El centro político de la capital boliviana, La Paz, se ha transformado en un auténtico campo de batalla. Columnas de mineros, obreros fabriles, campesinos y estudiantes sitiaron los accesos al kilómetro cero de la capital, dispuestos a imponer la caída definitiva del gobierno reaccionario de Rodrigo Paz Pereira, que lleva apenas seis meses en el cargo. Utilizando métodos históricos de autodefensa y combatividad, las masas enfrentaron durante más de dos horas el pasado 18 de mayo el violento aparato de agresión montado por la policía en su intento por ingresar a la Plaza Murillo, donde se ubican la sede del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
El cerco al corazón de la burocracia estatal fue desencadenado mediante tácticas coordinadas de avance. Un ala de los Ponchos Rojos, agrupamiento campesino de firme tradición de lucha, marchó por la avenida Sucre con el objetivo de romper las líneas policiales por la parte superior de la plaza. Simultáneamente, contingentes de la Central Obrera Boliviana (COB), obreros de diversos ramos y mineros, presionaban fuertemente por los accesos inferiores y traseros del perímetro. La determinación de los manifestantes, que llegaron a incendiar un vehículo policial, obligó al gobierno a evacuar apresuradamente a los funcionarios de oficinas públicas, comercios y edificios del legislativo, vaciando las inmediaciones ante el inminente colapso del control estatal en la zona.
Las fuerzas de represión desencadenaron un ataque continuo de gas lacrimógeno para contener a las columnas populares. En respuesta, las masas echaron mano de hogueras encendidas en las esquinas y calles adyacentes, utilizando puertas, ventanas de madera, carteles y materiales diversos confiscados en las proximidades para anular el efecto de los agentes químicos. Armados con hondas, piedras, palos y fuegos artificiales, los trabajadores en revuelta impusieron una resistencia tenaz que impidió el repliegue de las líneas de manifestantes, convirtiendo las vías públicas en trincheras de resistencia obrera y campesina contra el aparato policial-militar del viejo Estado boliviano.
La ofensiva judicial y la caza de dirigentes sindicales
Ante la incapacidad de contener la rebelión, el gobierno accionó el brazo jurídico para intentar decapitar la dirección de los movimientos. El Procurador General del Estado, Roger Mariaca, confirmó directamente desde Sucre la emisión de órdenes de captura contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, además de otras 24 liderazgos sindicales y agremiaciones campesinas involucradas en la organización de los bloqueos. Las órdenes de captura se fundamentaron en procesos iniciados en el ámbito del poder judicial bajo la alegación de delitos presuntamente cometidos durante las tres semanas de conflictos e interrupciones de carreteras que paralizan el país, actos realizados por las masas enfurecidas.
La acusación formal imputada por el viejo Estado señala a los dirigentes como promotores de supuestas acciones «terroristas» orientadas a la desestabilización del Poder Ejecutivo, citando el uso generalizado de dinamita y armamentos en los puntos de protesta. El cerco policial y judicial se extendió a los municipios del área metropolitana, resultando en una ola de allanamientos y detenciones arbitrarias dirigidas a desmovilizar el apoyo logístico de las masas.
El balance de las incursiones punitivas efectuadas por las fuerzas de represión en la zona sur de La Paz, en El Alto y en las carreteras principales, totalizó 50 activistas presos. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Henry Pinto, detalló el destino de los detenidos, explicando que 15 manifestantes fueron puestos en libertad, mientras que 19 esperan audiencia de custodia. «Tres personas fueron condenadas por un juez a cumplir cuatro meses de prisión preventiva en el Penal de San Pedro. Cinco de ellas deben comparecer ante el Ministerio Público cada 15 días, y ocho están en arresto domiciliario sin derecho a trabajar», expuso.
La justificación presentada por la policía señala que la mayor parte de las detenciones en flagrancia derivaron de la supuesta posesión y manipulación de sustancias explosivas contra los agentes del viejo Estado. Adicionalmente, los manifestantes apresados son investigados por el Ministerio Público bajo la acusación de destrucción y deterioro de bienes públicos. Este aparato de criminalización judicial camina a la par de las arremetidas de las patrullas en las carreteras, donde el uso de la violencia reaccionaria ha resultado, según denuncias de organizaciones campesinas en El Alto, en el asesinato de al menos dos manifestantes y en decenas de heridos civiles.
