Por: Edelmira Hernández
Fuente: Instagram @campesinos_de_tierra_y_agua
Desde el 29 de junio hasta el 5 de julio, más de 30 asociaciones campesinas del Cesar, Magdalena y la Guajira, se tomaron Valledupar e hicieron diversas movilizaciones con el propósito de exigir al gobierno saliente y sus instituciones, que cumplan con las promesas que realizaron en campaña y durante los cuatro años de gobierno. Este hecho se desarrolla en medio de una reciente polémica por las cifras de tierras “entregadas” que difunde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las críticas a esas mismas cifras.
El gobierno reporta más de 338.000 hectáreas entregadas a las comunidades campesinas. Uno de los argumentos más fuertes que cuestiona dicha cifra, es el hecho de que esa tierra ha sido “entregada” bajo figuras que no garantizan un blindaje jurídico a los campesinos que están gozando materialmente de ellas. Cecilia López, ex ministra de agricultura afirma que, de esas más de 300 mil hectáreas entregadas, tan solo 87 mil tienen escritura pública, única figura, según ella, que puede ofrecer un blindaje jurídico a los nuevos propietarios. Incluso la actual ministra acepta que las entregas simbólicas, los títulos provisionales y el comodato, fueron las figuras jurídicas predominantes que se utilizaron por parte del gobierno saliente para la entrega de predios.
Esta ha sido la polémica más reciente frente a la Reforma Agraria del gobierno saliente, sin embargo, no ha sido el único problema. Pese a que millones de campesinos constituyeron asociaciones y siguieron cada trámite burocrático necesario, esperando pacientemente que la promesa de una parcela se hiciera realidad, la gran mayoría de ellos no pudieron ver realizados sus sueños, e incluso como dejan en evidencia las denuncias de Cecilia López y las protestas y pronunciamientos campesinos, la mayoría de quienes hoy gozan materialmente de la tierra, están en la zozobra de no contar con un amparo jurídico para defenderse del despojo por parte de los poderes tradicionales, cuya estructura no ha sido apenas trastocada por el actual gobierno.
Frente a las tierras “entregadas”, realmente no está clara la cifra de tierras conquistadas a través de trámites burocráticos de la ANT en comparación con las tierras conquistadas a través de las vías de hecho. Lo cierto es que, de las aproximadamente 30 asociaciones que protagonizaron las movilizaciones en Valledupar, solo 2 tienen posesión (no definitiva) de sus predios, y lo han hecho a través de procesos de recuperación de tierras por vías de hecho, pese a que, de manera oficial, la ANT les desaconsejara esa vía.
La protesta campesina
Bajo las consignas “¡Que el gobierno cumpla, queremos tierra ya!” y “¡Que la Agencia cumpla, queremos títulos ya!”, la protesta campesina que se desarrolló en Valledupar, inició con un campamento al frente de la Caja Agraria el lunes 29 de junio. Inicialmente no hubo bloqueo de vías, ni toma de oficinas, ya que la actitud de las asociaciones campesinas fue de diálogo y concertación. Sin embargo, recibieron por única respuesta la colocación de vallas en todo el perímetro del edificio. Es decir, los campesinos recibieron un portazo en la cara.
El 1 de julio, frente a los hechos mencionados, los campesinos decidieron tomarse las calles de Valledupar en una movilización enérgica, que paralizó las vías por un par de horas. Esta movilización impactó en la opinión pública porque hace mucho tiempo, no se veía marchando al campesinado por las calles de la ciudad de esta manera. La marcha culminó con un bloqueo de las vías como medida de presión para obtener respuestas satisfactorias. Esa misma noche, recibieron la visita de una funcionaria de la Agencia y del alcalde encargado de la ciudad. Los campesinos llegaron a la conclusión de que esas horas de movilización y presión, fueron más efectivas que los dos días de campamento a borde de carretera frente a la Caja Agraria.
La intervención del alcalde encargado, que llegó acompañado de un funcionario de la policía, fue muy indignante para los campesinos. Él planteó que el municipio no tenía la culpa de que la ANT no hubiera respondido sus promesas, dando a entender que el problema del campesinado sin tierra del Cesar no le incumbe al municipio. Pidió además, que las vías fueran desbloqueadas porque había eventos internacionales en la ciudad y eso “generaba una mala imagen”. Por otro lado, el funcionario de la policía amenazó a los campesinos, diciendo que lo que estaban haciendo constituía un acto vandálico y que debían desbloquear sí o sí. Los campesinos respondieron que el problema de los campesinos sin tierra es un problema del país, del departamento y del municipio y que seguían exigiendo lo que han sido sus peticiones históricas: tierra para trabajar y títulos definitivos para no perder la tierra conquistada. Frente a la supuesta “mala imagen internacional”, denunciaron que ese fuera el único interés mezquino de los funcionarios y recalcaron que lo que se estaba viviendo en el bloqueo de las vías, era la realidad del municipio y esa realidad había que mostrarla. Además, con mucha valentía le respondieron al funcionario de la policía que la lucha popular, que ellos estaban desarrollando, no era un delito sino un derecho y que con amenazas no los iba a amedrentar.
