El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, conformada por 10 municipios, tiene una población cercana a los 4.119.000 habitantes que habitan 1.158 km² de territorio. Lo anterior convierte al Valle de Aburrá en un territorio densamente poblado, por encima del promedio mundial. Esta alta concentración demográfica ha generado una fuerte presión sobre el territorio, limitando el acceso a la vivienda para amplios sectores del pueblo. Ante la falta de alternativas habitacionales, miles de familias humildes se ven obligadas a establecerse en las empinadas laderas del Valle de Aburrá, en condiciones precarias y, la mayoría de las veces, en zonas de alto riesgo. Históricamente, estas zonas han sido pobladas por personas desplazadas producto de la guerra prolongada contra los campesinos. Despojadas de sus tierras, las familias campesinas llegan a la ciudad en busca de techo y una oportunidad para reconstruir sus vidas. Según cifras de la Personería Distrital de Medellín (PDM), en 2023, más de 7.200 personas desplazadas llegaron a la ciudad, principalmente desde municipios como Quibdó, Ituango, Turbo, Caucasia y Apartadó.
A este éxodo rural se le suma el desplazamiento intraurbano. Enfrentamientos entre estructuras del crimen organizado han obligado a cientos de personas a abandonar sus hogares dentro de la misma ciudad. Sólo en 2023, la PDM contabilizó en 678 las víctimas de este tipo de desplazamiento. Otro aspecto que agrava la situación es el papel, cada vez más determinante, del cambio climático. La intensificación de fenómenos extremos revela las precarias condiciones materiales de la vida en las laderas. Periodos secos más prolongados y luego temporadas de lluvias frecuentes y torrenciales, están golpeando la región. El Sistema de Alertas Tempranas (SIATA) ha reportado un aumento alarmante en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones, con registros de acumulación por encima de los valores históricos. En lo que va del año, se han reportado más de 1.200 emergencias ambientales, de las cuales, más de 600, ocurrieron en el mes de mayo.
Todos estos factores crearon el escenario que derivó en lo ocurrido en la madrugada del pasado 24 de junio en la vereda Granizal, frontera entre Bello y Medellín, donde un movimiento en masa desplazó cerca de 75.000 metros cúbicos de tierra y arrasó con al menos 50 viviendas, dejando hasta el momento 27 muertos, por lo menos 1.600 afectados de 16 barrios, y según la comunidad, un número indeterminado de desparecidos no reportados oficialmente (en su mayoría de origen venezolano). Ante la inoperancia del Estado, agravada por disputas jurisdiccionales entre municipios, la comunidad se organizó por su cuenta para atender la emergencia en las primeras horas. Las imágenes iniciales difundidas daban cuenta de la magnitud de la tragedia, lo que despertó la solidaridad del pueblo: cientos de personas se desplazaron al barrio para remover tierra y buscar desaparecidos, se formaron cuadrillas populares de búsqueda y se acopiaron y distribuyeron las ayudas entre los damnificados.
La comunidad ha denunciado que la tragedia está relacionada con la falla de una instalación hidráulica que realizó Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la cima de la montaña. Aunque residentes llevan meses alertando sobre filtraciones y movimientos anómalos en el terreno, tanto EPM como las administraciones municipales de Bello y Medellín han optado por atribuir la tragedia exclusivamente a las intensas lluvias y al desbordamiento de la quebrada La Negra, evadiendo así responsabilidades técnicas o estructurales. Asimismo, las administraciones municipales han “recomendado” la evacuación de tres barrios aledaños, pero sin ofrecer garantías para la reubicación o alternativas habitacionales para las familias que lo perdieron todo.
No muy lejos de allí, en el cerro Pan de Azúcar, fueron demolidas 23 viviendas del barrio Villatina. Zona afectada por las lluvias del pasado mes de mayo, que había quedado inestable, y la respuesta de la alcaldía de Medellín para atender la emergencia fue la expedición de una resolución en la que sólo se contempló la demolición de las viviendas. La comunidad, que intentó resistirse a la violenta medida, denunció que la administración carece de protocolos claros para atender este tipo de contingencias y que el sistema de alertas no funcionó de manera efectiva, ya que la advertencia llegó demasiado tarde.
Lo anterior se suma a lo ocurrido al suroccidente de Medellín, en el corregimiento de Altavista, donde la situación se repitió: la alcaldía ejecutó violentos desalojos. Habitantes denunciaron que, en algunos casos, el procedimiento de desalojo se llevó a cabo aún con animales y enseres dentro de las viviendas, lo que incrementó las pérdidas para las familias que ya enfrentaban una difícil situación tras las intensas lluvias.
Para la comunidad, la zozobra no para. Aunque no hay una cifra exacta, se habla de hasta 166 órdenes de “evacuación definitiva” emitidas tras las lluvias de mayo. Algunos vecinos del barrio han denunciado que los censos de afectados, realizados por funcionarios de la alcaldía para gestionar ayudas, han sido utilizados para emitir las órdenes de desalojo. Según los testimonios, la firma de “recibido” en estos documentos, fue interpretada y asumida, por parte de la Alcaldía, como un consentimiento para la demolición de las viviendas.
