El nuevo gobierno oportunista camina por la cuerda floja, jugando a quedar bien con Dios y con el Diablo, intentando conciliar lo irreconciliable: los intereses de los oprimidos y de los opresores.
Editorial
Sin duda vivimos tiempos de cambio social. Una impetuosa avalancha de luchas populares recorre el mundo. En Colombia la última década estallaron los más grandes levantamientos populares de su historia moderna: Paro Nacional Agrario en 2013-2014 en que el campesinado remeció el país, Paro Nacional Universitario 2018 por presupuesto para la universidad pública, Gran Paro Nacional noviembre de 2019, Batallas Heroicas del 9 al 11 de septiembre de 2020 contra la represión policial, y la mayor protesta jamás vista en nuestro país, el Gran Levantamiento Popular de abril de 2021, en que cientos de miles de personas se movilizaron combativamente durante varios meses contra el hambre, la injusticia y la opresión.
Así, como en los años 60 y 70 del siglo XX, transitamos un periodo de auge de la lucha de las masas populares en nuestro país. Con estas grandes movilizaciones sociales el pueblo colombiano ha logrado conquistar algunas reivindicaciones y defender derechos que habían sido ganados por anteriores generaciones mediante la lucha. Aun así, lo más importante, ha sido la experiencia por la que ha pasado la juventud en las calles: una gran escuela política que ha elevado su conciencia y la de sus familias que orgullosas apoyaron sus movilizaciones y su participación en las líneas de combate de los memorables enfrentamientos contra la fuerzas represivas del Estado. Los oprimidos en estos tiempos están envalentonados, han levantado la cabeza y el puño para decir: “no queremos seguir viviendo como antes, ¡es mejor morir de pie que vivir arrodillados!”. Los opresores, que hasta hace pocos años amedrentaban al pueblo con su “guerra contra el terrorismo”, están atemorizados, no pueden seguir gobernando como antes.
Es en medio de esta situación que se presentó una nueva jornada de elecciones, viejo instrumento utilizado históricamente por el Estado para definir entre los de arriba cómo exprimir a los de abajo, mientras los adormece vendiéndoles la idea de que participan democráticamente de las decisiones importantes para la nación, de que “el Estado es de todos”. Tiempo de la demagogia, del tamal y la promesa de empleo, momentos en que, como dijera Marx, “a los oprimidos se les autoriza para decidir qué miembros de la clase opresora han de representarlos y aplastarlos en el parlamento” y en el gobierno.
Las pasadas elecciones presidenciales de nuevo mostraron que más del 40% de la población no se siente parte de esta “democracia” y no asiste a las urnas, y que buena parte del pueblo, como siempre, votó bajo chantaje o con la ilusión que le vendieron los candidatos que prometieron el cambio. Durante las últimas dos décadas, el uribismo, con su táctica de intensificación de la violencia y fuertes recortes a los derechos del pueblo, fue quien mejor defendió los intereses de las clases dominantes. Pero, ante la crisis económica, ante el desprestigio al que llegaron las instituciones del viejo Estado como la policía, el congreso, el gobierno, etc., y ante la masiva rebelión popular, las clases dominantes ya no podían seguir utilizando la misma táctica, demandaban de la aplicación de otro método más astuto para la situación: una táctica conciliadora y reformista. Se presentó entonces la oportunidad para que aquellos grupos de las clases dominantes que profesaban esta táctica (el petrismo, el Polo, etc.) y que, como oportunistas, han penetrado durante décadas las organizaciones y luchas populares para ponerlas al servicio de sus intereses burocráticos, lograran llegar a ser gobierno.
Eso sí, para lograrlo, tuvieron que prometer el cielo y la tierra, tanto a Dios como al Diablo. Al pueblo le prometieron reforma agraria, educación gratuita, salud, subsidios, acabar con el ESMAD, “vivir sabroso”, etc. A los demás grupos de las clases dominantes les juraron -en notaría y todo- no expropiarles nada, les aseguraron que sus empresas serían más grandes que antes, que respetarían el TLC con Estados Unidos, que estuvieran tranquilos pues ya habían hecho “compromisos” con el FMI, que al ser gobierno los invitarían a un gran acuerdo nacional, etc. Incluso, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, dijeron a las clases opresoras que ellos representaban un cambio “respetando la institucionalidad” y les advirtieron del peligro que tendrían frente al pueblo, diciéndoles que si ellos no llegaban a ser gobierno habría un mayor “estallido social”.
