por Juana Julia
La llamada “reforma agraria”, una de las principales banderas programáticas del anterior gobierno de turno, continúa siendo el foco de amplias polémicas públicas en la actualidad. El balance de su saldo definitivo y el análisis crítico de sus derivaciones es una importante tarea para el movimiento popular: ¿en realidad hubo pasos adelante en la prometida democratización del acceso a la tierra en la sociedad colombiana? ¿a qué intereses de clase respondió la “reforma agraria” del gobierno Petro y quiénes fueron sus verdaderos beneficiarios? Y en últimas, ¿cuál es el panorama actual para el movimiento campesino tras el retorno de la ultraderecha al frente del timón del Estado colombiano con el nuevo gobierno de De La Espriella? En el presente artículo expondremos nuestras reflexiones al respecto de estos diversos temas.
¿Reforma agraria al servicio de quién y para qué?
En un vistazo inicial a la “reforma agraria” de Petro resulta evidente que esta no cumplió con las metas que se propuso. En campaña prometió entregar 3 millones de hectáreas, tomando como base los compromisos suscritos por el Estado colombiano con un sector de las FARC que se desmovilizó en el marco de los acuerdos de paz de La Habana en 2016. Tras culminar el circo electoral esta promesa se redujo a la mitad, ajustando la meta a 1’500.000 hectáreas de tierra. ¿Y finalmente cuál fue el saldo? Al respecto la Fundación PARES en un reciente informe analiza que frente a la meta consignada en el Plan Nacional de Desarrollo el avance real es tan solo del 7%, lo que equivale a 98.148 hectáreas entregadas que cuentan formalmente con título definitivo, tomando como fuente las cifras suministradas por el propio gobierno saliente en su informe de empalme. Estos pobres resultados han sido maquillados por el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Felipe Harman mediante una hábil maniobra: incluir en el consolidado final las entregas de tierras provisionales que cuentan con débiles garantías jurídicas y de seguridad para la permanencia de las familias campesinas en el territorio, alcanzando así la cifra de casi 350.000 hectáreas de tierra entregadas durante su mandato, lo que equivaldría a un cumplimiento del 23,4%.
Aunque evidentemente estas cifras han resultado por debajo de las expectativas sembradas y han decepcionado a millones de campesinos deseosos de obtener una parcela, algunos sectores han calificado como “histórica” la gestión del pasado gobierno en materia del agro, destacando la cantidad de tierras entregadas y de títulos de propiedad rural formalizados, así como la postura pública aparentemente en favor del campesinado y en contra de los terratenientes. Sin embargo, la realidad es que entregar algunas hectáreas de tierra no representa un cambio «histórico», si la cuestión clave, la estructura agraria de la sociedad, se mantiene intacta. La histórica política del “goteo” (entrega lenta y limitada de tierras) ha sido utilizada en los distintos gobiernos de turno para mantener la ilusión del campesinado en la posibilidad de acceder a una parcela a través del Estado. Pero evidentemente son insuficientes estos resultados en materia de acceso a tierras y de ninguna manera representan un cambio relevante o “histórico” en la desigual estructura agraria del país donde el 10% de los mayores propietarios concentra el 80,6% del área rural según datos recientes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), reflejando que Colombia se encuentra en la cima entre los países de mayor desigualdad en la distribución de la tierra a nivel mundial. Pero más allá de las cifras, es necesario que la discusión trascienda la cuestión de las apariencias para apuntar hacia la esencia misma del problema: ¿qué intereses de clase se esconden detrás de la “reforma agraria” de Petro? ¿es cierto el relato de que el campesinado fue su principal beneficiario y que el poder de los terratenientes fue afectado?
Desde la corriente democrática, independiente y revolucionaria en el seno del movimiento popular afirmamos que la del gobierno Petro ha sido en esencia una falsa reforma agraria, maquillada con un discurso populista, la cual persigue los objetivos reaccionarios de apaciguar y cooptar al campesinado para alejarlo de las vías revolucionarias y de fortalecer soterradamente al sector más retardatario y decadente de toda la sociedad colombiana: la clase terrateniente. Consideramos que esta falsa reforma agraria nunca apuntó hacia una verdadera política de redistribución que rompa decididamente con la concentración monopólica de la tierra en el país y donde la tierra sea realmente para quien la trabaje; sino que en lo fundamental se limitó a una política de compra y adjudicación de predios improductivos, negociando a precio comercial con los terratenientes las tierras que ayer despojaron y monopolizaron, siguiendo el nefasto modelo de las reformas agrarias de López Pumarejo y de Lleras Restrepo durante el siglo XX que -lejos de contribuir a la democratización- terminaron en un fenómeno de reconcentración de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos y cada vez más poderosos dueños.
