por Antonio Gómez
La lucha por la tierra continúa siendo el centro de gravedad de la lucha de clases en el país. El campo colombiano concentra las contradicciones sociales más agudas, siendo escenario histórico de despliegue de fuerzas por parte de todos los actores en disputa. Desde las clases dominantes a través de sus estructuras estatales y paraestatales de represión, hasta el campesinado pobre y trabajadores desterrados que construyen sus organizaciones políticas para exigir su derecho a la tierra.
A continuación, se presentan noticias de puntos de conflicto actuales entre campesinos y terratenientes.
Valle del Cauca
Actualmente, se desarrolla un conflicto en torno a la finca conocida como La Novillera, ubicada en zona rural del municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca. Puntualmente, la finca se encuentra entre el Río Claro, importante fuente de abastecimiento hídrico de la región y el corregimiento de Ampudia, en la parte alta del municipio.
El territorio en disputa abarca unas 1.500 hectáreas y se conoce que el cultivo de piña está entre las actividades productivas desarrolladas en su extensión.
A inicios del presente año, un grupo de campesinos locales tomaron el territorio y reclaman la necesidad de recuperarlo. La hacienda La Novillera pertenecía antaño al fallecido narcotraficante «Chepe» Santacruz, del Cartel de Cali.
La SAE -Sociedad de Activos Especiales, entidad a través de la cual el gobierno nacional aprehende tierras de la mafia, publicó un anuncio en 2018, en el que plantea que un sector de más de 500 hectáreas que conforman esa finca está siendo objeto de «recuperación material» por parte de la entidad, contra «ocupantes irregulares» que hacen presencia en el terreno.
A través de los medios de comunicación hegemónicos de la región, los terratenientes que reclaman también la propiedad de las tierras, afirman que este no es el terreno que perteneció al susodicho narcotraficante, sino que era otro con el mismo nombre ubicado en el corregimiento El Paso de la Bolsa, también zona rural de Jamundí. Este comunicado no es claro al respecto de la localización puntual de las tierras aprehendidas.
Otra consideración que se ha planteado en la prensa hegemónica de la región es que estas tierras fueron vendidas al gobierno para la construcción de un batallón del ejército nacional. Al momento, no se conocen pronunciamientos del gobierno al respecto.
La imperiosa necesidad de tierra entre los campesinos pobres y trabajadores rurales del país no fue mencionada por ninguno de los medios. Antes bien, Semana, el conocido pasquín de la ultraderecha colombiana, se adelantó a afirmar que las masas allí presentes eran instrumentos del frente Jaime Martínez, del grupo de «disidencias» de las FARC comandado por «Iván Mordisco». Lo cierto es que, no se conoce públicamente un comunicado de esta organización que permita vincularlos a la toma de estas tierras.
También, a través de este medio se defiende la tierra como perteneciente a la familia Zamorano, y se hizo eco de la queja pública de la familia, al respecto de la versión de que esta finca hubiese sido comprada por el gobierno para la instalación de un batallón. Para su defensa en este respecto y continuar con la criminalización de los campesinos, la familia emitió individualmente un comunicado, a través de un organismo de la clase dominante de la región denominado Asociación de Agricultores del Valle del Cauca. En ningún momento, por ninguno de los medios consultados, se coloca en consideración otra voz que la de los terratenientes que reclaman la propiedad, demostrando la ausencia de neutralidad de estos medios.
No solo en este punto de conflicto, sino en otras zonas del sur del Valle del Cauca, los campesinos reclaman tierras de manera espontánea o a través de los concejos comunitarios de las comunidades negras. Campesinos no organizados y organizados de este rico territorio desenvuelven, así, su histórico reclamo, teniendo en su contra de forma velada o directa al Estado, a través de la SAC, alcaldías locales y fuerzas militares; y de forma directa, a los terratenientes, a través de organizaciones o como actores privados; y, actores paramilitares cuyo objetivo es que domine el latifundio en el territorio.