Ahora que este sector de las clases dominantes que encabeza Petro ha ganado las elecciones, sus decisiones y declaraciones empiezan a mostrar a la gente más claramente de qué cambio se trata. Como dicen los propios politiqueros evidenciando de paso el engaño que son las elecciones burguesas: “una cosa es el Petro candidato y otra es el Petro Presidente”.
En elecciones, como pueblo, nos vendieron que el proyecto de Petro era totalmente opuesto al de los consabidos partidos politiqueros de la gran burguesía y los terratenientes. Pero, ante el riesgo de perder en segunda vuelta, y desde su elección -con el fin de poder aprobar sus proyectos-, el nuevo gobierno no ha hecho sino ampliar su llamado “gran acuerdo nacional” con esos Partidos. Recientemente, Cesar Gaviria, el tristemente célebre presidente impulsor de las políticas neoliberales en los años 90, declaró que el Partido Liberal apoyará al gobierno de Petro; el Partido de la U se declaró parte de la “coalición de gobierno”, y el Partido Conservador, de quien nadie nunca ha sospechado la más mínima intención de impulsar cambios a favor del pueblo, hará parte del “gran acuerdo nacional”. Partidos que apoyaron a Duque, varios que apoyaron a Uribe y/o a Santos, apoyarán al gobierno de Petro. ¿Qué tipo de cambios se puede esperar de esta coalición de las clases dominantes? ¿No es esto una especie de reedición del Frente Nacional en que todas o la mayoría de las clases dominantes, ante el peligro de la rebelión violenta del pueblo, se ponen de acuerdo en la forma en que hay que apaciguarlo?
Pero miremos que nos dice el nuevo gobierno sobre el problema de la tierra, que sigue siendo el principal problema de nuestra nación. Petro candidato prometió realizar una reforma agraria, Petro presidente, en sus declaraciones y las de su escogida ministra de agricultura, ya nos deja ver de qué se trata. Una semana después de su elección, en entrevista a un medio español, Petro dijo: “El país nunca logró hacer una reforma agraria. Hoy, volvemos a intentarlo y, voy a confesarlo, quisiera hacerla de la mano de Estados Unidos”. Claro!, después de ilusionar al pueblo con una reforma agraria, “confiesa” que tal reforma quiere hacerla “de la mano” de EEUU, sí, ¡así como lo leen!, ¡Una reforma agraria que sirva a la mayor potencia imperialista que domina la nación desde hace más de 100 años! A los que desmembraron nuestro territorio para robar el canal de Panamá, a los explotadores y asesinos de las bananeras, a los que se sirven de la supervivencia del problema de la tierra en nuestro país, a los que viven de explotar a nuestro pueblo, a los impulsores del genocida Plan Colombia, ¡a esos mismos!
La designada ministra de agricultura, Cecilia López, ha dicho que la reforma agraria consiste en colocar un impuesto alto a los latifundios improductivos para que se vuelvan productivos o para que vendan la tierra a privados o al Estado, y este último las distribuya entre el campesinado.
Según sus declaraciones “va a haber reforma agraria sin expropiar un ápice de tierra”. ¡¿Cómo?! ¡Increíble! Ahora resulta que con esta simple fórmula de tributación al latifundio improductivo basta para solucionar el problema más profundo de la sociedad colombiana, base de las constantes luchas campesinas y de la guerra que se ha vivido principalmente en el campo durante casi todo el siglo XX y hasta nuestros días. Según esto, no hace falta que el campesino tome por la fuerza la tierra que le pertenece y acabe así con el latifundio, sino que con esta presión económica, ¡voluntaria y pacíficamente los terratenientes entregarán la tierra!
Esta es la misma esencia de las reformas agrarias de los años 30 y 60: impulsar la penetración del gran capital en el campo, promover el mercado de tierras, los créditos y una marginal y lenta entrega de tierra al campesinado para contener su lucha. A esto en 1936 López Pumarejo, y en 2022 la nueva ministra, lo llamaron “una revolución”, pero en ese entonces como durante el último siglo, ha quedado más que claro para el campesinado que los terratenientes no soltarán la tierra por las buenas, que los campesinos tendrán que llevar a cabo su propia revolución agraria, tomando por la fuerza todas las tierras del latifundio bajo el lema de ¡tierra para quien la trabaja!
