El segundo año del “gobierno del cambio” culmina en medio de otro gran escándalo de corrupción. Cientos de miles de millones de pesos del Estado, que provienen del trabajo del pueblo colombiano y que deberían ir para la prevención y atención de desastres (UNGRD), fueron destinados para el enriquecimiento de algunos funcionarios y para el soborno de congresistas a cambio de que apoyaran el trámite de las reformas y proyectos del gobierno. Funcionarios de alto rango como el Ministro de Hacienda y del exministro del Interior están implicados en el entramado de corrupción, que incluye a miembros de Partidos de gobierno como el Pacto Histórico y la Alianza Verde, así como a representantes de partidos tradicionales.
Evidentemente acabar con la corrupción y el clientelismo no han sido parte del “cambio” plasmado por el actual gobierno. Son tantas las pruebas del descarado robo, que éste ya no tiene como salir a decir otra vez que se trata de un intento de golpe de Estado de la oposición. Solo le queda, el también poco original, más bien trillado, recurso de escape de los presidentes: “todo fue a mis espaldas”.
Aun siendo muy grave el robo del “erario público” y estruendoso el ruido que cínicamente hacen los medios masivos de comunicación como El Tiempo (del grupo Sarmiento Angulo, implicado por su parte en el cartel de corrupción de Odebretch), este no es el hecho más significativo ni principal del balance de dos años de un gobierno que se autoproclama del pueblo y del cambio. Al fin y al cabo, con este solo hecho, queda siempre la salida de decir que fueron algunas manzanas podridas o que es una campaña de desprestigio de la oposición. Al contrario, si vemos los hechos principales del gobierno y no nos limitamos a sus bellas y abundantes palabras ni a los alaridos de la ultraderecha contra el gobierno, podremos hacer un balance objetivo de lo que ha sido el actual gobierno.
Cualquiera que haya participado en el movimiento popular sabe que Colombia no es una nación independiente, que nuestro país es dominado por el imperialismo, principalmente el yanqui. De hecho, casi todos los partidos y organizaciones que hoy hacen parte del Pacto Histórico o que lo apoyan, en anteriores gobiernos denunciaron y algunos hasta se movilizaron contra el establecimiento de bases militares gringas en nuestro territorio, contra el TLC con EEUU, en oposición al arribo de tropas yanquis, en rechazo al FMI y sus paquetes de ajuste, etc. Ahora bien, ¿qué ha hecho el “gobierno del pueblo” en aras de librar a la nación del dominio extranjero, principal yugo que no deja progresar nuestra nación?
Cuando estaba en campaña, Petro se comprometió ante el FMI a mantener la estabilidad macroeconómica y en reunión con el Consejo de Empresas Americanas (CEA), que agrupa más de 100 empresas yanquis que tienen inversiones en Colombia, aseguró que les garantizaría la estabilidad jurídica. Todo esto podría parecer para algunos una astucia necesaria en tiempos de campaña, pero no más ganó la presidencia, Biden lo llamó a felicitarlo, envió una delegación a su posesión y de ahí en adelante ha habido numerosos “diálogos de alto nivel” entre los presidentes o sus delegados, siempre concluyendo como “amistosos” y “exitosos”. Estas no son más que palabras, así que todavía podría pensarse que esto es solo parte del arte de la diplomacia.
Pero los hechos son testarudos, no se puede escapar de ellos fácilmente. En estos dos años de gobierno, como lo reconocen incluso sus viejos y nuevos seguidores, otrora “antimperialistas”, Petro ha tenido “excelentes relaciones” con los yanquis (por lo demás, también con los imperialistas europeos). Ha continuado la obediente tarea que todos los presidentes colombianos cumplen de asegurar la “confianza inversionista” (uno de los famosos 3 huevitos del gobierno Uribe), esto es, generar las mejores condiciones para que el gran capital imperialista invertido en nuestro país obtenga su máxima ganancia.
