Por: Edelmira H.
El pasado mes de febrero, un grupo de campesinos iniciaron un proceso de recuperación del predio La Marchenita, en el municipio de Codazzi. Los campesinos fueron tratados como criminales por parte de las fuerzas represivas del Estado y las Brigadas de Solidaridad Ganadera, grupo de choque latifundista creado por Fedegán, para enfrentar las recuperaciones de tierra campesinas. Los campesinos fueron agredidos y desalojados del predio, además, siete de ellos fueron apresados. La finca fue desalojada, y ahora es custodiada por seguridad privada armada, pagada por el terrateniente propietario, para impedir cualquier intento de retoma.
Desde entonces, comenzó una campaña por parte de los terratenientes de la región y sus apoyadores, contra los siete campesinos detenidos, difundiendo un supuesto prontuario criminal. Los medios de comunicación de la región, al servicio del latifundio, no se cansaron de mostrar a los campesinos esposados y con la cabeza gacha, custodiados por fuerzas policiales.
La forma de actuar de los terratenientes ganaderos no es un hecho aislado, sino que corresponde a una estrategia que vienen implementando, extendiendo y perfeccionando desde hace algunos años en varias regiones del país. Uno de los lineamientos de esa estrategia, es la criminalización de la lucha por la tierra, utilizando para ello los medios de comunicación. Respecto al intento de toma campesina del predio La Marchenita, Fedegan publicó varios artículos en su órgano de difusión Contexto Ganadero.
Uno de los artículos titulado “Cuando la finca se vuelve trinchera: invasiones, política y vacío de autoridad”, pretende denunciar como un crimen, que el campesinado se organice para recuperar las tierras. Incluso sus acusaciones llegan al extremo de meter en un mismo saco a recuperadores de tierra, extorsionistas y secuestradores.
En el fondo, lo que está detrás de esta criminalización, es el temor a la creciente organización campesina para la lucha por la tierra. Los terratenientes buscan generar una opinión pública desfavorable entre los medianos y pequeños productores y ganaderos, pues a estas clases medias las quieren convertir en escuderas de la gran propiedad.
Otro de los lineamientos que está impulsando Fedegán, para enfrentarse a la lucha campesina, son las Brigadas de Solidaridad Ganadera. Estas Brigadas son un aparato represivo que han creado y que han venido fortaleciendo. Tienen protocolos de actuación contra el campesinado que difunden ampliamente entre los latifundistas de la región. Ante una recuperación de tierras, por parte de campesinos, el terrateniente afectado pide ayuda de las Brigadas, que inmediatamente se activan como grupo de choque: movilizan rápidamente decenas de hombres de la región, pagados como mercenarios, quienes acuden al sitio de la toma de tierra, en las camionetas de los latifundistas y algunos de ellos armados, para intimidar y desalojar a los campesinos, todo lo anterior bajo el amparo de la policía.
Actúan en complicidad con las fuerzas reaccionarias del viejo Estado, justamente llaman al general (r) de la policía, Fernando Murillo, como su estratega de seguridad. Él mismo ha hecho la presentación de las Brigadas en reuniones importantes de Fedegan a las que asisten una gran cantidad de sus federados, hace videos instructivos que difunde por redes sociales, donde presenta los protocolos de actuación, así como las formas de contactarse y agruparse en las Brigadas. La dirección de Fedegán pretende motivar a todos los terratenientes para vincularse a las Brigadas y hacerle frente a la ocupación de tierras, estén o no vinculados con Fedegán.
Varias organizaciones campesinas, de derechos humanos, medios de comunicación independientes y populares, han denunciado que estas Brigadas de Solidaridad Ganadera, que se están constituyendo en el campo colombiano, particularmente en la región Caribe, tienen un parecido macabro con las antiguas Convivir, grupo de seguridad privada que posteriormente sería base para el surgimiento de ejércitos paramilitares al servicio del latifundio, el gran capital y las multinacionales, como lo fueron las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC.
Precisamente, recordar que la cúpula de Fedegan ha tenido nexos con el paramilitarismo. Su anterior presidente se encuentra condenado a prisión por vínculos con las AUC, y su actual presidente, José Félix Lafaurie, ha sido mencionado por exmiembros de ese grupo paramilitar, quienes en audiencias judiciales han indicado la colaboración que éste les prestaba.
Lafaurie ha afirmado que: “No podemos repetir la historia de la década de los 90, que abandonamos el territorio y el territorio se lo apropiaron los bandidos. Los bandidos prácticamente nos confinaron en los centros poblacionales secuestrados, impidiendo que el hombre del campo pueda trabajar, generar riquezas y bienestar”. Discurso donde los grandes latifundistas se muestran como las víctimas de la violencia de los 90, cuando la realidad es que la clase terrateniente, durante dicha década y la siguiente, expropió a sangre y fuego al pequeño campesino, expulsándolo de sus tierras.
Hoy tienen miedo de que el campesino regrese para recuperar lo que es suyo, por eso han organizado sus Brigadas y de manera sistemática no dejan de llamar criminal al campesino. Pero desde el punto de vista del campesinado pobre y del pueblo, los verdaderos criminales son ellos.
Los siete campesinos detenidos, recuperadores del predio La Marchenita, ya están en libertad. Ellos alegan que las acusaciones de los medios y las redes sociales son falsas. La criminalización a los campesinos de La Marchenita se suma a la criminalización de los compañeros recuperadores en Cajibío (Cauca) y a la criminalización que denuncian los campesinos de Nuevas Flores, corregimiento de San Diego, quienes hace unos días protagonizaron un paro exigiendo mejoras en las vías hacia sus veredas.
La lucha campesina y la lucha por la tierra no son un crimen, sino derecho sagrado del pueblo campesino. Más aún, es la única vía que históricamente ha demostrado eficacia para transformar la estructura de tenencia de la tierra.
