Cali es una de las ciudades más importantes de Colombia, en el año 2023 contaba con 2.297.230 habitantes según cifras del DANE. El año pasado ocupaba el tercer lugar de las ciudades donde las personas no tienen suficientes recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y atención médica.
En las cifras del DANE para el año 2020 el 42,5% de los pobladores de Cali eran pobres y el 30,4% vulnerables; es decir, que un poco menos de la mitad vivía mensualmente con $251.853 o menos y que más del 70% de la población no contaba con los recursos para costear sus necesidades básicas o estaba en riesgo permanente de no poder hacerlo.
Además, en las cifras de empleo para el año 2021; de las personas empleadas, casi la mitad, el 48,7% vivían en la informalidad. El total de porcentaje de personas desempleadas era el 17,3%. Y para ese año más de un quinto de los jóvenes entre 14 a 28 años –el 20,9%- se encontraban desempleados.
Estas cifras evidencian la problemática económica general que se vive en la ciudad, que afecta directamente la calidad de vida de las personas pertenecientes a las clases más pobres, quienes no logran la capacidad adquisitiva para cubrir los gastos básicos de sobrevivencia. Esta situación se refleja en la necesidad de vivienda de la población.
Desde el periodo gubernamental de Jorge Iván Ospina (2020-2023), exalcalde de la ciudad se presentan cifras que dan cuenta de un déficit de más 145.000 viviendas en Cali, lugar que acoge a más de 200.000 migrantes anuales provenientes principalmente del suroccidente del país y de Venezuela. Ante la necesidad de un techo donde vivir, numerosas familias no encuentran otra alternativa más que organizar asentamientos en distintos predios de la ciudad.
Actualmente existen megaproyectos como el Plan Jarillón y el Tren de Cercanías cuya ejecución va a implicar la reubicación de la población que se encuentra en su zona de impacto.
El Plan Jarillón impulsado por el Fondo de Adaptación tiene como objetivo mitigar el riesgo de inundación (que según estudios holandeses es de un 70%) a través del fortalecimiento del jarillón del dique del Rio Cauca y de convertir las lagunas del Pondage y de Charco Azul en receptoras de lluvias. Sin embargo, actualmente existen aproximadamente 15 asentamientos con una antigüedad de hasta 40 años, que se verían afectados por éste.
Según las investigaciones del Plan Jarillón son 8.777 familias afectadas. Por su parte las comunidades que habitan estos asentamientos afirman que son muchas más (alrededor de 20 a 25% adicionales), pero que con la recolección de esta información hubo varias inconsistencias.
Aquí empiezan los problemas. El Fondo de Adaptación está previendo garantizar la reubicación de apenas el 60% de las familias, es decir, 40% va a quedar sin solución de vivienda.
A ese 60% al cual se dice que se le garantizará su reubicación, El Plan Jarillón que se autodenomina el plan de reasentamiento humano más grande de Latinoamérica está brindando tres posibilidades: 1) Entrega de apartamentos de entre 36 y 40 m2; 2) entrega de una carta cheque de 80 SMMLV 3) entrega de lote colectivo. Aunque estas parecen soluciones satisfactorias, proponemos analizar cada una de ellas desde el punto de vista de los vecinos afectados.
Entrega de apartamentos de entre 36 y 40 m2
Actualmente las familias cuentan con lotes de mínimo 70m2, donde cultivan huertas y/o crían animales de engorde para su subsistencia (por lo demás, es común que, en grandes ciudades de nuestro país, los habitantes de las periferias recurran a prácticas agrarias como fuente de sustento económico, dada sus raíces campesinas y la poca oferta de empleo). Esta posibilidad de “solución” invariablemente empeoraría las condiciones de vida de estas familias.