¿Y cómo ha hecho esto el gobierno actual? Cumpliendo la regla fiscal, medida impuesta por el imperialismo para asegurar, a costa de lo que sea necesario, la salud de las finanzas del Estado con miras a garantizar el pago de la deuda externa y la estabilidad para las inversiones del gran capital; pagando obsecuentemente la deuda externa y ampliando para tal fin -en un monto superior a cualquiera de los gobiernos anteriores- el cupo de endeudamiento del Estado; saliendo constantemente a feriar el país y sus recursos naturales bajo el slogan: “Colombia, el país de la belleza”; cumpliendo tal cual el ruinoso TLC con los yanquis; y manteniendo la estabilidad jurídica y más importante aún, social, para las inversiones del gran capital imperialista.
No sobra aclarar una cuestión antes de terminar con este análisis. La inversión extranjera no es progreso para el país, como nos lo quieren hacer creer todos los gobiernos, incluido el actual. La inversión extranjera es como lo enseñó el marxismo y lo demuestra el “subdesarrollo” eterno de nuestros países: exportación de capital imperialista para explotar la mano de obra, saquear recursos, usurpar rentas y así obtener el mayor lucro posible, cuyo destino, obviamente, son las arcas de los dueños de este capital: las potencias imperialistas.
Aunque tales medidas económicas bastarían para hacernos un juicio acertado de la relación de este gobierno con el imperialismo, miremos otros hechos, aún más claros e indignantes, en el terreno militar. La jefe del comando Sur de EEUU ha declarado que “la relación con Colombia está más fuerte que nunca” y no son palabras: en solo dos años del actual gobierno ha hecho numerosas visitas a nuestro país. Para no extendernos mucho, veamos tan solo los “nobles” motivos de dos de sus visitas. En la que realizó en octubre de 2022, a solo 2 meses de posesionado el nuevo gobierno, “donó” algunos helicópteros viejos que Petro rebautizó como “la flota de las guacamayas” y dijo que los destinaría al cuidado de la Amazonía a cargo de un cuerpo militar conjunto que le propuso hacer a los yanquis (como quien deja las ovejas al cuidado del lobo) y que meses después el mismo Petro llamó la “OTAN Amazónica”; en otra de sus visitas, hace 1 mes, la jefe del Comando Sur no llegó sola, vino junto con un portaviones gringo a las aguas del pacífico para realizar ejercicios militares conjuntos y destacó “el compromiso de apoyar a las Fuerzas Militares colombianas en la lucha contra los grupos terroristas”.
Para terminar este tema, señalaremos otros dos hechos. En el gobierno de Petro se lleva a cabo la construcción de 3 bases militares yanquis ubicadas en Gorgona, Pereira y Leticia. Esta acción vendepatria habla por sí misma, pero ante tanta demagogia vertida, vale la pena hacerse estas preguntas: ¿Puede considerarse progresista, antimperialista, un gobierno que construye bases militares gringas en nuestro país? ¿Por qué muchos que en 2009 rechazaron el acuerdo que hizo el gobierno de Uribe con los yanquis para que sus tropas tuvieran libre acceso a 7 bases militares en Colombia, hoy guardan silencio ante el establecimiento de 3 bases yanquis en nuestra patria con el aval del gobierno de Petro? ¿O es qué acaso los yanquis dejaron de ser imperialistas y ennoblecieron sus intenciones?
El último hecho es también muy diciente. Petro, en su primer discurso ante la ONU, que algunos de sus seguidores llegaron a calificar en su momento como “antiyanqui”, pidió “acabar con la irracional guerra contra las drogas” que “llena de sangre nuestras tierras”. Bueno, año y medio después, el pasado junio, ha lanzado, con “apoyo” de los Estados Unidos, la Misión Cauca, un Plan que, como ha analizado el medio digital la silla vacía es, en esencia, una reedición de uno de los planes militares del gobierno de Uribe con el que “Petro abraza veinte años de contrainsurgencia en Colombia”. Y claro, ¿cómo no iban a tener la misma esencia si ambos fueron diseñados y dirigidos por el mismo amo? Esta Misión, que con sarcasmo el periodista llama “contrainsurgencia humana”, es la misma guerra yanqui que disfrazada de guerra contra las drogas, ha desatado por décadas el imperialismo yanqui en nuestras tierras siempre con el aval de los gobiernos de turno, y este otra vez no fue la excepción. Aunque la mona se vista de seda mona se queda.