Reformas de este tipo terminan por fortalecer el poderío económico de la clase terrateniente, recibiendo fabulosos ingresos por la venta de sus peores propiedades. Además, con el hundimiento de su proyecto de modificación de la jurisdicción agraria, se ha reafirmado que las clases dominantes no están dispuestas a ajustar en lo más mínimo todo el armazón jurídico que por décadas ha blindado al latifundio de cualquier intento legal por expropiarle sus propiedades, revelando así el completo absurdo de pretender modificar la estructura agraria del país en beneficio del campesinado mediante el diálogo con los representantes políticos de los dueños de la tierra y el capital en los escenarios institucionales que ellos dominan y manipulan a su antojo. Para rematar, esta “reforma agraria” ha constituido un repugnante lavado de cara a gremios como la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), presentándolos como un sector dispuesto a contribuir al desarrollo agrario del país al disponer “generosa y desinteresadamente” algunas de sus tierras para la reforma agraria y enterrando su vieja imagen de activos promotores y financiadores del paramilitarismo. De esta manera, los viejos enemigos del campesinado se convierten de repente en aliados con quienes negociar y trabajar en pro de la nación, negando así la doctrina de la lucha de clases pregonada por el marxismo y aplicando en los hechos la colaboración de clases que sirve al decadente sistema capitalista imperante.
Para sustentar mejor estos planteamientos analizaremos algunos elementos de las dos principales modalidades de entrega de tierras en el marco de esta falsa reforma agraria: la compra de predios ofertados voluntariamente por los terratenientes y la entrega de bienes “confiscados” por el Estado a narcotraficantes, paramilitares y criminales de todo tipo.
El “pacto histórico” entre el latifundio y el gobierno Petro
Una de las fuentes de tierra en el marco de la “reforma agraria” fue la compra de predios improductivos a grandes propietarios, especialmente ganaderos, mediante el polémico acuerdo del gobierno Petro con Fedegán, en cabeza de su presidente José Felix Lafaurie. Hay dos cuestiones clave por denunciar con respecto a este excelente negocio de los de arriba que terminó por favorecer los intereses de la clase terrateniente: 1) El aspecto económico, a través del empoderamiento de los terratenientes mediante la compra de sus propiedades; y 2) El aspecto jurídico, a través del descarado blindaje del Estado a las tierras ilegalmente apropiadas por el latifundio.
Frente al primer punto, es evidente cómo la compra de predios por parte del Estado a grandes terratenientes a un precio comercial no deriva en un debilitamiento de quienes monopolizan la tierra sino por el contrario en su fortalecimiento. Al analizar con lupa estas compras se descubren hallazgos más inquietantes: son múltiples los casos de predios comprados en una cifra por encima del valor comercial y muchos de estos ni siquiera tenían suelos aptos para la agricultura o tienen serios problemas jurídicos. Hay abundante información por parte de la Procuraduría en la cual se exponen irregularidades en la compra de terrenos sobre un total de 136 mil 911 millones de pesos en el marco de la falsa reforma agraria. Por mencionar un ejemplo tenemos el caso del predio Los Cachorros (Meta), unas 18 mil hectáreas valoradas por 38 mil millones de pesos de los cuales la ANT alcanzó a pagar unos 27 mil millones, a pesar de tener suelos no aptos para la agricultura y problemas jurídicos relacionados con el englobe de baldíos de la nación.
En cuanto al aspecto jurídico, precisamente una de las mayores dificultades para materializar el acuerdo del gobierno Petro con los terratenientes se concentró en los problemas legales de los predios. Por ejemplo, en medio de las mesas técnicas del campesinado con la ANT en Codazzi (Cesar) una de las reiteradas excusas de sus funcionarios para justificar la lentitud en la compra de tierras fue que más del 90% de los predios ofertados para la “reforma agraria” tenían inviabilidades jurídicas, pues sus supuestos dueños no pudieron demostrar a través de sus documentos de propiedad que los predios no fueran fruto del despojo al campesinado o directamente de la apropiación de baldíos de la nación.
