El gobierno que se proclamaba como la opción de cambio de los de abajo se vuelve a sentar con los de arriba para acordar cómo gobernar en su favor disfrazándolo todo para embaucar al pueblo con más promesas. Esta vez se trata de un acuerdo con FEDEGAN -a la cabeza de la cual se halla Jose Felix Lafaurie- para que el Estado compre a precio de mercado 3 millones de hectáreas que los terratenientes de dicho gremio ofrezcan voluntariamente.
El acuerdo, titulado “Acuerdo para la Materialización de la Paz Territorial”, se da en un contexto donde una ola de justas tomas de tierra por parte de campesinos sin tierra ha sacudido al país, atemorizando a los terratenientes que no han dudado en mostrar todo su talante paramilitar con la propuesta de Lafaurie de crear “grupos de reacción solidaria” (entiéndase Convivir 2.0). Sí, con ese mismo Lafaurie es que ahora el gobierno Petro se sienta contento y orgulloso a hacer negocios, aquel mismo Lafaurie que Petro en 2016 denunciaba como representante de los “narcolatifundistas expropiadores violentos del campesinado”. Con ellos se sienta a negociar las condiciones de su política agraria, no con el campesinado, al que, por el contrario, le envió el ESMAD que supuestamente desmontaría.
Para no engañarse con esta promesa de supuesta reforma agraria, es preciso primero ubicarla en el contexto de la actual estructura agraria del país. Para ello pedimos mirar con atención los datos presentados en la tabla 1.
Si hacemos la cuenta podemos percatarnos que mientras en un extremo el 0,5% de las unidades, 9.500 latifundios que tienen más de 500 ha, poseen más de 47 millones de hectáreas, el 88,5% de las unidades, 1.8 millones de minifundios menores de 20 hectáreas, poseen tan solo 5,5 millones de hectáreas.
Analizando más en detalle el grupo de unidades de más de 500 ha, se encuentra además que tan solo las 704 unidades más grandes, que representan apenas el 0,03 % del total y cuentan con un tamaño promedio de 49.135 ha, acumulan el 50 % del área total, es decir más de 35 millones de hectáreas, mientras el otro 99,97% de las unidades tiene la otra mitad.
Adicionalmente, hay que señalar que estos datos solo analizan unidades de producción agropecuaria, por lo que no dan cuenta de la enorme masa de campesinos sin tierra, que podrían llegar a ser, según datos del DANE para el 2016, el 64 % de los hogares campesinos.
Si la supuesta “reforma rural integral” que propone “acabar con el feudalismo que está en esos grandes latifundios improductivos” cumple la promesa de transferir 3 millones de hectáreas al campesinado, la absurda desigualdad apenas se vería levemente modificada: la ínfima minoría de terratenientes (0,5% de las unidades) quedarían con 44 millones de hectáreas mientras que todas las demás categorías juntas (99,5% de las unidades) podrían llegar a tener 25 millones de hectáreas. ¡Así de lejos llegan las promesas más radicales de la “izquierda” electoral!
Así, todas esas palabras bonitas de que este acuerdo firmado es un gran paso para la reforma agraria, una gran medida que muestra el compromiso por cambiar el país, por “acabar el feudalismo” y darle tierra al campesino, no pasan de ser palabras altisonantes, una vil burla al pueblo, una mentira barata que tiene el tono de ser más promesas de campaña para seguir gobernando. A lo sumo, será una miserablemente limitada y marginal “reforma agraria” en complacencia con los latifundistas, es decir dentro de los marcos de la actual estructura agraria del país. Mientras tanto el principal objetivo real es muy claro y explícito por parte de los terratenientes y el nuevo gobierno: desmovilizar al campesinado con ilusiones para que deje de invadir tierras. El segundo objetivo principal es generar un gran negocio para los terratenientes a quienes el Estado comprará 3 millones de hectáreas por un valor de por lo menos 60 billones de pesos. El objetivo de acabar con el atraso feudal del país es una ilusión, una mentira más para engañar al pueblo y desmovilizarlo.
