Es apenas lógico que en un país profundamente desigual, en que la mayoría tiene una precaria condición de vida mientras una ínfima minoría nada en la opulencia, una nación que ha vivido largas guerras internas con inauditos sufrimientos para el pueblo, las masas quieran igualdad, el pueblo anhele la paz y la unidad.
Bueno, pues el nuevo gobierno ha prometido repetidamente «unir a todos los colombianos», alcanzar la «paz total», y reducir la desigualdad. La gente trabajadora se muestra escéptica, sabe que los politiqueros hablan en nombre del pueblo, son siempre los abanderados del cambio, prometen esta vida y la otra, pero nunca cumplen nada. Sin embargo, este gobierno es, en cierto sentido, inédito, pues no pertenece a los partidos tradicionales, fue apoyado por muchas organizaciones sociales y es el primer candidato de «izquierda» que llega a la presidencia. Esto no hace más que aumentar la expectativa de la gente: ¿se tratará de un nuevo y refinado engaño o este sí es «el gobierno del cambio»? Para saberlo no nos queda otra sino analizar la coherencia entre sus propuestas y la realidad.
Colombia está entre los países con mayor desigualdad social en el mundo. El 10% más rico de la población posee alrededor del 70% de la riqueza del país, lo que contrasta con que el 50% más pobre posee menos del 5% de la riqueza. Las masas populares, que el DANE clasifica como «pobres» y «vulnerables», suman 35 millones de personas (70%) que sobreviven con menos de 700 mil pesos al mes (160 dólares). En el campo, la desigualdad es aún peor: el 1% de los propietarios posee el 81% de la tierra.
Cuando era candidato, Petro expresó que «la desigualdad es el principal problema de Colombia» y que su solución estaba es «distribuir la tierra, (y agua), conectividad, crédito y saber, mucho saber». En su discurso de posesión, planteó que la alta concentración de la riqueza en pocas manos «es un despropósito y una amoralidad» y que es «una aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos». Ha dicho también que «la igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza para todos y todas, y si somos capaces de distribuirla más justamente. Por eso proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia». Que «seremos iguales cuando el que más tiene al pagar sus impuestos lo haga con gusto, con orgullo, sabedor que ayudará a su prójimo…».
En pocas palabras, para el gobierno de Petro el principal problema de Colombia es la desigualdad que caracteriza como «aberrante», como «un despropósito y amoralidad» y, sin señalar la causa del problema, plantea que su solución está en producir más y redistribuir. ¿Cómo redistribuir? No expropiando a los ricos sino llamándolos a la «solidaridad humana» a través del pago de mayores impuestos al Estado para que este invierta más en programas sociales.
Pero ¿cuál es la verdadera causa de la desigualdad social? Marx la reveló cuando descubrió la razón de que al lado de la inmensa y desafiante riqueza de unos pocos conviva la dura y cruel pobreza de muchos. La causa de la desigualdad social -nos enseñó- está en la explotación de unos hombres por otros. Es decir, radica en la relación que los hombres establecen entre ellos, relaciones que van cambiando a medida que la humanidad desarrolla nuevos modos de producción. La causa de la inmensa desigualdad social en nuestro país se debe a las relaciones sociales bajo el sistema económico en el que vivimos: el capitalismo burocrático.
Hace más de 500 años, cuando los españoles invadieron nuestras tierras, la desigualdad social apenas surgía, nuestras comunidades indígenas vivían en la transición del comunismo primitivo a la sociedad de clases. Desde entonces, los conquistadores españoles y luego los criollos (tras la independencia de España) mediante la violencia se apropiaron del poder político y del principal medio de producción en ese entonces, la tierra, y con ello obligaron a nuestros indígenas, campesinos y afros a trabajar para ellos, como esclavos o siervos. Estos son los orígenes de la gran desigualdad social en que vivimos, unos pocos arrebataron a nuestra gente trabajadora los medios para producir y con ello comenzó la explotación: la apropiación de unos del fruto del trabajo de otros.
