Tras cinco infructuosos meses de negociaciones con el gobierno nacional, y cansados de dilaciones y negativas de parte del “gobierno del cambio”, los arroceros del país deciden ir a un paro indefinido, plantean un pliego de peticiones e inician jornadas de movilizaciones nacionales para presionar al gobierno y lograr que sus demandas sean atendidas.
La perpetua crisis del agro en Colombia, tiene ahora como protagonistas a los arroceros, quienes vienen siendo golpeados por la rebaja de los precios con que se cotiza el arroz en cascara en el mercado. Precios que favorecen a los monopolios comerciales e industriales que procesan el arroz y luego los venden en las ciudades. La situación afecta a los pequeños y medianos productores agrícolas de cerca de 210 municipios del país, quienes denuncian la “reducción arbitraria e injustificada de los precios del arroz en cáscara, que los agricultores venden directamente a la industria molinera, está llevando a la quiebra a pequeños y medianos productores, quienes afrontan pérdidas cercanas a los dos millones de pesos por hectárea cosechada, poniendo en riesgo su estabilidad económica y la continuidad de su actividad”.
La lucha arrancó el pasado 3 de marzo, cuando se dieron numerosas movilizaciones en varios departamentos del país como Tolima, Huila, Sucre y Meta, entre otros. Multitudinarias movilizaciones de los campesinos quienes arengaron y llevaron carteles denunciando la situación. Su pliego de peticiones gira en torno a 8 puntos básicos:
- Ajuste inmediato en los precios del arroz en cáscara de $185.000 a $220.000 por carga (una carga de arroz gira alrededor de los 125 kg). El precio actual del arroz en cáscara genera cerca de $2 millones en pérdidas por hectárea cosechada.
- Alivio a las deudas del sector. Los arroceros buscan reducir la asfixia que sufren por parte del gran capital bancario y financiero, que les impone agobiantes deudas con excesivas tasas de interés.
- Protección frente a los TLC. Una de las principales causas de la ruina de los arroceros y la pérdida de la soberanía alimentaria del país, radica en la existencia de dichos tratados, que favorecen al capital monopólico extranjero, mientras conducen a la ruina y hambre de cientos de miles de familias campesinas.
- Freno a la voracidad de la gran industria molinera, quienes se quedan con las ganancias del esfuerzo de los campesinos. La gran industria molinera, no solo gobierna el mercado del arroz y las cadenas de distribución, sino que, además se aprovecha de la ventaja tecnológica sobre los campesinos, para imponer precios y quedarse con las ganancias, perjudicando a los productores directos y los consumidores finales. A estos monopolios, que trabajan bajo la lógica de “comprar barato y vender caro”, no les importa arruinar al pequeño productor.
- Atención a la crisis fitosanitaria y de control de plagas que afecta la región productora en el norte del país. Los campesinos denuncian que el ICA, FEDEARROZ y el Ministerio de Agricultura, no han movido un dedo para atender la situación y salvar a los productores. Los pocos rublos destinados para el agro en el país, generalmente terminan en las comisiones burocráticas de los “funcionarios”, y en la corruptela que constantemente sacude los gobiernos de turno, que otorga subsidios, no a los pobres del campo, sino a los ricos y terratenientes que se embolsillan dineros públicos.
- Revisión de cobros por agua y seguridad social. Las altas tarifas de servicios públicos, que afectan no solo las ciudades sino al campo colombiano, tienen un gran peso en el incremento de los costos de producción del arroz en cáscara. También los parafiscales y los gastos que se generan por la Unidad de Gestión Pensional, dinero que termina en manos del gran capital financiero, y no regresa a los campesinos en forma de pensión. En Colombia, la inmensa mayoría de campesinos nunca logran pensionarse.
- Reducir el costo de la semilla certificada. Durante siglos, las masas campesinas han cultivado alimentos sin necesitar de las famosas “semillas certificadas”. Política del sistema imperialista y los monopolios agrícolas, en su afán de control y ganancias a expensas de la ruina y quiebra de los pequeños productores agrícolas y campesinos. Los campesinos se han visto obligados, por las legislaciones lacayas del imperialismo, a comprar “semillas certificadas” para poder comercializar sus productos.
- Protección a los cultivos de rotación. Con dicha medida, los campesinos y productores buscan garantizar la continuidad del cultivo y la conservación de la fertilidad de la tierra, apuntando a poner un freno al monocultivo y a la intensificación desmedida de la explotación de la tierra, que conduce a la infertilidad del suelo. El monocultivo agota y destruye la tierra.
