El departamento de Bolívar tiene gran cantidad de latifundios que históricamente han pertenecido a familias de terratenientes, que han podido profundizar su poder gamonal, con base en el dominio económico, político y militar que han ejercido, infundiendo temor en la población. Es de esta manera, que cerca de 72 propietarios poseen 555.428 hectáreas, mientras que aproximadamente 6.240 campesinos poseen solo 1.566 hectáreas, es decir, menos de 1 hectárea por persona. Esto significa que menos del 1 % de los propietarios controla más del 99 % de la tierra rural en el departamento (Pérez, G. J., 2005).
El municipio de Magangué, Bolívar, refleja dicha realidad. Allí las familias Botero Malla y Alfonso López (clan de los gatos) -liderados hace años por la fallecida Enilce López, alias la gata- son los dueños de la mayoría de las fincas del municipio. En años recientes, algunos integrantes de esta familia han sido procesados por homicidio, financiación y vínculos con paramilitarismo, lavado de activos, entre otros delitos.
El escaso avance de la reforma agraria
El gobierno Petro usa la reforma agraria como una de sus principales banderas, prometiendo entregar tierras a los campesinos, usando para ello tierras baldías de la nación, otras pertenecientes a paramilitares condenados, a las que se les aplicó extinción de dominio, y otras provenientes de la compra a terratenientes. Muchas de estas tierras en manos de terratenientes fueron acumuladas fruto del desplazamiento masivo de campesinos por la fuerza o tras el asesinato de sus anteriores dueños. Estos predios se han ido agrupando en un fondo de tierras, otros en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o en el fondo de reparación de víctimas, y se supone que dichas tierras, pasarían a manos del campesinado durante el gobierno “del cambio”.
Sin embargo, la realidad es otra. Los campesinos siguen viviendo hacinados en pequeños poblados y corregimientos que han ido construyendo, intentando tener animales de crías o algunas matas de alimentos, mientras siguen viendo las vacas de los terratenientes pastando en las inmensas praderas de las tierras que aún siguen en manos del poder gamonal.
Esto representa solo una pieza del panorama, dado que la mayoría de personas no tienen ni un pedazo de tierra para trabajar, lo que los ha obligado a diversificar sus fuentes de empleo, contratados por dueños de la tierra para cuidar sus propiedades, o en jornales de cosecha que son mal pagos, o que son intercambiados por el alquiler de parcelas por pocos meses, incluso llegando a regalar su trabajo solo para poder obtener pedazos de madera, o lo que sobre en las cosechas de los terratenientes.
Ante este panorama, las campesinas y campesinos Magangueleños, optaron por organizarse en asociaciones e iniciaron los trámites necesarios para presentarse como reclamantes de tierras frente al gobierno actual y la Agencia Nacional de Tierras. En un proceso que ya pronto completará los tres años, han llenado toda la papelería y han asistido a múltiples reuniones, algunas en Bogotá, con delegados de las instituciones que han prometido la entrega de tierras. Pero no han tenido resultados, a pesar de que en el municipio sí hay tierras disponibles, como lo anunció en un comunicado, de agosto del 2025, la SAE. En dicho comunicado, plantean que recuperaron 29 predios de alias ‘La Gata’ en el municipio de Magangué, sin embargo, estas tierras no han sido entregadas a los campesinos y siguen siendo administradas por la familia Alfonso López a través de testaferros.
Movilización del campesinado
Durante estos más de tres años del gobierno Petro, varios campesinos de Magangué agrupados en la ANUC, confiados en que la reforma agraria les entregaría tierra, planteaban que en este gobierno no iba a ser necesario tomar tierras, que el gobierno iba a entregar tierra al campesino sin necesidad de las vías de hecho, por lo que había que dedicarse a realizar todo el proceso legal, papeleo y solicitudes para ser beneficiarios de tierras.
Hoy, tras más de tres años de trámites y no haber obtenido nada, la ilusión en que el camino legal e institucional de la reforma agraria les va entregar tierra, se va desvaneciendo poco a poco. Tras años de incumplimientos, falsas promesas y la creciente necesidad de los campesinos, que viven una dura situación económica, los campesinos de Magangué han decidido iniciar un proceso de movilización que tiene como objetivo tomarse las tierras que tiene la SAE en el municipio.
Cerca de 36 asociaciones de Magangué y sus corregimientos, se citaron el pasado 25 de noviembre en el corregimiento de Henequén, para iniciar un bloqueo en la vía Mompox-Sincelejo, con el objetivo de denunciar los incumplimientos de la SAE y la ANT. También denunciaron la falsa entrega de tierras realizada por el alcalde Pedro Ali y funcionarios de la ANT Bolívar, que en realidad fue una estrategia para perpetuar el control de los terratenientes sobre esos predios. Al respecto, un campesino denunció: “hicieron un evento donde estuvo el alcalde y un funcionario de la ANT de Bolívar, todos esos están amangualados, eso fue un montaje, mostraron que entregaban varias fincas de la SAE a campesinos de la ANUC de Magangué, pero lo que realmente hicieron fue entregar unas pocas hectáreas de tierra en 3 fincas a unas 12 familias, y ni se las entregaron, firmaron un contrato donde las familias tienen permiso de trabajar solo 4 años, además, las familias a las que les entregaron son trabajadores de los mismos dueños, de “los gatos”, y el alcalde sabe, hicieron eso para intentar evitar que los campesinos reclamáramos esas fincas y porque ya sabían que nos las íbamos a tomar”.
