Ya enero llegó a su fin, tras la breve pausa de las vacaciones decembrinas, la cotidiana y dura realidad del pueblo colombiano reanuda su marcha. El aumento del salario mínimo para este año fue de tan solo del 9,5%, tan solo dos puntos porcentuales por encima de las migajas ofrecidas por los empresarios. Parte de sectores populares que simpatizaron con el petrismo han comenzado a perder su fascinación inicial antes las promesas hechas por el “gobierno del cambio”, comenzando a alejarse del mismo y a sentir la dura realidad sobre sus espaldas. Las simpatías se han convertido en desanimo y en un incentivo para las futuras luchas.
La plataforma Livingcost arrojó para octubre del año pasado algunas cifras sobre las condiciones de vida económica que requieren las personas para vivir en Colombia: “El costo de vida en el país para una sola persona, en promedio, es de 735 dólares —un poco más de 3,1 millones de pesos con la tasa de cambio actual”. Tal cifra está muy alejada de la realidad, el salario mínimo ($1.423.500) no alcanza para garantizar siquiera la supervivencia básica del pueblo trabajador.
Otro aspecto a resaltar es la inflación del país y su débil economía que depende de la economía mundial y la explotación de sus recursos por los “países desarrollados”. Para nadie es un secreto que muchos de los productos de la canasta básica que subieron de precio, luego de la pandemia no volvieron a bajar. También han venido subiendo los precios de otras mercancías que impactan el costo de vida, como el hierro usado en la construcción de viviendas, que tuvo incrementos superiores al 31% durante el primer trimestre del año pasado, según el DANE.
Luego de la guerra ruso-ucraniana el abono en Colombia que principalmente se importaba de Ucrania y Rusia tuvieron un incremento considerable, lo que repercutió en los precios de los productos de pancoger, un elemento de necesario consumo en las familias colombianas, hecho que terminó golpeando el bolsillo de los trabajadores colombianos y sus familias. Tales han sido las consecuencias de las políticas del TLC que han arruinado la economía en el país y han llevado a depender de las mercancías extranjeras procesadas, lo que al cambio del peso al dólar es desfavorable para la economía colombiana.
Retomando al asunto del salario minino y la inflación, si al aumento de 9,5% (123.500 pesos) se le resta el 5,2% correspondiente a la inflación del año 2024, deja un saldo de 4,3%, lo que se traduce en un incremento real de $55.900 mensuales, lo que diariamente correspondería a $1.864 diarios.
Tal decreto del aumento salarial fue celebrado con euforia por la bancada petrista, por las burocracias sindicales y por los oportunistas que sustentan el gobierno petrista, para quienes las condiciones de vida distan mucho de depender de un salario mínimo.
Las “políticas humanistas del gobierno del cambio”, como el recién aumento salarial, son un engaño para los luchadores del Gran Levantamiento Popular, para la juventud que luchó en las calles por unas condiciones de vida dignas y fuentes de empleo estables. Más bien los petristas han logrado “vender humo” para contrarrestar la bomba social de la dura realidad del pueblo colombiano.
Karl Marx en alguna oportunidad refirió que el salario era un reflejo de la combatividad de la clase obrera en un país determinado. Por ejemplo, la clase obrera colombiana ha logrado incrementos salariales de cerca del 50% tras el heroico triunfo con el gran Paro Cívico del año 1977. En la actualidad el movimiento sindical es numéricamente inferior al 5% de la fuerza laboral formal del país, y los grandes sindicatos en Colombia, como lo analizan algunos activistas sindicales, tienen una dirección burocrática y plegada al gobierno, además la lucha y las huelgas han mermado, apenas las dispersas luchas obreras en distintas ramas de la producción, logran victorias parciales y muy pequeñas frente a un patrono particular, mientras que para un aumento general de salarios para los trabajadores no ha tenido un aumento significativo, históricamente, pero tampoco visto por el “gobierno del cambio” que por decreto podría pactarlo.
Lo que deben aprender los sindicalistas de base y el pueblo colombiano es que la única forma de mejorar su situación económica no es buscar otro empleo o cambiar de empresa, ya que frente a la crisis, todas las empresas ajustan las riendas y aumentan la intensificación de la jornada de trabajo, un fenómeno ocurrido en todas las empresas colombianas y monopólicas luego de la crisis del Covid en 2020, sino que debe luchar por organizar sindicatos para la pelea y la educación, para la creación de un movimiento que permitirá tener fuerza de negociación y obligue por la fuerza al gobierno a firmar un decreto de un aumento salarial muy por encima del 10%, o como en el pasado del 50% o más. El porcentaje depende del grado de organización y combatividad demostrado en la lucha. Pelear por un aumento salarial es una necesidad perentoria.
