El 30 de agosto fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el general retirado Mario Montoya, junto con otros ocho militares, por ser el autor de crímenes contra el pueblo, por al menos 130 asesinatos a los jóvenes campesinos y populares conocidos como ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2003, cuando se desempeñó como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
Los llamados “Falsos positivos” fue la forma que uso el viejo Estado por medio de sus mercenarios del Ejercito Nacional para reprimir y ahogar en sangre la lucha popular y de exterminar las guerrillas. Los altos mandos del Ejército como Mario Montoya ordenaban mostrar bajas a cambio de beneficios monetarios o a cambio de permisos.
El sargento en retiro Fidel Iván Ochoa Blanco en una audiencia de la JEP declaro que, “Esta práctica de los falsos positivos se vuelve sistemática en el Ejército con la llegada del general (Mario) Montoya al comando de la Séptima División y, posteriormente, al comando del Ejército”. Este sargento que se responsabilizó por el asesinato de 49 personas haciéndolas pasar por falsos positivos también relato las sanguinarias declaraciones que daba Mario Montoya a los soldados por medio de programas radiales “Este general Montoya, nos insinuaba, nos inculcaba diciéndonos frases que eran muy fuertes. Nos decía ‘yo no necesito litros de sangre, necesito carrotancados de sangre’ y era enfático y nos manifestaba que los únicos resultados que para él contaban eran los muertos, no valían capturas, no valían incautaciones, lo único que importaba era el número de muertes”. Algunos de estos crímenes fueron realizados en alianza con los paramilitares.
La imputación también se dio por que “mintió sobre el número de bajas, encubrió casos de extralimitación del uso de la fuerza y presionó a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas ‘en combate’”, así lo indicaron los magistrados encargados, uno de estos casos fue cuando Mario Montoya en una rueda de prensa presento los cuerpos de dos niñas y tres jóvenes que fueron asesinados, a pesar de tener conocimiento de que no eran miembros del IX Frente de las Farc-EP.
Los familiares de los jóvenes asesinados llevan 20 años exigiendo justicia, entre ellos, la madre de una de las niñas asesinadas que mientras trasladaban el cadáver de su hija en un camión de la policía le grito al General “Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera”. A pesar de haber cometido tan aberrantes crímenes contra el pueblo, la JEP les dio 30 días hábiles para que reconocieran o rechazaran la autoría de sus crímenes que, en caso de ser comprobados, recibirán una miserable pena de máximo 20 años de prisión por asesinar a 130 personas entre jóvenes, mujeres y niños.
Estos crímenes contra el pueblo realizados por las fuerzas militares (mercenarios al servicio de las clases dominantes) se dan en el periodo del Uribismo con el genocida Álvaro Uribe Vélez como presidente, periodo caracterizado por una cruenta represión y una gran cantidad de matanzas dirigidas hacia las masas. Uribe cumplió el papel que las clases dominantes y el imperialismo necesitaban, el de golpear de forma contundente al movimiento popular para debilitarlo y así pasar a otro periodo, el de la pacificación y apaciguamiento del pueblo.