por Laura Gutiérrez
La India es uno de los países más poblados del mundo, con aproximadamente 1.450 millones de habitantes, y alberga una extraordinaria diversidad de pueblos, lenguas, religiones y tradiciones culturales. Su territorio contiene importantes reservas de carbón, hierro, bauxita y otros minerales estratégicos, además de extensas zonas agrícolas y forestales. El país dispone, asimismo, de una considerable capacidad científica y técnica, con millones de trabajadores vinculados a la ingeniería y la informática. Su participación en las cadenas internacionales de producción tecnológica ha reforzado su importancia para las grandes potencias económicas. Sin embargo, detrás de esta imagen de crecimiento y modernización persisten profundas desigualdades sociales. La expansión de las grandes empresas ha profundizado la precariedad de millones de trabajadores y campesinos, mientras numerosas comunidades indígenas y campesinas afrontan la pérdida de sus tierras, la destrucción de sus medios de subsistencia y la imposición de proyectos de extracción de recursos.
Durante más de medio siglo ha habido una guerra interna en la India, vinculada, en particular, a la actividad de las guerrillas naxalitas, dirigidas por el Partido Comunista de la India (Maoísta). El movimiento naxalita tomó su nombre del levantamiento campesino de Naxalbari, ocurrido en 1967 en Bengala Occidental. La movilización, vinculada a luchas agrarias y a una corriente revolucionaria de orientación maoísta, marcó el comienzo de una tradición insurgente que posteriormente se extendió a distintas regiones del país. En 2004, el Partido Comunista de la India (Maoísta) se constituyó mediante la unificación de organizaciones anteriores, consolidando una de las principales estructuras insurgentes del país, que dice luchar por una Revolución de Nueva Democracia que barra con la dominación imperialista, el feudalismo y el capitalismo burocrático en la India.
En 2009 comenzó la ofensiva conocida como Operación Green Hunt, dirigida contra la insurgencia maoísta en varios estados. De los 6.500 agentes especiales de policía (SPO, por sus siglas en inglés) activos en Chhattisgarh —zona de fuerte presencia guerrillera y también de comunidades indígenas adivasi—, se pasó al despliegue de 50.000 efectivos paramilitares en los estados clave de Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Orissa y Bengala Occidental. Esta arremetida del Estado marcó un aumento desmedido de las masacres, los falsos positivos, la quema de las casas de la población, las violaciones de mujeres, las violaciones de los derechos humanos y el desplazamiento forzado. Entre 2009 y 2013, según el South Asia Terrorism Portal (SATP), fueron asesinados 1.597 civiles y 1.038 «maoístas».
La Operación Kagaar, iniciada en enero de 2024, representó una nueva intensificación de esta estrategia. El Gobierno planteó la eliminación de la insurgencia como un objetivo con un plazo definido, fijado para el 31 de marzo de 2026. Al fracasar en su intento de eliminar la guerrilla, lo que hizo fue agudizar el genocidio, reforzando la estrategia de violencia paramilitar con bombardeos aéreos. Kagaar buscó la eliminación de toda resistencia democrática y constitucional en Bastar, junto con la resistencia armada. De hecho, organizaciones democráticas y de derechos humanos la denominan una campaña genocida del Estado indio contra la propia existencia de las poblaciones adivasi (pueblos indígenas de la India).
Una de las dimensiones más graves de la Operación Kagaar son las denuncias sobre muertes de civiles presentadas oficialmente como bajas de la insurgencia, así como las acusaciones de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y obstáculos a las investigaciones independientes. Bela Bhatia, investigadora de casos de violencia en Bastar y defensora de los derechos humanos, relató que, desde comienzos de 2024, aumentó notablemente la frecuencia de los llamados enfrentamientos armados. Según su testimonio, algunos de ellos serían falsos enfrentamientos en los que civiles habrían sido asesinados y presentados posteriormente como maoístas muertos en combate.
Además, existen numerosos casos de bombardeos aéreos indiscriminados, denunciados ante las Naciones Unidas, que han provocado muertes de civiles. Uno de los casos más brutales ha sido el asesinato de una niña de un año mediante un bombardeo aéreo. Según Moolvasi Bachao Morchha, se emplearon lanzacohetes y bombas lanzadas por drones en zonas forestales de Palaguda, Ittaguda, Jilorgada, Gommaguda y Kanchal, donde en abril de 2024 se denunciaron más de 30 explosiones.
Tras la fachada de la guerra contrainsurgente, se impulsó la imposición de proyectos mineros en las zonas de conflicto. Las regiones forestales del centro y el este de la India contienen yacimientos de carbón, hierro y bauxita, entre otros recursos utilizados por la industria siderúrgica, la producción de aluminio y diversos sectores manufactureros. Ya en 2010, una estimación oficial indicaba que hasta 400.000 personas habían sido desplazadas desde el comienzo del conflicto.
