por Redacción Nueva Democracia
Los rugidos del tigre de papelde “mano dura” y “sometimiento a la justicia” se pusieron en marcha. De la Espriella y su Ministro de Defensa, Jorge Mora, lanzaron el primer bombardeo aéreo del nuevo gobierno contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, al que denominaron “La Operación Beta”. En la noche del 10 de agosto y la madrugada del 11, sobre las montañas del Catatumbo en las zonas de Tibú y San Calixto, las fuerzas militares bombardearon usando artillería, aviones Kfir y A-29 Super Tucano. Según el ejército el resultado de la operación fue la “neutralización” de dos integrantes del ELN y la “incautación de armamento, 1.5 toneladas de explosivos, entre ellos 440 granadas (…) la ubicación y destrucción de dos bunkers y 5 campamentos”, adicionalmente el comunicado expresa que la operación se desarrolló “observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil”.
Sin embargo, los campesinos del Catatumbo y las organizaciones sociales, difundieron rápidamente un video que muestra como dicha operación impactó la vivienda de una familia en la que tres campesinos de la vereda El Sinaí resultaron gravemente heridos por las esquirlas del bombardeo, además de las afectaciones a su vivienda y a su ganado. Asimismo, varias familias tuvieron que desplazarse a causa del ataque del ejército. Todo indica que el operativo se trató de un falso positivo (del que el ejército alardeó por haber obtenido exitosos resultados), pues, a pesar del constante show con videos y fotos que suele hacer el nuevo gobierno, en esta ocasión las autoridades no mostraron evidencia alguna de la destrucción de campamentos, bunkers, ni de la incautación de las granadas. El Ministro de Defensa justificó que la acción no afectó a los campesinos de ese lugar y publicó en su cuenta de X: “La operación contra el ELN fue en Tibú y San Calixto, no en la vereda El Sinaí”, sin embargo los catatumberos afirmaron que la vereda El Sinaí pertenece a San Calixto, como lo confirmó un documento de la misma Defensoría del Pueblo.
El fracaso de la operación también quedó en evidencia en una publicación de la Revista Semana, cuyos dueños son la familia Gilinski, la más rica del país y principal promotora de la campaña de Abelardo De la Espriella. Con el fin de limpiar la actuación de las fuerzas militares, este medio desinformativo afirmó que fue el mismo ELN quien atacó a la población: “Semana conoció que la contrainteligencia de las Fuerzas Militares investiga una posible filtración de altísimo nivel frente a esa operación, lo que habría permitido que la guerrilla del ELN reaccionara,a tal punto que se verifica el posible uso de drones cargados con explosivos contra la población civil que resultó herida, al parecer, para deslegitimar la acción de las Fuerzas Armadas.” Sin importar si esto es una artimaña del medio en cuestión, lo que es claro es que confirma que la acción contrainsurgente del ejército no tuvo el éxito esperado.
Por otro lado, en un comunicado del ELN, publicado el 11 de agosto, leído por Silvana Guerrero, comandante de esa guerrilla, se dice: “Por la dimensión del operativo y los alardes del impuesto presidente, al parecer falsean atacar posiciones insurgentes, cuando en realidad arrojan bombas contra centros poblados y comunidades campesinas”. Y afirmando que la ofensiva contrainsurgente no inicia con el nuevo gobierno, declaró que: “Para el Catatumbo, la “horrible noche” ni empieza, ni termina, se mantiene junto con los planes orientados por el imperio de Estados Unidos, obedecidos por el Estado Colombiano (…) el gobierno puede haber cambiado, pero las prácticas criminales son las mismas porque son parte de la doctrina militar contrainsurgente y la estrategia del enemigo interno, que buscan aterrorizar y arrasar territorios enteros para la extracción de recursos, el posicionamiento de enclaves del narcotráfico y el control de un territorio geoestratégico como la frontera entre Colombia y Venezuela”
Este falso positivo del nuevo gobierno en la lucha contrainsurgente se suma a otro con el que había terminado el gobierno de Petro. El 20 de junio pasado, tan solo un día antes de la segunda vuelta presidencial, el presidente y el ministro de defensa salientes, en lo que parecía un acto de campaña para demostrar los “éxitos” del gobierno en la lucha contra el “narcoterrorismo” y complacer a Trump, celebraron el haber dado de baja al segundo al mando del Estado Mayor Central de las FARC (EMC), alias “Marlon”. Sin embargo, el 19 de Julio, esta guerrilla publicó un video en el que aparecía el propio “Marlon”. Hasta hoy el gobierno no ha presentado su cuerpo ni ninguna evidencia de su muerte.
