El pasado 1ro de mayo el gobierno de Petro anunciaba la entrada en operación del nuevo modelo de salud del magisterio. Lo que inicialmente se planteó como una oportunidad de mejorar la atención en salud para los maestros y sus familias, se ha convirtió en menos de un mes, en un auténtico padecimiento. La implementación, que empezó con algunos fracasos y casos de corrupción, derivó en más de 2.300 quejas ante la Supersalud por falta de atención, problemas en el suministro de medicamentos, tratamientos inconclusos, postergación de cirugías y, en general, dificultades para ejercer el goce efectivo del derecho a la salud.
Los docentes llevan años reclamando una atención oportuna y de calidad por parte de los prestadores de salud, particularmente los profesores afiliados a ASOINCA, en el departamento del Cauca, han denunciado la inoperancia, desigualdad e injusticia del modelo; y, en los últimos años, han adelantado todo tipo de movilizaciones para transformar el sistema de salud del magisterio. La última se dio en enero de 2023, donde más de 500 profesores instalaron campamento frente al capitolio para reclamar al gobierno de Petro, en general, un nuevo modelo de salud para el magisterio.
La lucha constante de ASOINCA y la frustración de todo el magisterio con el modelo de salud, pusieron al gobierno contra las cuerdas. En primer lugar, porque el gobierno ha encontrado un aliado clave en los profesores y su sindicato, que no solo ha puesto votos, sino también plata para la campaña que llevo a Petro a la presidencia. Segundo, Petro se había comprometido a reformar el sistema general de seguridad social, sin embargo, la reforma a la salud fue hundida en el congreso.
Luego del fracaso en el legislativo de la reforma a la salud y de la huelga de ASOINCA de 2023, Petro vio la posibilidad de probar sus ideas en materia de salud y, en consecuencia, de hacer cambios expeditos en el modelo de salud del magisterio sin contar con las trabas burocráticas y la multiplicidad de intereses que hay en el congreso. Eso llevo a que, en abril de 2024, el gobierno y FECODE acordaran la modificación de los lineamientos de contratación de prestación de servicios de salud para el magisterio.
¿Cómo funcionaba el modelo antes del 1ro de mayo de 2024?
Con la ley 91 de 1989 se crea el FOMAG, un fondo de prestaciones sociales para profesores. Este era el encargado del recaudo de los aportes en seguridad social, su función, era la de garantizar la financiación para la contratación de los operadores de salud (las EPS del magisterio). La administración del dinero estaba a cargo de la Fiduprevisora, una fiducia cuya participación estatal es del 90% que, mediante licitación, asumía la contratación de los operadores de salud. Finalmente, los operadores contrataban a los prestadores de salud, es decir, la red pública y privada de hospitales y centros de salud donde asisten a los maestros y sus familias. En la práctica, para que el dinero llegará del FOMAG a los hospitales y clínicas debía pasar por los bolsillos de la Fiduprevisora y de cada una de los operadores regionales. Esto es lo que los maestros han llamado la doble intermediación. Una privada que manejaba y administraba el dinero de la salud y una “pública” que contrataba con los privados y hacía negocios con la plata de los maestros.
Por tal razón, el modelo era acusado de ser altamente ineficiente y generar sobrecostos en el sistema. La unidad de pago por captación (UPC), es decir, la cantidad de dinero que se reconoce por cada afiliado, era 1.63 veces mayor en el magisterio que en el sistema general de la ley 100. En pesos, es casi un millón más el que se paga por afiliado en el sistema del magisterio. A pesar de tener más recursos, la calidad del servicio era precaria. Según el FOMAG, para el año 2021, el régimen del magisterio acumulaba 64.1 tutelas por cada 10.000 afiliados, mientras el régimen general 14.1 por cada 10.000 afiliados.
La intención de gobiernos anteriores era la de acabar el régimen especial del magisterio y pasar a sus afiliados al régimen general de la ley 100. Un sistema criminal, manejado por empresas privadas (EPS) que administran cerca de 80 billones de pesos del presupuesto de la salud. Los docentes, siempre se han resistido a esta salida porque reconocen que el problema, la intermediación, se mantiene en ambos regímenes. Petro y los profesores coinciden en que la intermediación es uno de los problemas cardinales del sistema de salud. Esto ha estimulado el lucro a expensas de la NO prestación del servicio. A menor atención, mayor ganancia. Entorpecer el ejercicio del derecho a la salud es bastante rentable.