De otra parte ¿qué plantea el nuevo gobierno sobre otro de los históricos problemas de Colombia, esto es, el ser dominado económica, política y militarmente por el imperialismo, principalmente estadounidense?
Comencemos por ver que, aunque en ocasiones (sobre todo en elecciones) estos partidos politiqueros usan algún lenguaje “antimperialista” para poder ganar la simpatía del pueblo, desde su candidatura, Petro -como todos los que aspiran a ser presidentes de nuestra sojuzgada nación-, buscó el aval del gobierno yanqui. En mayo de este año, durante una reunión con el Consejo de Empresas Americanas (CEA), que agrupa las principales empresas gringas que exportan su capital a nuestro país, les prometió que si ganaba la presidencia les daría protección y seguridad jurídica a sus inversiones; en una entrevista aseguró que renegociaría el TLC pero solo si Estados Unidos aceptaba; afirmó varias veces que se había comprometido a reducir el déficit fiscal ante el FMI, la tristemente célebre institución financiera al servicio de las grandes potencias imperialistas que históricamente ha impuesto “paquetes de ajuste” contra los pueblos y en favor de la “estabilidad macro económica y jurídica” para las inversiones del gran capital imperialista.
Así, el nuevo gobierno asegura a los capitales extranjeros seguir obteniendo grandes beneficios a costa de la explotación de nuestra gente y del saqueo de los recursos de nuestra nación. Pero todo esto, como siempre, ha de presentarse ante el pueblo demagógicamente, como la “vía hacia el desarrollo” impulsada por una relación entre “socios”, entre “iguales”, para la “construcción mutua”.
La sintonía entre los “socios” (léase entre amo y lacayo) ha sido tal que incluso varios medios de comunicación han mostrado hasta sorpresa de lo rápido que el gobierno de Biden llamó a felicitar a Petro por su triunfo, así como del “alto nivel” que tuvo la delegación gringa que a fines de julio se reunió con el equipo de empalme del nuevo gobierno. El Tío Sam ratificó su “visto bueno” al Presidente, expresó que “recibía muy bien” el nombramiento del nuevo embajador de Colombia ante EEUU y, correspondiendo a la “confesión” del gobierno de Petro de hacer una reforma agraria “de la mano de Estados Unidos”, dijo que “Estados Unidos quiere promover el desarrollo en el país, y queremos trabajar con el nuevo Gobierno, particularmente en sus esfuerzos de mejorar la economía rural del país”.
Si en Colombia la gran mayoría del campesino no tiene tierra, si el pueblo no tiene bienestar ni democracia, si la nación no tiene soberanía, es precisamente porque en nuestra historia el dominio extranjero, primero de España, luego de Inglaterra y finalmente de Estados Unidos, ha erigido y mantenido, principalmente a través de la violencia, un Estado que defiende el latifundio, el gran capital local y extranjero. Si los representantes de este viejo Estado, los grandes burgueses, los terratenientes y el imperialismo, avalan este gobierno, si sus proyectos lejos de perjudicar, favorecen el dominio del imperialismo yanqui, el mantenimiento del poder del latifundio y del gran capital monopolista, si solo plantean míseras reformas y subsidios para contener la rebelión popular, si su esencia es cambiar algo para que todo siga igual, pero, a pesar de eso este gobierno insiste en autodenominarse “gobierno del pueblo”, “gobierno de izquierda”, no queda otra que definirlo como un gobierno del oportunismo, de la falsa “izquierda”, que ha acumulado fuerzas durante décadas aprovechándose de las luchas populares para ir escalando en el viejo Estado hasta alcanzar hoy la presidencia y allí prestar su mejor servicio: ayudar a apagar el desbordado fuego de la lucha popular.
Las elecciones en Colombia no son democracia para el pueblo, solo son un instrumento para que los opresores escojan y legitimen ante los oprimidos su mejor representante; no hay como cambiar esta injusta sociedad a través de las elecciones, del camino burocrático.
Un verdadero cambio para el pueblo, una Nueva Democracia, se construye por el camino opuesto, el camino democrático: la organización y lucha independiente y combativa del pueblo colombiano contra sus opresores, por sus derechos, por la tierra, la independencia nacional y la conquista del poder popular.