
Un grupo de aproximadamente 70 familias campesinas se encuentra realizando un campamento humanitario en el cementerio de Casacará como forma de resistencia y presión hacia la Agencia Nacional de Tierras. Su exigencia es que se les entreguen tierras para poder trabajar.
Estas familias fueron víctimas de la cruel violencia que azotó al corregimiento de Casacará y al departamento del Cesar cuando el paramilitarismo tuvo su auge. Los pocos que antes contaban con un pedazo de tierra para trabajar, fueron despojados en esa infame época. El resto de campesinos, golpeados por la violencia paramilitar, protagonistas de la historia económica de la región, pues son ellos los que trabajan el campo y conocen cada una de sus labores, nunca han tenido un pedazo de tierra propia para trabajarla. Y precisamente esa es su exigencia hoy: tierra para trabajar.
Ellos iniciaron un proceso de recuperación de tierras hace más de tres meses, con el ingreso a la finca Siete Plagas. Nueve días después fueron desalojados por la policía, luego de vivir un asedio persistente por parte de las Brigadas de Solidaridad Ganadera, que son grupos de defensa privada militar de los ganaderos agrupados en Fedegan (recordemos que Fedegan y algunos de sus líderes han estado asociados directamente con la financiación del paramilitarismo en la región).
El mismo día del desalojo, como una declaración de rebeldía y de que no estaban dispuestos a rendirse sin obtener su meta, instauraron el campamento humanitario. A día de hoy las instituciones no han acatado ni siquiera la exigencia más básica de los recuperadores: una mesa de interlocución con funcionarios de orden nacional para iniciar las negociaciones por un pedazo de tierra. Las instituciones y sus funcionarios han mostrado tal nivel de desprecio a la causa de estos campesinos, que ni siquiera estaban respondiendo a las llamadas telefónicas de los voceros.
El campamento humanitario ha sido una nueva etapa en la lucha que ha traído sus propias complejidades. Los campesinos que realizan el campamento duermen en cambuches rudimentarios fabricados con plásticos, cuerdas y madera. Cuentan con una cocina colectiva y preservan su seguridad prestando guardias por turnos las 24 horas del día. Allí en el campamento han recibido el hostigamiento de la seguridad privada de los dueños de la finca y son presa de la vigilancia constante de la policía.
Para sostener su estadía algunos cuentan con el apoyo económico de familiares, pero varios que no cuentan con nada más que sus propias fuerzas, se ven sometidos a aceptar los trabajos más duros y mal pagados de la zona. Se someten a trabajar como albañiles por $30.000 el día, como meseras o limpiadoras a $20.000 el día o como carboneros. Este último oficio es uno de los más odiados en Casacará y representa una manifestación flagrante y odiosa de cómo el campesino tiene que regalar su trabajo al terrateniente a cambio de la posibilidad de trabajar. Es un oficio que degrada rápidamente la salud de los campesinos, tanto así que popularmente se le conoce como: el matagente. Al respecto de dicho oficio, invitamos a leer un artículo reciente: Expresiones de semifeudalidad en el caribe colombiano.
Si bien es cierto que a causa de tener que permanecer en el campamento humanitario, los campesinos se ven obligados a ocuparse en este tipo de oficios, la realidad es que en su vida cotidiana también se veían obligados a tareas y pagos similares.
Además de dificultades económicas, en el campamento tampoco tienen las mejores condiciones de salubridad. Toca economizar hasta la última pizca de jabón y de agua. Constantemente se han presentado brotes de enfermedades pulmonares y gastrointestinales.
En el campamento han realizado plantones y marchas para ganar visibilidad mientras esperan una respuesta. Los campesinos de Casacará manifiestan que están cansados de esperar. La gota que colmó la paciencia de los recuperadores fue la visita de Alexandra Pineda, responsable de la Agencia Nacional de Tierras para el Cesar. En esa visita Alexandra no dio ninguna respuesta satisfactoria a los campesinos de Casacará. Por el contrario, insinuó que el proceso iba a demorar al menos unos tres meses y que mejor se fueran cada uno para sus casas a esperar tranquilos.
La realidad es que los procesos de entrega de tierra en el país se han dado principalmente gracias a la presión del campesinado y a la toma de tierras por las vías de hecho. Son estas fincas, las que los campesinos de Colombia se han tomado por las vías de hecho, las que posteriormente la ANT ha entregado bajo diferentes figuras. Los campesinos que iniciaron el proceso de recuperación de Siete Plagas conocen esta realidad y por ello no escucharon el llamado a desmovilizarse por parte de la ANT Cesar, sino que, por el contrario, decidieron iniciar un proceso de mayor presión para obtener respuesta positiva a sus exigencias.
Sacaron un comunicado dirigido a la opinión pública y a la ANT, donde plantean que han entrado en Asamblea Permanente desde el pasado 1ro de julio. En el marco de la Asamblea Permanente han planteado que van a realizar las siguientes actividades:
- Movilizaciones, marchas
- Bloqueos de vías nacionales de manera intermitente e indefinidos
- Recuperación de tierras
- Actividades internas
Esta serie de actividades se ha entendido como una hoja de ruta que aumenta la presión sobre las instancias nacionales en aras de obtener de manera definitiva la entrega de un predio. La reivindicación de los campesinos de Siete Plagas antes del 1ro de julio era una mesa de interlocución de carácter nacional. Sin embargo, hoy manifiestan que la exigencia mínima es la entrega de la tierra y no abandonaran la hoja de ruta hasta no recibirla.
Esta hoja de ruta ya comenzó a andar, con la declaratoria de asamblea permanente y con una movilización realizada el día sábado 9 de julio, la Gran Marcha por la tierra, la vida y el territorio.


La consigna que recoge hoy las pretensiones y el camino de los recuperadores de Siete Plagas es la siguiente: “Volveremos a la tierra, más fuertes y más organizados”. No cabe duda de que esta consigna va a plasmarse en la realidad. Los campesinos movilizados en Casacará volverán a la tierra, ya sea porque, a causa de su persistencia en la lucha y su aumento de la presión, la ANT se decida a entregarla, o porque cansados de esperar que las instituciones den una respuesta, los campesinos comiencen un nuevo intento de recuperación.
Por ahora las medidas de presión están dando frutos. Han recibido ya varias visitas de la ANT. Los funcionarios a nivel departamental están buscando afanosamente a los voceros del proceso de recuperación y se instaló una mesa técnica el pasado 17 de julio, cuyo resultado final debe ser la asignación de un predio que cumpla con los requerimientos de las familias movilizadas. Por el momento se avanza en torno a una asignación preliminar de un predio que está en proceso de evaluación por parte de la agencia.
Estas acciones de recuperación de tierra, en todas sus etapas, incluyendo la actual, son la muestra de un campesinado con una alta dignidad, que no está dispuesto a rendirse ni a creer en falsas promesas y que está dispuesto a luchar hasta el final por su sueño: la tierra. Manifiestan que las recuperaciones de tierras no son una opción o una simple posibilidad sino una política que compone el eje central de la agenda del movimiento campesino. La Integración Campesina del Cesar como parte del Coordinador Nacional Agrario (CNA) manifiesta que una tarea para el movimiento popular es avanzar en la legitimación y naturalización de las recuperaciones de tierra, como el camino principal que debe transitar el campesinado para plasmar la realización de la consigna: tierra para quien la trabaja.