Esta desigualdad se profundizó cuando el imperialismo yanqui junto con los terratenientes y grandes comerciantes, impulsó la gran industria en nuestro país a principios del siglo XX, implantando un capitalismo burocrático. Ahora, el monopolio del capital, como desde antes el de la tierra, se erigió como una gran montaña que oprime hasta hoy a nuestro pueblo.
La gran propiedad de la tierra y el monopolio del capital extranjero y local dominan la vida material del pueblo colombiano, impiden que millones de campesinos puedan trabajar la tierra acaparada por grandes terratenientes, que la artesanía y la pequeña y mediana industria puedan prosperar en una mercado monopolizado por el gran capital, que la clase obrera y el pueblo tengan bienestar.
Marx también nos enseñó que la distribución de los productos corresponde a la distribución de los medios de producción. En otras palabras, la causa de la desigualdad en la repartición del producto social, está en la desigualdad en la posesión de los medios de producción. De esto se deduce que no es posible solucionar la desigualdad con políticas de redistribución del producto, que no habrá igualdad mientras el pueblo trabajador no sea el dueño de los medios de producción, de la tierra, de las fábricas, etc., y por tanto él mismo decida en su favor la repartición del producto social.
Claro que el pueblo puede paliar un poco la desigualdad mediante la lucha popular. Un ejemplo de ello es la situación actual, en que gracias al Gran Levantamiento Popular del año pasado los de arriba no pudieron imponer más IVA y ahora la mayoría de ellos aceptan ceder un poco de su riqueza (que la produjo el pueblo) pagando más impuestos para programas sociales. Pero solo lo hacen porque en estos tiempos de situación revolucionaria, el pueblo no está dispuesto a seguir viviendo como hasta ahora y temen que si no dan algo esta lucha se radicalice y amenace su poder, de ahí el particular llamado de uno de sus representantes, el ministro de hacienda, para que aprueben la reforma tributaria: «que los ricos paguen más para contribuir a la paz social».
Pero, no hay que hacerse ilusiones, la historia nos enseña que darán unas pocas migajas, de ahí no más. El pueblo solo podrá alcanzar la igualdad elevando su organización y su lucha para recuperar lo que le ha sido arrebatado, la tierra y el capital fruto de su trabajo, y rompiendo con el dominio extranjero que explota nuestros recursos y el trabajo de nuestra gente. Esta es la base económica de la revolución de nueva democracia: tomar todas la tierras del latifundio y el gran capital extranjero y local, respetando la propiedad del pequeño y mediano productor nacional.
De todo esto se desprende que las promesas de llegar a ser iguales acudiendo a leyes hechas en favor de los de arriba, clamando «solidaridad humana» a las clases dominantes que han conseguido lo que tienen explotando y violentando al pueblo, no son solo utópicas, son reaccionarias, pues persiguen realmente el propósito de desmovilizar al pueblo, de desprestigiar las únicas vías por las que ha conseguido reivindicaciones y derechos, las vías de hecho, para enredarlo a través de la vías de los opresores, las del derecho de un Estado y unas leyes históricamente al servicio de ellos.
El saber popular nos dice que el papel aguanta todo y que solo por sus hechos los conoceréis. El nuevo gobierno ha declarado hasta la saciedad estar contra la desigualdad y en favor del campesino y los de abajo. Pero a menos de un mes de su posesión ha usado el ESMAD (que dicho sea de paso prometió acabar) para reprimir violentamente al pueblo que en Huila tomó un lote en busca de tener una vivienda para sus hijos; además emplazó a los campesinos que han tomado tierra en diversas partes del país a desalojarlas en 48 horas bajo amenaza de sacarlos a la fuerza. Ante estos hechos, la ministra de agricultura ha dicho que harán reforma agraria pero «respetando la constitución, dentro del orden legal que existe en el país, no invadiendo tierras». Con los grandes empresarios dialoga y les promete no expropiarles, al pueblo que reclama la tierra para trabajarla, es decir, a quienes están luchando de verdad contra la desigualdad, les manda el aparato represivo del Estado.
