por A Nova Democracia Brasil
Decenas de familias campesinas de las veredas de Aguas Blancas, Valencia de Jesús, Las Casitas y El Cielo ocuparon un latifundio denominado “Caja de Ahorros n.º 1”, en el departamento del Cesar, Colombia, el 5 de mayo, en un acto de dignidad y resistencia. La propiedad, un latifundio que estuvo bajo la administración de la entidad colombiana Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante más de dos décadas, fue recuperada por quienes realmente quieren producir en ella.
El 7 de mayo, las familias campesinas que tomaron el latifundio emitieron una alerta urgente denunciando el cerco promovido por fuerzas represivas del viejo Estado. Unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y de la Unidad de Diálogo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) comenzaron a avanzar con acciones de amedrentamiento e intimidación contra la comunidad que permanece en la tierra. Los campesinos denuncian que la presencia constante de la Policía Nacional en la región aumentó drásticamente el riesgo de agresiones y violaciones de derechos.
‘¡Tierra para quien la trabaja!’
Bajo las consignas de “¡Tierra para quien la trabaja!” y “¡Recuperar la tierra es nuestro mandato!”, el campesinado pobre rompió con la inercia institucional y la eterna espera, reafirmando que el derecho a la tierra se conquista mediante la lucha combativa y organizada contra el dominio semifeudal que asfixia a la nación colombiana.
Desde los primeros rayos del sol, los campesinos pobres comenzaron a adecuar el terreno para vivir y trabajar. Colectivamente, están levantando ranchos y cocinas, mientras retiran la maleza que tomó cuenta del área durante 20 años de abandono. Según relatan los propios campesinos en sus comunicados, el estado de abandono de la propiedad es una prueba contundente del desinterés del gobierno, mientras miles de familias anhelan un pedazo de tierra para salir de la miseria.
La respuesta del viejo Estado, sin embargo, ya se manifiesta por medio de las fuerzas represivas. Pocas horas después de la ocupación, patrullas policiales ya rondaban el lugar varias veces, realizando interrogatorios, observando el movimiento y tomando fotografías, lo que los campesinos identifican como el primer paso hacia una agresión inminente contra las familias ocupantes. Campesinos denunciaron que cerca del mediodía del 6 de mayo, policías rodearon la propiedad para afirmar que la tierra tenía una supuesta dueña y que regresarían al día siguiente para ejecutar el desalojo.
La propiedad “Caja de Ahorros n.º 1” lleva las marcas de la sangre y de la expropiación paramilitar que azota a Colombia. Su antiguo propietario, Hugues Rodríguez, conocido con el alias de “Comandante Barbie”, fue condenado en 2007 por sus estrechos vínculos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar responsable de cientos de masacres, desplazamientos forzados y narcotráfico, parte de la coalición que combatía contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las masas.
Rodríguez adquirió más de 60 propiedades mediante la violencia reaccionaria y el terror contra los campesinos locales. Aunque el poder judicial declaró hace años la confiscación de esos bienes, la SAE fracasó miserablemente en darles un destino a esas tierras, manteniéndolas como activos improductivos mientras la población local enfrenta el hambre.
La expansión de las recuperaciones de tierra
La lucha en Cesar no es un hecho aislado, sino parte de la contradicción principal que mueve a Colombia. En otras regiones de la nación colombiana, la llama de la resistencia campesina se expande con fuerza. En el sur del Valle del Cauca, la hacienda “La Novillera”, con sus 1.500 hectáreas, es escenario de una ocupación histórica. La propiedad perteneció al narcotraficante “Chepe” Santacruz, del Cartel de Cali, y hoy campesinos locales exigen su entrega inmediata.
En la costa atlántica, la hacienda “El Delirio”, en el municipio de Pijiño del Carmen, registró dos ocupaciones combativas entre febrero y marzo de 2026. En un video difundido en plataformas virtuales, campesinos afirman que están “reclamando un pequeño pedazo de tierra para trabajar”. “Queremos que el gobierno nos resuelva esto. Queremos que las cosas mejoren. Estamos ocupando esta hacienda pacíficamente, así que esperamos una respuesta”.
La respuesta del gobierno fue rápida. Horas después de la denuncia del exviceministro Juan Gonzalo Botero, defensor del latifundio ganadero, una operación conjunta de la Brigada Ganadera y de la policía realizó el desalojo violento del área.
El rastro de sangre del latifundio y la falacia de la ‘reforma agraria’
Históricamente, la clase latifundista colombiana acumuló tierras a costa de la apropiación de baldíos, el desplazamiento forzado y la masacre sistemática del campesinado. En Cesar, esa realidad sigue predominando. Menos del 10 % de los mayores propietarios concentran el 60,4 % de la tierra productiva, mientras la masa de campesinos pobres sobrevive sin acceso al agua, saneamiento e infraestructura vial adecuada.
La resistencia actual enfrenta a “Solidaridad Ganadera”, brazos paraestatales financiados por latifundistas y ganaderos vinculados a Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos), que intentan reactivar grupos paramilitares bajo el modelo de las “Convivir”.
Mientras el gobierno de la falsa izquierda de Gustavo Petro difunde titulares sobre avances en la “reforma agraria”, la realidad rural cuenta una historia de continuidad de la explotación. Aunque el gobierno afirma haber avanzado en 1,8 millones de hectáreas, los campesinos señalan que omite que 1,6 millones de ese total corresponden apenas a la formalización de títulos de tierras que los campesinos ya poseían y defendían con su trabajo desde hace décadas.
Esta “formalización” no es redistribución de tierras, sino una trampa para integrar al campesinado pobre al sistema financiero y tributario. Los campesinos denuncian que, con el título en mano, el campesino pasa a ser asfixiado por impuestos prediales que aumentaron hasta 80 veces y por créditos bancarios que, en lugar de representar liberación, funcionan como mecanismos de endeudamiento y nueva expropiación en beneficio del capital financiero y burocrático.
La “reforma agraria” de Petro, así como la de Luiz Inácio y tantos otros gobiernos de América Latina, en el fondo es más retórica que transformación real, avanzando “a paso de tortuga” y enfocada en ceremonias mediáticas en municipios con altos índices de conflicto para contener la desesperación de las masas.
La Integración Campesina del Cesar (INCAC) y el Grupo de Apoyo a la Lucha de los Campesinos Pobres dejan claro en su comunicado público: “Enarbolamos la bandera de la recuperación de tierras como única forma para que el campesino retome lo que la clase latifundista, en asociación con su brazo armado y las multinacionales imperialistas, les arrebató”. El llamado es a que todas las organizaciones populares y la juventud se unan en solidaridad con los compañeros de Aguas Blancas.
