La promesa de desmonte del ESMAD en la campaña electoral de Petro y la consigna “El 8 de agosto se acaba el ESMAD” del senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, eran solamente engaños de época electoral, ya que, a menos de un mes de su posesión, el gobierno de Petro ha utilizado ya en dos ocasiones esta fuerza militar odiada por el pueblo por haber asesinado y herido cientos de jóvenes y luchadores. La primera ocasión fue para desalojar familias que ocuparon un lote para construir viviendas en el departamento del Huila. La segunda ocasión fue para desalojar a indígenas que llevan 17 años luchando por tener un pedazo de tierra donde cultivar, recuperando latifundios concentrados en pocas manos en el norte del departamento del Cauca. El “Gobierno Petro cumplió: Esmad llegó a desalojar predio invadido en Caloto, Cauca” señala el titular de Semana, la revista uribista que más contracampaña le hizo a Petro durante las elecciones. “Petro y Francia le cumplen a los ricos. Se cumplieron las 48 horas que nos habían dado de plazo. Hoy el ESMAD dispara gases y el ejército dispara balas contra la comunidad liberadora en el norte del Cauca. Ni Duque había sido tan eficiente”- responden los indígenas en su página web de Liberación para la madre tierra. La criminalización y la violencia estatal han sido la respuesta del gobierno a las invasiones de tierras que se han dado en el país durante el último mes. ¿Quiénes son las comunidades “invasoras”, por qué luchan y contra quienes?
Campesinos invaden latifundio en Curumaní, Cesar
Un campesino que ocupó la finca en el Cesar declaró para La W radio: “si al campesino que no tiene donde plantar una mata de plátano, de yuca o maíz, si le es posible al campesino esperar 6 meses o 1 año para que le regalen a uno siquiera, por medio de un proyecto, 3 hectáreas de tierra, nosotros no nos moveríamos a hacer esas cosas. Nosotros llevamos años de estar sufriendo”. Como este campesino, cientos de campesinos sin tierra o con poca tierra, llevan años -incluso décadas- soñando con cultivar un pedazo de tierra y esperando sin resultados a través de las decenas de programas de la Agencia Nacional de Tierras y “proyectos” públicos y privados que les prometen tierra al campesino, siendo los campesinos burlados una y otra vez.
A esto se le suma el inmenso despojo que hubo por parte de paramilitares en el Cesar. El Observatorio del Programa Presidencial de DH calculó en el 2013 que hubo por lo menos 244.606 familias despojadas de sus tierras violentamente entre 1986 y 2012. Sus tierras hoy en su mayoría están siendo explotadas por la multinacional carbonera Cerrejón y por terratenientes que sembraron en ellas palma africana. De las solicitudes ante la Unidad de Restitución de Tierras solo existe fallo sobre 86 casos que equivalen al 1.2% del total (2017, Informe de Gestión de la unidad de restitución de tierra).
El pasado 21 de agosto, alrededor de 200 campesinos pobres, sin tierra o desplazados, ocuparon un latifundio ganadero y palmero en Curumaní, Cesar. Los campesinos afirmaron que son parte de un “comité pro reivindicación de tierras” y que la necesitan para trabajarla. José Félix Lafaurie, gran terrateniente presidente de FEDEGAN y esposo de María Fernanda Cabal, resaltó que los campesinos fueron desalojados gracias a la solidaridad de otros ganaderos terratenientes quienes hicieron una caravana de 80 vehículos junto con la policía hacia la finca ocupada para presionar el desalojo. Lafaurie exaltó posteriormente esta labor conjunta de los terratenientes y la policía como un piloto para conformar grupos de “ganaderos de reacción solidaria inmediata”, propuesta que generó rechazo total del pueblo por las grandes similitudes con las “Convivir” con las que Uribe creó y fortaleció el paramilitarismo.
¿Quién es el dueño de la finca ocupada? Se trata de Guillermo González Larsen, quien además de ser terrateniente, es dueño de grandes empresas de carga, de comercio exterior, agencia de aduana y agencia de seguros y pertenece a la junta directiva de FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes). En la foto adjunta se le observa con el ex presidente Duque. El medio Ifmnoticias hizo público un chat entre terratenientes ganaderos donde se evidencia la oposición de los terratenientes a la reforma agraria en los años anteriores y el poder local que ostentan, mostrando su relación y cercanía con los funcionarios del Estado y los medios de comunicación.