A pesar de las exigencias del campesinado para que estos predios fueran confiscados por el Estado o que los funcionarios facilitaran la información sobre la ubicación de estas tierras y la identidad de sus propietarios para poder proceder mediante las vías de hecho, la ANT se negó reiteradamente ante estas solicitudes. Su justificación fueron los impedimentos legales para proceder de tal manera e invocaron un par de principios, no amparados bajo ninguna ley, que se establecieron como un acuerdo con los terratenientes en el marco de la “reforma agraria”: los principios de “confianza y de confidencialidad”. Resulta que la ANT no podía romper la confidencialidad con los terratenientes frente a información delicada sobre los predios, pues estos podrían perder la confianza y dejar de ofertar las tierras ante la posibilidad de nuevas recuperaciones por las vías de hecho, pues con esto se frenarían los avances en la reforma. Queda así en evidencia la sólida estructura jurídica que protege la gran propiedad terrateniente y la alineación en los hechos de la ANT con los intereses del latifundio al tomar los acuerdos hechos con los grandes propietarios como principios rectores de la falsa reforma agraria, en detrimento de los intereses del campesinado.
En resumen, el terrateniente conservó sus mejores tierras y terminó vendiendo a precio comercial al Estado las peores fincas o inclusive tierras robadas a la nación o despojadas a pequeños y medianos campesinos, todo como un supuesto acto de buena fe para contribuir al desarrollo rural y a la paz en el campo. Esta fue la forma en que se cumplió la tarea de robustecer económicamente a la clase terrateniente de nuestro país en el gobierno de Petro sin debilitar la estructura latifundista de tenencia de la tierra. Sin duda alguna un excelente negocio para estos enemigos del pueblo, orquestado y ejecutado hábilmente por un gobierno autoproclamado como amigo y defensor del campesinado. Pero bien dice el viejo refrán que quien es amigo de todos no es amigo de nadie. Desde un punto de vista clasista y revolucionario podríamos precisar: quien es amigo del terrateniente no es amigo del campesino, por más que así lo quiera aparentar.
La doble amenaza que enfrentan los “beneficiarios” de la falsa reforma agraria
Una de las principales fuentes de entrega de tierras para cumplir las promesas de la falsa reforma fueron los predios de la SAE (Sociedad de Activos Especiales). Los procesos de extinción de dominio que sigue la SAE ponen en evidencia el sólido armazón jurídico que tienen los terratenientes para proteger su propiedad sobre la tierra aunque la justicia los haya condenado como criminales. Son procesos que demoran décadas, pueden quedar archivados y mientras se resuelven, la tierra queda administrada por “depositarios provisionales”. Pero en realidad lo que termina ocurriendo es que familiares, amigos, empresas o personas relacionadas con los antiguos propietarios pasan a ser los nuevos administradores, garantizando así la propiedad de los viejos terratenientes de manera legal. Por otro lado, mientras el proceso de extinción de dominio continúe abierto, la ANT no puede adjudicar el título formal de las tierras al campesinado, obligando a entregas provisionales.
La combinación de un sólido armazón jurídico que protege la propiedad del latifundio y un gobierno que pretende impulsar una reforma agraria ciñéndose a las leyes de un Estado al servicio del imperialismo, el gran capital y los terratenientes produce el escenario que los campesinos viven actualmente. La SAE y la ANT hicieron convenios sobre 537 predios, que le costaron cerca de 1 billón de pesos al Estado. Más de 300 se encuentran en manos de las asociaciones campesinas pero solo 3 de ellos se encuentran escriturados y registrados debidamente en instrumentos públicos. Sobre el resto de predios, el campesinado no tiene ningún tipo de seguridad jurídica.
Esto significa que asociaciones campesinas como las que se encuentran en los predios Caja de Ahorros #1 y Las Américas (tierras conquistadas vía recuperación) o La Alquería, todos ellos incautados a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes (ex jefe paramilitar conocido con el alias de “Comandante Barbie”) en el departamento de Cesar hoy se encuentren en graves riesgos jurídicos y de seguridad en el territorio. ¿A qué riesgos nos referimos? Pues basta con ver el caso ocurrido el pasado mes de julio en la finca El Central, zona rural de Montería. Allí más de 46 familias fueron desalojadas por la policía en conjunto con funcionarios de la SAE, la misma institución que dos años atrás les había entregado la finca bajo la figura de comodato a la Asociación Campesina Agraria y Popular de Córdoba en el marco de la “reforma agraria”. Frente a los cuestionamientos sobre el tema los funcionarios de la ANT han defendido públicamente que las promesas de compraventa son suficientes para garantizar la seguridad jurídica de estos predios. La realidad dice otra cosa.
