Colombia es uno de los países con mayor cantidad de recursos naturales, dentro de los cuales se encuentran principalmente el petróleo y el carbón, dos elementos claves como parte de las políticas energéticas para los países imperialistas, lo que lo convierte en un blanco de explotación extractivista en el mapa. Específicamente hablando del carbón, Colombia es el sexto exportador mundial y es el responsable de abastecer el 40% de la energía global, con dinámicas similares a las de Mozambique, Indonesia y Sudáfrica, que dedican vastas áreas para destinarlas a la producción de hullas térmicas [1].
Las principales reservas de carbón en el país se encuentran ubicadas en el caribe colombiano, especialmente en los departamentos de la Guajira y el Cesar, los cuales son los responsables de más del 90% de la producción, aunque existen otras reservas en Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, los cuales no exceden el 5% de la producción. Esto ha propiciado la llegada de multinacionales extranjeras para adquirir licencias mineras, las cuales son otorgadas por la Agencia Nacional de Minería junto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en el caso de gran minería, y por las Corporaciones Autónomas Regionales, en el caso de la mediana minería.
Económicamente representa el 64% del PIB minero y el 1.1% del PIB Colombiano, siendo el segundo producto de mayor exportación, generando según datos oficiales, $2 billones de regalías/año, con una producción de 58.9 millones de toneladas en 2024 [2]. Es por esta razón que el carbón ha influido tan drásticamente en la historia social, económica y política del país, estando asociadas las multinacionales al financiamiento del paramilitarismo, el desplazamiento de comunidades campesinas, afro e indígenas, al impacto ambiental y la explotación de las riquezas sin beneficiar a los pueblos aledaños.
Ampliando la mirada
La Guajira es uno de los departamentos más desiguales del país. Cerca de dos tercios de la población vive en la pobreza extrema, con tasas de desnutrición infantil y mortalidad que superan con creces las del resto de departamentos, con escasez de agua potable y con una gran concentración de la tierra en manos de unos pocos, siendo así que el 10% de los propietarios tiene el 58.4% de los predios rurales, con un índice de GINI de 0.74 [3]. El resto posee muy pocas tierras o no posee ninguna. A pesar de esto, hay una cantidad importante de personas con vocación agrícola y campesina que se ven obligadas a trabajar en otros predios o en pequeñas huertas en sus casas, además de comunidades indígenas y afrodescendientes que se han visto desplazadas de sus territorios y cada vez más privadas de los recursos naturales con los cuales anteriormente contaban.
Contrario al discurso de desarrollo económico y estructural que prometieron con la inversión extranjera y con la llegada de las multinacionales, la pobreza y necesidades de la población trabajadora no mejoraron. Solo se profundizó aún más la desigualdad y la violencia que viven las comunidades. Actualmente, la principal operación minera del departamento de la Guajira se concentra en tres municipios: Albania, Barrancas y Hatonuevo, donde se encuentra la mina a cielo abierto Cerrejón, la más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, con aproximadamente 69.000 hectáreas, cuenta con un sistema ferroviario, un puerto marítimo y ha venido expandiendo su área de explotación en el territorio. Esta es operada por Glencore, una multinacional imperialista suiza que ha adquirido licencias en varios países, incluyendo Colombia, donde tiene además presencia en el Cesar.
El inicio de esta mina se remonta a 1976, con la asociación de la empresa estatal Carbocol e Intercor, filial de ExxonMobil, que iniciaron el proyecto de extracción de carbón en la Guajira, el cual comenzó operaciones en 1986. Después de algunos años, un consorcio compuesto por Glencore, BHP y Anglo American adquieren en 2002 la parte correspondiente a Intercor y en 2003 la parte correspondiente al Estado colombiano. Finalmente, en 2021 Glencore adquiere todas las partes y se convierte en la única accionista de Cerrejón [1].
El caso de Tabaco: el poblado borrado
Sin embargo, la llegada de la minería al departamento no fue tan pacífica como se pinta. En 1997, representantes del consorcio compuesto por Carbocol e Intercor llegaron al corregimiento Tabaco, el cual contaba con una población cercana a 1200 personas afrodescendientes, ubicado sobre la serranía del Perijá y perteneciente al municipio de Hatonuevo. Su ubicación coincidía con el área de expansión del proyecto minero que venía desarrollándose desde hacía aproximadamente una década en la región. Inicialmente hablaron de la prosperidad y la mejora en el futuro, que vendría con la presencia de la minera, por lo que empezaron a ofrecer dinero para convencerlos de vender sus tierras. Pero dado el arraigo de la comunidad a su tierra, la cual poseían desde 1780 cuando fue fundado el corregimiento, la mayoría se negaron a hacer negocios con aquellos representantes.
