Es común que ocurran desastres naturales y tragedias socio-ambientales en muchos lugares del mundo: sismos, huracanes, inundaciones, sequías, tormentas, terremotos, deslizamientos, incendios, etc. Sin embargo, el problema en estos desastres, no es la imposibilidad de controlar algunos de estos fenómenos, sino el desinterés de las clases dominantes por proteger la vida del pueblo trabajador, eligiendo primero sus ganancias a costillas de la vida de millones de personas. Vemos como invierten billones de dólares en el desarrollo de armas, en mecanismos de control y explotación social de las clases desposeídas y oprimidas, en vez de investigar la naturaleza y sus leyes, e invertir en infraestructura para prevenir los desastres naturales que pueden acabar con millones de vidas y de bienes materiales.
Si observamos la afectación de países capitalistas como Estados Unidos, Japón, Francia, España, que se ven impotentes frente a las fuerzas naturales, qué podemos decir de la capacidad estructural y científico-técnica de la mayoría de los países del tercer mundo para enfrentar tales fenómenos y peligros naturales. En el último mes, Brasil y Colombia han sufrido grandes tragedias por causa de la fuerza de las aguas que produce inundaciones – avalanchas. Si bien frente a algunos de estos fenómenos naturales, aún la ciencia en manos del sistema imperialista, no ha logrado dominarlos o predecirlos, muchos gobiernos se lavan las manos frente a estas situaciones, aduciendo la incapacidad de controlar los fenómenos naturales, para evadir su responsabilidad ante la tragedia de las masas trabajadoras cuando estos desastres las azotan, como está ocurriendo actualmente, con la ola invernal en el país.
Actualmente, en Colombia los municipios y zonas afectadas por las inundaciones en el país son: Ayapel y Montelíbano (Córdoba), Caimito, Majagual, San Benito Abad, san Marcos y Guaranda (Sucre), Guamal y San Zenón (Magdalena), Magangué, Mompós, Achí, Pinillos y San Jacinto del Cauca (Bolívar), Caucasia y Nechí (Antioquia); además, de otros municipios en el Meta (Barranca de Upía, El Dorado, Lejanías, San Juanito, Vista Hermosa y Villavicencio), Santander (Tona y Piedecuesta), Valle del Cauca (Cali, Florida, Palmira, Tuluá) y Antioquia (Montebello), etc. Uno de los desastres que más personas ha afectado, es el caso de La Mojana, donde el dique Caregato se rompió, ocasionando el desbordamiento del Rio Cauca e inundando los cultivos y viviendas de miles de campesinos. Precisamente, en este caso, se evidencia con total claridad, no la incapacidad de prevenir y controlar la naturaleza, sino al contrario, la gran capacidad de los empresarios de la construcción aliados con funcionarios del Estado, para obtener jugosas ganancias a costillas de la tragedia del pueblo.
El problema en La Mojana no es nuevo, recordemos que estuvo inundada en el año 2021, causando más de 250 mil damnificados. Ante la movilización de las masas, que realizaron bloqueos en aquella ocasión, obligaron a que el Estado asumiera la reparación del dique Caregato, para lo cual se destinaron millonarios recursos, pagados con los impuestos de todos los colombianos, con el objetivo de solucionar el problema de estas familias campesinas. Sin embargo, para las clases dominantes, primero son los negocios y las ganancias antes que el bienestar de las masas, y aunque tuvimos un largo fenómeno del niño, donde se pudo aprovechar el verano para finalizar las obras y prevenir una nueva tragedia, esto no se hizo. Así pues, aunque es cierto que no se puede controlar la actual ola invernal, si tenemos la capacidad de invertir recursos para proteger y prevenir desastres como estos, pero lo que no se tuvo fue la voluntad del Estado de los ricos para proteger a las masas trabajadoras, sus viviendas, animales y recursos agrícolas.
La problemática ambiental tiene carácter de clase, son muchos los campesinos pobres y medios, los pobladores de las barriadas y corregimientos de ciudades y campos que no tienen donde vivir y tienen que construir sus casas en los bordes de los ríos y en las laderas de altas montañas exponiendo su vida a los desastres ambientales; y no con eso, también les toca padecer con las instituciones y politiqueros corruptos como los de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en cabeza de Olmedo López y sus dos más recientes chanchullos destapados.
El pueblo que trabaja y produce está cansado de las centenas de actos de corrupción que se han dado por décadas, algunos de ellos con cifras de hasta billones de pesos. El caso de La Mojana, donde están involucrados varios miembros del gobierno del “cambio”, se dio en torno a un contrato por 130 mil millones de pesos, donde ya se han entregado 29 mil millones a las mafias de la contratación, que no cumplieron con la obra que se les pagó y que no tienen capacidad de respuesta a estas inundaciones. Pero, eso no es todo, hace apenas unos meses ya el corrupto Olmedo López y sus secuaces, se habían robado 20 mil millones de pesos en el caso de la compra de los carrotanques en la Guajira como parte de un programa para llevar agua potable a la población Wayú.
Ante esta situación, nuevamente las familias campesinas de La Mojana, viven un drama terrible. Los testimonios del desastre son abrumadores, escuchar campesinos que, habiendo perdido todo en el 2021, hicieron créditos para poder volver a cultivar, y ahora unos años después, lo vuelven a perder todo, excepto las deudas, que seguirán siendo cobradas por los bancos. Tragedia de las masas campesinas de La Mojana, que como muestran los hechos, no es por culpa de la naturaleza, sino totalmente por la negligencia del Estado y el jugoso negocio de los empresarios de la construcción. Es una lección para los obreros, campesino y demás clases populares que ante esta realidad, es necesario seguir construyendo un propio proceso de transformación y organización, que permita responder a las situaciones adversas del pueblo, y exigir al Estado los derechos que han sido arrebatados.
