por Francisco Toledo

El Gobierno de Abelardo De la Espriella impulsa una de sus políticas reaccionarias para cumplir los planes del imperialismo yanqui en la región y profundizar la semicolonialidad y la semifeudalidad en nuestro país. Esta es una ofensiva ideológica que la ultraderecha en América Latina ha llamado «guerra cultural».
La “batalla cultural” o “guerra cultural” es la otra cara de la moneda de la creciente represión contra la protesta popular. Busca alinear ideológicamente a un sector de las masas con la ultraderecha para favorecer sus planes y justificar, en el terreno político e ideológico, las medidas represivas del nuevo Gobierno ultrarreaccionario.
La primera ministra de Educación designada, Vivian Morales, afirmó que había que “sacar a Marx y meter a Dios” del sistema educativo y anunció que firmaría decretos para permitir la entrada de iglesias cristianas en instituciones educativas públicas, con el propósito de imponer una moral conservadora en materia de género, familia y sexualidad. Su sucesora, Irma Miriam Hoyos, es una abogada católica y conservadora que, durante su ejercicio como fiscal, intervino en favor de la criminalización del aborto.
Asimismo, el Gobierno busca instaurar la guerra cultural en las universidades públicas mediante doctrinas y medidas de carácter religioso. En un primer momento, aunque posteriormente fue reemplazado, el capellán de la Presidencia, Rodolfo Londoño —sacerdote católico que declaró públicamente: “Necesitamos gobernantes que teman a Dios”— fue nombrado representante ante los consejos superiores universitarios de cinco universidades públicas: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico. Actualmente, su sucesor en la Universidad de Antioquia es Camilo Andrés Noguera Abello, quien dirige el partido de ultraderecha y de gobierno Defensores de la Patria.
La guerra cultural también se expresa a través de las relaciones internacionales del viejo Estado. El canciller designado, Omar Bula Escobar, habla abiertamente de librar una “guerra cultural” y se ha alineado con el sionismo. La guerra cultural en Colombia forma parte de las políticas que el imperialismo yanqui, encabezado por Trump, impulsa en la región. A esta ofensiva se han sumado los gobiernos de Milei y Bukele.
Esta guerra cultural atenta contra los derechos de las mujeres, pues busca criminalizar el aborto. Además, la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció que dejará de utilizarse la palabra “niñas” en las comunicaciones oficiales del Estado y en las políticas públicas, como parte de una orientación política retrógrada y conservadora. Además, el Gobierno y la anterior ministra de Educación se pronunciaron en contra de la educación sexual integral en los colegios, argumentando que esta haría parte de la llamada “ideología de género”, término que la derecha y la ultraderecha han utilizado para atacar las libertades democráticas conquistadas durante años de lucha por diversos sectores del pueblo, entre ellos las mujeres y la comunidad LGBT. A esto se suma la reciente retirada de Colombia de la Coalición Internacional por la Igualdad de Derechos, una alianza que promueve los derechos de la comunidad LGBTI y que está integrada por 43 países y un centenar de organizaciones sociales.
Al mismo tiempo, el Gobierno de De la Espriella anunció un recorte del 30 % al presupuesto de cultura, lo que limitaría aún más las posibilidades del pueblo y de amplios sectores de la población de desarrollar expresiones artísticas y culturales. Se trata de otro golpe a las libertades democráticas. Pero eso no es todo. En declaraciones recientes, Abelardo De la Espriella anunció el inicio de una “contrarrevolución cultural” y ordenó retirar alrededor de 30 obras del Museo Nacional, en Bogotá, que, según él, hacen apología del “terrorismo”. La medida se concretó en la censura de obras que retrataban la lucha de la comunidad LGBT, las luchas feministas y de las mujeres populares, así como la historia del genocidio perpetrado por el viejo Estado contra militantes de la Unión Patriótica (UP).
Ataque y castigo a la prensa que cuestiona las medidas del gobierno
En septiembre de 2026, Caracol Televisión canceló el programa Mañanas Blu, conducido por la periodista Camila Zuluaga durante ocho años. Todo apunta a que la cancelación estuvo relacionada con el conflicto público entre el programa y la campaña de De la Espriella. Zuluaga dijo en una reunión con su equipo: “Lo siento, porque el Gobierno pide mi cabeza; todos se tienen que ir”.
Otro caso fue el del caricaturista Vladdo, quien salió de Noticias RCN después de publicar una caricatura que cuestionaba al presidente por caminar entre cadáveres tras las operaciones militares en el Guaviare.
Antes de su campaña electoral, Abelardo ya era conocido por recurrir a acciones judiciales contra periodistas que lo cuestionaban e investigaban sus presuntos nexos con el paramilitarismo. Durante la campaña, aseguró: “No tengo problema con la prensa (…). Solo tengo problemas con 13 activistas que quieren parecer periodistas, y yo he recurrido a los mecanismos que me dan la Constitución y la ley para defenderme cuando me han difamado”. También afirmó: “Creo que hay un pequeño porcentaje de periodistas que son activistas y que utilizan el periodismo como una mampara para hacer política y escupir odio, y yo con eso no me voy a quedar quieto (…). Cuando se alteran los hechos para generar likes o perseguirnos a uno, no me quedaré callado (…). Los periodistas se creen Dios, ellos cuestionan todo y nadie los puede señalar”.
En consecuencia, Abelardo atacará al periodismo que se atreva a cuestionar y denunciar sus políticas reaccionarias. La prensa popular, democrática y revolucionaria será uno de sus blancos principales por denunciar constantemente sus planes al servicio del imperialismo y de las clases dominantes de nuestro país.
El gobierno de De la Espriella como pilar del imperialismo yanqui en la región
Las medidas reaccionarias impulsadas por De la Espriella no constituyen un fenómeno aislado. Estas medidas se enmarcan en los planes del imperialismo yanqui, establecidos en su Estrategia de Seguridad Nacional, para impulsar una educación y una cultura machistas, basadas en la sumisión y cada vez más decadentes, con el propósito de mantener el viejo sistema. Al mismo tiempo, buscan atacar las libertades democráticas conquistadas en distintas jornadas de lucha, crear una masa obediente y fomentar el odio entre el pueblo. Asimismo, se busca difundir una cultura religiosa y supersticiosa que oculte la realidad de la lucha de clases y desplace las teorías científicas orientadas a transformar la sociedad. Ante esta ofensiva y esta contrarrevolución ideológica, los sectores democráticos, verdaderamente progresistas y revolucionarios deben unirse y luchar por desarrollar una educación y una cultura nacionales, antiimperialistas, científicas, de masas y al servicio del pueblo.