Todas estas son pruebas de que el actual gobierno no solo mantiene, sino que profundiza el dominio extranjero sobre nuestro país, con una diferencia importante, usa el lenguaje del movimiento popular para presentarse en escena como un defensor de la autodeterminación de las naciones, como un gobierno progresista, de “izquierda”, y con esto logra engañar e ilusionar a una parte importante del pueblo.
Ahora pasemos a analizar lo que ha hecho el gobierno respecto a otro gran problema de la nación colombiana: el problema de la tierra. Como se sabe, en Colombia hay pocos con mucha tierra y muchos con poca tierra. Al pueblo le fue arrebatada la tierra desde la conquista y hasta hoy se halla concentrada en unos pocos terratenientes; toda investigación lo ratifica, la lucha campesina y la guerra en el campo lo atestiguan.
¿Qué ha realizado el actual gobierno al respecto? Prometió en campaña una reforma agraria, pero, ante el revuelo que esta palabra causa a los latifundistas, los tranquilizó aclarándoles que lo haría sin expropiar “un ápice de tierra”, compromiso que juramentó en notaria y, para ser justos, es una de sus pocas promesas cumplidas. A los dos meses de elegido estableció un “pacto histórico” con Lafaurie, presidente de Fedegan, representante de los terratenientes, proponiéndole que el Estado les compraba la mitad de sus tierras a un precio inflado, en sus palabras: “estamos comprándola a precio comercial. Es más, estamos elevando el precio de la tierra”. Y que, para la otra mitad de la tierra con que ellos quedaran, “les damos un crédito” con muy buenas condiciones “para sembrar árboles y que las vacas coman mirando pa arriba”, y esto redunda al final en que “el ganadero gana más”.
Los terratenientes quedaron muy satisfechos con este “pacto histórico”. Lafaurie lo promocionó ampliamente como un negocio “ganador”, sumándole que con los “beneficiarios de la reforma agraria” se “podrían aprovechar las sinergias de la vecindad y la asistencia de Fedegan”. Uribe dijo: “se ha dado un gran paso cuando el Presidente Petro, en este momento, no habla de expropiaciones, sino de comprar equis número de hectáreas”.
Antes de analizar esta “reforma agraria”, miremos en los dos años del “gobierno del cambio” cuánta tierra se ha distribuido. Durante la campaña Petro prometió que daría 3 millones de hectáreas a los campesinos, cumpliendo la meta del Acuerdo de Paz con las Farc. Un tiempo después de posesionado rompió su promesa y se bajó a la mitad: 1.5 millones. Recientemente ha afirmado -partiendo de que en dos años ha comprado al rededor de 100 mil hectáreas-, que “con un gran esfuerzo podríamos llegar a 500 mil al final del gobierno”. Entonces la reforma agraria de Petro será, en el mejor de los casos y según sus más recientes palabras, de alrededor de 500 mil hectáreas entregadas a los campesinos, una cifra insignificante considerando que tan solo entre 1995 y 2004 -según el informe de la Comisión de la verdad- los campesinos fueron despojados de más de 8 millones de hectáreas y que el puñado de latifundistas en Colombia poseen entre 20 y 30 millones de hectáreas, mientras que millones de campesinos no tienen tierra o tienen insuficiente.
Tanto el diseño como la ejecución de este proyecto dista mucho de ser una reforma agraria. No se puede ver al campesino y al terrateniente como dos actores desligados; son clases antagónicas, el campesino trabaja la tierra, el latifundista -de diferentes formas- se apropia parte de este trabajo, es decir, lo explota. Al comprar una parte de la tierra (y a precios altos) a los terratenientes, estos, como señala Petro, serán más ricos y aparte de eso se les legalizará el despojo violento que hicieron de las tierras campesinas con sus fuerzas militares y paramilitares, se les envalentonará. Si, además, quienes deciden qué tierra vender son los terratenientes, obviamente venderán para los campesinos las peores tierras y se quedarán con las mejores, como ya se ha evidenciado en varias compras estatales de tierras inadecuadas para la producción agropecuaria. Terratenientes más ricos, más poderosos y legitimados, frente a campesinos con poca y mala tierra, sojuzgados y dependientes de él es lo que añora Lafaurie cuando usa el eufemismo de que con esta reforma agraria del gobierno Petro se aprovecharan “las sinergías de la vecindad y la asistencia de Fedegan”.