Recuperación de tierras y Liberación de la Madre tierra en el Cauca
“Al cumplirse las 48 horas, este 2 de septiembre, el estado atacó con ejército y ESMAD, no hubo media hora de diálogo, como había prometido el nuevo gobierno, la tanqueta entró disparando gases. Más tarde el ejército disparó sus armas de largo alcance contra las comunidades que liberamos la Madre Tierra, tampoco hubo diálogo” (Pagina Web Liberación para la Madre Tierra).
El Norte del departamento del Cauca tiene tierras muy fértiles que están acaparadas por latifundios de la industria cañera, que enriquecen a unas pocas familias, muchas de las cuales tienen raíces españolas y/o han sido “beneficiarias” de entregas de miles de tierras por parte del Estado desde la independencia hasta la actualidad. Son familias como la Ardila Lule, la Cabal, la Holguín, los Caicedo, y los Elder, que ostentan un fuerte poder político regional y nacional. Los indígenas que ocupan las haciendas de caña declararon: “Este 2 de septiembre cumplimos 17 años de haber retomado las vías de hecho para luchar por la tierra, una lucha que tiene raíces en 1538, cuando nuestro pueblo decide declararles la guerra a los invasores. Los invasores se apoderaron de nuestra tierra y nos desplazaron hacia las montañas, los invasores … hoy tienen en su poder las tierras más fértiles y tienen documentos que prueban que son propietarios y son un poder organizado”.
Las familias indígenas en el norte del Cauca tienen la experiencia de las “bondades” de la constitución de 1991, que tras aparentar ser una de las más democráticas del mundo y prometer derechos a los indígenas, se “estrenó” para los indígenas con la masacre del Nilo en diciembre de 1991, donde paramilitares en asocio con el Estado asesinaron a 21 indígenas. En 1995 el Estado colombiano reconoció formalmente la participación en la masacre y prometió restituir a los indígenas con tierras, lo cual nunca sucedió. Los luchadores indígenas pasaron además por la experiencia de negociar con el gobierno y salir de las tierras ocupadas, como ocurrió en el 2005. Después de nueve años de incumplimiento, los indígenas volvieron a ocupar las fincas. En total los indígenas han resistido a cerca de 400 intentos de desalojo y varios de ellos han sido asesinados. Los indígenas tienen una determinación y voluntad construida por varias generaciones, regada con su propia sangre y con experiencia propia en que solo por las vías de hecho han podido cultivar la tierra que les ha sido arrebatada por siglos. Ante esta nueva agresión del gobierno de turno, ahora vestido de pueblo, los indígenas responden con firmeza:
“Nosotros y nosotras, proceso de liberación de la Madre Tierra del norte del Cauca, le mandamos a decir al gran jefe que NO vamos a desalojar, que aquí en estas tierras nos quedamos porque esta es nuestra casa para vivir y luchar”.
Campesinos ocupan una finca en Dagua, Valle del Cauca
Más de 150 personas ocuparon el pasado 24 de agosto un predio de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Dagua, Valle del Cauca. La SAE es la entidad encargada de administrar los bienes decomisados a los narcotraficantes, en este caso se trata de un predio que fue del grupo del narcotraficante Rodríguez Orejuela y que actualmente lo tiene en comodato (algo similar a un arriendo) la fundación Paz animal. Es una finca que ya en el 2014 había sido ocupada por campesinos y desalojada violentamente por el ESMAD. Uno de los campesinos que ocupó la finca manifestó para el medio Blue Pacífico: “Algunos nos pueden decir que nosotros no lo podemos hacer porque esto es predio privado. Pero esto no es predio privado, esto ya es del Estado, y el gobierno dice: todas las tierras ya decomisadas, del Estado, pasarán al campesino para que cultive y produzca. Nosotros mismos vemos que un platanito vale mil o dos mil pesos, una libra de tomate tres mil, cuatro mil pesos, y si nosotros mismos cultivamos podemos sacar al pueblo a vender”, igualmente otro campesino declaró en entrevista para El Tiempo: “Nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos esperando que alguien nos llegue a tocarnos la puerta a decir le vamos a entregar una escritura de esta finca para que usted trabaje, eso nunca va a suceder, nunca nos van a tener en cuenta. La decisión es de 350 familias que están buscando un sitio donde cultivar, donde sembrar… nos sentimos obligados a recuperar estos terrenos que por años están abandonados”.