Magdalena y Sucre
La Costa Atlántica colombiana ha sido otro punto de conflictividad álgido en lo corrido del año en curso. La finca El Delirio, ubicada en el municipio Pijiño del Carmen, en la parte baja del río Magdalena, es una de las tierras en disputa. Esta zona se caracteriza por un ecosistema cenagoso, por lo cual una de sus principales actividades económicas es la pesca.
Entre febrero y marzo, la prensa al servicio de los grandes ganaderos de la región denunció dos ocupaciones por parte de grupos de campesinos. La primera el 16 de febrero y una retoma, el 10 de marzo del presente año, después de que se habían abandonado las tierras un día posterior a la toma inicial.
En un video publicado la red social Twitter, se conoció un pronunciamiento donde los campesinos defendieron que se encuentran «reclamando un pedacito de tierra para trabajar como campesino. Queremos que el gobierno nos solucione esto. Queremos que las cosas salgan mejor. Estamos pasivamente aquí en esta finca, entonces esperamos respuesta».
Este posicionamiento fue replicado por Juan Gonzalo Botero, exviceministro de Asuntos Agropecuarios, quien ha sido una voz muy comprometida con la defensa de los intereses de la gran ganadería en la región y la criminalización de los trabajadores y campesinos pobres rurales. El exministro presentó el comunicado como parte de una denuncia de lo que llamó una «invasión».
Por la información disponible, se sabe que este terreno es objeto de un proceso legal adelantado por la Agencia Nacional de Tierras. Esta circunstancia no es casual ya que, desde el inicio del gobierno actual, muchos campesinos han encontrado en la promesa presidencial de entrega a los campesinos de terrenos previamente ocupados por el narcotráfico una motivación para llevar adelante su lucha histórica por recuperación de tierras.
Horas después de la denuncia hecha a través de redes por Juan Gonzalo Botero, exviceministro de Asuntos Agropecuarios, el predio fue desalojado en una acción conjunta entre la «Brigada Ganadera» y la policía. Esto demuestra un compromiso del Estado con la clase terrateniente.
La prensa hegemónica local registró, también, la toma del predio Marchelita, en Casacará, centro poblado del municipio Agustín Codazzi, también en el Magdalena. Esta región se caracteriza por predominancia de la ganadería, palma africana y minería de carbón de hulla. En el pasado, fue escenario de despliegue de fuerzas paramilitares, quienes perpetraron el terror en el territorio al servicio del proyecto económico y político de los grandes propietarios.
Los campesinos que hicieron parte de la toma están representados por la UCAP – Unión Campesina Agroproductiva y Comercial del Cesar.
Además, la finca El Socorro, en la vía Toluviejo-Tolú, importante vía del país que conecta los municipios de Tolú y Coveñas, en el departamento de Sucre, también fue denunciada como «invadida» por parte de la prensa dominante de la región.
Pasto
En el sur del país, por su parte, los campesinos e indígenas se han movilizado en función de reclamar tierras que también están siendo parte de procesos de negociación con el gobierno.
El día 11 de abril del presente año, comuneros indígenas se manifestaron en distintas fincas del municipio de Guachucal, Nariño. Esta es una región históricamente ganadera y dedicada a la producción de leche. Puntualmente, las actividades de los indígenas tuvieron lugar a lo largo de sectores como Santa Ana, El Hospital y La Merced.
Según la información disponible, se sabe que al menos el predio de La Merced se encuentra en diálogos con la Agencia Nacional de Tierras.
Las luchas persisten porque los problemas persisten
Estas movilizaciones indican cómo, pese a los esfuerzos de pacificación a través de conciliación de clases que ha impuesto el gobierno nacional, el clima de agitación social sigue, pues, persistente en el campo colombiano. Con ello, recobra importancia el reconocimiento político de que la tarea histórica de democratización de la tierra sigue estando plenamente vigente, y el gobierno actual ha creado una situación en la que las masas usan sus promesas para legitimar las acciones combativas de lucha contra el latifundio, al tiempo que demuestran la falta de compromiso práctico del ejecutivo en llevar a cabo esas tareas.