El resultado ha sido la acumulación gigantesca de dinero por parte de los operadores privados que administran la salud del magisterio, a tal punto que han montado sus propias clínicas, centros de atención, laboratorios etc., todo con la plata de los docentes. Esta situación ha llevado a una estrategia de crecimiento corporativo conocida como integración vertical, donde el operador y el prestador del servicio hacen parte del mismo grupo económico y celebran contratos entre sí. El problema es que se hace con el dinero de los profesores y ha generado procedimientos bastante opacos y corruptos.
Cosmitet –el operador y, posteriormente, principal prestador de salud en el Valle, Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda– remite a todos los pacientes oncológicos, sin importar el departamento donde residan, a Cali, donde tiene su propia red de atención, la intención es hacerse con el dinero de un fondo especial para pacientes de “alto costo”. Los docentes del Quindío han reclamado que Cosmitet remita a los pacientes a Oncólogos de Occidente, una entidad que cuenta con sedes en varias ciudades del eje cafetero. En 2019 la Supersalud ratificó una multa por 1.400 millones a Cosmitet por reiteradas fallas en el servicio de salud de los docentes. El régimen especial reproduce todos los vicios del régimen general, incluso fue el régimen especial del magisterio –sostienen los propios profesores– el que sirvió de piloto para la ley 100.
Este era el panorama del modelo de salud del magisterio, transformarlo era una bandera completamente justa. Es así que, Petro y FECODE acordaron rápidamente un nuevo modelo para implementarlo antes de mayo de 2024, fecha en la que se abría nuevamente la licitación (13.2 billones por los próximos cuatro años) para contratar a los operadores.
El nuevo modelo y el oportunismo sindical
La implementación del nuevo modelo ha sido caótica. Lo que derivó en justas movilizaciones promovidas por las bases de algunas filiales de FECODE, generando divisiones con otras filiales y con cabezas sindicales altamente burocratizadas. Un mes ha bastado para corroborar la ineptitud de un gobierno que da tropiezos en todo lo que se propone. La implementación se hizo de golpe, sin considerar una transición adecuada, lo que generó caos e improvisación frente a un derecho que compromete la vida de los profesores.
Más allá de la implementación y de las fallas de una transición casi inexistente, ¿es el nuevo modelo una respuesta a los graves problemas que padece la salud del magisterio?
El nuevo modelo saca de la ecuación a los operadores privados y mantiene a la Fiduprevisora (intermediario “público”). Esta última es la encargada de contratar directamente a los prestadores de salud. Y aunque exista la visión que el intermediario es un pasa manos de dinero, este realiza un conjunto de actividades que deben ser asumidas por el Estado. Esto se contempló y el acuerdo proponía una transición de seis meses en los que la Fiduprevisora debería descentralizarse y expandirse, el objetivo era crear bases de datos, acuerdos de pago con prestadores, formar equipos de interventoría y adquirir capacidades técnicas para manejar la salud de los docentes.
Nada de esto ocurrió y lo que existe son serias acusaciones de corrupción, en las que está involucrado el exgerente de la Fiduprevisora Mauricio Marín, un abogado vinculado a terratenientes y paramilitares de la costa caribe y que fue retirado en medio de la crisis a mediados de abril. Marín fue tildado de clientelista al diseñar y armar la red de prestación de servicio a dedo, celebrando millonarios contratos con sus amigos, que terminaron siendo los mismos grupos económicos en los que ha estado la salud del magisterio por dos décadas. Un ejemplo de la forma en la que cooperan las facciones burocrática y compradora de la gran burguesía en nuestro país, con el fin de usar los recursos del Estado para impulsar sus propios intereses.
La prensa ha sostenido que todas las acciones de Marín fueron respaldadas por la junta directiva del FOMAG, en la que tienen asiento tres ministros y dos delegados de FECODE. Una denuncia bastante grave, que pone en tela de juicio el papel de las cabezas sindicales en los cargos de veeduría, y afirman las acusaciones hechas por ASOINCA de actuaciones sospechosas de algunos directivos de FECODE en el marco de la contratación de los servicios de salud.