Los medios también intentaron difundir que los animales de la fundación estaban en peligro, cuando incluso un concejal de Cali, Terry Hurtado, aseguró en entrevista con el Tiempo que ¨Lo que encontramos después del recorrido es que los animales no han sido afectados, han sido respetados, hablando con las personas que están realizando la ocupación, manifiestan no tener ningún interés, ninguna intención en afectar a los animales, y se comprometen…a que los animales no van a ser tocados, van a ser cuidados”
Finalmente, ante la presión de los medios, los funcionarios del Estado y la Policía, los campesinos abandonaron el predio y firmaron acuerdos para seguir el proceso por la vía jurídica, aunque advirtieron en entrevista con La Silla que “si en cinco o seis meses no han cumplido, acá estaremos de nuevo”.
Firme resistencia del pueblo en toma por vivienda en el Caguán, Huila
Más de 5 millones de hogares colombianos tiene déficit habitacional. Déficit habitacional que cada año crece, mientras 5 constructoras (Amarillo, Marval, Colpatria, Bolívar y Cusezar) han hecho millonarias fortunas construyendo casas de interés social. Actualmente, con una inflación de precios de más del 10%, ha aumentado el número de familias que tienen que elegir entre “comer o pagar arriendo”.
Cerca de 500 personas ocuparon un lote en el Caguán (Huila) que llevaba décadas abandonado. Una de aquellas personas afirmó en entrevista con Lucho noticias: “Somos personas humildes, personas trabajadoras que quieren salir adelante, y quieren tener un hogar para poder meter la cabeza de sus hijos”. Petro cerró el dialogo y les envió al ESMAD, ante lo cual el pueblo protagonizó una verdadera resistencia popular, mientras los medios de los ricos, como siempre lo han hecho, los tratan de criminales. Decenas de mujeres con sus rostros tapados armadas con palos, jóvenes tirando piedras, señores armando hogueras para apaciguar los gases del ESMAD, resistieron por el derecho a la vivienda. Hoy estas familias siguen determinadas a luchar y expresaron para Blue radio: “Estamos muy decepcionados, en desacuerdo con la decisión que tomó el presidente, porque la verdad hay mucha gente que necesitamos y que merecemos una vivienda digna”, mientras una madre cabeza de hogar reafirmó: “Si ellos llegan a la fuerza nosotros lo único que vamos a hacer es resistir y eso ya sería responsabilidad del presidente Gustavo Petro, que fue el que dio la orden que en 48 horas desalojáramos”.
Criminalización a la lucha por los derechos
Acompañando la violencia en contra de las comunidades, similar a los gobiernos uribistas, el gobierno de Petro -de la mano con los medios- ha desatado una gran campaña en contra de los “invasores de tierras”. En rueda de prensa el ministro de defensa les puso a las comunidades un ultimátum para desalojar en 48 horas y criminalizó al pueblo que lucha por sus derechos diciendo que “No tenemos evidencias para hacer esa afirmación, pero tampoco descartamos que esto sea parte de una política de organizaciones ilegales”. A su lado, la vicepresidenta Francia Márquez, que viene desde las comunidades del Norte del Cauca y dice representar a “los nadie”, amenazó con abrir investigaciones en contra de la comunidad: “quienes quieren promover invasiones entorpecen la gestión del Gobierno y esto podría redundar en que sean investigados por parte de las autoridades”. Por otro lado, el Defensor del Pueblo del gobierno de Petro culpó al pueblo de la violencia y de ser el generador de los conflictos: “La Defensoría del Pueblo hace un llamado a quienes a través de vías de hecho pretenden hacerse a la tenencia de la tierra, para que frenen este tipo de acciones arbitrarias, las cuales atentan contra los derechos de otros conciudadanos y desencadenan conflictos que pueden tornarse violentos”. Ahora resulta que de la nada, cientos de familias campesinas, indígenas y trabajadoras decidieron hacer “acciones arbitrarias”que “desencadenan” conflictos violentos tal vez como política de “organizaciones ilegales”, que deben ser “investigados” y el ministro de defensa les da 48 horas. ¿no es esto criminalización a las comunidades? ¿No es esto tratar la lucha por los derechos como un hecho de guerra? Dejemos nuevamente que el Petro candidato nos lo explique:
No parece el gobierno tener la misma mano dura con las familias Sarmiento, Iragorri (exministro de agricultura), y Lizarralde (otro exministro de agricultura de Santos) que la Contraloría General declaró desde el 2017 que se habían apropiado (¿ahora sí no usan el termino invadido?) de 123.000 hectáreas en Vichada, Meta y Córdoba. Hasta el momento el gobierno no ha hecho ni una rueda de prensa por las 5.000 hectáreas en el Cesar que son reclamadas por campesinos y fueron declaradas propiedad de la nación pero que hoy están siendo invadidas por Eframovich y su empresa vinculada a la multinacional Sinergy Group; ni tampoco la vicepresidenta ha anunciado investigaciones por las tierras baldías invadidas “de buena fe” durante años por Uribe en su finca el Ubérrimo. Así como estos hay cientos de casos en que las familias de los terratenientes y grandes burgueses han invadido baldíos de la nación o han despojado “de buena fe” al campesinado.