Más tarde, esa noche, el campesinado en medio de agitadas discusiones, decidió desbloquear las vías, advirtiendo que al día siguiente se iban a tomar el peaje si no llegaba algún funcionario de la Agencia Nacional de Tierras de nivel nacional, con poder decisorio para dar respuesta a sus exigencias. A la mañana del día siguiente, jueves 2 de julio, por el temor a la movilización campesina, la Agencia Nacional de Tierras se comprometió con el desarrollo de una mesa de diálogo para el 3 de julio en Bogotá. A dicha mesa asistieron algunos de los voceros de las comunidades que estaban movilizándose. Las respuestas de la Agencia fueron en su mayoría desalentadoras:
A los campesinos les dijeron, por un lado, que no había más dinero para comprar más tierra a privados, es decir para adquirir tierras de terratenientes y entregarlas a campesinos. Y por otro lado, que después de las recientes elecciones presidenciales, la fuerza pública no estaba disponible para realizar nuevas aprehensiones de lotes, paso necesario para, desde la institucionalidad, recuperar tierras del Estado que se encuentran en procesos de extinción de dominio a narcotraficantes y paramilitares, que deberían ser administradas por la SAE o pertenecer al Fondo para la Reparación a las Víctimas, pero que dichos predios siguen en manos de testaferros ligados al poder gamonal. Por ello la ANT plantea que, sin la disposición de la Policía y Ejército, no es posible hacer nuevas recuperaciones de dichos predios para entregarlos a campesinos.
Frente al problema, de los títulos para aquellos campesinos que alcanzaron a recuperar tierras recientemente, dijeron que iban a hacer todo lo posible por regularizar la situación de las dos únicas asociaciones (de las 30 presentes) que tenían tierra. Esas dos asociaciones campesinas poseen tierra, porque se decidieron por vías de hecho a recuperarla y posteriormente la Agencia Nacional de Tierras se vio obligada a aceptar la ocupación y otorgar actas de entregas y títulos provisionales.
Algunos aprendizajes
La movilización terminó el 5 de julio y dejó varias opiniones entre los campesinos. El primero, fruto de esa semana de lucha, fue que se había constatado que las vías de hecho son determinantes en la lucha popular para conquistar los derechos y reivindicaciones, desde las más pequeñas, como la interlocución con funcionarios, hasta las más grandes, como la tierra para trabajar.
Otro comentario mencionado por algunos líderes, es la necesidad de que el campesino se organice y vislumbre de manera más sistemática el camino de la recuperación y la toma de tierra como la vía más efectiva para conquistar su parcela. Conclusión fruto de la práctica de decenas de organizaciones del norte del país que se encontraban movilizadas, para las cuales ha sido muy contrastante la vía institucional y la vía popular: 28 asociaciones que hicieron todos los trámites burocráticos, según las disposiciones de la ANT, y se abstuvieron de recuperar tierras por las vías de hecho, hoy no tienen tierra, mientras que 2 asociaciones, las únicas que se atrevieron a utilizar las vías de hecho, y se tomaron lotes que desde hacía años les habían prometido, son las que hoy tienen tierra, bajo una entrega provisional, pero tienen algo que defender.
Otro comentario de uno de los líderes, fue que en abril se hizo la última compra de tierras en el Cesar, sin embargo, es hasta ahora, en julio, a menos de un mes de entregar el gobierno, que la Agencia confiesa que no tiene más dinero para más compras. El líder mencionó que esa información se ocultó deliberadamente a los campesinos para poder mantener viva la ilusión de tierra, y utilizarlos como caballito de batalla en la campaña electoral presidencial.
La movilización culminó, pero los anhelos campesinos no han tenido respuesta. El balance sobre la reforma agraria, impulsada durante el saliente gobierno de la falsa izquierda, tendrá que profundizarse, pero por ahora, se presenta que una gran parte del campesinado del país siente una decepción profunda, por no haber podido conseguir su pedazo de tierra para trabajar. Esto es un hecho. Los campesinos sin tierra, siguen sin haberla conquistado, mientras tanto, tienen que ver cómo la mayoría de los gamonales y terratenientes de su región siguen disfrutando de su poder económico y político, acaparando las mejores tierras de la región sin trabajarlas.
Las denuncias del despojo se suceden una tras otra. Fue muy famoso el caso de los campesinos torturados y amenazados en el predio La Primavera, en el Meta, por parte del Clan del Golfo hace aproximadamente dos semanas. Un caso escandaloso es el denunciado por familias campesinas en Montería, quienes fueron víctimas de desalojo por parte de la SAE y la fuerza pública dos años después de haber recibido la tierra por la ANT.
Algunas personas dentro del movimiento popular y campesino, afirman que estos hechos son la consecuencia de que haya ganado las elecciones presidenciales el reaccionario Abelardo de la Espriella, en lugar del “progresista” Iván Cepeda. La realidad es que el movimiento popular y el movimiento campesino no pueden depender de uno u otro gobierno para realizar y mantener sus conquistas. Organizaciones independientes, dentro de la lucha campesina, plantean que la tarea que tiene el movimiento campesino en el norte del Cesar, y en todo el país, consiste en reorganizar sus fuerzas para conquistar un pedazo de tierra para cada campesino y con ello ir enfrentando poco a poco de manera sistemática al poder terrateniente.