Desde este momento, el discurso y la historia se empezó a volver más hostil. Se instalaron en el corregimiento, construyeron una pista de aterrizaje para aviones y comenzó la presión y las amenazas contra la comunidad. Suspendían los servicios públicos, cerraron el paso del arroyo que abastecía de agua a la comunidad, confiscaban animales y retiraron los maestros de la escuela [4]. En 1998 les llegó a los pobladores una carta que amenazaba con un desalojo de sus casas si no se acogían a su oferta. Ante esta presión, algunas personas cedieron y terminaron vendiendo sus tierras por precios muy por debajo de los reales, mientras que otros permanecieron en resistencia, con la subsiguiente aparición de varios líderes comunitarios muertos sin aparente causa identificada.
Hasta que llegó la arremetida del Estado y la multinacional. El 9 de agosto de 2001, funcionarios de la alcaldía de Hatonuevo y Barrancas llegaron con una orden de desalojo, junto con el ICBF, 700 miembros del ejército y de la policía que arremetieron contra las familias que aún permanecían en el corregimiento, mientras maquinaria pesada demolía todo a su paso: casas, parque, iglesia, escuela, centro de salud. Todo esto a pesar de la resistencia de la población y del intento jurídico del abogado que habían contratado para defenderse de la minera. Así, tras años de lucha por conservar su tierra y territorio, Tabaco fue borrado por la expansión del proyecto de extracción del carbón de Cerrejón. Un año después, en mayo de 2002 se pronunció la sentencia T-329/17 la cual ordenaba la reubicación e indemnización por parte del consorcio a los pobladores de Tabaco, pero más de veinte años después, aún esto no ha sido cumplido [4].
La minería en manos de Glencore
Glencore es una de las multinacionales mineras más grandes del mundo. En Colombia, además de ser la dueña de Cerrejón, adquirió a Prodeco en 1995, un consorcio que estaba constituido por 5 empresas accionistas, y la cual operaba en las minas de Calenturitas y la Jagua en el departamento del Cesar. Además, es el operador y desarrollador clave de la sociedad portuaria Puerto Nuevo S.A, un puerto de carbón que está ubicado en la Ciénaga (Magdalena) y que ha sido clave para los procesos de exportación a diversos países del mundo, siendo los principales Corea del Sur, China, Turquía, Japón y Países Bajos.
En aquella época se prometió que, con la llegada de esta multinacional imperialista a Colombia, habría mayor desarrollo en infraestructura y un gran beneficio en la economía nacional. Pero esto está lejos de ser la realidad del país. De hecho, hay denuncias internacionales de corrupción y soborno a funcionarios de diferentes países para lograr concesiones, licencias y tributaciones diferentes. Por ejemplo, en 2010, luego de un largo proceso de negociaciones con Carbocol e Intercor, realizan la enmienda número 8, en la cual se reduce el valor de las regalías que recibiría el Estado colombiano al disminuir la tarifa aplicable, aduciendo que invertirían millones de dólares en mejorar su producción para permitir una mayor explotación de recursos y un “aumento a largo plazo de las regalías recibidas”. Esto claramente es un burdo arreglo para aumentar las ganancias obtenidas por esta multinacional sin repercutir en pro de mejorías de las condiciones sociales de las comunidades.
En el 2015, luego de una revisión de pruebas, en las que constata que delegados de Prodeco y su CEO, habían comprado a funcionarios de Ingeominas, los responsables de aprobar dicha enmienda, hectáreas a precios muy por encima de los del mercado, soborno indirecto para obtener finalmente la reducción de las regalías. Ante esto, la Contraloría de Colombia impone una sanción de $60.023 millones en contra de Prodeco, el director de Ingeominas y el director técnico de esta entidad. Sin embargo, dicha sanción nunca se llevó a cabo.
