Una de las tantas promesas que hizo Petro al pueblo, específicamente a los campesinos más pobres de nuestro país, fue parar con la erradicación forzada de cultivos ilícitos, pues en palabras del mismo presidente “la guerra contra las drogas no puede ser contra el campesino”. Pasados menos de dos meses posesionado ya le incumplió en la práctica a los campesinos y afirmo públicamente ante Estados Unidos que ‘le va a tocar hacer erradicación forzada’, mostrando que está dispuesto a cumplir los requisitos del amo yanqui.
En el último mes en Córdoba, Norte de Santander, Guaviare y Caquetá las Fuerzas Armadas del Estado colombiano han entrado a los terrenos de los campesino a realizar erradicación manual o con fumigación. “En total, desde que inició el gobierno Petro hasta el 15 de septiembre, “la Fuerza Pública ha desarrollado labores de erradicación en 63 municipios de 10 departamentos, con un total de 7.359 hectáreas erradicadas de cultivos ilícitos”, según aseguró el Ministerio” (Pulzo, 23 de Septiembre).
En la cadena de narcotráfico el que menos ganancia obtiene es el campesino cocalero (menos del 1,5%), al contrario de quienes controlan la distribución minorista en Estados Unidos que se quedan con aproximadamente el 80% de todas las ganancias de este negocio.
Las malas condiciones de acceso a vías que impiden que puedan sacar otro tipo de productos, la poca tierra y malas condiciones para la producción les obliga a los campesinos a dedicarse a los cultivos ilícitos pues es lo único que pueden vender en la región para no morir de hambre. Nuestros campesinos son tratados como criminales por sembrar este tipo de cultivos, e históricamente son a ellos a quienes el Estado afecta en las “guerras contra las drogas”, atacando directamente la poca ganancia que obtienen, que en su mayoría es menos de la mitad de un salario mínimo al mes, y no afectando a los carteles.
El Estado ha hecho promesas para intentar solucionar estas condiciones de vida de los campesinos sin tierra o con muy poca tierra, parte de esto es el PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) de las cuales son 82.239 familias cultivadoras y no cultivadoras inscritas, pero según Pulzo solo 1.986 han culminado el proceso de sustitución y cerca del 25 % no han comenzado los proyectos productivos de ciclos corto y largo que reemplazarían la actividad cocalera desde el 2017.
Estas nuevas promesas incumplidas demuestran que el problema del campesinado solo puede ser solucionado con la lucha por democratizar las tierras en Colombia en los hechos, y esto sólo se podrá hacer realidad con la lucha organizada de los campesinos por recuperar las tierras concentradas en las manos de unos pocos terratenientes y repartirla en manos del pueblo haciendo real la consigna ¡tierra para quien la trabaja!