Es evidente que sin cambiar la estructura de propiedad de la tierra y entregando solo 500 mil hectáreas a los campesinos a lo sumo cambiarán algunas formas de la semifeudalidad en el campo, pero la esencia subsistirá: la tierra seguirá concentrada en manos de los terratenientes, el campesinado continuará siendo un semisiervo sometido por el terrateniente y el poder local permanecerá en manos de los latifundistas, sus clanes y gamonales.
Así, cumplidos dos años del gobierno de Petro, el problema de la tierra, el problema campesino continúa, y culminado su mandato, continuará, más aún cuando a la par que se eleva el poder, legitimidad y arrogancia de los terratenientes, se amenaza y reprime a los campesinos que toman las tierras por las vías de hecho (Petro y Francia ordenaron desalojo violento de las invasiones) y se corporativiza a los campesinos para que sus organizaciones apoyen el gobierno y desistan de la lucha directa por la tierra, única forma en que se ha disminuido la concentración de la tierra en nuestro país y en que se puede resolver el problema de la tierra, destruyendo el latifundio y tomando todas las tierras para el campesinado.
Bien, ahora analicemos muy rápidamente, pues se nos acaba el espacio, cómo ha enfrentado el gobierno actual el problema de que unos cuantos grupos monopolistas locales (Sarmiento, GEA, Gilinski, Santo Domingo, Ardila Lule, etc.) dominan las palancas principales de la economía nacional, explotan a las clases trabajadoras y controlan la vida del pueblo.
Aunque el gobierno de Petro los ha atacado en algunos discursos y ha tenido ciertos roces con algunos de ellos, en esencia, en los hechos, los ha favorecido y los ha buscado reiteradamente convidándolos al gran “Acuerdo Nacional”. Veamos tan solo unos ejemplos. Desde la publicitada reunión de “Petro con los cacaos” en noviembre de 2023 se han dado varias grandes alianzas “público-privadas” del gobierno Petro con estos grupos monopolistas, como la Misión Guajira con el grupo Aval de Sarmiento Angulo y Claro de Carlos Slim, la “Misión cacao” con Nutresa del grupo Gilinski, y un acuerdo entre “El Grupo Empresarial Antioqueño, Gilinski y el gobierno para invertir en los territorios”. En la gira que Petro hizo a Europa en junio de este año, viajó acompañado por representantes de Argos (GEA), Gilinski y Ardila Lule. El mismo mes, invitado por los Bancos a su Convención anual, dijo: “sistema financiero mundial relativamente privado vs. Poderes públicos mundiales ¿complementarios o contradictorios? Mi opinión complementarios”. Y por si aun después de esto pudiera quedar alguna duda, Laura Sarabia, directora del Dapre, dijo hace apenas dos semanas frente a representantes del gran capital en Colombia: “puedo decirles que hay un presidente que considera al sector privado como un aliado, obviamente hay diferencias, pero la clave es encontrar consenso”.
Así, en el “gobierno del cambio”, siguen dominando la economía grandes monopolios que asfixian al pueblo y Petro se declara y comporta como su aliado.
Foto: Forbes Colombia
En conclusión, el balance de dos años del gobierno de Petro nos ratifica que este es un gobierno aliado del imperialismo, de los terratenientes y de la gran burguesía, las clases que explotan y oprimen al pueblo, que mantienen subyugada y atrasada la nación, los verdaderos enemigos de la revolución colombiana, de la nueva democracia. La particularidad es que es un gobierno que posa, más que ningún otro, de ser un “gobierno del pueblo”, y a punta de demagogia y políticas compensatorias (migajas) logra confundir a mucha gente del pueblo. Es deber de la Prensa democrática y popular y de todos los revolucionarios ayudar paciente y persuasivamente al pueblo a correr el velo de la demagogia, para encontrar la esencia oportunista del actual gobierno y mantener un movimiento popular independiente del Estado gran burgués terrateniente y de todos los partidos politiqueros, que luche por los derechos del pueblo y progresivamente se convierta en una fuerza capaz de llevar adelante la Revolución de Nueva Democracia.