Ante dicha situación, los abogados de Glencore llevaron el caso al tribunal del centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI), alegando que el Estado colombiano había violado los estándares de protección: (i) medidas irrazonables o discriminatorias, (ii) trato justo y equitativo y (iii) cláusulas paraguas. A pesar de las pruebas presentadas de corrupción y soborno, la decisión de dicho tribunal fue a favor de la empresa imperialista, con una indemnización de $19.1 millones de dólares, más los trámites de todo el proceso. Pero esta no es la única ocasión en la que Colombia le ha tenido que pagar a Glencore miles de millones por decisiones internacionales. Ante un conflicto relacionado con Puerto Nuevo, tiene pendiente un pago de $38.000 millones y actualmente hay una demanda en curso, la cual se lleva en la CIADI por interferir el proceso de expansión en el Tajo La Puente, producto de una acción judicial interpuesta por las comunidades Wayuu por el impacto ambiental de dicho proyecto [5].
Afectación a la comunidad
Actualmente, solo el 4% de los habitantes del departamento tienen acceso a agua potable, situación que se ha visto agravada por la constante manipulación de las fuentes de agua y su contaminación con todo el proceso que implica la minería de carbón. A pesar de esto, Cerrejón presentó el proyecto del Tajo La Puente ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que buscaba desviar el cauce del arroyo Bruno, uno de los principales afluentes en el sur del departamento, con el fin de explotar el carbón que se encontraba bajo este, proyecto que fue aprobado. Ante esta situación, las comunidades Wayuu interpusieron una acción judicial que buscaba frenarlo, pero mientras surtía efecto dicho proceso, Glencore aceleró los trabajos y desvió el curso natural de las aguas del arroyo en un tramo de 3.6 kilómetros a un canal artificial, afectando de esta manera el ecosistema de bosque seco tropical alrededor [6].
No es la primera vez que la comunidad Wayuu y los demás habitantes de la Guajira han interpuesto acciones judiciales en contra de Glencore, por afectación del medio ambiente. Este sitio de explotación minera ha sido catalogado como una de las 50 áreas más contaminadas del mundo. En lo que va de existencia, la mina tiene una profundidad estimada de 240 metros y ha deforestado cerca de 69.000 hectáreas. Como solución, la multinacional ha propuesto durante años unos planes de reforestación de vastas zonas con especies nativas, así como rellenar y estabilizar los terrenos, aplicando una capa de suelo para sembrar, pero el espesor de esta capa solo fue de 30 cm, contrastando los más de dos metros que tenía antes de la explotación minera. Entre 2005 a 2022 solo han reforestado 2.764 hectáreas.
Además, a pesar de los múltiples estudios que han evidenciado que el monocultivo de palma de aceite empobrece los suelos, deteriora el agua y agrava las emisiones relacionadas con el cambio climático, se evidenció que en la mina la Jagua, en un terreno que Prodeco, filial de Glencore, reporta como parte de un programa de recuperación de suelo en marcha, hay actualmente un monocultivo de palma de aceite [7]. Esto evidencia el poco interés que poseen los imperialistas en disminuir el impacto ambiental y recuperar el ecosistema que ha sido destruido para extraer carbón, que solo ha enriquecido más a esta empresa extranjera.
Pero la afectación a la comunidad no se limita solo al impacto ambiental. Así como Tabaco, muchos poblados han sido arrasados por la expansión de la minería, se ha deteriorado el estado de salud de las personas que viven aledañas a la mina y hay fuentes que implican a Glencore, especialmente con su filial Prodeco, al financiamiento de grupos paramilitares durante los 2.000. Si bien las principales denuncias están relacionadas con otra multinacional minera, Drummond Ltd., también hay denuncias que involucran a los suizos en el aporte económico a estos grupos armados que fueron los responsables del desplazamiento, despojo, robo y masacre de millones de campesinos pobres en el Cesar.
Nuevas licencias mineras en camino
En la Guajira no solo tiene presencia Glencore. Actualmente, Best Coal Company (BCC), empresa filial de la multinacional turca Yildirim Group, posee 5 títulos mineros en el departamento que suman 23.000 hectáreas. Actualmente tiene la pretensión de iniciar un proceso de extracción de 7 millones de toneladas de carbón en un lapso de 10 años, en los terrenos de la finca La Esmeralda, ubicada en el corregimiento de Cañaverales del municipio San Juan del Cesar. Ante esto, la comunidad organizada en el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales, han interpuesto acciones judiciales buscando frenar la adjudicación de esta licencia, dado que afectaría el manantial catalogado como reserva natural, que abastece de agua a la región, la cual tiene una clara vocación agrícola y gracias al cual los 3.000 pobladores han podido sobrevivir a la sequía que atraviesa el departamento [8].
