José Carlos, Jesús David y Carlos Alberto, tres jóvenes con toda la vitalidad y un futuro por construir, fueron vilmente asesinados a sangre fría por la Policía en la tarde del 25 de Julio. Ese día la Policía buscaba dar con el paradero de supuestos miembros del llamado Clan del Golfo que habían dado muerte a uno de sus agentes. A toda costa buscaban mostrar resultados positivos. José Carlos y Jesús David, que estaban practicando Stunt (piruetas en moto), huyeron de la policía que llegó dando disparos. En su huida, uno de ellos fue herido en la rodilla. De camino al hospital fueron detenidos sin ninguna justificación en un retén al que llegaron más de 30 policías. Carlos Alberto entra en la historia por defender a sus conocidos diciéndole a la policía que eran jóvenes de bien y que no los maltrataran. Pero esto fue en vano. Los tres jóvenes fueron brutalmente golpeados, insultados, lastimados con armas blancas y subidos en una camioneta donde el Coronel Benjamin Nuñez los asesinó a quema ropa. “Le disparó tres veces a corta distancia a Carlos Ibáñez -en su brazo, abdomen y tórax- y José Carlos Arévalo (tórax) y una vez a Jesús David Díaz” según la confesión de un policía que iba en la camioneta. Las pruebas demuestran que antes de asesinarlos los torturaron, los arrastraron a la camioneta: tenían golpes contundentes en sus rostros, cráneos, cuellos, abdomen y extremidades superiores e inferiores. El hermano de uno de los jóvenes también fue retenido, torturado, golpeado y amenazado de violación; lo desvistieron, le dieron la orden de que corriera y lo amenazaron con que, si hablaba de lo sucedido, lo mataban.
Ante tan indignante hecho el pueblo de Chocho (Sucre) salió a las calles durante 10 días consecutivos pidiendo justicia por el asesinato de los jóvenes y el 15 de agosto las masas realizaron un bloqueo total de una vía principal durante todo el día exigiendo a la fiscalía y a las autoridades que se hiciera justicia. Ya habían pasado veinte días tras la masacre y a pesar de todas las pruebas no había aún ninguna orden de captura para que los policías pagaran por la muerte de los tres jóvenes inocentes. En las palabras de los familiares y amigos se expresa el dolor, odio y profundo rechazo al Estado y a la policía como aparato represivo que dice defender al pueblo pero que realmente lo tortura y asesina: “Ellos son inocentes”, “ellos no murieron, a ellos los asesinaron”, “el pueblo quiere justicia”, “una masacre fue lo que hubo aquí por parte de la fuerza pública” “nuestros hijos son la esperanza y el propio gobierno los asesina” “Si fueran hijos de los grandes ricos de Colombia ya estuviera todo resuelto”.
En este caso se puede ver como toda la institución tiene manchada las manos de sangre justificando e intentando borrar las pruebas del asesinato de los jóvenes: generaron un documento falso donde se declaró que los jóvenes eran integrantes del Clan del Golfo muertos en combate, documento difundido por el mayor de la policía y el mismo gobernador; contrataron un mecánico para que maquillara los agujeros de la camioneta eliminando las pruebas de los disparos; la Fiscalía ha actuado con dilación permitiendo que el principal asesino, el coronel Nuñez (tercero al mando en el departamento, con más de 20 años como policía), se fugue del país un día antes de que se conociera públicamente sus destitución como policía; y la orden de captura de 11 policías implicados se da solo un mes después de ocurridos los hechos (cuando ya era imposible ocultar la realidad), además, todos se declararon inocentes y los abogados están tratando de obtener que no sean encarcelados.
Según los abogados de los 3 jóvenes asesinados, hay evidencias de que existen más implicados que no fueron investigados y es posible que no solo Nuñez sea el que haya disparado. El video de las primeras declaraciones hechas por el asesino Nuñez quedó sin sonido en los archivos de la Fiscalía lo que implicaría que se repita parte del proceso. Finalmente el nuevo director de la Policía Nacional de Petro, el general Henry Sanabria, visitó las familias para intentar limpiar el nombre de la institución y allí anunció la construcción de una subestación de Policía en el corregimiento para “mejorar la seguridad en la zona” ¿Será que las familias y el pueblo de Chocho desean una subestación de policía que los “proteja” después del profundo odio que le ha causado la muerte de los tres jóvenes a manos de la propia policía?
El caso de Chocho se suma a los miles de falsos positivos (6402 confirmados) perpetrados por las fuerzas represivas del viejo Estado. En los informes de la llamada “Comisión de la Verdad” han quedado más en evidencia las atrocidades, torturas, asesinatos y barbarie cometidos por las Fuerzas Armadas y de Policía; cifras y testimonios que demuestran que esto fue una práctica sistemática y no “manzanas podridas” de una institución que defiende los intereses de los grandes burgueses y terratenientes del país mientras asesina y reprime al pueblo.