La “Toma 17 de Mayo”, ubicada en Cerro Navia, en Santiago de Chile, capital de Chile, fue brutalmente desalojada el día de ayer. Más de 180 familias pobres reclaman entre lágrimas, que quedaron sin un lugar para vivir.
En la diligencia de desalojo se incendiaron las casas, escuelas, calles y restaurantes populares del asentamiento.
Las fuerzas represivas desplegaron un gran operativo policial para desalojar de manera violenta a las familias que hace más de cinco años habitan en el terreno. La familia Guzmán, que es la familia que más acumula tierras de engorde en el área metropolitana de Santiago de Chile, reclama la propiedad de este terreno.
Este terreno hacer parte de un proyecto llamado: “proyecto logístico ENEA ciudad de negocios”, El viejo Estado chileno se ampara en este hecho para utilizar sus fuerzas represivas contra las masas pobres que necesitan un lugar donde vivir y a favor de los intereses de la familia Guzmán, una de las más ricas de Chile.
La “Toma 17 de Mayo” ha enfrentado varias órdenes de desalojo, sin embargo la resistencia de sus habitantes y la solidaridad popular han retrasado la diligencia. La última orden de desalojo tenía como fecha límite el 24 de abril.
Finalmente, ayer 16 de mayo, en presencia de hombres, mujeres y niños y pese a la resistencia ofrecida por los pobladores, las fuerzas policiales han desarrollado el desalojo con suma violencia, usando gases lacrimógenos incluso contra los menores de edad. La zona terminó envuelta en un incendio que destruyó buena parte de las estructuras.
En todo caso la resistencia no termina y la solidaridad con la Toma continúa. Diversas organizaciones realizan protestas bajo la consigna: ¡NO AL DESALOJO!¡SOLIDARIDAD CON LA TOMA 17 DE MAYO!
Como en Colombia, en Chile la vivienda es una problemática nacional. Desde el 2019 la cifra de asentamientos irregulares en dicho país se ha multiplicado. Hoy, hay aproximadamente 120 mil familias pobres habitando en asentamientos “ilegales”.
Recientemente se ha aprobado la Ley de Usurpaciones, más conocida como la ley antitomas. Con ella se pasa de penar con multas a penar con cárcel a aquel que sea acusado y hallado culpable de participar en tomas de terrenos. Es decir, se profundiza la criminalización de la pobreza.
La “Toma 17 de Mayo” existe desde 2019. Antes de ser el hogar de las 187 familias, la región era un terreno baldío que a menudo servía como vertedero irregular de basura. Las familias han transformado un basural en un barrio transitable y habitable, que presta verdaderos beneficios a la población.
Los vecinos de la toma dividieron el terreno de manera equitativa y tenían construidas sus casas, algunos con cemento y ladrillos, otros con materiales más sencillos. Había además escuelas, comedores populares y zonas de juego. Ese era el hogar que habían habitado por cinco años y como denuncian los desalojados, hoy no tienen otro lugar donde ir. En medio del desalojo, no les fue permitido recuperar ninguna de sus pertenencias.
Actualmente existe una demanda contra el desalojo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su fundamento es que el Estado de Chile debe garantizar los derechos de vivienda digna y protección a la niñez. En diligencias legales, los vecinos de las tomas han sido acosados por las fuerzas policiales.
La respuesta que habían recibido hasta ahora frente a su problemática, es una respuesta que los habitantes de barrios populares en Colombia ya conocen: promesas de subsidios de arriendo durante un año. Los pobladores argumentan que dicha propuesta no cubre a la totalidad de familias y no es suficiente para la supervivencia. Lo que exigen es poder contar con una vivienda permanente en la cual no tengan que pagar arriendo:
“Están aquí ofreciendo más de 500 millones de pesos para pagar un arrendamiento para que estas personas sin derecho a tener una vivienda puedan recibirla por un máximo de un año. ¿Y después? ¿A donde van ellos? ¿Vas a vivir en la calle? ¿En la avenida? ¿O tomarán otras tierras? ¿Por qué el Estado no se responsabiliza en serio y con esos 500 millones compra un terreno? Porque hay muchos, incluidos los que deberían ser expropiados por el Estado, porque deben impuestos. Perfectamente podrían comprar terrenos y alojar a familias”, María Rivera prensa popular y democrática chilena Periódico El Pueblo.
Ante el desarrollo de los hechos, desde la “Toma 17 de Mayo” se hace un llamado a la solidaridad popular con sus pobladores y un llamado a condenar al viejo Estado Chileno que lejos de proteger a los ciudadanos de a pie, utiliza sus fuerzas armadas para proteger los intereses de los más ricos de su nación.