Por aproximadamente 4 horas, estuvieron bloqueando la vía, mientras agitaban arengas, hablaban con la comunidad, denunciando la necesidad que tienen los campesinos de la región, de obtener tierras para cultivar alimentos y poder aportar al desarrollo de la economía del municipio. Mantuvieron un corredor humanitario que permitió el paso de ambulancias y enfermos.
Al finalizar esta movilización, los campesinos se reunieron y se ratificaron en la necesidad de tomarse las tierras de la SAE, para ello se citaron al día siguiente, 26 de noviembre, este día, más de 300 campesinos entraron a tres fincas de manera simultánea. Una vez adentro de los predios, empezaron a trabajar, a construir ranchos y preparar las tierras para el inicio de la siembra. En la finca Villa Leida, los campesinos tomaron sus herramientas, e iniciaron las jornadas con la creación de la estructura de lo que será el espacio de reunión para las asociaciones, allí 18 asociaciones empezaron a asentarse y llevar a sus familias para empezar a trabajar la que será su tierra de ahora en adelante.
En horas de la tarde, llegó a una de las fincas una teniente de la policía, dijo a los campesinos que la policía estaba para cuidarlos y que, si llegaban a ver personas armadas en los predios, que les avisaran. Los campesinos reaccionaron de manera alegre a esas palabras y confiaron en la policía.
El día viernes 27 de noviembre, se presentó el inspector de policía con personería y policía a una de las fincas tomadas, intentando convencer a los campesinos de que se salieran de los predios, que había un proceso legal para acceder a tierras, que tenían que hacer ese proceso, que no podían hacer las cosas así por las vías de hecho, ante esto los campesinos respondían que ya habían hecho todo ese proceso, que les habían incumplido y que por eso estaban ahí. El inspector no los escuchaba, cuando los campesinos hablaban para plantear sus argumentos, el inspector de policía les impedía hablar, insistía en preguntar el nombre del campesino que se atrevía a alzar la voz, con el objetivo de individualizar. A pesar de sus intentos intimidatorios, los campesinos se mantuvieron firmes en la tierra y no dieron sus nombres.
Paralelo a las tomas de tierras en Magangué, un campesino que los representa viajó a Bogotá y logró reunirse con delegados de la SAE, ANT y defensoría del pueblo, donde se acordó expresamente no realizar desalojo durante las conversaciones. Los campesinos confiados en las palabras de los funcionarios del gobierno del “cambio” esperaban que así fuera, además confiaron en la policía, conforme les había dicho la teniente unos días antes, que no los iba a violentar si no que los iban a cuidar.
Los días transcurrieron y los campesinos cada vez más se iban apropiando de las tierras, construyendo casas, limpiando el terreno, armando sillas para descansar de su jornada de trabajo. Sin embargo, el lunes 1 de diciembre los campesinos fueron desalojados de uno de los predios donde venían construyendo sus ranchos y adaptando el terreno para trabajar. En horas de la mañana llegó el inspector de policía, acompañado de antidisturbios y policía, entre ellos la teniente que les había dicho que estaba para cuidarlos. Llevaban una orden de desalojo, destruyeron los ranchos que los campesinos con esfuerzo venían armando, agredieron a un campesino mayor y los obligaron a salir del predio.
Los campesinos, persistiendo en su deseo de conseguir tierra, al día siguiente retoman las fincas para trabajar y hacer posesión. De otro lado, los hostigamientos no pararon, el miércoles 3 de diciembre la teniente, junto con otros policías, se instalaron a las afueras de una de las fincas tomadas por los campesinos, y aprovechando que por el lugar iba pasando una campesina en compañía de su hijo, los capturaron y los llevaron a la fiscalía, señalando que estaban invadiendo un bien ajeno. Inmediatamente los campesinos se enteraron, salieron a la vía principal a realizar un bloqueo exigiendo la liberación de la compañera y su hijo. Diferente a lo que había sucedido en anteriores bloqueos realizados por los campesinos, llegaron dos camiones con antidisturbios, a reprimir a los campesinos en la vía. Los campesinos intentaron resistir, pero no lo lograron. La campesina y su hijo fueron retenidos por 2 días, siendo liberados el viernes 5 de diciembre.
Todas estas acciones no son más que intentos de atemorizar al campesinado que lucha por tierra, de esta manera la administración, encabezada por Pedro Ali Ali, un fiel aliado de los terratenientes, pretende intimidar a los campesinos para que desistan de su decisión de tomar las tierras.
Por su parte, ni la SAE, ni la ANT, ni el gobierno “del cambio y de la reforma agraria”, se ha pronunciado frente a esta situación, que evidencia un claro atropello contra el campesinado mientras que, por otro lado, es una protección a los intereses de los terratenientes, la familia Alfonso López o el “clan gato”.
Los campesinos se mantienen firmes en su decisión de entrar a las tierras, han continuado entrando a las fincas a trabajar y continuar luchando por su sueño. Ni las amenazas, ni las capturas los han hecho retroceder. Pues tras años de ilusión e incumplimientos, no ven otra alternativa para conquistar la tierra.
La experiencia de estos campesinos magangueleños, es similar a la de otros campesinos de la región Caribe y el resto del país, demuestra que el verdadero camino para la conquista de la tierra, haciendo que pase de las manos de los ladrones terratenientes y su brazo armado paramilitar, a la mano de los campesinos que trabajan, es por medio de la organización campesina, de la confianza en sus propias fuerzas para tomarse las tierras y no de la confianza en las leyes del viejo Estado y sus instituciones.