Por: Antonio Gómez
A principios del mes de julio del presente año, se dio la reunión del gobierno nacional con diversas organizaciones populares y sectores interesados en el proceso de la delimitación del páramo de Santurbán, un ecosistema localizado en la frontera entre Santander y Norte de Santander, que abastece de agua a unos 40 municipios de los dos departamentos.
En esa reunión, hizo presencia un grupo de reservistas del ejército colombiano con uniformes militares y portando banderas del Estado genocida de Israel y del departamento de Santander con un tigre en el centro (alusión a la campaña de Abelardo de la Espriella). [1]
La presencia de estos elementos tuvo el objetivo de perfilar e intimidar a defensores populares del ecosistema, y sigue la misma línea del presidente electo, el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella, de defender los intereses imperialistas, en este caso, de la multinacional canadiense Aris Mining, al tiempo que se usa la bandera de Colombia y símbolos sionistas.
Esta empresa canadiense, antes llamada Minesa y que ha cambiado de nombre varias veces, ya se encuentra explotando tierras en otras zonas del país como Segovia (Antioquia) y Marmato (Caldas). Con su entrada en el páramo, ARIS Mining busca taladrar la montaña y producir más de 8.2 toneladas de oro anuales. Esto le reportaría unos 33 billones de pesos en ganancias, lo cual supera el presupuesto, incluso, de varios ministerios del Estado colombiano. Sin contar ganancias que también se podrían percibir a raíz de otros recursos minerales que alberga el páramo como el cobre y uranio. [2]
La actual táctica de Aris Mining para entrar al páramo, es formalizar a mineros tradicionales de la zona, para a través de ellos, por un lado, tercerizar la explotación del territorio y, por otro lado, ir penetrando la zona ejerciendo ella misma su actividad minera a escala industrial. Fabio Arjona, el ministro de ambiente nombrado por De la Espriella, ya manifestó su disposición a que la minera opere de esta manera en el territorio en cuestión.[3]
Para los movimientos sociales ha sido evidente el esfuerzo de la minera y de las clases dominantes locales por dividir al pueblo santandereano y nortesantandereano, quienes serían los principales afectados con una eventual masiva destrucción del ecosistema del páramo. En los medios monopólicos se promueve una narrativa en la cual, pequeños mineros tradicionales y ambientalistas se presentan como dos polos antagónicos, y los segundos, en particular, son estigmatizados como auspiciadores de la minería ilegal practicada por organizaciones criminales como el Clan del Golfo. [4]
Es decir que, para los canadienses y el Estado colombiano a su servicio, no hay otra alternativa que la minería en manos de grupos ilegales o el capital imperialista «legal». Para el Estado colombiano son más importantes la renta billonaria del capital imperialista y las comisiones que la multinacional le pueda dar a los políticos de turno que trabajen para ella, que el bienestar de más de 2 millones de personas de Santander y Norte de Santander, abastecidas en el recurso hídrico por el páramo, y de los seres vivos que habitan el territorio.
Para el estadounidense De la Espriella, la posibilidad de que se abra el páramo de Santurbán para el gran capital canadiense es un negocio personal. El empresario venezolano Serafino Iácono es dueño de Black Swan Finance Corp, la cual es socia comercial de Dominio De La Espriella SAS, una empresa de Abelardo. Resulta que Iácono fue parte de la junta directiva de Aris Mining hasta 2024 y aún figura como accionista de la minera. Se puede entrever, por tanto, que hay un interés de quienes respaldan al presidente electo y tienen negocios con él, en explotar los minerales del páramo. [5]
Es de larga data la determinación del gran capital canadiense a, a través de las clases dominantes locales, explotar el páramo. Con los cambios administrativos en la jefatura del Estado colombiano solo han cambiado las tácticas.
Según las denuncias del movimiento defensor del páramo, durante el gobierno saliente de Gustavo Petro, no se avanzó en una delimitación favorable para la comunidad y el páramo como ecosistema. Al contrario, se mantuvo la delimitación estipulada por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien tenía una agenda claramente volcada hacia permitir la rapiña imperialista sobre los recursos minero-energéticos de la nación. El gobierno de Petro «ha sido temeroso, lento, omisivo, también negligente y faltos de experiencia…en avanzar concretamente en delimitar Santurbán de tal manera que en verdad se proteja toda la alta montaña y el ciclo hídrico», criticó Hernán Morantes, el abogado y activista miembro del Comité Defensor del Páramo Santurbán, en una entrevista reciente para el periodista Julián Martínez. [6]
Según el movimiento de defensa del páramo, en marzo de 2025, el gobierno saliente aplicó la figura de Zona de Reserva Temporal, con lo cual se protegería al páramo hasta 2029, pero sin un avance en la consolidación de esta figura, con los estudios técnicos e instrumentos claros que se requieren para proteger de facto el territorio. Esta medida temporal va a ser muy fácilmente socavada por el gobierno entrante.
En una línea similar van las denuncias del movimiento social que el medio Colombia Informa replicó en su portal: «El movimiento social ha insistido durante todo el periodo de Petro al Ministerio de Ambiente para que ejecute la sentencia de Santurbán como sujeto de derechos. Ahora que el gobierno actual se acerca a su fin, aceleraron la delimitación del páramo antes de la llegada del nuevo gobierno, pero al ministerio le resultó imposible concertar con las comunidades». [7]
Notas
[2] https://www.youtube.com/watch?v=9qIubRPY5aE&t=2791s
[3] https://www.youtube.com/watch?v=IHHbWQIVwMI
