En las últimas décadas, las clases dominantes en el mundo vienen aumentando sus presupuestos para armamento y realizando preparativos de guerra, lo cual es reflejo de la agudización de las contradicciones entre las potencias imperialistas y los pueblos oprimidos del mundo, así como las crecientes tensiones entre las mismas potencias imperialistas por el control y reparto de las naciones oprimidas.
Colombia, como país oprimido, hace parte del botín en dispuesta por las potencias imperialistas y obedece al imperialismo yanqui en sus planes de expansión militar y mayor control económico-político en la región. Miremos algunos hechos importantes.
Según el propio Ministerio de Defensa “el presupuesto del sector Defensa aumentó en 21% entre el 2018 y 2024, pero el incremento más significativo fue entre 2023 y 2024, al pasar de $45,5 billones a $53,5 billones, lo que representa el 12,2%.” Con estas palabras, el “gobierno de la paz” se enorgullece de que bajo su mandato se ha presentado el aumento más significativo en el presupuesto para la guerra (durante el periodo de tiempo señalado).
El gobierno Petro, como los gobiernos anteriores, justifica el aumento del presupuesto de Defensa, en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, en la última década, a la lucha contra el narcotráfico se ha sumado el discurso de la protección ambiental en América Latina para justificar la intervención militar. Ambos discursos son acogidos por el gobierno nacional para justificar las nuevas bases militares que el imperialismo yanqui planea construir en territorio colombiano: Gorgona, Pereira y Leticia.
Al respecto invitamos a leer dos artículos que ya hemos publicado sobre la base militar en la Isla Gorgona: “Un gobierno “ecologista” al servicio del imperialismo”, e “Injerencia del imperialismo yanqui a Colombia: La Corte Constitucional, con complicidad del Gobierno Petro, dan paso a nueva base militar yanqui”
Las fuerzas militares estadounidenses, afirman que es necesario construir una subestación de guardacostas en Gorgona, porque según ellos, por allí se transporta anualmente el 37% de la coca. Este proyecto fue acordado en el gobierno Santos, fue continuado por Duque, es financiado por el Departamento de Estado de EE.UU., y ahora recibe el apoyo del “gobierno del cambio.”. Aunque las comunidades indígenas de Guapi, Cauca, se han movilizado desde 2015, denunciando las graves consecuencias que tendrá este proyecto, tanto sobre la biodiversidad de la región como sobre la economía de las masas que viven de la pesca, sus reclamos han sido ignorados por todos los gobiernos involucrados.
Otro proyecto es la base antinarcóticos en Pereira, la cual en 2023 tuvo su primer impulso, con un aporte de 7 mil millones de pesos y un lote de 10 mil metros cuadrados por parte de la alcaldía. Se espera que el gobierno norteamericano financie las siguientes etapas de la construcción y se proyecta que la base sea operada por la Policía Nacional con apoyo de inteligencia norteamericana. Actualmente no se han iniciado las obras de construcción.
En cuanto al Amazonas, desde hace años se vienen realizando labores conjuntas entre las fuerzas militares colombianas, brasileñas, peruanas, bajo el mando norteamericano disfrazado de “apoyo”. Por ejemplo, en noviembre de 2017 se realizó la Operación América Unida, en la Amazonia brasileña, con participación de soldados de los países mencionados, lo cual se calificó en aquel entonces como un hecho inédito, y fue criticado por diversos sectores dada la creciente injerencia de EE.UU. en los asuntos militares de los países latinoamericanos.
En 2022, el gobierno Petro, en una de las tantas reuniones con Laura J. Richardson, en aquel entonces comandante del Comando Sur de Estados Unidos, propuso crear una Fuerza Militar bajo la excusa de proteger la selva amazónica. Según Petro, “le proponía a la General la construcción de […] una Fuerza Militar con helicópteros, etcétera, pero destinada a apagar los fuegos de la selva amazónica, que es el principal problema de seguridad de la humanidad hoy”. Así pues, Petro considera que los yanquis son buenos aliados para proteger la selva amazónica, ante lo cual nos preguntamos: ¿Será posible que EE.UU. tenga buenas intenciones al crear bases militares por toda América Latina? Duda razonable si consideramos que el imperialismo yanqui ha realizado invasiones militares, golpes de estado, creación de grupos armados para desestabilizar gobiernos, impulsado masacres de campesinos y obreros, financiado grupos paramilitares, entre otros crímenes contra la soberanía nacional y la lucha de los pueblos latinoamericanos.
Bajo la supuesta excusa de proteger la selva amazónica de la deforestación y la minería ilegal, el “gobierno del cambio” implementa en Colombia los planes de penetración militar de las fuerzas armadas yanquis. En marzo de 2024 la Gobernación del Amazonas (en manos del Pacto Histórico) transfirió la finca Marindo, un lote de 87 mil metros cuadrados, a la Policía Nacional, para iniciar el “proyecto especial cofinanciado con recursos de cooperación internacional”. Los recursos vendrán de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de EE.UU. (International Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL). También hay que destacar la injerencia del Comando Sur, organismo militar del imperialismo estadounidense en Centroamérica y Suramérica. Varias organizaciones ambientalistas ya se han pronunciado, denunciando que Estados Unidos solo quiere ejercer su control militar en el Amazonas, usando para ello una careta ambiental, o lo que se conoce como ‘lavado verde’ (‘greenwashing’).
Estos proyectos de bases militares yanquis en territorio colombiano, se suman a las que fueron creadas en el marco del Plan Colombia, las cuales son negadas por el Estado. Las fuentes oficiales dicen que en Colombia no hay bases militares gringas, sino simplemente asesores y militares norteamericanos en bases colombianas. Sin embargo, periodistas y académicos independientes, hablan de por lo menos siete bases militares gringas en territorio colombiano, encubiertas en forma de “apoyo y asesoría”, y a través de la cuales se da la injerencia militar norteamericana en nuestro país y la entrega de nuestra soberanía por parte de los gobiernos de turno.
La participación de las fuerzas militares yanquis no se limita simplemente a brindar recursos, asesores, asistencia, armamento, tecnología, sino que realmente, ellos tienen el control solapado de esas bases. Detrás de dicha “cooperación internacional” está el imperialismo yanqui extendiendo sus tentáculos para proteger sus intereses económicos y políticos en la región. Y el presidente Petro, el “gobierno del cambio”, es un continuador de los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque, en la entrega servil de la soberanía nacional, garantizando que nuestro territorio, sus recursos naturales y su población, estén bajo el dominio y sometimiento de los intereses del gran capital mundial, principalmente el estadounidense.
