por Colaborador de Nueva Democracia
En un nuevo intento del viejo estado por contener la lucha del pueblo, el Consejo de Estado condenó a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Area de influencia Directa San Isidro de Chichimene (CJAID) y a su entonces representante legal Sandra Patricia Ruiz a pagar los perjuicios generados a Ecopetrol durante los bloqueos que realizaron a la Estación Chichimene, en Acacías (Meta) entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017. Este es un hecho sin precedentes en el país, con el que se pretende cobrar a los organizadores de la jornada de lucha, los costos generados a la empresa. Aunque no se ha decidido la cifra, se pretende incluir costos directos generados por la suspensión de contratos, así como pérdidas relativas por haber tenido que retrasar la extracción de petroleo durante esos días.
La lucha de la comunidad de Chichimene contra Ecopetrol
Los hechos por los que se da la condena, corresponden a la lucha de la comunidad por lograr que la petrolera diera mayores oportunidades laborales para personas de la región con y sin formación académica, entre otras demandas. Además el pulso entre empresa y comunidad no se limitó al bloqueo del 2017, la lucha se ha mantenido con los años y en abril del 2025, la comunidad organizada en el comité “No más TAC y no más Radiografía de Columna” realizó una jornada de protesta durante 10 días contra las barreras que implican los exámenes médicos para acceder a los empleos. Y es que la realidad laboral en el Meta ha sido difícil: según el DANE, el departamento registraba para el 2018 un desempleo en centros poblados y rural disperso de 9,1% y una informalidad del 82,2%; y para 2025 un 8,9% de desempleo y un 82,0% de informalidad. Debido al gran atraso económico, los grandes proyectos petroleros que se desarrollan en el departamento son una de las pocas fuentes de empleo formal, probablemente la única fuente para los habitantes de Chichimene.
Sin embargo, el acceso a trabajo no ha sido el único problema. Las comunidades también han denunciado el deterioro de vías y la contaminación ambiental. Tal es el caso del agua en las casas, que tradicionalmente la obtenían de pozos profundos, pero que con el inicio de la explotación petrolera terminó contaminada. O el caso de los vertimientos al rio Guayuriba de aguas tratadas provenientes de los campos de producción petrolera, que Cormacarena tuvo que suspender ante la evidente presencia de residuos de petroleo.
Por lo tanto, los grandes proyectos petroleros en la región no han llevado progreso económico a sus habitantes, ni siquiera brindan una garantía de trabajo estable. Lo que han llevado son daños ambientales, daños sociales y conflictos. La condena del Consejo de Estado se suma a la larga serie de injusticias que han tenido que enfrentar estas comunidades rurales, con el agravante de que actualmente ésta pretende acabar con su resistencia organizada.
Chichimene no es el único caso
Producto del atraso del campo colombiano y su dependencia a la extracción de materias primas en beneficio del gran capital y del imperialismo, en otras partes del país se han presentado conflictos y luchas similares. Solo en Casanare, el periódico MarthaCifuentes.com reporta casos con demandas y luchas similares a las de la comunidad de Chichimene en veredas de los municipios de Villanueva, Tauramena, Paz de Ariporo y San Luis de Palenque. Por lo tanto, la decisión del Consejo de Estado abre la posibilidad de demandas similares contra otras comunidades a lo largo de todo el territorio nacional.
Pero no son solo las comunidades rurales que han luchado contra proyectos extractivos en sus territorios quienes están en riesgo de ser criminalizadas y endeudadas. En la decisión del Consejo de Estado respecto a Chichimene se plantea que “el derecho a la protesta fue utilizado en este caso como un mecanismo de presión que excedió su función constitucional y democrática en tanto generó una afectación directa al derecho de propiedad y al normal desarrollo de la actividad económica de la empresa demandante”. Sin embargo, es precisamente esa la forma en que las clases oprimidas, históricamente privadas de poder económico, político y militar, han conquistado derechos en esta sociedad: presionando a las clases dominantes mediante bloqueos, huelgas, tomas, etc que afectan su economía o que ponen en riesgo su control político. Por lo tanto, lo que pretende esta decisión es limitar la protesta popular en general, añorando convertir la lucha en eventos sin ningún efecto económico contra el gran capital, y de esta manera quitar las posibilidades que tienen las clases populares para presionar para que se tomen medidas a su favor.
La posibilidad de contener definitivamente la lucha popular es la ilusión que persiguen los estados reaccionarios, sueños negros de los verdugos del pueblo. Pero la opresión genera resistencia, y el pueblo Colombiano, especialmente su campesinado probre, ha demostrado su incontenible fuerza. El movimiento popular derrotará la medida, o encontrará la forma de continuar la lucha a pesar de ella.
