientras Colombia todavía levantaba escombros, buscaba desaparecidos y contaba sus muertos, el Gobierno avanzaba en una nueva etapa de cooperación militar con Estados Unidos. En plena emergencia por el terremoto, Colombia formalizó su ingreso al Escudo de las Américas, una coalición impulsada por Washington, y acordó ampliar la cooperación y las operaciones militares conjuntas bajo el argumento de combatir el “narcoterrorismo”. La emergencia también abrió la puerta a una presencia militar extranjera que generó cuestionamientos. El 14 de agosto llegaron a Cali 82 militares de las Fuerzas de Defensa de Israel, entre rescatistas, ingenieros y especialistas, para participar en las labores de búsqueda y rescate.
Mientras las comunidades afectadas esperaban maquinaria, ayuda y rescate, el Gobierno estrechaba simultáneamente sus vínculos de cooperación militar con Estados Unidos y recibía contingentes militares israelíes. No se trata de negar la utilidad de la ayuda internacional en una catástrofe. La pregunta es por qué, en medio de una tragedia social de esta magnitud, la respuesta del Estado aparece cada vez más asociada a la cooperación militar, la presencia de fuerzas extranjeras y una concepción de la emergencia como asunto de seguridad.
Frente a un panorama donde la emergencia suele convertirse en espectáculo político, oportunidad electoral o escenario de militarización, las comunidades recuerdan que solo el pueblo salva al pueblo. Son las comunidades quienes rescatan personas entre los escombros, comparten alimentos, habilitan refugios, organizan centros de acopio, acompañan a quienes perdieron sus viviendas y sostienen emocionalmente a quienes enfrentan la incertidumbre. Esa respuesta colectiva demuestra que la sociedad no es una población vulnerable pasiva que espera asistencia, sino una fuerza capaz de organizarse y tejer redes de solidaridad y ayuda mutua.
Igualmente, debemos mantenernos alerta y exigir que las ayudas no sean capital politiquero, que las promesas se cumplan y que haya políticas de inversión y prevención. Desde ahora ya se sabe que se viene una de las peores sequías que ha enfrentado Colombia en décadas con el fenómeno de El Niño. Debemos exigir desde ya inversión en lugar de esperar a llorar a las víctimas.
(1) Jorge Andrés Gallego Durán, “Natural Disasters and Clientelism: The Case of Floods and Landslides in Colombia”, Electoral Studies, vol. 55, octubre de 2018, pp. 73–88. DOI: 10.1016/j.electstud.2018.08.001. (ScienceDirect)
(2) Mariano Del Pópolo, estudio sobre la participación militar en la respuesta a desastres en Chile y su progresiva incorporación a mecanismos de cooperación en seguridad y defensa durante la década posterior al terremoto de 2010.
(3)Nick Buxton y Ben Hayes, “Ten years on: Katrina, militarisation and climate change”, openDemocracy, 28 de agosto de 2015
(4) Disparen contra las olas’: securitización y militarización de desastres naturales y ayuda humanitaria en América Latina”, de Alejandro Frenkel.