El académico de la Universidad Javeriana Carlos Duarte, en el artículo Contrarreformismo agrario anticipatorio, afirma al respecto que: “cientos de comunidades habitan un limbo entre el acto administrativo que las instaló y el registro que las protegería. Son titulares de una expectativa, no de un derecho consolidado. Los actores armados entienden ese limbo mejor que muchos juristas (…) devolver presupone reversibilidad, y la reversibilidad es exactamente lo que la entrega provisional sin escrituración deja abierta. Aquí es donde la vía armada y la vía legal de despojo se fusionan”. Estas palabras se materializan en casos como el de las amenazas en el predio Jamaica (Magdalena Medio), donde paramilitares de las AGC advirtieron a la comunidad que “el Tigre ya tiene todo arreglado con el patrón para devolverle ese predio”.
Pero los grupos criminales no se han conformado solamente con las amenazas. Un caso representativo fue el que vivieron campesinos e indígenas en San Zenón (Magdalena), donde varias familias campesinas agrupadas en la Asociación de Víctimas Desplazadas de la Lucha decidieron recuperar un predio administrado por la SAE llamado El Garzal, exigiendo al gobierno su titulación. La comunidad resistió allí por años los hostigamientos de alias «El Turco», testaferro del clan de la sanguinaria paramilitar Enilce López, conocida como alias “la Gata”. En noviembre de 2025 asesinan a Luis Cisneros y un mes después la ANT anunció la adjudicación del predio a los campesinos vía título provisional, lo cual fue inútil dado que no contuvo al poder local que continuó hostigando a la comunidad y en febrero de 2026 asesinan a un segundo líder, Diomedes Mejía. Tras el hecho las familias se ven forzadas a abandonar el lote por completo.
Frente al despojo por vías legales o ilegales hay otro punto crucial: ¿qué pasa con todo el trabajo acumulado por los campesinos para civilizar las tierras, para acondicionarlas con el fin de vivir en estas y para la siembra de cultivos y la cría de animales? Pues termina siendo mano de obra no remunerada en beneficio de los antiguos propietarios de estas fincas, expresando así las una de las formas en que han evolucionado las relaciones semifeudales de explotación en nuestro país, marcadas por el latifundio y la servidumbre. Y si esta historia nos suena sospechosamente familiar es porque efectivamente ya la hemos vivido. En la ponencia Fracasos de los intentos de reforma agraria en Colombia: lecciones aprendidas para un futuro proceso de redistribución, de Jenniffer Vargas Reina, la autora señala un fenómeno bastante similar advirtiendo cómo los terratenientes “llevaron a cabo un proceso permanente de concentración de la tierra mediante la apropiación de las mejoras realizadas por campesinos-colonos quienes, a través de la técnica de la tumba y quema de bosques, fueron adecuando grandes extensiones que se volvieron útiles para la agricultura y la ganadería gracias a la acción campesina”. Así como los campesinos colonos durante el siglo XX, muchos de los campesinos “beneficiados” por la falsa reforma agraria corren el riesgo de perder las tierras conquistadas y todo su trabajo allí invertido, mientras que la tierra continúa concentrándose en pocas manos y el poder terrateniente se fortalece al beneficiarse de todo este trabajo gratuito, dejando sus tierras dispuestas para explotarlas a su servicio.
Lo que en apariencia es un intento reformista por parte de gobiernos “democráticos” como los de López, Lleras y Petro al que luego se le oponen contrarreformas de gobiernos ultraderechistas como los de Gómez, Pastrana y De La Espriella, se trata en realidad de una estrategia reaccionaria orquestada y ejecutada por las clases dominantes de nuestro país, en medio de su colusión y pugna, consistente en: 1) apaciguar al campesinado pobre bajo promesas ilusorias de redistribución de la tierra y de justicia social que nunca terminan por cumplirse y que se diluyen en la maraña de trampas e impedimentos jurídicos impuestos y defendidos por los representantes del latifundio dentro del Estado, que imposibilitan cualquier avance en la democratización de la tierra en el país mediante las vías institucionales; 2) debilitar la línea revolucionaria en el seno del movimiento campesino al promover ilusiones en la institucionalidad en contravía del camino de las recuperaciones de tierra mediante las vías de hecho e intentando cooptar a las masas campesinas en instrumentos burocráticos controlados por el Estado como el fallido intento de Lleras Restrepo con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) o los recientes Comités de Reforma Agraria impulsados por el petrismo; 3) atacar la ininterrumpida lucha armada campesina en Colombia y profundizar sus siniestros planes de pacificación del país -alineados con la doctrina contrainsurgente yanqui- trazados en los falsos e incumplidos acuerdos de paz con un sector de las FARC en 2016; 4) aparentar grandes transformaciones en el campo y ofrecer supuestas “soluciones” al centenario problema de la tierra en el país, mientras deja intacto el poder terrateniente y las relaciones semifeudales de explotación, bajo la lógica de la conciliación de clases donde el terrateniente y el campesino pueden coexistir y cooperar armónicamente sin perjuicio del otro, mientras que en los hechos termina sirviendo al fortalecimiento económico, político, jurídico y militar del latifundio.
