Foto: El Heraldo

El gobierno oportunista de Petro ha procurado no perder el apoyo popular que lo llevó al gobierno, haciendo anuncios a diferentes sectores del pueblo con grandes promesas que simulan un compromiso con sus reivindicaciones. Los presos del Gran Levantamiento de 2021, en torno a los cuales se mantienen luchadores principalmente de la juventud popular, no son una excepción.

Durante lo que lleva su mandato, Petro ha realizado varias promesas de libertad, la más importante fue la realizada el 3 de diciembre de 2022, en la que dijo: “Este es el Gobierno del Cambio. Este lugar, donde el miedo cundió y se llenó el espacio, el temor debe ser resignificado. Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”, prometiendo que serían dejados en libertad.

Pese a este resonado anuncio, la realidad ha sido diferente. De los 367 jóvenes entre 18 y 26 años capturados por hechos ocurridos en el marco de las protestas de 2020 y 2021 (Según comunicado de la Fiscalía en Agosto de 2022); más de 260 únicamente de 2021 (Según Objetivo Libertad 2023), el presidente únicamente ha solicitado la liberación de 17 procesados, y peor aún, la excarcelación solo se ha hecho realidad para dos de ellos.

A esta realidad, que muestra casi nulos resultados, se suman otros elementos. La figura para la liberación de los presos por luchar se denomina “Voceros de paz”, y en primer lugar, es una figura absolutamente limitada, ya que no plantea la libertad y absolución de quienes lucharon, únicamente permite la libertad de los acusados durante el proceso judicial. Quienes sean cobijados por la medida, podrán ser declarados culpables y volver a la cárcel, a pesar de estar bajo amañados procesos.

Adicionalmente, quienes están acusados de delitos graves no podrán ser “beneficiarios” de esta medida. Cabe recordar que lo que ha caracterizado los procesos judiciales de quienes participaron de los alzamientos populares, ha sido precisamente la utilización de acusaciones infladas respecto a los hechos, como es el caso de Secuestro agravado (por retener policías durante la protesta), Concierto para delinquir (por organizar marchas y acciones de sabotaje) y Terrorismo (por participar combativamente de la lucha).

Finalmente, en palabras del propio gobierno: “Los voceros de paz tienen la misión de contribuir a desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la Paz Total”. Es decir, obliga a quienes lucharon, a tener un papel en el apaciguamiento de sus comunidades, a promover la reconciliación del pueblo con sus verdugos.

En síntesis, el Gobierno del Cambio sigue condenando a los pueblos por rebelarse contra la injusticia, sus mayores esfuerzos no pasan de ser grandiosas pero vacías promesas que se acumulan en el tiempo y un burdo intento de instrumentalización de quienes lucharon.