El inicio del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba este 16 de marzo de 2026 vuelve a poner sobre la mesa la profunda crisis que atraviesa la minería tradicional en Colombia. Convocada por la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, la movilización surge como respuesta a la falta de soluciones efectivas del Gobierno nacional frente a la situación de miles de pequeños mineros e informales en la región.
De acuerdo con el comunicado difundido por la organización, la jornada se desarrolla como una acción colectiva de las comunidades mineras para exigir soluciones reales ante la grave problemática del sector, en un contexto marcado por el incumplimiento de acuerdos suscritos en 2023 y 2024 y la falta de avances significativos en los procesos de formalización.
Los puntos principales de concentración se han ubicado en sectores estratégicos como La Apartada y Puerto Libertador (Córdoba), así como en Campoalegre (Antioquia), generando bloqueos intermitentes en la vía que conecta con la Costa Caribe. Estas acciones, que reúnen a cientos de manifestantes, buscan visibilizar lo que consideran una situación crítica para la minería tradicional, históricamente uno de los pilares económicos del Bajo Cauca.
Cristian Hincapié, líder de la Mesa Minera, ha señalado que la decisión del paro responde a la ausencia de un diálogo efectivo con el Gobierno nacional. Según el dirigente, el levantamiento de la movilización dependerá de la voluntad política de abrir espacios de negociación que permitan resolver los problemas estructurales del sector, especialmente en materia de formalización y diferenciación frente a la minería criminal.
Uno de los principales puntos de ruptura ha sido la intensificación de operativos de la Fuerza Pública en la región. Según los líderes mineros, más de 30 intervenciones recientes han derivado en la destrucción de maquinaria —incluidas retroexcavadoras y motobombas— que, afirman, se encontraban en proceso de legalización. Esta situación ha sido interpretada por las comunidades como una acción indiscriminada que desconoce las particularidades de la minería mediana, pequeña y de subsistencia.
La Mesa Minera ha insistido en que el paro se desarrolla en el marco de la organización comunitaria y ha anunciado la habilitación de un corredor humanitario. Este mecanismo permitirá el paso de ambulancias, misiones médicas, transporte de medicamentos, organismos de socorro, combustibles y otros casos prioritarios, con el fin de no afectar situaciones de emergencia ni necesidades básicas de la población.
Sin embargo, la reacción de las autoridades ha estado marcada por la adopción de medidas de seguridad excepcionales. La alcaldía de Caucasia decretó toque de queda nocturno, ley seca y restricciones a la circulación de motocicletas con parrillero, además de activar un Puesto de Mando Unificado para monitorear la situación. Estas disposiciones refuerzan un enfoque de control y trato militar a la protesta social.
En regiones donde el empleo formal es escaso y la presencia institucional ha sido históricamente limitada, la minería artesanal e informal se ha consolidado como una actividad central para la vida comunitaria. La respuesta del Estado ha estado basada en operativos y medidas restrictivas, así como en la criminalización generalizada de la minería informal, tratándola igual que la minería criminal sin generar condiciones reales para su formalización. Para muchos mineros, el paro representa una forma legítima de exigir reconocimiento, regulación justa y oportunidades efectivas de formalización.