Movilización y organización del pueblo: resistiendo al voraz carbón
Durante años, ha sido evidente la tendencia del Estado, los gobiernos de turno, las instituciones y organismos internacionales de favorecer a las multinacionales imperialistas mineras que se han beneficiado de los recursos naturales del país. Explotaciones mineras que no mejoran la situación del departamento, sino que generan más pobreza, desnutrición infantil, mayor inequidad y promueven más violencia y desplazamiento. Ante esto, el pueblo se ha organizado y ha protestado contra la explotación desenfrenada de carbón. Es así como en 2024 se registraron 333 bloqueos con una paralización de 130 días en total y hasta agosto de 2025 se habían registrado 100 bloqueos, con una afectación en la producción de entre 5 a 10 millones de toneladas. Los puntos de bloqueo se han centrado en lugares clave como la vía férrea, la entrada principal del complejo minero y en la propia mina [9].
En octubre de 2024, la comunidad de Tabaco, corregimiento borrado por la expansión minera, bloqueó la vía del ferrocarril de Cerrejón, exigiendo el cumplimiento de la indemnización por los hechos ocurridos en 2001 y de la cual Glencore se ha desentendido a pesar de múltiples promesas y fallos judiciales a favor de los pobladores. Los manifestantes, a pesar de que algunos ya eran mayores, mostraron firmeza en permanecer en la vía desde las 4 a.m. exigiendo pronta solución a sus inconformidades que ya llevan más de 20 años sin ser cumplidas [10].
También se registraron al menos 7 acciones de sabotaje con explosivos en diferentes tramos de la vía férrea durante el 2025, con afectación de la infraestructura y con paralización de la actividad minera, sin identificación de los autores de dichos eventos [11]. Todo esto evidencia un claro rechazo a la presencia de las multinacionales imperialistas en el territorio y de una constante organización popular como camino para obtener respuestas ante la nulidad e ineficiencia de las acciones encaminadas por la burocracia estatal, la cual solo opera a favor de los intereses de los imperialistas y los grandes ricos del país.
Notas:
1. Extractivismo, estallido social y procesos territoriales: efectos de la minería, carbonífera en Cesar y La guajira, Colombia. Revista Bitácora Urbano Territorial. https://www.redalyc.org/journal/748/74874278018/74874278018.pdf
2. Minería de carbón en Colombia: transformando el futuro de la industria. Ministerio de energía. https://www.minenergia.gov.co/static/mineriaco/src/document/documento%20carbon.pdf
3. Distribución de la tierra en Colombia a nivel departamental y municipal. Instituto geográfico Agustín Codazzi. https://www.igac.gov.co/node/18899
4. Tabaco: 20 años de desplazamiento y luchan por su reubicación. Radio nacional de Colombia. https://www.radionacional.co/mi-pais/regiones/caribe/tabaco-historia-desplazamiento-lucha-reubicacion
5. En firme fallo Glencore: Colombia deberá pagar más de 19 millones de dólares a la multinacional suiza. Blog de derecho de los negocios. https://dernegocios.uexternado.edu.co/en-firme-fallo-glencore-colombia-debera-pagar-mas-de-19-millones-de-dolares-a-la-multinacional-suiza/
6. Resumen y contexto demanda Glencore contra Colombia. Colectivo de abogados José Alvear Restrepo. https://www.colectivodeabogados.org/wp-content/uploads/2022/11/Resumen-demanda-Glencore.pdf
7. Glencore: devorando bosque tropical en Colombia. El turbión. https://elturbion.com/18858
8. La mina de carbón que amenaza con dejar sin agua al sur de la Guajira. Revista Raya. https://revistaraya.com/la-nueva-mina-de-carbon-que-amenaza-con-dejar-sin-agua-al-sur-de-la-guajira.html
9. “No más bloqueos”;la marcha en La guajira que destapa fracturas sociales y ambientales por Cerrejón. Pulzo.com https://www.pulzo.com/economia/no-mas-bloqueos-en-cerrejon-impacto-de-las-protestas-mineras-en-la-guajira-y-sus-comunidades-PP4754938A
10. Comunidad afrocolombiana de Tabaco inició una protesta sobre la vía férrea de El cerrejón. Colombia informa. https://www.colombiainforma.info/comunidad-afrocolombiana-de-tabaco-inicio-una-protesta-sobre-la-via-ferrea-de-el-cerrejon/
11. Atentados con explosivos afectaron la línea férrea de Cerrejón en La Guajira. Revista entornos. https://revistaentornos.com/atentados-con-explosivos-afectaron-la-linea-ferrea-de-cerrejon-en-la-guajira/