El panorama actual para el movimiento campesino: ¡es momento de defender lo conquistado!
Si en el pasado gobierno el campesinado se encontró con una ANT que de palabra estaba por favorecer sus intereses pero que en los hechos resguardó la propiedad terrateniente y fortaleció su poder económico, hoy llega con pocos resultados y muchas incertidumbres a enfrentarse ante un gobierno ultrarreaccionario que desde el principio ha dejado explícita su posición pro-terrateniente y anti-popular, así como su defensa del latifundio. Ante este complejo panorama, el movimiento campesino tiene un doble desafío por delante: romper con todas las ilusiones institucionales sembradas con la falsa reforma agraria del anterior gobierno y organizarse para enfrentar la arremetida antipopular que prepara el nuevo gobierno. Sin romper con las promesas y migajas ofrecidas por una “reforma agraria” a cuenta gotas e inofensiva para el latifundio llevada a cabo mediante las vías burocráticas y condicionada por el poder terrateniente, no será posible confrontar la amenaza de la violencia reaccionaria de la ultraderecha.
Todos los gobiernos utilizan el método de la zanahoria y del garrote. Este fue hábilmente utilizado durante el gobierno oportunista de Petro y también será utilizado por De La Espriella, cada uno a su manera. Como bien lo explica el campesinado brasileño organizado en la Liga de Campesinos Pobres de Brasil: “el viejo Estado y sus diferentes administraciones de turno, independientemente del partido o coalición de partidos que sea, enfrentan la lucha campesina en dos formas y la combinación de ellas: por represión y por cooptación. En un momento utiliza la violencia contra los campesinos en lucha, en otro momento propone negociaciones y entendimientos, presentando políticas y programas de “reforma agraria” solo para publicidad. Con esto, el gobierno busca detener la lucha por la tierra, tratando de aislar a los sectores más combativos y cooptando a los sectores conciliadores y oportunistas del movimiento”.
Ante la doble amenaza de desalojo – Del gobierno ultraderechista como de los distintos grupos paramilitares al servicio del latifundio – que enfrentan cientos de familias campesinas es necesario fortalecer la organización, la unidad y la conciencia de clase revolucionaria para resistir las embestidas de la reacción. ¡Es momento de defender con lucha lo que hemos conquistado con lucha! Asimismo, los millones de campesinos que aún no lograron conquistar su anhelado pedazo de tierra, deben comprender progresivamente que las falsas reformas agrarias y promesas de tierra que vengan desde los de arriba solo los conducirá a una espera eterna e infructuosa. Tan solo unidos, organizados y luchando será posible que conquisten y defiendan una parcela para vivir y trabajar en ella.
Es tarea de los revolucionarios colombianos construir en el seno del movimiento campesino una corriente nueva, democrática, independiente y combativa. Es tarea de esta nueva generación reconstituir el movimiento revolucionario campesino que la reacción ha pretendido infructuosamente aniquilar. Los cuatro años que pasaron y el panorama que se abre no hace más que confirmar la vigencia y la necesidad de una verdadera revolución agraria en nuestro país. En torno a esta grandiosa bandera el campesinado podrá unirse con la clase obrera, con los estudiantes, con la intelectualidad democrática, con los pequeños y medianos comerciantes y en general con todas las masas populares del campo y la ciudad para liquidar por completo con el monopolio de la tierra y echar al latifundio finalmente al basurero de la historia, a donde pertenece. El actuar del campesinado que se organizó y avanzó en recuperar las tierras de los terratenientes y que tomó en sus manos la bandera de que la tierra sea para quien la trabaja, permite vislumbrar su enorme potencial revolucionario y el papel protagónico que tendrá como fuerza principal en la revolución de Nueva Democracia que se está gestando en Colombia.
