Por: Antonio Gómez
El pasado domingo 23 de agosto el presidente de Colombia, el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella, anunció la puesta en marcha de operativos dirigidos contra «los inmigrantes ilegales, primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación, que en el término de la distancia tendrán que ser deportados».
Si bien De la Espriella no hizo una mención a un grupo poblacional particular, la realidad es que 2.8 millones de venezolanos viven en Colombia, constituyendo esta población el 90% de la totalidad de inmigrantes presentes en el país. Unos 848.000 no tienen los requisitos de documentación exigidos por el Estado, según Migración Colombia.
Estos datos permiten concluir que, en la práctica, la actitud y práctica hostil hacia la población migrante que está siendo promovida desde la jefatura del Estado colombiano deja expuestos, principalmente, a los trabajadores venezolanos presentes en el territorio.
Mientras tanto, no se ha anunciado un plan de trabajo concreto que permita conjurar el fenómeno de turismo sexual y gentrificación que causan los “Passport Bros”, esto es, viajeros de países ricos que buscan mujeres, niñas y niños en países coloniales y semicoloniales. Este fenómeno degrada y socava la dignidad del pueblo colombiano y aquí sí se presenta, con claridad, una migración de tipo criminal.
Gracias a la presión social que incluyó movilizaciones, denuncias periodísticas y presión en redes sociales, han sido inadmitidos algunos criminales pedófilos, sobre todo provenientes de Estados Unidos, que vienen con intenciones de turismo sexual. Sin embargo, ni la administración anterior, ni la actual del Estado colombiano, han manifestado un interés en conjurar los estímulos que hacen que el país sea promocionado en el mundo como un gran burdel para hombres del “primer mundo”.
Antes que abordar los temas que realmente le importan al pueblo, De la Espriella, demagógicamente, acompañó el anuncio de esta orden antinmigrante con el eslogan «primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos»: un gesto de chovinismo que, en realidad, contradice una política verdaderamente nacional y popular de migración.
Perseguir a los inmigrantes venezolanos en el país puede causar más división que unión a la nación, porque implica la fragmentación de lazos familiares e interpersonales que el pueblo colombiano y venezolano han generado en ambos países durante muchos años, debido a su raíz común cultural e histórica.
Hipócritamente, la anunciada persecución, ignora que Colombia es uno de los principales exportadores de trabajo migrante en América Latina. En el periodo 2022-2025 ha crecido sostenida y aceleradamente la salida neta, esto es, la salida sin regreso de colombianos, siendo un número de 1.4 millones de personas.
Cabe añadir que, un 73% de las personas que han salido de Colombia entre 2012 y 2025 están en edad productiva, entre los 18 y 59 años. Particularmente, los jóvenes entre 18 y 29 años representan un 35% de las salidas netas del periodo en cuestión. Además, Estados Unidos y España son los principales destinos de la salida de colombianos.
Particularmente, en Estados Unidos, potencia imperialista, los colombianos se enfrentan al racismo estatal promovido por Trump. Y, similarmente a los colombianos y latinoamericanos en USA, los trabajadores migrantes en España, principalmente aquellos de origen árabe, son, también, expuestos al racismo que las clases dominantes promueven para dividir al pueblo.
No son datos menores. Son congruentes con la dinámica migratoria propia del capitalismo y el imperialismo por la cual, la fuerza laboral migrante de las naciones oprimidas va a satisfacer la demanda de las naciones opresoras, en los sectores de la economía peores pagos de esos países. La posición subordinada del migrante en las relaciones de producción de los centros imperialistas corre paralela a una estigmatización racial y criminalización a nivel político e ideológico, promovido esto, cada vez más, por las clases dominantes.
Contrario a la emulación mecánica de una política represiva de los sectores retardatarios del norte, Colombia necesita la construcción revolucionaria de unas bases económicas y sociales sólidas para que la clase trabajadora se empeñe en luchar contra el imperialismo y por el desarrollo nacional. La política migratoria justa debe fortalecer la unidad de los pueblos latinoamericanos antes que fragmentarla.
Cuando Abelardo establece que la arremetida migratoria atacará «primero a los que están cometiendo delitos, segundo a los que no tienen regularizada su situación», no hace más que repetir, al pie de la letra, la forma en que Donald Trump, su presidente, y la ultraderecha xenófoba de los países más ricos, ha buscado legitimar el racismo estatal imperialista ante el público de esos países.
El hecho es que, con esta jerarquización de la peligrosidad de los inmigrantes, no solo se está diciendo que se priorizará en migrantes indocumentados que tienen historial criminal, sino que todos, tanto quienes lo tienen como quienes no, serán en algún punto objetivo de la represión.
La confusión entre irregularidad migratoria, la cual es a menudo un asunto fundamentalmente burocrático, y el tema de la criminalidad, es, también, parte del paradigma de tratamiento de la cuestión migratoria impuesto por el imperialismo yanqui.
La tendencia de mayor reaccionarización de los Estados gerentes de un sistema económico y social en crisis, como lo es el imperialismo, implica, precisamente, que los asuntos que eran objeto de un manejo administrativo sean progresivamente abordados como problemas de seguridad con miras a una militarización del Estado contra el pueblo.
El seguimiento obediente de los lineamientos imperialistas para Colombia fue confirmado por la reciente visita al país del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y resentidamente anticomunista. Como resultado de la reunión, se promulgaron los Acuerdos de Barranquilla, por los cuales se estipula una ruta para la sujeción del Estado colombiano «responsablemente, a los esfuerzos dirigidos a garantizar estabilidad regional y se profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad», según las palabras de Abelardo.
Vale decir que, pese a parecer solo una emulación mecánica de las políticas de racismo antiinmigrante del norte, el que el Estado colombiano, en su condición semicolonial, busque alinear su sistema de migración al de Estados Unidos, no es solo una torpeza.
Históricamente, como parte de la Doctrina Monroe, la política migratoria de los estados latinoamericanos ha estado al servicio de los intereses estadounidenses. La represión a migrantes en países de tránsito de trabajadores internacionales como Colombia y México sirve, justamente, como amortiguamiento del flujo de población que llega a USA [1].
La consolidación de una política represiva contra un segmento de la clase trabajadora en USA y su extensión a todo el hemisferio como parte de los esfuerzos del imperialismo estadounidense por proteger sus intereses en la región, sugieren unas clases dominantes en posición defensiva, buscando, desesperadamente, fabricar contradicciones al interior de la clase trabajadora para conjurar la agudizada lucha de clases que es atizada, permanentemente, por la crisis económica e inestabilidad política que ha traído al mundo el progresivo deterioro del sistema imperialista mundial.
Notas:
[1] Nicholas de Genova et. Al. (2026) The Borders of America: Migration, Control, and Resistance across Latin America and the Caribbean.