La política industrial de Chhattisgarh para el período 2024-2030 contempla inversiones en Bastar por valor de 52.000 millones de rupias, de las cuales más del 80 % estaría destinado a proyectos mineros vinculados a la empresa estatal NMDC. Mediante la represión violenta de la resistencia de las comunidades, se abrió por primera vez el acceso a empresas privadas para explotar recursos minerales en las colinas de Bailadila. Tras la máscara de la guerra contrainsurgente, el Estado se opone armada y violentamente a toda oposición a los proyectos mineros. Por ejemplo, en 2024, el Gobierno de Chhattisgarh prohibió el Moolwasi Bachao Manch, un movimiento que se había organizado públicamente para defender los derechos de las comunidades locales.
La India y la estrategia estadounidense en el Indo-Pacífico
El Estado fascista y las clases dominantes locales de la India impulsaron estas campañas de guerra contra el pueblo bajo el impulso y el auspicio del imperialismo estadounidense.
Desde la administración de Barack Obama, Washington ha puesto un mayor énfasis en el Indo-Pacífico, una región decisiva para el comercio internacional, las rutas marítimas, las cadenas de suministro y la competencia interimperialista entre grandes potencias. La India ha cobrado una creciente importancia estratégica para Estados Unidos como fuente de mano de obra destinada a reemplazar la mano de obra barata china en las grandes empresas tecnológicas de explotación; como población demográficamente disponible para las guerras del imperialismo en la región; y como apoyo para reforzar los ejércitos mercenarios que participan en las guerras interimperialistas y en el control de los países oprimidos de la región.
Según el Departamento de Estado estadounidense, el comercio de defensa entre Estados Unidos y la India pasó de prácticamente cero en 2008 a más de 20.000 millones de dólares en 2020. El comercio militar es casi unilateral: la India realiza adquisiciones de helicópteros Apache y MH-60R, aviones de transporte militar y sistemas de vigilancia.
El programa International Military Education and Training (IMET) anunció que, desde 2003, la India recibía al menos un millón de dólares anuales en financiación. El programa permite formar a militares extranjeros, desarrollar relaciones entre mandos y mejorar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses.
Paralelamente, se han celebrado numerosos acuerdos que facilitan la cooperación logística, las comunicaciones militares, el intercambio de información y los ejercicios conjuntos de Estados Unidos en la India. Entre sus instrumentos se encuentran el Acuerdo de Intercambio Logístico (LEMOA) y el Acuerdo de Compatibilidad y Seguridad de las Comunicaciones (COMCASA).
Mientras se profundiza esta cooperación estratégica y militar, crecen también la resistencia popular y la inconformidad social. En los últimos meses, miles de jóvenes se han lanzado a las calles de las principales ciudades de la India, movilizados por el movimiento conocido como «Cucarachas». Sus protestas, vinculadas a denuncias de corrupción, irregularidades en los exámenes de admisión a las universidades y cuestionamientos al sistema electoral, expresan también un profundo descontento social. Este movimiento es la expresión de una olla a presión en la que se acumulan las contradicciones de una sociedad marcada por las desigualdades, la precariedad y la falta de perspectivas para amplios sectores de la juventud. Las contradicciones que atraviesan el campo, donde las comunidades adivasi y campesinas enfrentan el despojo territorial, la expansión minera y la violencia estatal, también se manifiestan en las ciudades, donde millones de trabajadores y jóvenes padecen la inseguridad económica y las limitaciones de un modelo de desarrollo que beneficia solo a una ínfima minoría de grandes burgueses, terratenientes e imperialistas.
La respuesta estatal a las protestas evidencia, además, la amplitud de la represión contra quienes cuestionan las políticas gubernamentales. Las protestas de la juventud han sido reprimidas brutalmente y los derechos democráticos más básicos, como los derechos de asociación y de reunión, han sido negados. Según Amnistía Internacional, durante las protestas de julio se documentaron actuaciones policiales que vulneraron los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. El 10 de octubre, las autoridades detuvieron a miles de personas en Nueva Delhi para impedir una nueva manifestación del movimiento. Human Rights Watch denunció detenciones arbitrarias, agresiones contra manifestantes, restricciones a la circulación y suspensión de servicios de internet móvil.
Así, la represión contra la juventud urbana y la violencia ejercida contra las comunidades indígenas y campesinas en las zonas rurales forman parte de un escenario más amplio de guerra contra el pueblo. En el contexto de la creciente cooperación estratégica y militar entre la India y Estados Unidos, las políticas de seguridad, la expansión de los proyectos extractivos y la competencia entre grandes potencias se imponen sobre el pueblo en busca de su «pacificación» a sangre y fuego.
En esta perspectiva se inscribe la campaña de la Liga Antiimperialista Internacional (AIL), que llama a fortalecer la solidaridad revolucionaria internacional con el pueblo de la India. Difundir esta iniciativa, denunciar la violencia ejercida contra las comunidades y contribuir a dar visibilidad a sus luchas son formas concretas de expresar la solidaridad internacionalista frente al imperialismo y la represión.
Fortalezcamos la solidaridad revolucionaria internacional con el pueblo de la India. Más información: https://ail-red.com/
