El 25 de julio, alrededor de 150 habitantes de la vereda Granizal bloquearon la Autopista Medellín-Bogotá para exigir varios derechos como agua potable (exigencia que las familias tienen desde que se fundó el barrio), mejora y pavimentación de las vías, reconexión del agua cruda (suspendida por la avalancha reciente) y el derecho a la vivienda digna, siendo esta última exigencia la más urgente, pues la Alcaldía no ha dado ninguna solución digna a las familias que lo perdieron todo tras la avalancha del pasado 23 de junio. La vereda Granizal es el segundo asentamiento más grande de población desplazada de Colombia, es un barrio que tiene aproximadamente 30 años de historia.
El bloqueo inició alrededor de las 10 am y se extendió hasta las 6 pm. Inicialmente los bloqueos fueron intermitentes y permitieron el paso cada 30 minutos, pero luego, al ver que la Alcaldía no hacia presencia ni daba respuesta a sus exigencias, los habitantes empezaron a incrementar el tiempo de bloqueo, permitiendo el paso cada hora y media. Los habitantes realizaron algunas pancartas y carteles que mostraban sus exigencias.
Finalmente, la Alcaldía de Bello hizo presencia y se reunió con algunos líderes. Fruto de la movilización y bloqueo, en la reunión con la Alcaldía se llegó a tres acuerdos que la comunidad celebró como unas pequeñas victorias:
- Cumplir con el pago de los arriendos que la Alcaldía de Bello les prometió a las familias afectadas por la avalancha.
- Aumentar la frecuencia de los carrotanques con agua potable.
- Aumentar la cantidad de tanques con agua potable en diferentes puntos de la vereda.
El bloqueo se dio tras un mes del deslizamiento de 75.000 metros cúbicos de tierra, que arrasó al menos 50 viviendas, dejando hasta el momento 27 muertos, más de 1.600 afectados de 16 barrios, y según la comunidad, un número indeterminado de desparecidos no reportados oficialmente. Además, las familias se encuentran sin agua y sin transporte, pues las rutas de buses dejaron de circular por los barrios afectados, “no dejan pasar los carros ni los buses, (…) nos tienen incomunicados”, afirmó una habitante del barrio, señalando el gran perjuicio ocasionado para las personas mayores, pues por motivos de salud no pueden caminar largas distancias.
En otra entrevista, una habitante de Granizal que vive a pocos metros del deslizamiento, nos cuenta que no ha tenido ni agua ni electricidad, y que por estar tan cerca al deslizamiento se tiene que ir, aunque no tenga en dónde vivir. Cuenta que tiene mucha incertidumbre sobre su vivienda, pues la Alcaldía, aunque le dice que debe irse, no le da ninguna opción de vivienda digna. Muchas familias fueron llevadas a albergues temporales, con condiciones muy precarias y sin soluciones de vivienda permanente, mientras otras familias aún permanecen en sus casas cercanas a la avalancha, con temor de que ocurra un nuevo deslizamiento.
Solidaridad del pueblo
El mismo día en que ocurrió el deslizamiento cientos de personas se solidarizaron con las familias y llevaron ayudas de diferente tipo como ropa, comida, cobijas, donaciones, entre otras. Activistas populares y personas solidarias realizaron ollas comunitarias y organizaron brigadas de búsqueda de los desaparecidos entre los escombros de las casas, y, además organizaron grupos de trabajo para realizar la limpieza de diferentes zonas, como una parte de la quebrada para que el agua no se siguiera represando.
Algunos activistas cuentan que el pueblo desplegó una gran solidaridad y ayuda (mucho más rápida y eficiente que la del Estado) y resaltan que la juventud popular fue de los sectores que más se movilizó. La solidaridad se ha mantenido hasta la actualidad.
Papel del estado (Alcaldía y EPM)
La comunidad y los activistas populares han denunciado que la tragedia está relacionada con un tubo de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Aunque los habitantes llevan meses alertando sobre filtraciones y movimientos anómalos en el terreno, tanto EPM como las administraciones municipales de Bello y Medellín, han optado por atribuir la tragedia exclusivamente a las intensas lluvias y al desbordamiento de la quebrada La Negra, evadiendo así responsabilidades técnicas o estructurales.
Además, la comunidad señala que las Alcaldías de Bello y Medellín, no han ofrecido opciones dignas para afrontar el desastre, denunciando un funcionamiento burocrático y antipopular de dichas instituciones: como una de las zonas afectadas hace parte de Medellín, entonces la Alcaldía de Bello no les brinda ningún tipo de ayuda, y viceversa, la Alcaldía de Medellín no ayuda a las personas afectadas que son de Bello, demostrando cómo ambas Alcaldías ponen sus trámites burocráticos por encima de la vida del pueblo. Otras de las denuncias que algunos activistas y solidarios han realizado, es que el Estado no invierte ni en ciencia y tecnología que sirva para prevenir estos desastres, tampoco en infraestructura o planes para la mitigación del riesgo, pues esto no es su interés, ya que no deja ganancias a las respectivas administraciones y los grupos económicos de la gran burguesía y los latifundistas que ellas representan.
En otra entrevista, una activista popular que ha participado en las diferentes brigadas, ollas comunitarias y otras expresiones de solidaridad popular, nos compartió algunos análisis que hace sobre la situación en Granizal. Por un lado, nos alerta que “un poco de diputados y politiqueros han ido, incluso fue el expresidente Álvaro Uribe y llamó a la comunidad a que confié en las autoridades”. Esto ocurre, dice ella, debido a que la farsa electoral ya está en marcha y todos los politiqueros de diferentes partidos ven en Granizal, un buen lugar para encontrar votos en medio de la tragedia.
Además, cuenta que, “la gente todavía no entiende qué es lo que ha pasado, están en shock, los niños tienen pesadillas, ansiedad, susto. Muchos están volviendo a sus casas, aunque están en riesgo. Hay grietas grandes y profundas” y que la Alcaldía “ha puesto algunos stickers a unas casitas para desalojar. Hablando con alguien del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres –DAGRD, dijeron que sí iban a desalojar gente por riesgo”. Lo anterior significa que, en medio de la dura situación que viven las familias afectadas, no se aproximan soluciones de parte del Estado, sino por el contrario, una oleada de desalojos contra las familias que quedaron en alto riesgo, de allí la importancia de la pasada movilización, donde los habitantes lograron algunos acuerdos, sin embargo, la lucha por una vivienda digna, apenas comienza.