En el mencionado video, el EMC, entre otras cosas, habló del nuevo gobierno, declarando que “no hay independencia mientras Colombia sea gobernada desde la Casa blanca (…) Ante esta amenaza el pueblo colombiano debe prepararse y no entregar ni un palmo de tierra, de páramo o de rio (…) Claudicar ante el miedo que busca imponer los discursos envalentonados de Abelardo no es opción. La resistencia real es la que se convierte en organización desde las veredas más alejadas, hasta los barrios de las grandes ciudades (…) Es hora del antiimperialismo”.
Solo en la primera semana de gobierno del lacayo De la Espriella, tras su promesa de mostrar resultados a los yanquis en 90 días y del ultimátum dado a los mandos guerrilleros, tanto las FARC como el ELN continúan y han intensificado sus ataques, reportándose 17 acciones contra estaciones de Policía, bases militares, peaje e infraestructura estatal. La respuesta del Estado, además de profundizar su alineación a los yanquis y pedir mayor “ayuda”, ha sido la continuación de los bombardeos y operaciones terrestres, que hasta el momento han reportado la captura y el asesinato de algunos guerrilleros, pero al mismo tiempo varios heridos y muertos de las fuerzas armadas. Algunos generales del ejército reconocen la ventaja que hoy tienen las guerrillas en cuanto al uso de nuevas tecnologías como los drones y la necesidad del Estado de seguir fortaleciendo sus fuerzas militares y de policía.
El Estado Colombiano lleva décadas impulsado sus planes contrainsurgentes en “cooperación” militar con los Estados Unidos. La llamada “guerra contra las drogas” ha sido el pretexto de los yanquis por años para combatir al movimiento guerrillero, reprimir al movimiento popular y aumentar la militarización de Colombia y América Latina. Ni De la Espriella, ni ninguno de los gobiernos anteriores, es la excepción a dicha política. Con el alarde del nuevo gobierno de retomar la seguridad, la pregunta es ¿seguridad para quién? La seguridad a sangre y fuego para que las multinacionales yanquis profundicen el saqueo sobre nuestro territorio, la seguridad para que el terrateniente pueda seguir concentrando y acaparando la tierra, la seguridad para que la gran burguesía colombiana y sus empresas no vean “perjudicados” sus meganegocios. Esa es la seguridad que ellos necesitan. Y desde esa perspectiva, las guerrillas colombianas siguen siendo parte de “la amenaza narcoterrorista”, un problema para la “seguridad del hemisferio” y por eso deben ser barridas mediante la guerra contrasubversiva orientada por Estados Unidos.
Pero por mucho que ruja, el nuevo “Vendedor de la patria” no podrá cumplir su promesa politiquera de doblegar a las guerrillas y recuperar la seguridad del país en 90 días. El Estado colombiano lleva más de 60 años fracasando en este propósito. El Plan Patriota 2.0 y su objetivo de retomar el control en todos los rincones del país fracasará, pues mientras la nación y el pueblo colombiano sigan siendo oprimidos por el imperialismo yanqui y sus lacayos, los grandes burgueses y terratenientes, seguirán existiendo las condiciones de miseria y opresión que alimentarán una y otra vez la resistencia armada campesina en nuestro país.