La crisis que atraviesa el Valle de Aburrá pone en evidencia un factor común que no puede seguir siendo ignorado: la problemática de la vivienda. Los hechos son testarudos: la combinación de pobreza, desplazamiento forzado en el campo y el colapso ambiental, han derivado en una crisis habitacional que afecta principalmente a la capa más pobre del pueblo. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido no solo insuficiente, sino que ha agravado la situación. Los procedimientos de desalojo y demolición los ha encabezado la Secretaría de Seguridad de Medellín, quienes llegan con funcionarios, técnicos y policía para realizar lo que la prensa burguesa ha llamado “evacuaciones humanitarias”. Lejos de ofrecer soluciones preventivas, los desalojos y las demoliciones se han convertido en la única respuesta de la Alcaldía de Medellín para atender la crisis.
Ante la emergencia habitacional desatada tras las lluvias de mayo, la respuesta institucional se ha limitado a evacuar y demoler, sin ofrecer soluciones concretas para reubicar a las decenas de familias que han quedado sin techo. Aunque existen medidas temporales, como el alojamiento en albergues o el pago de hasta tres meses de arriendo, estas no abordan de fondo la crisis habitacional, dejando a las personas en una situación de incertidumbre. Esta falta de soluciones permanentes es algo que los vecinos de Altavista han denunciado con claridad. De hecho, la comunidad se organizó para evitar quedar en la calle, y la juventud del barrio respondió con barricadas y enfrentamientos callejeros frente a las fuerzas policiales antidisturbios, haciéndole frente a la política antipopular de la alcaldía de turno.
Las comunidades exigen respuestas integrales. El Estado debe priorizar la inversión en infraestructura en los barrios más afectados, garantizando que las familias puedan habitar de forma segura. Esto implica no solo la construcción de viviendas adecuadas, sino también la implementación de sistemas de alcantarillado, mejoramiento de vías y acceso a servicios básicos. Las familias afectadas no se oponen a la reubicación, pero sí exigen garantías dignas para ello. Para ser reubicadas, es fundamental que salgan de su predio con la garantía de que habitarán otro en mejores condiciones y que no van a adquirir deudas con el sistema financiero en el marco de los pírricos programas de vivienda popular.
La combinación de factores que hemos descrito -presión demográfica, falta de acceso a la vivienda y colapso ambiental- configuran un escenario en el que la lucha por el derecho a la vivienda va tomando cada vez más fuerza en diferentes barrios del Valle de Aburrá. Precisamente en estos espacios, donde las condiciones de densidad poblacional son mayores y las comunidades ya han logrado asentarse y construir sus propias calles y zonas de espacio público, es donde la lucha por la vivienda se ha fortalecido.
Esta resistencia no es nueva ni aislada. Ya han sido muchos los casos, en el pasado, en los que las masas han derrotado por la fuerza los intentos de desalojo por parte del Estado. Moravia, por ejemplo, es de los pocos barrios populares de origen informal que no queda en ladera, su reconocimiento y legalización se dio producto de la intensa lucha que dieron por décadas sus habitantes contra los mega operativos policiales que buscaban desalojarlos. El barrio es un referente de la lucha por la vivienda en Medellín. De manera similar, en el barrio La Nueva Jerusalén, la comunidad también ganó su vivienda a través de una lucha que incluyó barricadas y enfrentamientos. Estos ejemplos evidencian que, la bandera de la lucha por la vivienda en el Valle de Aburrá no ha parado y el pueblo está dispuesto a defender lo que ha construido, porque la vivienda es un derecho y ser lanzados a la calle no es una opción.
Además, el problema de la vivienda no solo se da en nuestro país sino que es una lucha histórica que han dado las masas populares contra la opresión y explotación, así lo demuestra el revolucionario y comunista F. Engels en su texto, Contribución al problema de la vivienda, “Esta penuria de la vivienda no es peculiar del momento presente; ni siquiera es una de las miserias propias del proletariado moderno a diferencia de todas las clases oprimidas del pasado; por el contrario, ha afectado de una manera casi igual a todas las clases oprimidas de todos los tiempos. Para acabar con esta penuria de la vivienda no hay más que un medio: abolir la explotación y la opresión de las clases laboriosas por la clase dominante. Lo que hoy se entiende por penuria de la vivienda es la particular agravación de las malas condiciones de habitación de los obreros a consecuencia de la afluencia repentina de la población hacia las grandes ciudades; es el alza formidable de los alquileres, una mayor aglomeración de inquilinos en cada casa y, para algunos, la imposibilidad total de encontrar albergue. Y esta penuria de la vivienda da tanto que hablar porque no afecta sólo a la clase obrera, sino igualmente a la pequeña burguesía”.