El problema estructural de fondo
La cuestión agraria y campesina es uno de los problemas básicos de la sociedad colombiana. El gran latifundio, tanto el improductivo como el “productivo” al servicio del gran capital y de los imperialistas, son un lastre que no permite el desarrollo de nuestra nación y que tiene en la miseria a millones de masas. El 1% de las fincas ocupan el 81% de las tierras del país, mientras existen millones de campesinos pobres con muy poca tierra o sin tierra. Esta situación viene desde que los españoles invadieron estas tierras y se las arrebataron violentamente a los indígenas. Los criollos -hijos de los españoles- mantuvieron las tierras, sin repartirlas entre la nación que luchó por la independencia: indígenas, comunidades negras esclavas y campesinos pobres. En 200 años de república, los gobiernos de turno han titulado los baldíos de la nación a los terratenientes y gran burguesía, clases a las que sirve el viejo Estado. En estos dos siglos ha habido decenas de leyes publicitadas como “reformas agrarias” que no han cambiado esta estructura y que incluso la ha profundizado en contra de los campesinos. Entre 5 y 6 millones de hectáreas de tierras fueron despojadas violentamente en las últimas décadas, principalmente por paramilitares en confabulación con el Estado. En 10 años la ley de restitución de tierras solo ha fallado sobre 4% de los casos en todo el país. Los 3 millones de hectáreas que promete repartir el gobierno de Petro son si mucho la mitad de las tierras despojadas durante las últimas décadas y esta cifra está muy lejos de ser una democratización de la tierra.
Sin embargo, resulta ahora que los campesinos que ocupan tierra realizan acciones “arbitrarias”, como dijo el ministro de defensa de Petro, o que son unos impacientes que “entorpecen” la labor del gobierno, cuando los campesinos llevan dos siglos esperado promesas incumplidas de que les darán tierra . La nueva ministra de agricultura, Cecilia López, salió a rechazar las invasiones y a criticar a los campesinos: “Hay un tema básico, y es que tenemos que respetar nuestra Constitución, tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe en el país. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras, no. Tienen un gobierno comprometido con darle acceso a lo que se merecen para hacer estos proyectos locales agroindustriales, pero respetando la ley, respetando la institucionalidad”. El orden legal existente en el país que le pide a los campesinos respetar no es otro que el que ha negado el acceso de los campesinos a la tierra por siglos, el que legalizó las tierras de los españoles a los criollos, el que ha titulado las tierras baldías de la nación a los terratenientes, el que recientemente ha impedido la más básica restitución de tierras despojadas.
No es posible resolver el problema de la estructura agraria respetando la propiedad privada de los terratenientes ni respetando la “institucionalidad”, precisamente porque esta estructura agraria fue construida violentando y explotando a los campesinos, negros e indígenas y mantenida por una institucionalidad al servicio de los grandes terratenientes y burgueses. Solo tomando las tierras del latifundio se puede democratizar la tierra y la sociedad. Como en Huila, Cauca, Valle del cauca y Cesar, también en otros departamentos los campesinos y trabajadores resisten en invasiones de tierra. Según Portafolio, solo en el Cauca hay 71 latifundios “afectados” por ocupaciones por parte de campesinos e indígenas. Según cifras de un medio de comunicación de los terratenientes, Contexto ganadero, en “Colombia hay más de 50 invasiones y sin muchas opciones de recuperación”, lo que quiere decir, para el pueblo, que en estos lugares está conquistando su derecho a la tierra y a una vivienda. Los demócratas consecuentes debemos rechazar las jugadas de este gobierno oportunista que trata de aislar y criminalizar la lucha popular; las masas trabajadoras y campesinas que luchan por vivienda y tierra para cultivar están hoy a la vanguardia del movimiento y la lucha popular y han emprendido el único camino con el que pueden conquistar sus derechos y el único camino que puede llevar a un desarrollo nacional y popular: ¡tomar todas las tierras del latifundio!
