Por Laura Gutiérrez
El gobierno de Petro ha realizado hasta la fecha 16 bombardeos contra grupos armados que han dejado por lo menos 64 muertos y decenas de capturas. En noviembre del 2025 el Estado bombardeó a 15 niños en el Guaviare. En lo que va del 2026, y especialmente después de prometer a Estados Unidos resultados en el combate al “narcoterrorismo”, el gobierno actual ha bombardeado al ELN en el Catatumbo y a las FARC en el Guaviare y, más recientemente, a las FARC la semana del 8 de marzo en Ituango, Antioquia, dejando 7 guerrilleros muertos.
De manera convergente y paralela, el gobierno de EE. UU. ha realizado desde septiembre de 2025 45 ataques aéreos a lanchas en el Pacífico y el Caribe colombiano y venezolano, que resultaron en el asesinato ilegal de 157 personas bajo la excusa del combate al narcotráfico.
A lo anterior se suma el bombardeo en la frontera entre Colombia y Ecuador de un campamento del grupo armado los Comandos de la Frontera, el cual fue realizado abiertamente con cooperación de Estados Unidos, y se denuncia que pudo haberse extendido al territorio colombiano dejando un saldo de por lo menos 27 asesinados, incluyendo víctimas campesinas.
Más allá del debate entre el gobierno de Noboa en Ecuador y Petro en Colombia por culparse mutuamente por los muertos y por quien dio la orden, ambos gobiernos vienen aplicando la política militar de Estados Unidos de bombardeos, “operaciones cinéticas” y lucha contra el “narcoterrorismo” contra el “enemigo interno” y al servicio de los intereses de Estados Unidos de estabilizar la región y ampliar el control territorial y especialmente militar de Estados Unidos en América Latina.
En línea con esta estrategia, Estados Unidos entregó en el último mes 145 tanques blindados a Colombia y en noviembre del año pasado compró por 16,5 billones de pesos 17 aviones cazas de combate de la empresa sueca Saab, que tendrán la finalidad de mejorar precisamente los bombardeos contra el “enemigo interno”.
En 1964, Estados Unidos impulsó en Colombia y en los países oprimidos bajo su influencia la Doctrina Militar del “enemigo interno”. Esta doctrina identificó al comunismo y a los movimientos de izquierda, sociales y disidentes como amenazas para la seguridad. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a esta doctrina y a los manuales militares orientados desde Washington como responsables por graves casos de violencia y represión. La insurgencia y la lucha revolucionaria, democrática y por los derechos populares se desvisten de carácter político, se desvirtúan y se les asigna el rol de un temible enemigo interno, que representa el terrorismo, el narcotráfico, el crimen, etc. La doctrina estigmatiza a movimientos sociales y populares denominándolos como “idiotas útiles” a este supuesto enemigo interno.
Esta misma doctrina militar sigue siendo usada por Estados Unidos actualmente para profundizar la injerencia militar, económica, política e ideológica sobre el continente americano. Es también la política continuada y profundizada por el actual gobierno de Colombia. En medio de un discurso oficial de la “paz total”, los hechos muestran que se viene dando la profundización de la guerra contrainsurgente en Colombia, bajo la orientación y tutela de los intereses del imperialismo norteamericano.
El gobierno actual de Colombia, al igual que los anteriores, profundiza el discurso del enemigo interno y la lógica militarista, alineándose con la política de militarización e injerencia que el imperialismo estadounidense impulsa en la región. Detrás de las cifras oficiales se oculta una narrativa que vacía de contenido político el conflicto. Al etiquetar indiscriminadamente a los grupos como «criminales» o «terroristas», se despoja a la insurgencia de su carácter político y se invisibilizan las causas estructurales del conflicto: la explotación, la injusticia y la opresión.
Colombia continúa siendo, hoy como ayer, una de las principales fichas militares del imperialismo yanqui para el control de su «patio trasero». El Plan Colombia y sus sucesores institucionalizaron la injerencia estadounidense en asuntos militares, consolidando un modelo de guerra interna financiado, entrenado y orientado desde el exterior.
Esta lógica bélica se mantiene vigente y se expresa en los bombardeos convergentes del Estado colombiano, el ecuatoriano y directamente el imperialismo estadounidense contra pueblos del Caribe, los Andes y la Amazonía. Bajo el libreto de la «guerra contra el terrorismo y el narcotráfico», estas operaciones encubren ejecuciones sumarias ilegales, desvirtúan el carácter político del conflicto armado y la lucha guerrillera que persiste en Colombia. Asimismo, desdibujan una y otra vez los límites con los movimientos de masas, las organizaciones políticas, las comunidades rurales y los pescadores, poblaciones sobre las que se permite mantener una política de terror y legitimar los bombardeos sobre sus territorios.
La creciente injerencia militar de Estados Unidos en Colombia y América Latina —materializada en la compra de armamento, las operaciones conjuntas y la agresión directa en el mar Caribe y el Atlántico— consolida al país como un súbdito fiel del Pentágono en la región. La soberanía se ve así entregada por la aceptación tácita de doctrinas y acciones de guerra que responden a los intereses imperialistas de control territorial, explotación y opresión, todo ello encubierto bajo el fallido discurso de la lucha antinarcóticos.
El pasado 10 de marzo, Petro reclamó a Trump no haberlo invitado a la reunión del «Escudo de las Américas» realizada con los gobiernos más cooperantes —léase más serviles— de la región para «la seguridad» del continente americano. Con ello, Petro estaría denunciando que Colombia sí tenía el nivel de cooperación necesaria para cumplir con los dictámenes yanquis en la región, y reclamó su lugar para que Colombia siga siendo el laboratorio de la contrainsurgencia yanqui en América Latina. Y mientras esto persista, la paz seguirá siendo una quimera y los bombardeos, la única respuesta estatal a los problemas estructurales de la tierra y la desigualdad. Ante esto, solo se alza la necesidad de la movilización popular y un movimiento antiimperialista consecuente que rechace la injerencia estadounidense, que denuncie la política contrainsurgente y los bombardeos contra el enemigo interno como una continuación de dicha injerencia, y que enfrente esta guerra que se disfraza de lucha contra el narcotráfico pero que en realidad perpetúa la dominación y el terror sobre los pueblos.
