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«Fusiles y misiles para la fuerza campesina y obrera, para defender la patria, la soberanía y la paz de Venezuela», gritó Maduro.

El gobierno de Estados Unidos comenzó esta semana la movilización de tropas hacia el sur del Caribe, alertando sobre la violación de la soberanía nacional de los países de la región. Tres buques de la Marina, con unos 4 mil soldados, han sido desplegados para operar en aguas cercanas a Venezuela, según la Casa Blanca. La portavoz yanqui, Karoline Leavitt, declaró que el presidente Donald Trump está «preparado para detener el narcotráfico» y reiteró que el régimen de Nicolás Maduro «no es legítimo», clasificándolo como «cártel del narcotráfico».
La movilización militar ocurre días después de que Washington anunciara nuevas sanciones económicas contra Brasil y la intensificación de presiones diplomáticas sobre Colombia, aumentando el cerco político y militar sobre el subcontinente. Analistas citados por la agencia de noticias Reuters destacan que el Comando Sur de Estados Unidos ha estado ampliando su rango de operaciones en la región desde 2023, con un aumento en el número de ejercicios conjuntos y «acuerdos de cooperación» con «países alineados».
En un pronunciamiento transmitido por la televisión estatal, el presidente Nicolás Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las amenazas del imperialismo yanqui. «Fusiles y misiles para la fuerza campesina y obrera, para defender la patria, la soberanía y la paz de Venezuela», gritó. Según cifras oficiales, la milicia popular creada por Hugo Chávez cuenta ya con unos cinco millones de miembros, que ahora se incorporan como uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Maduro afirmo que las acciones de Trump representan una «repetición podrida» de agresiones contra el país y llamó a las bases sociales de su gobierno a ampliar la organización de milicias en fábricas y comunidades rurales. El objetivo, según el gobierno, es garantizar la cobertura de todo el territorio nacional ante la posibilidad de una intervención yanqui.
La farsa de la «guerra contra las drogas»
El combate al narcotráfico es usado como principal justificación de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Sin embargo, los datos de la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud (NSDUH) muestran que Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado consumidor de drogas ilícitas del mundo, con más de 60 millones de usuarios en 2024. Los estudios del Congreso yanqui también han revelado episodios de cooperación clandestina entre agencias estatales como la DEA y cárteles latinoamericanos en operaciones dirigidas contra «grupos insurgentes», lo que arroja enormes sospechas sobre la motivación real de la actual ofensiva.
Según el investigador Adam Isacson, «la guerra contra las drogas ha sido históricamente una cortina de humo para legitimar operaciones militares de proyección de poder». En el caso venezolano, añade, «están en juego reservas estratégicas de petróleo, oro, coltán [columbita-tantalita] y minerales de tierras raras, recursos fundamentales para la economía de alta tecnología y la industria militar».
La actual ofensiva forma parte de una trayectoria histórica de intervenciones estadounidenses con justificaciones humanitarias o de seguridad. En Irak (2003), la afirmación de la existencia de «armas de destrucción masiva» resultó falsa, pero sirvió para justificar la invasión y el control del petróleo. En Libia (2011), la intervención de la OTAN provocó la caída de Gadafi y el colapso del país. En Afganistán (2001), la guerra de dos décadas bajo la bandera de la «combate terrorismo» terminó con los talibanes expulsando a los yanquis del país en una antológica escena de huida masiva.
En América Latina también se repite el patrón. Documentos desclasificados del Pentágono revelan la cooperación entre las agencias de seguridad estadounidenses y los cárteles de la droga para debilitar a los movimientos guerrilleros revolucionarios en las décadas de 1980 y 1990, especialmente en Colombia, Perú y Centroamérica.
Amenaza de escalada regional
El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió esta semana de que una posible intervención militar en Venezuela arrastraría a Colombia a un conflicto comparable al de Siria. «Los gringos se hacen la ilusión de que invadiendo Venezuela resolverían su problema, pero sólo arrastrarían a Colombia y a la región a una guerra devastadora», dijo en una reunión ministerial, según El Nacional.
Petro también reiteró sus denuncias sobre la presencia de grupos armados binacionales, como el ELN y la Segunda Marquetalia, en territorio venezolano, pero enfatizó que una escalada militar «sólo fortalecería a estos actores ilegales». Para él, los narcotraficantes que operan en los 2.200 kilómetros de frontera entre ambos países se beneficiarían directamente de un escenario de guerra.
Juristas y especialistas en derecho internacional han señalado que cualquier acción militar contra Venezuela sin el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU es una violación de la soberanía nacional y un crimen de agresión. El abogado español Baltasar Garzón declaró a El País que «la
doctrina de la intervención humanitaria no puede utilizarse para legitimar guerras de interés económico». Asimismo, la Asociación Latinoamericana de Derecho Internacional afirmó en un comunicado que la movilización yanqui representa «una grave amenaza al principio de autodeterminación de los pueblos».
