Por Benjamin

Desde 2025, el imperialismo yanqui y sus fuerzas armadas, han asesinado y desaparecido a cientos de pescadores de países como Colombia, Venezuela, México, Ecuador, entre otros. Las familias de los pescadores reclaman investigaciones, justicia y castigo contra los culpables. En ese contexto, el pasado 14 de junio en Manta, Ecuador, fue asesinada por sicarios, la fiscal Alexandra Bravo, encargada de investigar, tanto los ataques de EE.UU. a tres embarcaciones ecuatorianas, como las denuncias de tortura y secuestro de 36 sobrevivientes. Se han publicado reportajes periodísticos que sugieren que el asesinato podría estar directamente relacionado con la garantía de total impunidad para el imperialismo yanqui, en complicidad con fuerzas estatales ecuatorianas para acallar cualquier investigación.
Antecedentes
Los últimos meses de 2025 y durante el 2026, EE.UU. movilizó fuerzas navales en varios sitios del mar Caribe y Pacífico, argumentando la necesidad de la lucha contra el narcotráfico. Según Trump, sus fuerzas armadas impedirían por la fuerza que las drogas producidas en Latinoamérica, llegasen a los consumidores estadounidenses.
Durante meses, el imperialismo yanqui realizó ataques contra embarcaciones, argumentando que eran barcos que transportaban droga hacía EE.UU. Ocasionó cientos de muertos en países latinoamericanos. Embarcaciones bombardeadas sin pruebas, violando Derechos Humanos y legislaciones (incluso la misma legislación yanqui). Además, la soberanía nacional de los países donde EE.UU. realizó estos bombardeos, fue burlada con total impunidad.
En ese contexto, fuerzas antiimperialistas advertían del cerco marítimo que el imperialismo yanqui estaba realizando sobre Venezuela. Efectivamente, el 3 de enero de 2026, EE.UU. bombardeó Caracas, incursionó por aire y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores. Así, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, EE.UU. bombardeó embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, violando la soberanía nacional de varios países, asesinando cientos de personas sin pruebas ni juicio, y finalmente, todo ese despliegue militar, sirvió para realizar una vil agresión militar contra Venezuela.
Impunidad a través del asesinato
La fiscal Bravo fue asesinada, junto a su hermana, por sicarios en la ciudad de Manta. Ella estaba investigando los casos de tres embarcaciones pesqueras civiles: Fiorella, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca. Según un reportaje de la periodista Camila Lourdes (Drop Site News), “dos de los tripulantes de las embarcaciones regresaron a casa y denunciaron haber sido secuestrados, vendados y privados de alimentos durante ocho días por hombres armados estadounidenses, vestidos con uniformes militares de EE.UU. a bordo de un barco patrullero con bandera estadounidense, antes de ser abandonados en El Salvador.”
Sostiene que la fiscal había recibido presiones, por parte de sus superiores, para abandonar la investigación de las embarcaciones. “Le ordenaron cerrar todas las líneas de investigación después de que se encontraran a 36 de los 44 hombres desaparecidos —a pesar de que llegaron con lesiones graves, entre ellas una pérdida de visión del 70% y pies desgarrados hasta dejar al descubierto la carne y los huesos, lo cual los expertos médicos consideraron consistente con sus relatos de explosiones y tortura.”. Además, la fiscal había denunciado la falta de información y colaboración, por parte de otras instituciones estatales ecuatorianas, implicadas en el caso de las embarcaciones.
Días antes de su asesinato, la fiscal fue trasladada por sus superiores al municipio de Montecristi, y asignada a otros casos, es decir la obligaron a dejar el caso de las tres embarcaciones. La Fiscalía General se niega a responder o explicar las razones del traslado, según el reportaje de Drop Site News.
A lo anterior se suma que, durante el ataque sicarial no estuvieron presentes las fuerzas policiales designadas para escoltar y proteger a la fiscal Bravo. Lo cual resulta sospechoso y ante lo cual, la Policía Nacional ecuatoriana ha dicho que investigará si se cometieron “errores”.
Toda la negligencia por parte del Estado ecuatoriano, tanto para realizar las investigaciones, como para proteger la vida de la fiscal encargada del caso, se relacionan con la inmunidad diplomática que el presidente Noboa, lacayo del imperialismo yanqui, le ha entregado a los militares y personal del Departamento de Defensa estadounidenses, a través de 22 decretos de ley marcial, que garantizan la total impunidad para las fuerzas militares yanquis en Ecuador.
El Pentágono, la Guardia Costera y el Comando Sur de EE.UU., continúan negando los crímenes cometidos contra los pescadores ecuatorianos. Así como cualquier relación con el asesinato de la fiscal Bravo. Sin embargo, la periodista Camila Lourdes afirma que “siguen surgiendo pruebas que respaldan los testimonios de los pescadores sobre los secuestros, ataques aéreos y tortura”, que involucran claramente a la Guardia Costera de EE.UU. En el reportaje citado, se mencionan pruebas como videos, testimonios de otros pescadores que presenciaron a lo lejos los ataques, y hasta imágenes satelitales, que confirman que las fuerzas armadas del imperialismo yanquis, estuvieron detrás del ataque contra las tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas, así como del secuestro y tortura de los sobrevivientes.
El imperialismo yanqui comete todo tipo de crímenes contra el pueblo
Basados en los anteriores hechos, es posible inferir que el Estado ecuatoriano, gerenciado por el reaccionario de Noboa, es responsable del crimen de la fiscal Bravo, todo para silenciar y acallar cualquier investigación que perjudique la imagen de las fuerzas militares estadounidenses. Lo anterior en el contexto de mayor intervención militar del imperialismo yanqui en todos los países de América Latina, sea a través de agresiones militares como en Venezuela, o de bloqueo y grave amenaza de agresión como en Cuba, o sea a través del respaldo a gobiernos de extrema derecha, dispuestos a lamber la bota militar yanqui y servir obedientemente sus planes, como en el caso de Ecuador, o del recién elegido Abelardo de la Espriella en Colombia.
El imperialismo yanqui continúa desplegando sus fuerzas militares por todo el continente, como parte de su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en noviembre del año pasado, cometiendo todo tipo de crímenes contra el pueblo, e incluso contra aquellos funcionarios del Estado que se salgan de sus planes.