La historia de traiciones de la junta directiva de FECODE merece un análisis aparte. Pero en relación a la salud, algunas de sus filiales han desempeñado un papel infortunado. En los últimos 30 años embaucaron al magisterio bajo la solicitud de “mejoras” en los contratos con la red de operadores privados, que en la práctica significaron acuerdos oscuros entre los delegados a las veedurías por parte de FECODE y las empresas que operaban la salud del magisterio. Y bajo este gobierno, el FOMAG, con la complicidad de los integrantes de FECODE, promulgó el Acuerdo N° 5 de diciembre de 2022 en el que básicamente perfeccionaban el viejo modelo de intermediación. Sin embargo, el gobierno retrocedió y FECODE se atrevió a convocar movilizaciones para defender el Acuerdo N° 5.
Resumiendo, el nuevo modelo sólo ataca un eslabón de la intermediación y propone fortalecer la fiducia que administra los aportes de seguridad social del magisterio. Disolvió la figura de los operadores de salud, pero en la práctica, los prestadores son los mismos. Preocupa el crecimiento burocrático de la Fiduprevisora, una entidad que siempre se ha visto como un jugoso botín que administra cerca de 48 billones de pesos y que ha estado administrada en la última década por el Partido de la U. A esto debe agregarse, el oportunismo y la burocratización de FECODE, que han sido un palo en la rueda para conquistar mejoras en salud y un nuevo modelo que responda a las necesidades del magisterio.
Los problemas del reformismo.
Si bien, el fin de la intermediación de operadores privados es un avance, la lucha por una mejor salud para los profesores no puede quedarse allí. Los problemas que está presentado la implementación son el resultado de la ineptitud del gobierno, pero éstos no constituyen los problemas del nuevo modelo en sí. La reproducción de viejas prácticas clientelares son la muestra más clara de cooperación entre las facciones burocrática y compradora de la gran burguesía, la una necesita de la otra para sobrevivir, porque básicamente son el resultado del capitalismo burocrático que opera en el país.
La lucha por un nuevo modelo de salud al servicio de los trabajadores de la educación, es al mismo tiempo la lucha por la disolución de un conjunto de barreras que ha desarrollado el capitalismo burocrático. Los profesores se han centrado en la intermediación financiera como el enemigo principal de la salud, pero, no se ha tenido en cuenta que todo el sistema de salud funciona bajo un modelo de contratación, bien sea con prestadoras públicas o privadas. Es decir, cualquier cambio o reforma que se intente introducir será bajo el precepto de adaptabilidad a un sistema altamente mercantilizado. En otras palabras, toda la red de prestadores de servicios de salud: hospitales, centros de atención, laboratorios, dispensadores de medicamentos entran en “competencia” por la captura de los recursos del sistema de salud del magisterio.
La ausencia de un capitalismo industrial ha condicionado el margen de acción de los negocios de facciones de la gran burguesía, la cual espera la iniciativa del Estado para atraer ganancias, bien sea operando o intermediando las otrora responsabilidades estatales. Ese el carácter de la facción compradora de la gran burguesía, la cual ha incrementado sus ganancias y su participación en la economía los últimos 30 años. El reformismo del gobierno pretende la reversión de esta situación y la nostalgia del sindicalismo y algunos sectores del movimiento popular ha sido su principal aliado.
En consecuencia, se ha instalado la falsa dicotomía entre lo público y lo privado. El magisterio, y los empleados públicos en general, han sido presa de esta disyuntiva. El régimen especial de salud del magisterio, incluso sin intermediación financiera, opera bajo un modelo de ganancia. La red pública de salud funciona como una empresa en busca de recursos, es cierto que la creciente oferta de clínicas privadas se le opone para marchitarla, pero para países de bajos ingresos y alta informalidad, como el nuestro, es absolutamente inviable un modelo exclusivamente privado.
Luchar por reformas sin tener en cuenta la forma en la que opera el capitalismo burocrático sólo llevará a frustraciones, desorganización y al fortalecimiento de una u otra facción de la gran burguesía. Alcanzar mejoras en la salud del magisterio y de los trabajadores en general, solo será posible entendiendo la complejidad de nuestra sociedad para apuntar con mayor precisión a los verdaderos enemigos del pueblo y los trabajadores. Lenin consideraba que las reformas deben servir para continuar la lucha contra la esclavitud asalariada, en nuestro país, la tarea es continuar la lucha por las reformas contra el dominio del capitalismo burocrático, la semifeudalidad y el imperialismo.
«Cuanto más independiente y profundo es el movimiento obrero, cuanto más amplio es por sus fines, más desembarazado se ve de la estrechez del reformismo y con más facilidad consiguen los obreros afianzar y utilizar ciertas mejoras.» Lenin, 1913.