Por: Antonio Gómez
Desde el comienzo del mundial de fútbol de la FIFA en 2026, con sede en México, Estados Unidos y Canadá, organizaciones y masas populares de esos tres países, principalmente México, han promovido masivas protestas y un amplio movimiento crítico en su contra.
El mundial es un espectáculo que históricamente ha convertido al fútbol, una práctica deportiva de origen y carácter obrero-popular, en una mercancía. Emplea todo un sistema represivo para explotar al pueblo y a la nación anfitriones y poner las ganancias del evento en manos de sus patrocinadores permanentes, monopolios imperialistas como Adidas, Coca-Cola, Qatar Airways, VISA, Hyundai-Kia y Aramco. Esta es la razón de la contradicción entre este evento y las masas populares que lo denuncian en cada oportunidad.
El mundial como forma de dominación y explotación tiene un aspecto ideológico y político muy evidente en el siguiente y muy reciente suceso: La empresa colombiana Saeta, quien diseñó y confeccionó la camiseta oficial de la selección de fútbol de Haití para este mundial, se vio obligada a retirar de su diseño original una alusión simbólica a la histórica batalla de Vertières.
En esta batalla, las tropas haitianas comandadas por el libertador Jean-Jacques Dessalines derrotaron al ejército del imperialismo francés, en ese momento a cargo de Napoleón.
Esta batalla es tan significativa, que semanas después de este enfrentamiento, Haití tuvo su independencia oficial. Es un suceso histórico en la lucha del pueblo haitiano contra el imperialismo francés y todo el sistema imperialista que, al sol de hoy, continúa subyugando a los haitianos.
Este hecho revela el interés de la FIFA como asociación imperialista en el acallamiento de la reivindicación de las luchas populares y antiimperialistas de las naciones oprimidas. Este silenciamiento de la simbología popular se da paralelo a la represión que practican los Estados verdugos de estos intereses imperialistas, contra los trabajadores que, en las calles, denuncian la perversidad con que funcionan este tipo de eventos.
El epicentro de las protestas es, esta vez, México. En una rueda de prensa antes de la jornada inaugural, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que «todo está bajo control», ante las preguntas de la prensa monopólica, que vociferaban la inquietud de la burguesía, frente a las manifestaciones que habían sido anunciadas para el día de la apertura.
Cerco policial en los alrededores del Estadio Azteca. Foto tomada de Luis A. Rojas, NYTimes.
Manifestantes quebrando el cerco policial, foto tomada de Fred Ramos/ REUTERS.
Las protestas tuvieron lugar a las afueras del Estadio Azteca, al sur de la ciudad de México. Organizaciones populares encontraron la oportunidad para denunciar al mundo que en el país hay aproximadamente 133.000 víctimas de desaparición forzada.
“Aunque haya fiesta acá, hay dolor aquí. No puede haber tanta fiesta en un México donde se nos está callando”: manifestó Yoltzi Martínez, cuya hermana Yatzil fue desaparecida en 2010, para el medio Insurgencia Manisterial.
El control que el Estado mexicano había establecido contra las masas, mediante el aparato policial y militar, fue desafiado masivamente en las calles.
Tal como a los haitianos se les prohibió elevar su lucha nacional con un pequeño gesto, el pueblo mexicano es silenciado en su clamor por difundir ante el mundo la lucha contra la desaparición forzada.
Esta forma de represión es sistemáticamente practicada por las clases dominantes mexicanas, dejando víctimas como los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de quienes se desconoce su paradero desde 2014 tras una protesta que terminó en enfrentamientos con la policía.
México tiene precedentes importantes de opresión y resistencia contra estos espectáculos de dominación.
En el Mundial de 1986, el pueblo denunciaba que se hiciera una copa del mundo un año después que el centro, sur y occidente del país había sido azotado por un terremoto.
También, en los juegos olímpicos de 1968, días antes de la inauguración, al menos 325 estudiantes fueron brutalmente masacrados en la Plaza de las Tres Culturas en el conjunto habitacional de Tlatelolco, en la ciudad de México. Allí se desarrollaba una protesta estudiantil en medio de una huelga de varias universidades, uno de cuyos puntos era, justamente, la lucha contra la violencia policial.
El jefe de Estado era, en ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, del PRI, e informante de la CIA, conocido por ser uno de los elementos más militantes de la contrainsurgencia proimperialista yanqui en México.
La actual presidenta Sheinbaum, al inicio de su mandato, pidió disculpas en nombre del Estado mexicano por esa brutal masacre contra el pueblo. Inversamente, en el escenario de la actual copa del mundo, antes que reconocer la legitimidad de las demandas populares, Sheinbaum etiquetó las protestas como necias «provocaciones», insultando la lucha de las familias de las víctimas que han sido desaparecidas en México, con la complicidad del Estado y de las organizaciones que recogen la memoria de los estudiantes de Tlatelolco.
Desde el comienzo del año, organizaciones populares mexicanas han protestado contra el efecto de gentrificación, esto es, desplazamiento de las clases populares en favor de los ricos, mediante el encarecimiento de la vivienda, que trae el mundial.
Los protestantes consideran el mundial como una forma de “lavar décadas de narcoestado, violencia pública y política generalizada y la anulación de las comunidades y pueblos originarios”.
La explotación del trabajo local que es requerido para la edificación de estadios y estructuras aledañas con fines turísticos es una de las formas de explotación en las que se basa el espectáculo del mundial.
Voces de sectores populares y democráticos de todo el mundo denunciaron, por ejemplo, las indignantes condiciones en que fue usada la mano de obra inmigrante para el mundial de Qatar en 2022, denuncias respaldadas por fundaciones como Amnistía Internacional. Los trabajadores inmigrantes de la India, Bangladesh y Nepal eran estratégicamente dejados en un estatus migratorio de precaria legalidad y precario acceso a derechos por el Estado monárquico de Qatar para ser obligados a aceptar oprobiosas condiciones de trabajo contra la amenaza de detención y deportación.
Al mismo tiempo, sus permisos de residencia para moverse libremente eran negados. Sus pasaportes confiscados por empleadores y sus salarios, en ocasiones más bajos con respecto a los que les eran prometidos, cargados con altas tasas a ser pagadas a contratistas intermediarios entre ellos sus empleadores directos.
Que se haya hecho un mundial en un país denunciado por sobreexplotación y violaciones de los derechos humanos de los trabajadores no es nuevo. El mundial de 1934 se hizo bajo la Italia gobernada por el fascista Mussolini. El mundial de 1974 se hizo en la Argentina de la dictadura militar de Videla.
La copa del mundo actual se desarrolla en un momento en el que el imperialismo yanqui está en decadencia, siendo uno de los reflejos de esa decadencia la presidencia del ultrareaccionario Donald Trump, quien, sin embargo, es amigo personal de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