Entrega de una carta cheque de 80 SMMLV
Es alternativa de solución cuenta con varias restricciones. El dinero otorgado no puede utilizarse en la compra de un lote, sino de una vivienda construida, que además debe cumplir con todos los requisitos legales (por ejemplo, sismo resistencia, legalización de servicios públicos, etc.). Los requerimientos exigidos anulan un gran número de posibilidades y agrega aún más complejidad a la tarea de encontrar una casa en Cali que guarde proporciones similares a los lugares donde actualmente están habitando las familias, con apenas 80 SMMLV. Hasta ahora se han entregado 80 cartas cheques, pero tan solo 20 se han hecho efectivas. Desde las propias instancias del Plan Jarillón se planteó que esta modalidad iba a ser inhabilitada, pero aún continúa en el decreto.
Entrega de lote colectivo
Para poder acceder a un lote colectivo, se exige que más de 20 familias decidan reubicarse colectivamente a un lote urbanizado y que la gestión de esta reubicación la haga un operador externo que cumpla todos los requerimientos legales. Las comunidades tendrían que asumir el costo de este intermediario, lo que se hace imposible para ellas.
Como es evidente, El Plan Jarrillón no ofrece soluciones efectivas a la población para su reasentamiento (comenzando por el hecho ya mencionado, de que tan solo se contempla en las alternativas de solución, a un poco más de la mitad las familias que están siendo o serán afectadas)
A pesar de eso, los desalojos se están ejecutando a despecho de la gente que no tiene a dónde ir. Se conoce el caso de un adulto mayor que fue desalojado de su vivienda sin garantías de reubicación. Sus vecinos le brindaron solidaridad, así que vivió “rodando de casa en casa” hasta el día que falleció.
Para finales del año 2022 se habían desalojado a 5.207 familias, pero se habían entregado 3.541 compensaciones, lo que significa que 1.666 familias están desamparadas.
Por otro lado, el Tren de Cercanías que pretende unir el municipio de Jamundí con Cali, va a ser construido en un sendero que actualmente se encuentra habitado por aproximadamente 1.000 familias, donde se presume que 200 hacen parte de la ciudad de Cali. Son asentamientos que no tienen legalización pero que han habitado la zona desde hace 10 a 15 años.
Allí están buscando la forma de avanzar los desalojos, pero no han dado ninguna garantía de restitución de tierras o reubicación de los pobladores. Esta zona hace parte de la expansión urbana de la ciudad, por lo cual hay intereses económicos de parte de las constructoras y de los habitantes adinerados, que están de acuerdo con el desalojo de los sectores más populares que habitan ese lugar.
La calidad de vida de la población más popular se ha agudizado debido a acciones gubernamentales que profundizan las condiciones indignas, la gente se ha visto obligada a pagar arriendos que sobrepasan su poder adquisitivo, ir a casas de familiares o inquilinatos, viviendo la mayoría en condiciones de hacinamiento y hambre.
Recordemos que en el año 2022 en el mes de octubre más de 3.000 familias fueron desalojadas por el ESMAD (actualmente denominado UNDMO) de sus viviendas, poniendo en tensión una problemática histórica en la ciudad. La solución que en muchas ocasiones plantea el Estado ante esta gran problemática de la ciudad de Cali es acogerse a la Política Pública Nacional de “Mi Casa Ya”, que consiste en otorgar subsidios para facilitar compra de viviendas de interés social a los hogares más vulnerables. Para las clases populares es virtualmente imposible acceder a estos subsidios y créditos de vivienda, por sus condiciones económicas. Estas políticas públicas, más que ayudar a la población se vuelven un negocio donde los intermediarios que hacen parte del sistema financiero se lucran a partir de tierras que están destinadas a la construcción de viviendas para la gente.
El camino que han encontrado las clases populares ante la necesidad de vivienda es la lucha, tanto de forma individual como colectiva. Individualmente se evidencia en que las personas en la ciudad siguen tomando los predios baldíos y construyendo allí sus hogares. A nivel colectivo hay que destacar el proceso organizativo de la “Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali” (Minga Cali) que acoge a 1.935 familias, de las cuales el 55% hace parte del Registro Único de Victimas (RUV) del conflicto armado y el 75% son víctimas de desplazamiento forzado. La Minga Cali ha realizado varias jornadas de movilización exigiendo al gobierno municipal y nacional soluciones materiales bajo las banderas de: ¡No más desalojos! y ¡Tierra para la construcción de viviendas!