Además, de esta prometida igualdad, de estas «reformas agrarias» dentro del orden legal establecido, ya conocemos mucho. Han hecho varias en nuestra historia y el resultado hoy es ser uno de los países con la más profunda desigualdad en campo y en ciudad. Por este camino, por el camino burocrático, los campesinos morirán sin tener tierra, como está pasando, por ejemplo, en la hacienda Bellacruz en Cesar, arrebatada por los terratenientes a los campesinos, que por medio de leyes les han prometido devolverle, pero hoy, más de 20 años después, no se las han devuelto y sus reclamantes están muriendo.
Todo esto nos lleva a analizar la viabilidad de las otras promesas de gobierno: «unir a todos los colombianos» y alcanzar «la paz definitiva, total». Para lograrlo, según Petro, debemos «entendernos en las diferencias» y «construir la paz mediante el diálogo» porque «lo importante no es de dónde venimos, sino a donde vamos. Nos une la voluntad de futuro, no el peso del pasado».
Pero el pasado es nuestra historia, no es un peso sino una escuela para comprender las leyes de nuestra sociedad. Olvidarlo sería dejar al pueblo sin su experiencia. Precisamente el pasado remoto nos enseña que fue mediante la violencia que los españoles y los criollos arrebataron la tierra a los campesinos, que terratenientes y grandes comerciantes y sus Partidos Conservador y Liberal ahogaron en sangre la rebelión de los artesanos de mitad del siglo XIX, que con guerra los yanquis dividieron el territorio de Panamá de Colombia. Y el pasado reciente, del siglo XX hasta hoy, nos muestra que por medio de la violencia estatal y paraestatal se ha mantenido y profundizado la desigualdad.
Sin justicia, sin igualdad, no ha habido ni habrá paz en Colombia. Esto lo saben los de arriba pero engañan constantemente a los de abajo. Los de arriba lo saben hace tanto tiempo y tan bien que precisamente han desarrollado un aparato estatal sustentado en las fuerzas armadas para poder garantizar mediante la violencia la desigualdad que les asegura que el pueblo siga trabajando para ellos. A los explotados la experiencia también les ratifica esta verdad, pero constantemente algunos de entre sus filas se confunden por la demagogia de los explotadores; otros, los líderes oportunistas, concientemente anhelan ser los nuevos explotadores y se mantienen camuflados entre los de abajo para sembrar las ilusiones de que sí es posible la paz sin igualdad y justicia, pues haciendo esto los de arriba a menudo les compensan con prebendas y cargos burocráticos.
Es evidente que no puede haber igualdad entre el terrateniente y el campesino, entre el gran burgués y el pueblo trabajador, entre el imperialismo y la nación, es decir entre opresores y oprimidos, y si no puede haber igualdad, no habrá unidad ni paz entre ellos, por más cantos de sirena que entone este gobierno oportunista, por más que falsos líderes en el seno del movimiento popular intenten a toda costa hacernos creer que ahora el pueblo está en el poder. La política es expresión concentrada de la economía. Los dueños de los medios de producción son los dueños del poder en nuestro país, mientras ellos exploten al pueblo no podrá haber unidad, justicia y paz.
Mas temprano que tarde el pueblo irá dándose cuenta que las repetidas alusiones de este gobierno a la justicia, a la igualdad, no son más que rimbombantes gestos demagógicos con los que busca continuar engañando al pueblo trabajador; que sus discursos de unidad y paz no pasan de ser tentativas por velar el profundo antagonismo que existe entre el pueblo, por un lado, y los terratenientes, grandes burgueses e imperialistas por el otro; que el dialogo es solo entre los de arriba o con aquellos de abajo que agachen la cabeza y acepten seguir el injusto orden establecido, pero que, a los que osen luchar contra este orden, les mandarán las fuerzas represivas del viejo Estado.