Estos son los 8 puntos básicos que reclama el sector, puntos que no solo son necesarios para los arroceros, sino que representan a los trabajadores del campo en su lucha por la supervivencia, en contra del Estado y los monopolios que constantemente maniobran en su contra.
La lucha de los campesinos arroceros se ha extendido y mantenido hasta la fecha de hoy. Los bloqueos de vías en departamentos como Huila, Córdoba y Tolima continúan permanentemente, y ya generan cuantiosas pérdidas en el sector transportador, que ha visto disminuir el tránsito de carga cerca de un 40%. Los campesinos buscan, a través de la fuerza de los bloques, la presión necesaria para obligar al gobierno a que se siente en una mesa de negociación y resuelva sus exigencias.
La respuesta de Petro ha sido acorde a su estilo demagógico y falso: “Se comprará directamente a pequeños y medianos”, en otro tuit Petro defendió su política en materia agropecuaria: “Toda la política pública de mi gobierno es de ayuda agropecuaria para medianos y pequeños productores agroalimentarios y campesinos sin tierra. Se comprará directamente a pequeños y medianos arroceros sobreproducción de arroz y buscaremos su organización cooperativa para instalar molinos de su propiedad. No se puede constitucionalmente ayudar a grandes molineros intermediarios a menos que exportan sus excedentes”.
Pero la realidad dista mucho de su demagogia y ensoñación, ya que el gobierno atraviesa por una fuerte crisis fiscal, que le impide tener margen de maniobra para resolver la problemática. Además, en el fondo, la problemática de los arroceros se debe a políticas de Estado estructurales, que no son nuevas en este gobierno, y que sirven a garantizar la riqueza en manos de los monopolios a costillas de la explotación y miseria de los trabajadores del campo. Dichas políticas estructurales del Estado colombiano, solo pueden ser cambiadas por transformaciones reales de la sociedad y no por subsidios momentáneos.
Las clases dominantes, por las buenas no ceden a las pretensiones y demandas de los de abajo, de ahí que la huelga sea un arma necesaria e indispensable para tratar de “igualar” un poco las fuerzas, para obligarlos a sentarse a negociar, obtener las conquistas y defenderlas en el futuro, igualmente con la fuerza. Petro no solo ha fracasado en cada una de las promesas y políticas trazadas en su agenda electoral. De hecho, su política de restitución de tierras ha sido un completo fiasco ya que no ha logrado ni restituir el 10% de lo prometido a los campesinos.
“El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, en este caso, si por algún milagro, el gobierno consiguiera los recursos, para comprarle directamente a los campesinos sus cosechas, y se organizaran cooperativas con ayuda del “Estado” que garantizaran la compra justa; la medida sería inocua, ya que dichos recursos serían manejados por la costra burocrática y parasitaria que representan los altos funcionarios del Estado, un ciclo en el cual el campesino siempre lleva las de perder y sale engañado y explotado sin cesar.
El remedio de la situación es tan radical como la realidad misma, todo el pueblo colombiano debe buscar la construcción de una nación independiente del imperialismo y de los monopolios, una sociedad de Nueva Democracia que ponga un Nuevo Estado al servicio de los productores de la sociedad y no al revés, como ocurre hoy día, que todo el pueblo trabajador es esclavizado y subyugado por el Estado y sus clases dirigentes.
La lucha campesina continúa y se extiende, convirtiéndose en un llamado a todo el pueblo para juntar las distintas luchas, ha no pelear por separado o aisladamente, para no ser derrotados fácilmente. Las luchas populares recientes plantean la necesidad de cuidarse de la demagogia del gobierno oportunista de Petro, y prepararse para la represión de los monopolios, que usarán la fuerza legal e ilegal para aplastar al movimiento, y Petro actuará de acuerdo a sus intereses, tal y como lo ha venido haciendo cuando el pueblo lucha por sus derechos.
También, la lucha actual plantea la necesidad de cuidarse de los lugartenientes del oportunismo y del petrismo, falsos líderes que cabalgan sobre los movimientos sociales y sindicatos, quienes se ponen al frente de la lucha para traicionarla y vender a los luchadores en el momento indicado. Objetivamente lo único que sí ha logrado el gobierno de Petro, ha sido frenar temporalmente el levantamiento popular, para tratar de remendar el viejo poder y sistema, pero ha sido en vano porque poco a poco el pueblo se va a tener que levantar de nuevo para luchar por sus reivindicaciones.