Bajo la consigna de “Luchar no es un crimen”, organizaciones y colectivos que tuvieron parte activa en las manifestaciones del Gran Levantamiento Popular del año pasado exigen la libertad de los más de 300 detenidos políticos que según las declaraciones de Diego Molano, exministro de defensa, ha dejado hasta ahora la acción de los entes represivos nacionales contra la lucha popular. De entre estos más de 300 detenidos ya se cuenta con la primera víctima mortal, Jonathan Sabogal, joven que participó en las revueltas populares del año pasado en la ciudad de Cali y que sin haber recibido ningún juicio ni sentencia, llevaba ya varios meses privado de la libertad. Al igual que Sabogal, decenas de otros luchadores detenidos, enfrentan la privación de su libertad sin haber sido condenados a través de un juicio.
Los detenidos de La Primera Línea se enfrentan a acusaciones como tortura agravada, secuestro simple, daño en bien ajeno, hurto calificado e incluso terrorismo. Sin embargo en numerosos casos, al analizar los hechos, estas acusaciones se quedan sin piso. Veamos algunos ejemplos: siete jóvenes de Quindío tuvieron que ser puestos en libertad porque la Fiscalía no pudo presentar material probatorio suficiente. En las audiencias en Bogotá se ha presentado material probatorio del cual no pueden garantizar su cadena de custodia. A un grupo de jóvenes detenidos en Suba se les acusa de haber incinerado un bus del Sistema Integrado de Transporte en un incidente ocurrido en el Humedal Tibabuyes, sin embargo existen vídeos donde se muestra como los agentes del EMAD estaban solos en el vehículo cuando ocurrieron estos hechos; esos vídeos fueron precisamente grabados y difundidos por los jóvenes hoy acusados.
Son conocidos los casos de “El narrador”, joven detenido en la ciudad de Medellín y de “Retazos Clown” joven detenido en Huila, quienes en las protestas se dedicaban a documentar y hacer en vivos de los hechos que se estaban desarrollando. Varias de las acusaciones contra estos dos jóvenes están relacionadas con los vídeos por ellos difundidos. En el caso del “El Narrador”, si bien hoy ya se encuentra en libertad, todavía continúan los procesos judiciales abiertos.
Si pudiéramos analizar caso por caso probablemente encontraríamos un sinnúmero de irregularidades como las anteriormente señaladas; de hecho, hay muchas más denuncias y reclamos frente a las acusaciones contra detenidos e imputados (como Kevin en el Huila o Karen Villa y otros jóvenes en Engativá). Defensores de derechos humanos, miembros de brigadas médicas, comunicadores sociales y manifestantes son las principales categorías de los miembros que hoy se encuentran detenidos.
Realmente lo que se observa es un afán de criminalizar el derecho a la protesta popular y de intimidar a quien se atreva a levantar su voz. El delito de estos jóvenes ciertamente puede resumirse en uno sólo: haber sido capaces de enfrentarse de forma valiente y combativa, desde las distintas labores que cumplieron en las revueltas del año pasado, contra un viejo orden de miseria y represión. Con sus hechos defienden la máxima de que: ¡Luchar no es un crimen, es un derecho sagrado de los pueblos que viven bajo opresión! Hoy un sinnúmero de organizaciones y personas continúa levantando su voz y exigiendo la liberación de los presos por luchar.