Las raíces de la rebelión: el azote del hambre y el latifundio
La actual sublevación popular que sacude la semicolonia andina es el resultado directo de medidas antipueblo aplicadas al inicio mismo de la gestión de Rodrigo Paz, quien asumió el cargo en diciembre de 2025 interrumpiendo casi dos décadas de hegemonía de la falsa izquierda. El detonante inicial de las movilizaciones operó con la emisión de un decreto ejecutivo que eliminó por completo los subsidios estatales a los combustibles, provocando una elevación inmediata en el precio de la gasolina y afectando directamente el costo de vida de las masas.
El escenario de revuelta se agudizó de forma irreversible con el intento del gobierno de promulgar una nueva ley sobre tierras. Organizaciones campesinas y comunidades indígenas denunciaron prontamente que el dispositivo legal tenía el claro objetivo de golpear la producción de las familias y confiscar los territorios tradicionales para favorecer los intereses del latifundio agroexportador. Bajo el pretexto de combatir la crisis económica y fortalecer la agricultura nacional, la ley buscaba legalizar el saqueo agrario, provocando la inmediata entrada en escena de la Confederación Nacional de Mujeres «Bartolina Sisa», que convocó a sus bases a la resistencia total en las carreteras.
La nota oficial publicada por la directiva de la Confederación campesina el pasado 17 de mayo sintetizó la indignación frente a la política gubernamental: «De forma violenta y criminal el gobierno intervino en la movilización del pueblo dejando como saldo fallecidos, heridos y detenidos en consecuencia de la brutalidad de la policía y el Ejército». La agrupación aseveró que el viejo Estado actúa exclusivamente para satisfacer los privilegios de las clases dominantes, completando de forma categórica que el gobierno «pretende con sus decretos y leyes inconstitucionales quitarnos nuestras tierras para entregárselas a los terratenientes».
Las reivindicaciones de los sectores en lucha se expandieron a medida que la represión policial falló en desmovilizar las barricadas. El contingente de mineros exige el libre acceso a insumos industriales, combustibles y explosivos para la actividad extractiva, además de la inmediata revisión de los contratos y de la regulación del sector. Los maestros de la educación pública se unieron a las jornadas de protesta exigiendo reajustes salariales urgentes y dotación presupuestaria para las escuelas abandonadas. El sector del transporte, estrangulado por la falta de diésel y gasolina, declaró una huelga por tiempo indefinido, convirtiendo las protestas difusas en una huelga política de masas.
Bloqueos de carreteras paralizan y dividen el territorio nacional
La eficacia de los métodos de lucha campesinos y obreros se comprueba en el estrangulamiento de las principales vías de salida económica de Bolivia. De acuerdo con el balance técnico emitido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se registraron el 17 de mayo al menos 23 puntos de interrupción total en carreteras federales y estadales. El cerco logístico se concentra primordialmente en el entorno del departamento de La Paz, que contabiliza 13 carreteras completamente bloqueadas por troncos, piedras y barricadas humanas, impidiendo el tráfico regular de mercancías, combustibles y provisiones para los centros urbanos.
Los informes emitidos por la Policía Departamental de Potosí dan cuenta de que dos frentes de bloqueo en las regiones de Potosí y Chuquisaca han aislado los accesos a los distritos de Tarija y Oruro. El comandante local, coronel Pompeyo Sánchez, reportó que las patrullas operan en régimen de vigilancia continua para monitorear las zonas de fricción. En la carretera que conecta Potosí con Oruro, los campesinos de la localidad de Challamayu, perteneciente al municipio de Tinguipaya, obstruyeron completamente la vía utilizando troncos de gran tamaño y barreras rocosas, impidiendo el paso de camiones de carga y autobuses intermunicipales.
Otra interrupción del tráfico fue consolidada por el Sindicato de Trabajadores Departamentales de Potosí en las inmediaciones de San Antonio, estipulando un plazo inicial de 24 horas para el mantenimiento de la barrera de aislamiento. En la ruta hacia Tarija, los moradores de la zona de Padcoyo también paralizaron el tránsito de vehículos. En Chuquisaca, el foco inicial de bloqueo se estableció en el municipio de San Lucas, donde un contingente aproximado de 100 campesinos fijó un puesto de control en la localidad de Sivingamayu, interrumpiendo la ruta que une Sucre con el sur del país, conforme atestó el coronel Roger Costas.