Hay otros puntos que evidencian más el carácter de este acuerdo. El Estado que se autoproclama como “popular y del cambio” estaría transfiriendo a quienes Petro hace poco llamaba correctamente de “narcolatifundistas expropiadores violentos de campesinos” 60 billones de pesos, para lo cual ya se está hablando de nuevas líneas de crédito con el Banco Mundial y con fondos de la ONU. Esto significa que la tal “reforma agraria” no solo profundizará los lazos de dependencia económica frente al imperialismo, aumentando la deuda externa, sino que será una “reforma agraria” sometida a la voluntad de los terratenientes, que podrán escoger cuales tierras ofrecer y se verán fortalecidos económicamente tanto con la venta de estas tierras al precio que ellos definan, como con campesinos para explotar alrededor de sus latifundios . En vez de acabar con la semifeudalidad y la subordinación al imperialismo, lo que el gobierno hace es lo contrario, profundiza la semi-feudalidad fortaleciendo económicamente a los terratenientes que la mantienen y aprovechan, y profundiza la dominación del imperialismo sobre la nación.
Lo limitado de esta “reforma agraria” del gobierno Petro va mucho más allá de lo poco que representan 3 millones de hectáreas, pues se trata más de promesas que de hechos de cambio real. Es de esperar que los terratenientes ofrezcan tierras desventajosas para el campesinado, aquellas que es preferible vender a un comprador seguro como el Estado que mantenerlas. Además, detrás del gran anuncio de la entrega de 3 millones de hectáreas a campesinos, se encuentran pronunciamientos que desinflan esta limitada ilusión: el gobierno Petro ya ha planteado que proyecta la entrega de esas 3 millones de hectáreas en un plazo de 6 años, llegando a máximo 500 mil hectáreas por año y dependiendo de que dispongan de los 60 billones para dichas compras y que el próximo gobierno prosiga con el plan de repartir migajas al campesinado y billones a los terratenientes.
Además, se trata de realizarle esa transferencia a los mismos terratenientes que han impulsado el paramilitarismo para despojar más de 6 millones de hectáreas a campesinos. A esos mismos terratenientes que ahora posan de paladines de la “paz total” al plantear la posibilidad de vender la mitad de la cantidad que despojaron, mientras el gobierno posa ridículamente de estar realizando una gran “reforma agraria integral y estructural”.
En el fondo se trata de una expresión más de la línea política esencial del oportunismo: la conciliación de clases. Conciliación que siempre es la búsqueda de que el pueblo se someta engañado con la menor resistencia posible a la dominación de quienes lo oprimen y explotan. Conciliación que significa en concreto repartir migajas para engañar al pueblo, desmovilizar su lucha y mantener así el sistema en favor del imperialismo, el gran capital y los terratenientes, buscando la forma para siempre aumentar sus ganancias a expensas del pueblo trabajador. En este acuerdo está concreto: 60 billones para los terratenientes, más deuda externa y una promesa de algunas tierras al campesinado para desmovilizar su justas tomas de tierra.
La realidad es que el capitalismo burocrático –capitalismo deforme y en decadencia que se establece en el tercer mundo a partir de la dominación del capital monopolista del imperialismo sobre las bases semifeudales con las que allí se articula- no tiene en el gobierno Petro la más mínima amenaza, sino por el contrario, un gran aliado que lo preserva y profundiza.
Así, la prometida entrega de 3 millones de hectáreas al campesinado implicará una mera evolución de la semifeudalidad, pues no romperá ni de cerca los marcos de su estructura. De modo que la lucha por la tierra y la Revolución de Nueva Democracia seguirá siendo una necesidad objetiva para los sectores populares, en particular para el campesinado, que dependiendo de la actividad de los elementos más conscientes de la sociedad, se liberará, más temprano que tarde de la anestesia con que el oportunismo lo pretende adormecer y retomará con cada vez más fuerza el único camino para realmente transformar el campo y el país: las tomas de tierra combativas y democráticas y el subsiguiente desarrollo de la Revolución Agraria como parte esencial de la Revolución de Nueva Democracia que acabará con el latifundio y la dominación imperialista y abrirá así por fin las compuertas de un desarrollo agrícola en beneficio de todo el pueblo colombiano que podrá gozar de la inmensa riqueza y potencial de este país.
