Los líderes campesinos Juan Pablo Giraldo y Duberney Galvis, del Cañón del Micay, en el suroccidente del departamento del Cauca, fueron capturados el pasado 2 de marzo y, según las comunidades del territorio, están siendo criminalizados por las protestas campesinas ocurridas en marzo de 2025.
De acuerdo con información proporcionada por funcionarios de la Fiscalía a medios regionales, ambos líderes son investigados por su presunta relación con los hechos ocurridos en el corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, donde 57 militares fueron retenidos temporalmente durante una protesta campesina. Según las comunidades, Giraldo y Galvis han sido, durante años, referentes del liderazgo campesino, participando en procesos de organización social, mediación comunitaria y defensa del territorio.
Para los habitantes del Micay, esta acusación desconoce la realidad de lo ocurrido en el territorio. Comunidades campesinas de la región denunciaron que las detenciones hacen parte de un proceso de estigmatización y criminalización contra el movimiento social del territorio. Campesinos que participaron en aquellas jornadas de protesta aseguran que lo sucedido fue una acción de presión comunitaria y rechazo a la presencia militar.
“Nosotros no somos guerrilla ni narcotraficantes. Somos comunidades que llevamos años pidiendo que nos escuchen”, afirman los habitantes de la zona.
El conflicto entre la comunidad y los militares se presentó en un contexto de lo que las comunidades campesinas consideran incumplimientos del Gobierno nacional respecto a los acuerdos alcanzados en 2024, tras movilizaciones campesinas en el Cauca. En ese momento, representantes del Gobierno se comprometieron a impulsar programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, proyectos productivos e inversión social en municipios del sur del departamento.
No obstante, campesinos de sectores como La Hacienda, Honduras, Huisitó y Argelia aseguran que esos compromisos aún no se han materializado.
“Nos prometieron proyectos productivos y sustitución voluntaria, pero nunca llegaron”, afirma un líder de la zona.
Lo que sí llegó —según denuncian— fue el aumento de la presencia militar.
“Primero llegaron más soldados antes que los proyectos productivos”.
Según estas organizaciones, el despliegue militar en zonas como El Plateado ha incrementado la violencia social en un territorio históricamente marcado por el conflicto armado. El pasado 29 de enero de 2026, comunidades de El Plateado denunciaron el asesinato de dos pobladores conocidos de la zona, presuntamente a manos de militares, hecho que aún genera rechazo en la región.
A las tensiones actuales se suma el rechazo de varios sectores campesinos a la posible construcción de una represa en la región del Micay, proyecto que, según denuncian, no ha sido socializado adecuadamente con las comunidades.
Los campesinos temen que iniciativas de gran escala puedan afectar el equilibrio ambiental del territorio y poner en riesgo la permanencia de las comunidades campesinas que han habitado estas montañas durante generaciones.