El comandante de la Policía de Chuquisaca, coronel Iván Costas, detalló que la barricada fue erigida en la comunidad de Sivingani Mayo en cumplimiento de las deliberaciones adoptadas en asamblea popular la víspera. El oficial admitió que informes de los servicios de inteligencia señalan que nuevas organizaciones campesinas, municipios circunvecinos y la Federación de Pueblos Indígenas de Chuquisaca están en proceso de adhesión formal a las protestas. El aislamiento logístico de la capital se amplió con el cierre de la ruta Sucre-Cochabamba, derivado de una barrera instalada en el cruce de Vacas durante el pasado fin de semana.
La Federación Unificada de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) asumió la responsabilidad por la conducción política de los bloqueos en el departamento. El director ejecutivo de la entidad, Julián Romero Bejarano, justificó las medidas como una reacción legítima de los pueblos del campo ante la ausencia crónica de políticas económicas que pongan fin a la miseria y al hambre en la región. «El pueblo está cansado de un gobierno que no escucha ni responde a las demandas sociales. Este bloqueo es el inicio de una lucha por tiempo indeterminado», declaró el dirigente campesino.
«Se necesita fuerza extrema contra ellos», clama un reaccionario
El impacto económico generado por la lucha combativa de las masas despertó el desespero y la furia de los representantes de la gran burguesía y del latifundio. El presidente de la Cámara Agrícola del Oriente (CAO), Klaus Frerking, expresó públicamente su revuelta antes de ingresar a la Asamblea de Santa Cruz, convocada por el Comité Pro Santa Cruz. El portavoz de los terratenientes exigió que el gobierno aplique medidas de «fuerza extrema» contra los campesinos, destacando que el sector agroexportador sufre 22 días de parálisis total en el envío de mercancías al mercado internacional, generando pérdidas estimadas en más de 50 millones de dólares.
Frerking vociferó contra los efectos de la táctica de estrangulamiento de las carreteras en la recaudación de divisas: «Han pasado 22 días desde que logramos exportar un solo dólar. Necesitamos moneda extranjera, necesitamos salir de esta crisis, y eso solo será posible reabriendo todas las carreteras. No podemos seguir así; el país está en crisis y tenemos que ser responsables». El latifundista citó casos específicos de pérdidas económicas en la periferia del país, mencionando que la cosecha de castañas en el departamento de Pando está completamente paralizada desde hace más de tres semanas debido a la imposibilidad de salida logística.
En la misma línea de ataque a los trabajadores, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, utilizó su tiempo de palabra para cuestionar la legitimidad política de las movilizaciones populares, calificándolas como un complot orquestado para derrocar al Ejecutivo. «Ya hemos visto esta película antes. Aparece un problema, se resuelve, se inventa otro problema, y otro más, hasta que exijan la renuncia de un gobierno democráticamente elegido», aseveró el burócrata local. Saavedra defendió el endurecimiento de las medidas punitivas contra los comités de huelga, argumentando que «cada carretera bloqueada es una arteria cerrada que está matando lentamente a nuestro país».
A pesar del discurso belicoso de las clases propietarias y de las acusaciones de la inteligencia estatal, que intenta deslegitimar la revuelta popular calificándola como una mera «Marcha de Evo» armada, el avance impetuoso de las manifestaciones ha acorralado al gobierno e impuesto retrocesos visibles al viejo Estado. Acorralado por la amplitud de la insatisfacción social y por el bloqueo que amenazaba con desabastecer completamente los centros políticos, el presidente Rodrigo Paz se vio forzado a revocar íntegramente la polémica ley de tierras la semana pasada. El retroceso táctico, concebido para vaciar las protestas, se demostró insuficiente, pues los obreros y campesinos mantuvieron las movilizaciones, exigiendo reformas estructurales y la destitución del gabinete.
El nivel de fragilidad política del aparato estatal transparentó en el pronunciamiento del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. El funcionario se apresuró a descartar la declaración de un estado de excepción o de emergencia en el territorio boliviano, evidenciando el temor del gobierno de que una medida de violencia extrema pudiera catalizar una insurrección aún mayor. «En este momento, la declaración de estado de emergencia no está en discusión. No queremos derramamiento de sangre», declaró Zamora, intentando vender una falsa imagen de moderación mientras las fuerzas policiales golpeaban a activistas en las periferias de El Alto y saboteaban los sistemas de transporte público como retaliación.
La empresa pública Mi Teleférico, incluso, suspendió las operaciones en las líneas Roja, Plateada, Azul y Azul Claro, temiendo que las estaciones fueran tomadas por los comités populares de autodefensa. En rueda de prensa, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, insistió en acusar a los movimientos y parlamentarios de la oposición de incitar a la violencia armada, difundiendo vídeos donde campesinos portaban escopetas de caza.
